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Corte suprema de justicia sala de casación penal sala de decisión de tutelas josé leonidas bustos martínez


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República de Colombia



Corte Suprema de Justicia




CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ

Magistrado Ponente




STP13129-2015
Radicación No. 82.009
(Aprobado acta número No.332)

Bogotá, D.C., veintidós de septiembre de dos mil quince.



OBJETO DE LA DECISIÓN
Resuelve la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Decisión de Tutelas, la acción de tutela interpuesta, a través de apoderado, por MARÍA MÓNICA SIERRA DÍAZ contra la Fiscalía Primera Delegada ante la Sala de Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal; ordenándose vincular al trámite a la Fiscalía Veintiocho Especializada de Bogotá, a los afectados y demás intervinientes dentro del proceso debatido.


ANTECEDENTES

1. Con ocasión de la actuación penal que se siguió en contra de MARÍA MÓNICA SIERRA DÍAZ, Marco Antonio Gil Garzón, su compañero sentimental, entre otros, se compulsaron copias para la indagación en extinción del derecho de dominio, sobre sus bienes o de personas jurídicas que figuren a su nombre, entre otros, según lo informó la prueba trasladada del asunto que se siguió bajo la ritualidad de la Ley 600 de 2000.


2. El 12 de noviembre de 2013, la Fiscalía 28 Especializada dispuso el inicio de la acción de extinción del derecho de dominio, respecto de profusos bienes, supuestamente involucrados con los hechos por los cuales Marco Antonio Gil Garzón se acogió a sentencia anticipada por los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.
3. El 23 de octubre de 2014, la fiscalía resolvió en forma negativa la solicitud de improcedencia extraordinaria elevada por el apoderado de SIERRA DÍAZ. Apelada tal determinación, la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal la confirmó, mediante decisión del 26 de agosto de 2015.

FUNDAMENTOS DE LA ACCIÓN
A través de apoderado, MARÍA MÓNICA SIERRA DÍAZ promovió acción de tutela contra la Fiscalía Primera Delegada ante la Sala de Extinción del Derecho de Dominio del Tribunal Superior de Bogotá, por considerar vulnerado su derecho fundamental al debido proceso, en razón a que, pese a que su favor se emitió resolución de preclusión, en un asunto penal regido por la Ley 600 de 2000, en contra de bienes de su titularidad se inició proceso de extinción del derecho de dominio, con desconocimiento de que la actuación hizo tránsito a cosa juzgada.
Por tal razón, solicitó la declaratoria de improcedencia extraordinaria de la acción, la cual se resolvió en forma adversa a sus intereses. Apelada tal decisión, la fiscalía accionada la confirmó.
Tales determinaciones, agrega el apoderado de la accionante, soslayan el principio de non bis in ídem, entendiendo que la acción de extinción de dominio recae «sobre la misma persona, sobre el mismo objeto y sobre la misma causa», puesto que, a su modo de ver, mientras no exista una investigación penal vigente no se podrá iniciar el proceso objeto del reproche constitucional, según el comunicado de prensa de la sentencia C-516/15 y el fallo T-212/01.
Desde esta óptica, considera que el mecanismo constitucional promovido resulta procedente, por satisfacción de los requisitos generales y específicos para la procedencia de la acción de tutela contra decisiones judiciales y, en este orden de ideas, solicitó que «el señor juez constitucional de tutela deje sin efectos la providencia judicial del pasado 26 de agosto de 2015, proferida por la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal de Distrito para la Extinción de Dominio y Lavado de Activos y, en su lugar, dentro del plazo perentorio de cuarenta y ocho (48) horas, ordene declarar la improcedencia extraordinaria de la presente acción de extinción de dominio seguida contra los bienes inmuebles de la señora Mónica María Sierra Díaz, habida cuenta que de dicha acción no puede proseguirse por haberse producido una decisión, en otra actuación judicial, que debe ser reconocida como cosa juzgada».
RESPUESTA DE LAS AUTORIDADES DEMANDADAS
La Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal indicó que no es cierto que con el proferimiento de la resolución cuestionada se hayan vulnerados los derechos fundamentales cuya protección se reclama, pues lo que resulta claro es que la misma se emitió conforme lo regulado por la Ley 793 de 2002, en armonía con la sentencia C-740/03, en cuanto no es factible que en el proceso de extinción del derecho de dominio se reconozcan los efectos de cosa juzgada por lo dispuesto en un asunto de naturaleza penal. Incluso, ello se corrobora con la sentencia C-516/15, que en forma equivocada mencionó el apoderado de la accionante.
En ese orden de ideas, solicitó que «como quiera que la afectada tiene en el curso del proceso extintivo el derecho de controvertir la pretensión extintiva del Estado, a través de su intervención en el debate probatorio, para acreditar el origen licito de los bienes afectados, (…) que no acceda a las pretensiones del accionante».
Por su parte, la Fiscalía Veintiséis Especializada, en apoyo a la Fiscalía Veintiocho, en inicio, efectuó un recuento factico y procesal de la actuación en cuestión, luego se detuvo en especificar la naturaleza de la acción de extinción del derecho de dominio, para puntualizar que el pedimento de la accionante no encuentra mérito para prosperar, en razón a que su pretensión desborda lo que es materia del proceso que se sigue contra sus bienes.
Adicionalmente, indicó que la demanda falta al presupuesto de la subsidiariedad, «pues el proceso de extinción de dominio no ha terminado y la decisión de abstención de decreto de la improcedencia extraordinaria sobre los bienes de la señora MONICA MARÍA SIERRA DÍAZ no es definitiva ni pone fin a la actuación, pues se continúa con el trámite de aquel, donde cuenta con las garantías procesales (…)».
En tales condiciones, solicitó declarar improcedente el mecanismo constitucional.
Las accionadas remitieron copia de las resoluciones debatidas.

CONSIDERACIONES DE LA SALA
El art. 86 de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces, con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando, por acción u omisión, le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial, o cuando, existiendo, la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio irremediable.
Requisitos de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales.
La doctrina constitucional ha sido clara y enfática en indicar que cuando se trata de providencias judiciales, la acción de tutela solamente resulta procedente de manera excepcional, pues como regla general la inconformidad de las partes con lo resuelto por los funcionarios judiciales ha de ser planteada y debatida en forma oportuna, acudiendo para ello a los medios de impugnación ordinarios y extraordinarios instituidos en el ordenamiento jurídico.
De modo que, la procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencias judiciales, acorde con la jurisprudencia constitucional (Corte Constitucional, sentencia C-590/05), exige ciertos requisitos, unos genéricos y otros específicos, cuyo cumplimiento está obligado el demandante a acreditar.
Según la precitada sentencia, son requisitos generales de procedencia los siguientes: (i) que la cuestión que se discuta resulte de evidente relevancia constitucional; (ii) que se hayan agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial al alcance de la persona afectada; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez; (iv) que, ante una irregularidad procesal, el defecto tenga un efecto decisivo o determinante en la sentencia; (v) que la parte actora identifique de manera razonable tanto los hechos que generaron la vulneración como los derechos vulnerados y (vi) que no se trate de sentencias de tutela.
Mientras que, en punto de las exigencias específicas, se han establecido las que a continuación se relacionan:

i) Defecto orgánico, que se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada carece absolutamente de competencia para ello.
ii) Defecto procedimental absoluto, que se origina cuando el juez actuó completamente al margen del procedimiento establecido.
iii) Defecto fáctico, el cual surge cuando el juez carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto legal en el que se sustenta la decisión.
iv) Defecto material o sustantivo, como son los casos en que se decide con base en normas inexistentes o inconstitucionales (Corte constitucional, sentencia T-522/01) o que presentan una evidente y grosera contradicción entre los fundamentos y la decisión;
v) Error inducido, el cual surge cuando el juez o tribunal fue víctima de un engaño por parte de terceros y ese engaño lo condujo a la toma de una decisión que afecta derechos fundamentales.
vi) Decisión sin motivación, que implica el incumplimiento de los funcionarios judiciales de explicitar los fundamentos fácticos y jurídicos de sus decisiones, en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional.
vii) Desconocimiento del precedente, hipótesis que se presenta, por ejemplo, cuando la Corte Constitucional establece el alcance de un derecho fundamental y el juez ordinario aplica una ley limitando sustancialmente dicho alcance. En estos casos la tutela procede como mecanismo para garantizar la eficacia jurídica del contenido constitucionalmente vinculante del derecho fundamental vulnerado (Corte Constitucional, sentencias T-462/03; SU-1184/01; T-1625/00 y T-1031/01).
viii) Violación directa de la Constitución.
Fuerza colegir, entonces, que cualquier pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela, respecto de la eventual afectación de derechos fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional, solamente es admisible cuando se haya determinado de manera previa la configuración de los requisitos reseñados en precedencia, lo cual implica una carga demostrativa para el actor respecto de la satisfacción de los mismos y de los supuestos fácticos y jurídicos en que se fundamenta la censura, de tal manera que resulte evidente la vulneración.
De no ser así, esto es, de asumirse la acción de tutela como un mecanismo de protección alternativo, se correría el riesgo de dejar en el vacío las competencias de las distintas autoridades judiciales, de concentrar en la jurisdicción constitucional todas las decisiones inherentes a ellas y de propiciar un desborde institucional en el cumplimiento de las funciones de aquélla.
Sobre la acción de extinción del derecho dominio.
Fue solo hasta la Constitución de 1991 que se implementó la declaración de extinción del derecho de dominio por sentencia judicial sobre bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilícito, en perjuicio del Tesoro público o con grave deterioro de la moral social, con la prohibición expresa de las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación (Art. 34).
A partir de este predicado superior, su regulación ha sido desarrollada normativamente por el artículo 340 del Decreto 2700 de 1991, disposición modificada por el artículo 14 de la Ley 365 de 1997, a su vez, derogada por la Ley 333 de 1996, esta por la Ley 793 de 2002 y en forma recientemente derogada a partir del 10 de julio de 2014 por la Ley 1708 de 2014, por cuyo medio se expidió el Código de Extinción del Derecho de Dominio.

Para el caso, el proceso objeto del reproche constitucional se ha venido rigiendo por lo previsto en la Ley 793 de 2002, con las modificaciones introducidas con las Leyes 1395 de 2010 y 1453 de 2011; presupuestos que definieron la extinción del derecho de dominio como una acción «de naturaleza jurisdiccional, de carácter real y de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier derecho real, principal o accesorio, independientemente de quien los tenga en su poder, o los haya adquirido y sobre los bienes comprometidos. Esta acción es distinta e independiente de cualquier otra de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, o de la que se haya desprendido, o en la que tuviera origen».


Desde esta caracterización, el procedimiento que se desarrolla en la Fiscalía, de acuerdo con el art. 12 ejusdem, comienza con una fase inicial, la cual tendrá como finalidad identificar los bienes sobre los cuales podría recaer la acción, recaudar los medios de prueba que evidencien cualquiera de las causales previstas para la procedencia de la extinción de dominio y que quebranten la presunción de buena fe exenta de culpa respecto de bienes en cabeza de terceros y, terminara con la resolución de inicio o inhibición, según fuere el caso.
Luego de emitida la resolución de inicio sigue el trámite de notificaciones; clausurado este se concede un término de diez tanto para estos como para los titulares de derechos reales principales y accesorios, para presentar su oposición y aportar o pedir las pruebas.

Finalizados los anteriores términos se inicia el proceso a pruebas por treinta días; concluido este, se correrá traslado para alegar de conclusión por el término común de cinco días y durante los treinta días siguientes el fiscal dictará resolución declarando la procedencia o improcedencia de la acción de extinción de dominio.


En firme la anterior decisión, el Fiscal remitirá el expediente al juez competente, autoridad ante la cual se procurará un traslado de cinco días para que los intervinientes soliciten o aporten pruebas, mismas que se practicaran en un término de veinte días y, cumplida dicha fase, se concederán cinco días para alegar de conclusión, seguidamente, se dictará la sentencia.
Valga precisar que contra la resolución de procedencia, improcedencia y la sentencia de primer grado procede el recurso de apelación. Incluso, ante la Fiscalía, en cualquier momento del proceso en que aparezca plenamente comprobado que no se estructura alguna de las causales invocadas, o que se incurrió en un error en la descripción del bien, o que la acción no puede iniciarse o proseguirse, el operador judicial que lo advierta, decretará de manera extraordinaria la improcedencia de la acción.
Análisis del caso concreto
1. El reproche constitucional se centró en cuestionar las resoluciones emitidas por la fiscalía, en primer y segundo grado, por cuyo medio negó decretar la improcedencia extraordinaria de la acción de extinción del derecho de dominio a favor de los bienes en titularidad de MARÍA MÓNICA SIERRA DÍAZ e involucrados en la investigación que actualmente se sigue bajo el radicado 5324 ED.
Desde la perspectiva de la demandante, éstas vulneran su derecho fundamental al debido proceso, en razón a que desconocieron el principio de cosa juzgada y non bis in ídem.
2. Conforme lo dilucidado, la Sala al verificar el cumplimiento de los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela en contra de decisiones judiciales encuentra que la demanda falta al presupuesto de la subsidiariedad y, por consiguiente, la decisión que se impone es la de negar el amparo, pues la satisfacción de estos es de carácter concurrente y no alternativo.
Lo dicho, por cuanto no puede perderse de vista que la demandante cuestiona un proceso que actualmente se encuentra en trámite, es decir, una actuación que aún no ha finalizado y que a su interior prevé fases y mecanismos que, ciertamente, puede activar para exponer la temática planteada en sede constitucional, sin que ello pueda ser desplazado o suplantado por el juez de tutela.
En otras palabras, la acción de tutela no es una instancia a la cual las partes puedan acudir para solucionar controversias que son propias de una jurisdicción determinada a cuyo cargo se encuentra el respectivo asunto, más aún cuando la actuación se encuentra en trámite.

Al respecto, ha dicho esta Corporación:


Por lo tanto, evidente resulta la improcedencia del amparo, tratándose de un proceso penal que está en trámite, en donde las autoridades accionadas se han pronunciado sobre los asuntos de su exclusiva competencia, sin que resulte posible que el juez constitucional, a modo de tercera instancia, revise el acierto o desacierto de tal decisión o que se pronuncie sobre hechos presuntamente constitutivos de vicios al interior de esa actuación1. (Se destaca).

En ese mismo sentido consideró:


La acción de tutela tiene por objeto proteger de manera efectiva e inmediata los derechos fundamentales en los casos en que estos resulten vulnerados o amenazados por la acción u omisión de una autoridad pública o de un particular, pero no tiene como propósito brindarle protección supletoria a los derechos constitucionales fundamentales, pues es ajeno a su naturaleza reemplazar los procesos ordinarios o especiales que para la situación dada, haya previsto el legislador2. (Se destaca).
En efecto, el proceso de extinción del derecho de dominio debatido se encuentra en la fase inicial, escenario idóneo para formular pruebas, para presentar alegaciones, incluso le precede el proferimiento de la resolución de improcedencia o procedencia, esta última que es susceptible de recurso y abre la fase ante el juzgado.
3. Sin perjuicio de lo anotado, la Sala no observa que el fundamento de la fiscalía para negar la improcedencia extraordinaria de la acción de extinción de dominio se haya soportado en un criterio arbitrario, caprichoso o producto de negligencia extraña, que habilite la intervención del juez constitucional. Al contrario, tales resoluciones son el resultado de aplicar la norma vigente para el caso, en armonía con la jurisprudencia relacionada.
Obsérvese que, la fiscalía especializada negó la solicitud de improcedente extraordinaria, porque «no puede reconocerse que exista identidad en el objeto de las investigaciones, pues si bien en aquella actuación penal la fiscalía no encontró responsabilidad penal de la señora MÓNICA MARÍA SIERRA DÍAZ como así lo declaró, también es verdad que allí no existió averiguación específica y por tanto tampoco declaración expresa sobre el origen licito o ilícito de los bines, y/o sobre no concurrencia de cualquiera de las causales que hacen procedente la extinción de dominio, así no hubiese sido este último el objeto propio del proceso penal allá adelantado»
En tanto, la Fiscalía Primera Delegada ante el Tribunal, previamente a confirmarla, expuso «no obstante que el presente trámite se originó a partir de una compulsa de copias realizada en el seno del proceso penal que posteriormente culminó con una decisión de preclusión a favor de la afectada MÓNICA MARÍA SIERRA DÍAZ, la que se encuentra debidamente ejecutoriada, tal circunstancia no implica per se dar por terminado de manera extraordinaria y definitiva el trámite extintivo adelantado sobre sus bienes, puesto que tal como lo afirmó el a quo en la decisión impugnada, el proceso penal se limitó a estudiar la conducta de la sindicada con el fin de establecer su responsabilidad penal frente a los reatos mencionados sin hacer un análisis del origen de su patrimonio en torno a las causal invocadas al inicio de la acción».
Tales argumentaciones lejos de desconocer los derechos cuya protección se reclama, lo que deja ver es la falta de razón que le asiste al apoderado de la demandante, al pretender dejarlas sin efecto, con base en supuesto que no rige para el caso.
En inicio, nótese que al asunto en cuestión le es aplicable el régimen de transición previsto en el artículo 218 del Código de Extinción del Derecho de Dominio, en cuanto se emitió resolución de inicio, con fundamento en las causales reguladas por el artículo 72 de la Ley 1453 de 2011.
Por manera que, es esta normatividad y la Ley 793 de 2003 la aplicable al proceso debatido, a la luz de la cual la Corte Constitucional, en sentencia C-740/03, avaló que se trata de una acción real, autónoma e independiente de la penal. De manera que, para que, en efecto, se predique cosa juzgada debió haberse presentado un proceso de naturaleza real, como lo es el de extinción del derecho de dominio, en cuanto recae sobre los bienes, y no uno penal, que recae sobre la persona. El incumplimiento de este aspecto impide que se avale la tesis propuesta por el apoderado de la accionante y descarta que la decisión de la fiscalía sea constitutiva de algún hecho vulnerador de derechos fundamentales.
Por otro aspecto, se precisa que del comunicado de prensa No. 34 emitido por la Corte Constitucional de la sentencia C-516/15 no se observa que haya variado el criterio sobre la naturaleza de extinción del derecho de dominio, para efectos de que se pueda predicar de carácter personal, como en forma desacertada lo entendió el apoderado de la demandante, pues lo que se advierte es la modificación de una postura sobre el procedimiento aplicado en la fase inicial.
De otro lado, en lo que tiene que ver con el fallo T-212/01, citada por la demandante, vale indicar que este se emitió cuando se encontraba vigente la Ley 333 de 1996 y, no la Ley 793 de 2002, último precepto bajo el cual se viene regulando el asunto en comento, y que contempla el proceso de extinción del derecho de dominio en forma independiente al penal, dado el carácter jurisdiccional que se le reconoció.

Por consiguiente, la decisión que se impone adoptar es la de negar las pretensiones de la demanda.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, EN SALA DE DECISIÓN DE ACCIONES DE TUTELA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,


RESUELVE



Primero. Negar las pretensiones de la demanda.
Segundo. Notificar esta decisión de conformidad con lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Tercero. Si no fuere impugnada esta sentencia, remitir el expediente con destino a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ


EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER

PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR

NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA



SECRETARIA


1 Sentencia de Tutela de noviembre 28 de 2006, proceso No. 28632.

2 Sentencia de tutela de agosto 29 de 2006, proceso No. 27251.



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