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Corte suprema de justicia sala de casación penal josé luis barceló camacho magistrado Ponente ap946-2016 Radicación N° 47. 485 Aprobado acta N° 46


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República de Colombia




Corte Suprema de Justicia



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO

Magistrado Ponente


AP946-2016

Radicación N° 47.485

Aprobado acta N° 46

Bogotá, D. C., veinticuatro (24) de febrero de do mil dieciséis (2016).


MOTIVO DE LA DECISIÓN
Mediante sentencia del 30 de septiembre de 2014, el Juez Promiscuo del Circuito Montelíbano (Córdoba) absolvió a los señores Moisés Ramón Nader Restrepo y Jorge Luis Madrid Novoa de los cargos que por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales les había formulado la Fiscalía.
El fallo fue recurrido por el delegado de la Fiscalía y el apoderado de la parte civil y ratificado por el Tribunal Superior de Montería el 17 de septiembre de 2015.

La representante de la Fiscalía interpuso casación.


La Sala se pronuncia sobre el cumplimiento de los requisitos de lógica y debida argumentación, en aras de disponer o no la admisión de la demanda respectiva.

HECHOS

El 10 de junio de 2005, el municipio de Montelíbano (Córdoba), representado por el alcalde Moisés Ramón Nader Restrepo, y el director de la Asociación de municipios del San Jorge, ASOSANJORGE, Jorge Luis Madrid Novoa, suscribieron, por vía de la contratación directa, el convenio interadministrativo número 10052005, cuyo objeto, que se cumplió, fue el mantenimiento de las vías internas, obras de drenaje y parcelas campamento, por un valor de $ 452.363.400.
Previo a ese acto, no se realizó invitación formal a las cooperativas y asociaciones conformadas por entidades territoriales que pudieran realizar el trabajo, no se allegó certificación del Ministerio del Interior respecto de que solo una entidad se encontraba habilitada para llevar a cabo la tarea y ASOSANJORGE no se encontraba inscrita en el registro único de proponentes, RUP.
Los contratantes argumentaron que, acatando los conceptos de sus asesores, concluyeron que era legítimo suscribir ese convenio, al cual no se aplicaban las reglas echadas de menos por tratarse de una colaboración entre entidades públicas.

ACTUACIÓN PROCESAL

1. Adelantada la correspondiente investigación, el 18 de abril de 2011, al calificar el mérito del proceso, la Fiscalía precluyó la investigación en favor de los sindicados, respecto de los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.


2. La decisión fue apelada.
El 12 de abril de 2013 la Fiscalía Delegada ante el Tribunal la ratificó en lo relativo al peculado y la revocó en relación con el contrato sin cumplimiento de requisitos legales, previsto en el artículo 410 del Código Penal, por el cual acusó a Nader Restrepo como autor y a Madrid Novoa como coautor-interviniente.
3. Luego fueron proferidos los fallos señalados.

LA DEMANDA

La delegada de la Fiscalía formula un cargo con fundamento en la causal primera, segunda parte, violación indirecta de la ley sustancial, por cuanto el Tribunal incurrió en error de hecho por falso juicio de identidad, cometido sobre las indagatorias de Nader Restrepo y Madrid Novoa.
Al creer en las explicaciones de los acusados, el Tribunal no contó con elementos probatorios que le permitieran aceptar racionalmente su tesis, pues, por el contrario, los documentos y demás pruebas, apreciados en su conjunto, demuestran la violación de los principios de transparencia y selección objetiva.
Discurre sobre el error de tipo, aplicado en favor de los acusados y afirma que los descargos fueron tergiversados pues los sindicados en ninguna parte dejaron entrever que actuaron con la convicción errada e invencible de que sus conductas no se adecuaban al tipo penal de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.
Tampoco acierta la aseveración del fallo sobre que las condiciones personales de los procesados no les permitieron tener conocimiento jurídico sobre la relación contractual, pues Nader Restrepo fue alcalde en tres ocasiones y diputado a la Asamblea, en tanto que Madrid Novoa realizó estudios de derecho y fue gerente de ASOSANJORGE, lo que le representó experiencia en derecho administrativo, de donde se infiere que conocían la trascendencia de la contratación pública y la necesidad de adelantarla con respeto de la normatividad.
Por ello no puede admitirse que los sindicados ignorasen que si los recursos para realizar el convenio tenían origen en el presupuesto municipal, estaban obligados a sujetarse a los trámites de la Ley 80 de 1993.
Haber contratado en forma directa con la asociación de municipios, desconoce que la función administrativa está al servicio del interés general, luego debe regirse por moralidad, eficiencia, imparcialidad y eficacia, de suerte que cualquier desviación implica afectación. La función pública se puso al servicio de intereses particulares, desde donde resulta inadmisible la teoría del error, pues no se evidencia la falta de conocimiento y la experiencia de los acusados impide que se estructure la condición de insuperabilidad, de donde surge que actuaron de manera consciente y voluntaria.
Solicita se case el fallo y se condene a los procesados.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

La Sala inadmitirá la demanda presentada, por cuanto no reúne los requisitos lógicos y de debida argumentación precisados en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal. Las razones son las siguientes:


1. En el único cargo formulado, la demandante señala que el Tribunal tergiversó el contenido de las indagatorias de los procesados, distorsión que lo llevó a concluir en la absolución. Lo cierto es que ni desarrolla ni demuestra la irregularidad, que, por lo demás, según surge de la propia demanda, no existió.
2. La recurrente hace consistir el falseamiento de la identidad de las indagatorias en la circunstancia de que por parte alguna de estas los acusados hicieron alusión a haber obrado con la convicción errada e invencible de que sus conductas no se adecuaban al tipo penal imputado.
Sucede que el Tribunal jamás plasmó un postulado de esa índole, pues lo afirmado fue que los dos procesados manifestaron en sus descargos estar convencidos de que por tratarse de un convenio interadministrativo, de cooperación entre entidades oficiales, podía acudirse a la contratación directa y que ello exoneraba del cumplimiento de las formalidades echadas de menos. El juzgador agregó, citando a los sindicados, que estos llegaron a ese convencimiento luego de que el equipo de asesores jurídicos con que contaban concluyó en ese sentido.
Eso fue lo que dijo el Tribunal sobre el contenido de las indagatorias, lo cual no constituye tergiversación alguna, ni la impugnante lo señala así. Diferente es que a partir de esa situación el juez colegiado hubiese concluido que se tipificaba la causal de exoneración de responsabilidad en tanto se descartaba el tipo subjetivo porque no se había actuado con dolo.
3. La demandante, además de que no prueba distorsión alguna, lo que hace es partir de los descargos y argumentar que los documentos y las demás pruebas, apreciados en su conjunto, demostraban que las excusas no resultaban de buen recibo y que hubo conciencia y voluntad.
Así, el discurso no demuestra el error de identidad denunciado, sino que acude a oponer una valoración personal a la de los jueces de instancia, a partir de lo cual concluye que sí se estructuró el tipo subjetivo doloso, lo cual en modo alguno constituye esa clase de yerro y, a lo sumo, podría ser enunciado, desarrollado y probado como falso raciocinio, lo que tampoco se hizo.
4. En otro aparte de su discurso, con su personal inteligencia sobre el alcance que ha debido darse a las pruebas, la representante de la Fiscalía colige, por oposición al Tribunal, que las condiciones personales de los procesados les permitían tener conocimiento sobre los trámites a seguir en la celebración del convenio interadministrativo, esto es, que se les podía exigir mayor diligencia en tanto se involucraban recursos públicos.
Tales argumentos parecerían apuntar a que la conducta se realizó con omisión al deber objetivo de cuidado, en razón a la negligencia en el ejercicio de la función, esto es, a una conducta punible culposa, evento en el cual la impugnante no explica las razones por las cuales se imponía la condena, en tanto en términos del artículo 32.10 del Código Penal, citado por ella, parece que igual se impondría la absolución, como que el tipo penal de contrato sin cumplimiento de requisitos legales no admite la modalidad culposa.
5. El discurso de la demandante a lo que acude realmente es a presentar una particular forma de apreciación probatoria, con la finalidad de que su postura se privilegie sobre la de los jueces de instancia.
Si bien invocó un error de hecho por falso juicio de identidad, el anuncio se quedó sin desarrollo ni demostración, pues no cumplió con la carga de presentar los argumentos de la censura en forma lógica, de conformidad con los lineamientos del legislador y los que la jurisprudencia ha decantado. Se limitó exclusivamente a presentar su propia inteligencia sobre el alcance de los medios de prueba y a cuestionar el que los jueces le dieron, entremezclando en su repetitiva postura frases alusivas a aquel yerro, que ni precisó ni demostró.
6. Quien invoque la casación, por tratarse de un recurso extraordinario, esto es, previsto por fuera de las dos instancias que conforman la estructura básica de un proceso como es debido, no puede hacerlo a través de alegatos que en forma insistente solamente quieran presentar su particular forma de interpretar las pruebas.
La casación, en esencia, constituye un juicio que el recurrente formula en contra de la sentencia del Tribunal en cuanto de forma patente, manifiesta, hubiere contrariado la Constitución y/o la ley, de donde deriva como carga suya, necesaria, formular cargos en contra del fallo, los cuales deben seguir los lineamientos que desde hace lustros han trazado la ley y la jurisprudencia.
7. La impugnante no acató los requisitos de forma y fondo para presentar y demostrar los errores en casación, por cuanto a lo que acudió realmente fue a presentar su personal y subjetiva valoración sobre el alcance que ha debido darse a las pruebas allegadas, con el anhelo de que la Corte cumpla como una tercera instancia, que no lo es, y haga prevalecer sus posturas sobre las de los jueces de conocimiento, olvidando que las de estos llegan precedidas de la doble presunción de acierto y legalidad, que solamente puede ser refutada a partir de la indicación y demostración de precisos errores.
La recurrente olvidó que la estructura básica del debido proceso se agota en la segunda instancia y que, por ende, solamente en esas dos fases se puede acudir a escritos de elaboración libre, y que, por el contrario, a la casación, por constituir una sede extraordinaria, no se puede llegar con alegatos genéricos que solamente buscan oponer, al de los jueces, un personal modo de valorar las pruebas, sino que es necesario se demuestre que las sentencias incurrieron en errores precisos, que deben ser verificados, no a partir de discursos libres, sino desde la argumentación debida que de tiempo atrás exigen la ley y la jurisprudencia.
8. La Sala no admitirá la demanda porque, además de lo anotado, la revisión de lo actuado no evidencia una lesión, manifiesta, patente, a las garantías fundamentales, que habiliten su intervención oficiosa.

Consecuente con lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia,

RESUELVE


Inadmitir la demanda de casación presentada.
Contra esta determinación no procede ningún recurso.
Notifíquese y cúmplase.


GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ

Presidente


JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO
EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER
EYDER PATIÑO CABRERA
PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO


NUBIA YOLANDA NOVA GARCÍA

Secretaria





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