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Corte suprema de justicia sala de casación penal fernando alberto castro caballero magistrado Ponente


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República de Colombia


Corte Suprema de Justicia





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO

Magistrado Ponente

SP15925-2014

Radicación n° 43385

(Aprobado Acta No. 397)

Bogotá D.C., veinte (20) de noviembre de dos mil catorce (2014).
V I S T O S
Procede la Sala a resolver el recurso de casación interpuesto por la apoderada de las víctimas Paulina Pimentel de Meneses, Sandra Patricia Meneses Pimentel, Mónica Yolanda Meneses Pimentel y Liliana María Meneses Pimentel, contra la sentencia de una Sala de Conjueces del Tribunal Superior de Montería, mediante la cual revocó la dictada por el Juzgado Penal del Circuito de Cereté (Córdoba), que condenó a José Guillermo Fernández Méndez por los delitos de homicidio simple, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado y tentativa de hurto calificado, para en su lugar absolverlo de dichos cargos.

HECHOS

El 4 de febrero de 2011, siendo aproximadamente las 3:00 p.m., los esposos Gustavo Meneses Vesga y Paulina Pimentel de Meneses regresaban a su residencia, ubicada en el barrio La Esperanza del municipio de Cereté (Córdoba), llevando consigo la última en mención la suma de $3.000.000 que momentos antes habían retirado de la entidad Bancolombia de dicha localidad, cuando fueron interceptados por un sujeto que utilizando un casco que cubría su rostro se apeó de una motocicleta de color negro conducida por otra persona, quien se dirigió hacia la mujer en el momento en que iba a ingresar a la vivienda, pero al ver que su acompañante descendía del vehículo, procedió a dispararle a éste en varias ocasiones con arma de fuego tipo revólver, infligiéndole heridas que le ocasionaron la muerte, luego de lo cual huyó del lugar en la moto que lo esperaba frente al sitio del suceso.


De esos hechos se sindicó a José Guillermo Fernández Méndez, miembro de la Policía Nacional, en razón de labores investigativas.
ACTUACIÓN PROCESAL
1. Con fundamento en lo anterior, el 12 de julio 2011, ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Cereté (Córdoba), una vez declarada la legalidad de la captura de José Guillermo Fernández Méndez, impartida previamente por autoridad competente, la fiscalía le formuló imputación como presunto coautor de los delitos de homicidio simple –art. 103 del C.P.–, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado –art. 365, num. 1º, ibídem– y hurto calificado en la modalidad de tentativa –art. 240, inc. 2º, ejusdem–; quien rechazó los cargos.
Seguidamente, a instancia de la fiscalía, el imputado fue afectado con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.
2. Habiendo correspondido la actuación al Juzgado Penal del Circuito de Cereté (Córdoba), el 19 de diciembre de 2011 se cumplió la audiencia de formulación de acusación, conforme al escrito presentado por el delegado del Fiscal General de la Nación, en la que fueron reiterados los cargos atribuidos en la formulación de imputación.
3. Cumplidas las audiencias preparatoria, donde se reconoció a las víctimas y a su apoderado judicial, y de juicio oral, el 11 de octubre de 2012 se dictó sentencia de primera instancia en la que se condenó al acusado José Guillermo Fernández Méndez a la pena principal de 244 meses –20 años y 4 meses– de prisión, así como a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la privativa de la libertad, como coautor de los delitos de homicidio simple, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado y hurto calificado tentado, y le fue negada la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria.

4. Apelado el fallo por el defensor del procesado Fernández Méndez, en sentencia adiada 19 de diciembre de 2013, el Tribunal Superior de Montería lo revocó integralmente, absolviendo al mencionado de los cargos formulados en la acusación y, en consecuencia, dispuso su libertad inmediata.
5. Contra la anterior decisión, la apoderada de víctimas interpuso recurso de casación.
6. Con auto del 8 de mayo de la presente anualidad, esta Sala admitió la demanda de casación presentada por la representante de víctimas y, el 18 de septiembre siguiente, se verificó la sustentación respectiva.

SÍNTESIS DEL LIBELO


Con fundamento en las causales segunda y tercera de casación, previstas en el artículo 181 de la Ley 906 de 2004, el censor formula dos cargos contra la sentencia del Tribunal, el primero, como principal, por nulidad y el segundo, como subsidiario, por violación indirecta de la ley sustancial originada en errores de hecho por falso juicio de identidad y falso raciocinio.


En sustento del primer cargo por nulidad, señala que no obstante advertir el ad quem que el fallo apelado carecía de motivación, no invalidó la actuación, sino que procedió a resolver el recurso, supliendo al juzgador de primera instancia en la argumentación, con lo cual trasgredió los principios de debido proceso y juez natural, puesto que la decisión revisada adolecía de dicho requisito exigido por la Constitución y la ley para entenderse legalmente proferida.
Agrega que tal vicio es insubsanable, por lo cual el juez colegiado no podía, por sustracción de materia, resolver el recurso vertical, ni mucho menos enmendar ese error sustancial sin vulnerar el debido proceso, tanto en su estructura como en las garantías debidas a las partes, pero como lo hizo, desconoció los principios de legalidad –art. 6º de la Ley 906 de 2004– y juez natural –art. 19 ídem–, amén que al usurpar el Tribunal la competencia de la primera instancia, asumiendo la sustentación que a ésta correspondía, limitó el acceso al «recurso de segunda instancia», pues contra dicha decisión solo procede la impugnación extraordinaria.
En esa medida, solicita a la Corte casar el fallo recurrido y, en su lugar, decretar la nulidad «de la sentencia de primera y segunda instancia, para que se motive la sentencia por el funcionario que profirió la decisión [de primer grado]».
En relación con el segundo cargo por violación indirecta de la ley sustancial originada en errores de hecho por falso juicio de identidad y falso raciocinio, manifiesta que, de una parte, el juez colegiado tergiversó los testimonios de Álvaro Antonio Gaviria Santos, quien presenció el desarrollo del hecho en el que resultó muerto su padrino Gustavo Meneses Vesga, y del patrullero de la Policía Nacional –Sijin– Einer José Tobio Lozano, quien realizó el reconocimiento en fila de personas con el testigo en mención; y, de otro lado, desconoció las reglas de la sana crítica en la valoración de los testimonios de Álvaro Antonio Gaviria Santos, Paulina Pimentel y Vladimir Salcedo Martínez.
Expresa que el Tribunal distorsionó el relato del testigo presencial Álvaro Antonio Gaviria Santos, a consecuencia de lo cual le restó credibilidad a la identificación que el citado hizo del atacante, puesto que, de una parte, en el fallo confutado concluyó que el mencionado no pudo haber visto el rostro del homicida debido a que éste llevaba puesto un casco de motociclista, pero soslaya que dicho declarante afirmó que previó al fatal suceso se cruzó en la vía con una motocicleta en la que se movilizaban dos personas, una de las cuales, el parrillero, no tenía puesto el casco, por lo que pudo ver su rostro cuando casi lo atropellan, sujeto que luego vio disparar contra su padrino; y, de otra, el juez colegiado aseveró que Gaviria Santos aceptó haber visto una fotografía del incriminado previo al reconocimiento en fila de personas, cuando éste no hizo tal afirmación, si no precisamente lo contrario. Tales yerros, la libelista los estima trascendentes, pues de no haberse presentado, dice, el Tribunal habría concluido que el testigo sí pudo reconocer al agresor, luego habría confirmado la decisión de primera instancia.

Añade que respecto del patrullero de la Policía Nacional –Sijin– Einer José Tobio Lozano, quien realizó el reconocimiento en fila de personas con el testigo Gaviria Santos, en el que éste señaló al acusado como el autor del homicidio, el ad quem también distorsionó su testimonio, ya que aseguró que el policial admitió en su declaración haber mostrado al supranombrado un mosaico de fotografías del encartado Fernández Méndez, luego de lo cual se llevó a cabo el susodicho reconocimiento en fila de personas, cuando éste en realidad nada dijo al respecto. Error que, señala, llevó al ad quem a restarle valor probatorio a dicho medio de convicción y a revocar el fallo condenatorio proferido por el a quo.


Asimismo, expone que el falso raciocinio recayó en la valoración de los testimonios de Álvaro Antonio Gaviria Santos y Paulina Pimentel, por cuanto al estimarlos el Tribunal trasgredió los postulados de la sana crítica, en particular las reglas de la experiencia, ya que «no puede justificar que Álvaro Gaviria no vio porque Paulina Pimentel no observó», cuando la realidad es que cada uno de los mencionados testigos vio un momento diferente del suceso, cada uno tenía diversos ángulos de visión y, por ello, su percepción fue diferente, luego no podía restarle credibilidad al dicho del primero.
Y en relación con el testigo Vladimir Salcedo Martínez, traído por la defensa, aduce que tal yerro de estimación probatoria se presenta porque a pesar de que el mencionado no pudo precisar si el día y la hora en que ocurrieron los hechos juzgados, el acusado Fernández Méndez estuvo en su casa buscando a sus hijos para que supuestamente le prestaran un dinero, a partir de tal declaración el ad quem puso en duda si el incriminado participó en los delitos por los cuales fue acusado.
Así las cosas, pide a la Corte casar la sentencia recurrida y, en su lugar, «proferir la de reemplazo», que considera debe ser de carácter condenatorio.
INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA PÚBLICA
1. Apoderada de víctimas:
En relación con el primer cargo, principal, de nulidad, sostiene que éste se origina en que el Tribunal «suplanta» al a quo, puesto que no obstante destacar la «inexistencia» de motivación en la decisión proferida por este último, no adoptó los correctivos del caso, valga decir, decretar la nulidad de la actuación para que se retrotrajera hasta el momento de dictar el fallo de primer grado, y se motivara como lo impone la Constitución y la ley, con lo cual le generó un perjuicio a las víctimas, en tanto impidió que frente a una sentencia debidamente motivada se hubieran interpuesto los recursos legales.

Trae a colación jurisprudencia de la Sala –CSJ AP, 15 Sep. 2010, Rad. 33661– para señalar que un vicio de tal naturaleza no puede ser desconocido, ni mucho menos superado, sino que se impone como único remedio la declaratoria de nulidad, ya que no se trata de un simple acto irregular, sino de uno que afecta el debido proceso, pues sin motivación no existe decisión judicial y, por contera, se desconocen la garantía del juez natural y los derechos de la víctima a impugnar la sentencia de primer grado, así como las reglas de competencia.

En cuanto al segundo reproche, subsidiario, por errores en la valoración probatoria, manifiesta la demandante que el ad quem ignora que el testigo tiene unas particularidades intrínsecas que lo determinan al momento de evocar los hechos percibidos, es decir, la individualidad del testimonio, que es precisamente la que se desconoce en el fallo de segundo grado, en el que se pretende su homogeneidad, ya que al valorarlos exige que los testigos hayan visto, evocado y declarado lo mismo.

Añade que el yerro de apreciación recae en el testimonio de Álvaro Antonio Gaviria Santos, quien dijo haber visto al parrillero de la moto con la cabeza descubierta cuando se acercaba al lugar donde se encontraba el interfecto, circunstancia que posteriormente le permitió identificarlo en diligencias de reconocimiento fotográfico y en fila de personas, pero cuando el juez colegiado coteja su dicho con otro testigo que está en un lugar distinto y en un momento posterior, concluye que el dicho de aquel no es creíble.

Luego de citar apartes de la decisión CSJ SP, 31 Jul. 2013, Rad. 40634, la recurrente solicita a la Corte casar la sentencia confutada para, en primer lugar, decretar la nulidad de la actuación y, en consecuencia, regresar la actuación al juez de primer grado con la finalidad de que motive el fallo y, en forma subsidiaria, en caso de no acceder a la primera petición, se case la decisión impugnada dado que «carece de todo sustento jurídico o procesal, por la equivocación del Tribunal en la valoración de los testimonios».

2. Fiscalía General de la Nación:

La Fiscal 8ª Delegada ante esta Corporación, en relación con el primer cargo, expone que si bien la sentencia de primera instancia contiene una sustentación sucinta, en ella se incorpora el fundamento fáctico y jurídico de la responsabilidad del acusado Fernández Méndez respecto de las conductas punibles por las que se le acusó y condenó.

Agrega que las falencias advertidas por el Tribunal en la sentencia de primer grado, se refieren al análisis probatorio, y no a la ausencia de motivación de dicha decisión, al punto de que en varias oportunidades cuestiona la falta de precisión de la prueba en la que el a quo funda la responsabilidad penal del procesado.

Dice que en lo relacionado con el homicidio, el fallo de segunda instancia destacó la supuesta omisión en que habría incurrido el juez singular al valorar parcialmente la prueba, omitiendo el análisis de otros testimonios que permitían concluir la falta de certeza sobre la comisión de dicha conducta por parte del incriminado.

Destaca que no se advierte la irregularidad que plantea la representante de víctimas en torno a la vulneración de los principios de legalidad y juez natural, pues la competencia del Tribunal al conocer del recurso de apelación le facultaba para efectuar el estudio integral de las pruebas practicadas en el juicio oral, en tanto ese fue el debate propuesto por los recurrentes, luego el cargo por nulidad no está llamado a prosperar.

En cuanto a la segunda censura, por violación indirecta de la ley sustancial, manifiesta que de la estimación de los testimonios de Álvaro Gaviria Santos, Juan Rafael Ramos Sánchez y José Julián Soto Paternina, el ad quem concluyó que las contradicciones existentes entre el dicho del primero y el de éstos, le restaban credibilidad a aquel, particularmente en cuanto a la identificación del acusado como copartícipe de los delitos juzgados, y destacó la importancia que en su sentir tienen los testimonios de los dos últimos en mención, concretamente en cuanto a tres puntos en los que no coinciden con la declaración de Gaviria Santos: (i) el color de la motocicleta en que se movilizaban los agresores; (ii) la modalidad de huida; y, (iii)) la posibilidad de observar el rostro del agresor.

En relación con el último aspecto, estima la Delegada que el ad quem incurrió en un error de apreciación porque tergiversó el contenido de la declaración de Gaviria Santos, puesto que éste, en las dos declaraciones que rindió durante el juicio oral, fue enfático en señalar que pudo observar la cara del agresor instantes previos al hecho fatídico y no, como equivocadamente lo señala el Tribunal, cuando huía del lugar después de perpetrar el crimen.

Resalta que durante la sesión del juicio oral de 16 de mayo de 2012, cuando la fiscalía le preguntó al testigo si había observado quién disparó a su padrino, éste puso de presente que fue en dos ocasiones: la primera, cuando se cruzó con la motocicleta en la mitad de la calle y el parrillero tenía el casco en la cabeza, pero no le ocultaba el rostro; y la segunda, después de disparar contra su padrino, momento en el que ya se había puesto el casco y no se le veía la cara.

Añade que luego, en el desarrollo de los interrogatorios efectuados por fiscalía y defensa, el testigo en mención fue reiterativo y consistente al manifestar que vio en dos oportunidades a la persona que disparó contra Meneses Vesga, inicialmente cuando, estando el declarante en la mitad de la calle, pasó frente a él en la moto de parrillero y como se estaba acomodando el caso pudo observar su rostro; y posteriormente cuando, después de disparar, se lo quedó mirando y como tenía el caso puesto no pudo verle la cara, pero sí lo reconoció por las prendas de vestir que llevaba puestas.

Expone que es claro que el testigo Gaviria Santos nunca dijo que vio el rostro del agresor cuando huida del sitio de los hechos, sino que pudo hacerlo antes de que aquel le propinara los disparos a la víctima, cuando se cruzó con los agresores en la calle en momentos en que iban en la motocicleta, y vio al parrillero con el casco «guindado» sobre su cabeza.

Esa equivocación, anota la fiscal destacada ante esta Corporación, incidió en la decisión del ad quem, pues restó mérito probatorio a la versión del testigo Gaviria Santos, quien fue el único que detalladamente narró los instantes previos al ataque de que fue víctima Meneses Vesga.

Adicionalmente, advierte un error trascendente de raciocinio en la forma en que el Tribunal confrontó lo dicho por varios testigos del suceso, llegando a una conclusión errada, debido a que desconoció las circunstancias particulares en que cada uno de los deponentes habría percibido su desarrollo, incluso refiriéndose a momentos diferentes.

En ese sentido, considera la delegada que se trasgredió el postulado lógico de identidad, haciéndolo valer respecto de objetos diversos para concluir la ausencia de credibilidad de la declaración de Gaviria Santos, específicamente cuando el juez colegiado cuestionó la posibilidad que éste tuvo de observar los rasgos físicos del agresor, pues equivocadamente consideró que existía una contradicción entre sus manifestaciones y las de la viuda y los otros dos testigos, quienes afirmaron que no vieron el rostro del atacante porque tenía un casco que lo cubría, cuando su verdadero sentido es que lo narrado corresponde a diferentes percepciones, es decir, a momentos y circunstancias distintas; en otras palabras, agrega, se trata en este caso de declaraciones complementarias, porque cada uno de los testigos narró una sucesión cronológica de hechos, dependiendo del momento en que entró a la escena y del lugar de ubicación.

Manifiesta que en un primer momento el declarante Gaviria Santos vio la cara del atacante porque tenía el casco sobre la frente, antes de ejecutar el hecho y, luego, en un segundo momento, el mencionado y los demás testigos vieron al homicida con el casco protegiéndole el rostro, cuando disparaba y posteriormente huía del lugar.

La Delegada añade que otro yerro del Tribunal corresponde a la distorsión de los testimonios de Gaviria Santos y Eider José Tobio Lozano, cuando se afirma en la sentencia recurrida que el reconocimiento en fila de personas que realizó el primero perdió consistencia porque previamente se le mostró un mosaico de fotos del acusado Fernández Méndez, utilizando para ello los archivos fotográficos de recursos humanos de la Policía Nacional, institución a la que el mencionado pertenecía para la época del suceso, ya que al verificar integralmente los registros de la audiencia de juicio oral no se encontró una manifestación de esa naturaleza por parte de los mencionados declarantes.

Anota que lo que dijo el patrullero Tobio Lozano, encargado de llevar a cabo el reconocimiento en fila de personas efectuado por el testigo Gaviria Santos, fue que con posterioridad al señalamiento que hizo el mencionado, procedió a elaborar un álbum fotográfico de dicha diligencia. Cosa distinta, dice la fiscal, es que, según se extrae de las declaraciones de los citados, al inicio de la investigación se hubiera realizado un reconocimiento fotográfico por el mismo testigo como método de identificación legalmente permitido, en cuyo desarrollo se le exhibió un álbum con siete fotografías, entre las cuales estaba una del acusado, obtenida de los archivos de la Policía Nacional, pero jamás se afirma que al testigo se le hubiera presentado un mosaico de fotos del acusado, como lo aseguró el Tribunal para restarle credibilidad a su dicho.

Considera que el ad quem no podía derivar ausencia de valor probatorio del reconocimiento en fila de personas o del testimonio de Gaviria Santos, a partir de una diligencia previa de reconocimiento fotográfico que se llevó a cabo durante la fase de indagación preliminar, pues ninguna de las parte adujo irregularidad en su práctica y la fiscalía surtió dicho trámite atendiendo a lo previsto en el artículo 252 de la Ley 906 de 2004, sin perjuicio del posterior reconocimiento en fila de personas que establece el inciso final de la referida norma.

Aduce que el Tribunal no explicó esa afirmación tan trascendente para la decisión y dedujo que ese hecho, la exhibición de un mosaico de fotos del procesado Fernández Méndez a Gaviria Santos antes del reconocimiento en fila de personas, fue aceptado como cierto por el policía judicial que lo llevó a cabo y por el propio testigo, cuando ello nunca ocurrió, es decir, carece de sustento en la prueba testimonial que fue citada por el juez colegiado y es producto de su tergiversación.

Además, resalta que esa Corporación pasó por alto que aun cuando se hubiera presentado tal irregularidad, la misma habría sido saneada cuando en la audiencia de juicio oral, de manera expresa y directa, el testigo Gaviria Santos señaló al acusado como la persona que segó la vida de Meneses Vesga, confirmando el señalamiento que hizo en las diligencias de identificación realizadas por la fiscalía en la fase investigativa, reconocimiento que afirma, adquiere entidad probatoria durante el juicio oral al integrarse con el testimonio respectivo, según lo ha precisado la jurisprudencia de esta Sala –radicados 26276 de 2007, 28935 de 2009 y 37391 de 2014– que se encarga de citar.

Expresa que en el caso concreto la declaración de Gaviria Santos posee una relevancia incriminatoria sólida, porque sin dubitación alguna narra las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que el aquí inculpado actuó como autor material de la muerte violenta de Meneses Vesga, y lo identificó como tal. Luego, señala, la equivocación del ad quem fue trascendente, toda vez que de no haber incurrido en ella habría concluido que existió un reconocimiento claro y directo realizado por un testigo presencial de los hechos respecto de la persona responsable y, por tanto, la sentencia condenatoria no hubiese sido objeto de revocatoria.

En ese orden, considera que debe prosperar el segundo cargo propuesto por la representación de las víctimas, por lo cual solicita a la Corte casar la sentencia recurrida y, en su lugar, dejar en firme la condena dictada por el Juzgado Penal del Circuito de Cereté en contra del incriminado Fernández Méndez.

3. Defensor del procesado.

Manifiesta que entiende el interés de las víctimas de que se esclarezca la muerte violenta del señor Meneses Vesga, pero ello, dice, no significa que el acusado no tuviera también la oportunidad de que, por vía de impugnación de la sentencia de primer grado, dicha decisión fuera revisada por el superior.

En cuanto al primer cargo por nulidad, estima que la recurrente descontextualiza la sentencia de segundo nivel, con la evidente intención de que la Corte verifique un presunto vicio e invalide el trámite, ello porque al cotejar las citas que se hacen en el libelo, se toman solo algunos apartes del fallo del Tribunal, buscando así dejar sentado que se quejaba de la falta de motivación del fallo de primera instancia, lo que, afirma, no es cierto, porque la sentencia del a quo recoge todo el análisis de la prueba practicada en el juicio oral, luego no hay violación del debido proceso ni de la garantía del juez natural, concentrándose el juez colegiado en resolver los temas propuestos en la apelación formulada por la defensa, frente a la cual la representación de las víctimas tuvo oportunidad de referirse al descorrer el respectivo traslado a los no recurrentes.

Considera que, en últimas, lo pretendido es que se anule la actuación para que el juez de primer grado pronuncie un fallo condenatorio con fundamento en la motivación que demanda la apoderada de las víctimas, con lo cual se violentaría el principio del non bis in ídem, pues se terminaría juzgando al acusado dos veces por el mismo hecho.

En punto del segundo cargo por violación indirecta de la ley sustancial por falsos juicios de identidad y raciocinio, señala que todo el discurso plasmado en la demanda pretende que la Corte solamente revise las consideraciones que tuvo el Tribunal para apreciar el testimonio de Álvaro Antonio Gaviria Santos, desconociendo la impugnante que lo que hizo el ad quem fue valorarlo en conjunto con lo demás medios de prueba producidos en el juicio oral.

Destaca que el juez colegiado se dio a la tarea de examinar, en primer lugar, todo lo que tenía que ver con las conductas punibles por las cuales fue acusado su defendido, y dentro de ese ejercicio valorativo hizo una revisión exhaustiva de lo que sucedió en el juicio oral. Anota que la carga de la prueba le correspondía a la Fiscalía General de la Nación, por lo cual considera que será esta Corporación la que determine si dicho ente cumplió con la obligación que constitucional y legalmente tiene asignada, que es finalmente el aspecto que se reprocha al ad quem.

Cuando se afirma en la sentencia de segundo grado que no se demostraron los elementos de los tipos penales objeto de la acusación, es esa la amonestación que el Tribunal le hace a la fiscalía, porque era a ésta a la que correspondía probar los hechos de la acusación, luego si no lo hizo, como lo propuso la defensa en la apelación del fallo de primer nivel, no podía el juez plural, producto de la valoración probatoria, arribar a decisión diferente a la absolución.

Sostiene que la demandante y la fiscalía pretenden fincar el juicio de responsabilidad en un solo testigo, esto es, en Gaviria Santos, quien supuestamente fue la persona que en el momento de los hechos pudo identificar al agresor de su padrino, pero ocurre que al confrontar dicho testimonio con los de Juan Rafael Ramos Sánchez, José Julián Soto Paternina y Paulina Pimentel, esposa del obitado, y quien lo acompañaba cuando ocurrieron los hechos, el ad quem advirtió que esta última fue categórica en afirmar que el agresor tenía puesto un casco de motociclista que le impedía ver su rostro e identificarlo, y así lo confirman los otros testigos mencionados, luego esa estimación en conjunto de la prueba fue la que llevó al juez de segundo grado a revocar el fallo condenatorio de primera instancia.

En cuanto al reconocimiento en fila de personas, indica que desde la apelación de la sentencia de primer grado, la defensa abordó el tema y llamó la atención sobre la manera como se llevó a cabo, ya que el acusado fue veladamente señalado con los gestos del servidor de la policía judicial, lo que motivó la constancia dejada por el defensor en el momento de la diligencia. Además, señala, en su formalización como prueba en el juicio oral, al ser aportada por el uniformado que la practicó, se escucha claramente en el audio cuando la fiscal del caso le dice al testigo cómo debe responder o completar la respuesta a una pregunta que le hace la defensa, lo cual tiene incidencia frente al reconocimiento que el testigo hizo del acusado en el juicio oral.

En consecuencia, pide a la Corte no casar la sentencia impugnada.


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