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Corte suprema de justicia sala de casación laboral


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República de Colombia


Corte Suprema de Justicia


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL



JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ

Magistrado Ponente

STL2417-2015

Radicación no 39274

Acta no 5

Bogotá D.C., veinticinco (25) de febrero de dos mil quince (2015).



Decide la Corte sobre la acción de tutela interpuesta por WILMER HERNÁNDEZ CEDRÓN contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA, trámite al cual se vinculó al JUZGADO PRIMERO LABORAL DEL CIRCUITO de la misma ciudad.



I. ANTECEDENTES
El peticionario adelanta la presente acción de tutela, al considerar que se le han vulnerado sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y al trabajo en condiciones dignas y justas.
Como soporte de su queja manifestó, que es trabajador de Ecopetrol S.A.; y que es miembro de la dirección nacional del sindicato Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo, por lo que goza de la garantía foral.
Relató que la empleadora, a fin de finalizar el vínculo contractual, inició el respectivo proceso especial, asunto del cual le correspondió conocer al Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Cartagena.
Expuso que en audiencia celebrada el 17 de abril de 2013, el despacho decidió que «no admitía documentales contenidas a folios 53, 55, 60 y 61, toda vez que las mismas no guardaban relación con los hechos de la demanda, y en lo referente al folio 55 dijo que no se admitía por ser ilegible». De igual forma «negó los testimonios, ANA MAGOLA MANGA CEDREÑO argumentando que esta testigo no presencio(sic) los hechos que son parte de eta demanda, así mismo negó los testimonios de RICHARD PADILLA, MEYRA BLANDÓN Y AURA QUINTERO, en razón que los mismos fueron solicitados para acreditar una supuesta agresión contra el señor RICHARD PADILLA, lo cual no guarda relación con los hechos de la demanda».
La anterior determinación fue recurrida por la parte demandante, recurso que fue concedido en el efecto devolutivo.
Indicó que por auto del 31 de octubre de 2014, el juez colegiado, al resolver la alzada, revocó la decisión de primer grado y dejó sin efecto todo lo actuado «a partir del auto mediante el cual se cerró el debate probatorio y en su lugar dispuso practicar las pruebas».
Como soporte de su queja explicó que la accionada incurrió en una vía de hecho, por cuanto: (i) desconoció los artículos 42 y 46 del C. P. del T. y de la S. S., al dictar una providencia por fuera de audiencia, (ii) no notificó a la parte demandada del proveído cuestionado «conforme a las reglas propias del procedimiento, por estado o por edicto», (iii) ordenó el decreto de unas pruebas respecto de la cuales la demandante no manifestó reproche alguna y, (iv) de manera oficiosa decretó la nulidad de la sentencia, cuando la irregularidad acaecida, por ser subsanable, debió ser puesta en conocimiento de las partes a fin que la alegaran.
Por lo anterior, solicitó al juez de tutela se conceda el amparo de los derechos fundamentales invocados y, en consecuencia, se ordene a la accionada modificar el auto de fecha 31 de octubre de 2014.
Mediante auto calendado de 17 de febrero de 2015 esta Sala de la Corte admitió la acción tutela, ordenó notificar a la autoridad accionada e informar a los demás intervinientes en el proceso que originó la presente acción, con el fin de que ejercieran el derecho de defensa y contradicción.
II. CONSIDERACIONES

La Constitución de 1991 consagró la acción de tutela como uno de los mecanismos para garantizar la eficacia de los derechos fundamentales.


De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
En el presente asunto estima el accionante conculcados sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la administración de justicia y al trabajo en condiciones dignas y justas, con la determinación proferida el 31 de octubre de 2014 por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, dentro del proceso especial de fuero sindical que instauró en su contra Ecopetrol S.A., y a través de la cual revocó el proveído del 17 de abril que negó el decreto de unas pruebas y, a su vez, dejó sin valor y sin efecto, las actuaciones realizadas con posterioridad «del auto mediante el cual se cerró el debate probatorio».
Para ello explica, básicamente, que la accionada desconoció los principios de oralidad y publicidad que emanan de los artículos 42 y 46 del C. P. del T. y de la S. S., por cuanto la providencia se produjo por fuera de audiencia pública y no ha sido notificada «conforme a las reglas propias del procedimiento, por estado o por edicto». Censura además que la Sala se ocupara de analizar unos aspectos que no fueron objeto del recurso de alzada, y que declarara la nulidad de la sentencia de primera instancia con base en lo previsto en el artículo 65 ibídem, que enseña que «la sentencia definitiva no se pronunciará mientras esté pendiente la decisión del superior, cuando esta pueda influir en el resultado de aquella», pese a que tal irregularidad debía ser puesta en conocimiento de las partes, a fin de que, si a bien lo tienen, la aleguen.
Debe tenerse en cuenta que, el artículo 29 de la Constitución Política, garantiza a los ciudadanos el respeto de las formalidades procesales, la aplicación efectiva de la norma positiva y como consecuencia de ello, la correcta administración de la justicia.
Dicho postulado constitucional persigue, fundamentalmente, que las personas estén protegidas contra eventuales abusos y desviaciones de las autoridades judiciales, dado que, cada trámite está sujeto a lo que la norma constitucional define como las «formas propias de cada juicio».
En ese orden de ideas, el procedimiento se constituye en la forma mediante la cual los individuos interactúan con el Estado, al someter sus diferencias, y por ello mismo se requiere de su estricto cumplimiento, con el objeto de no desquiciar el ordenamiento jurídico.
Desde esta perspectiva, y en punto a lo argüido por el quejoso, es claro que no le asiste razón cuando pretende que se deje sin valor y sin efecto la providencia aquí confutada.
En efecto, del estudio del material allegado no se advierte que el demandado hubiera puesto en conocimiento de la autoridad ante la cual se adelantó el respectivo trámite, a través de los mecanismos y oportunidades que la ley procesal consagra para ello, las irregularidades que ahora cuestiona y que, a su juicio, según se desprende del escrito de acción, constituyen causal de nulidad, en tanto que ninguna petición en dicho sentido ha elevado, siendo ese el escenario indicado para abogar por las garantías constitucionales peticionadas, sin que pueda el juez de tutela suplir ni desplazar la actividad judicial que por disposición legal le es asignada al juez natural.
De conformidad con lo anterior, la determinación sobre la procedencia de sus pretensiones es asunto que en manera alguna es de competencia del juez de tutela, a quien no le es dado arrogarse funciones que competen a otras autoridades, sino que estos pronunciamientos se logran mediante las acciones o recursos conducentes, donde sea el juez competente el que indique si le asiste o no la razón al peticionario, y, en este orden de ideas, mal podría predicarse vulneración de derecho fundamental alguno, como tampoco el acaecimiento de perjuicios irremediables; por lo que, dado el carácter subsidiario que tiene la acción de tutela, es improcedente su utilización cuando existe un medio judicial ordinario capaz de conjurar la amenaza o la vulneración de los derechos fundamentales.

En este orden de ideas, y sin que se hagan necesarias otras consideraciones, no hay lugar a conceder el amparo constitucional peticionado.



III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,



RESUELVE:




PRIMERO: NEGAR por los motivos expuestos, la acción de tutela interpuesta por WILMER HERNÁNDEZ CEDRÓN contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CARTAGENA.


SEGUNDO: COMUNICAR esta decisión a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: En caso de no ser impugnada la presente decisión, ENVÍESE el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

Presidenta de Sala



JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ

ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN

RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO

GUSTAVO HERNANDO LÓPEZ ALGARRA

LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS



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