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Corte suprema de justicia sala de casación laboral rigoberto echeverri bueno magistrado Ponente stl684-2015 Radicación No. 57413 Acta N


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República de Colombia


Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO

Magistrado Ponente
STL684-2015

Radicación No. 57413

Acta No. 01
Bogotá, D.C., veintiocho (28) de enero de dos mil quince (2015).

Resuelve la Corte la impugnación interpuesta por el apoderado judicial de la parte accionante contra el fallo proferido por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, el 30 de septiembre de 2014, dentro de la acción de tutela que Gonzalo Albeiro Betancur Betancur y Antonio José Bustamante Zuleta promovieron contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.





  1. ANTECEDENTES

Los señores Gonzalo Albeiro Betancur Batancur y Antonio José Bustamante Zuleta promovieron acción de tutela contra la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, a la que endilgaron la vulneración de su derecho fundamental al debido proceso, con ocasión de “la sentencia de segunda instancia proferida el 29 de abril de 2014 y en el auto que la adicionó y aclaró de fecha del 12 de agosto de 2014”.


En sustento de la petición de amparo señalaron que los señores Lino Antonio Ortiz Vélez y Ofelia Posada de Ortiz demandaron a través de acción ejecutiva hipotecaria, entre otros tantos, a los aquí accionantes; que el conocimiento del asunto correspondió al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado, el cual profirió sentencia el 24 de mayo de 2013; que “el 27 de mayo de 2013, se notificó de la sentencia en forma personal la abogada Luz Elena Guerra y en representación de Sol Beatriz Escobar Restrepo, Ruth Mery Arango García y Jaime León Ortiz (proceso acumulado con hipoteca de segundo grado) como parte demandante y la otra parte demandante se notificó el 28 de mayo de 2013”; que los mencionados demandantes acumulados, apelaron la sentencia del juzgado, sin haber manifestado los motivos de su inconformidad; que Lino Antonio Ortiz Vélez y Ofelia Posada de Ortiz, parte demandante en demanda principal, con gravámenes de primer grado, no interpusieron recurso alguno; que en virtud de la apelación que interpuso una de las partes demandantes, el conocimiento del asunto pasó a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín; que el el 29 de julio de 2013, la parte apelante, esto es, “Sol Beatriz Escobar Restrepo, Ruth Mery Arango García y Jaime León Ortiz (Demandantes en acumulación e hipoteca de segundo grado) presentó escrito descorriendo el traslado para alegar en esta segunda instancia, sin que se hubiera admitido el recurso, ni ordenado el traslado, pues del expediente se puede apreciar que el recurso fue admitido el 30 de julio de 2013”; que el 14 de agosto de 2013, el Tribunal profirió auto por medio del cual dio traslado para sustentar los recursos interpuestos, haciéndolo sólo ellos, no así la otra parte demandante; que el Tribunal profirió sentencia de segunda instancia, el 29 de abril de 2014; que a pesar de que los créditos que se mencionaban en la demanda, por valor de $50’000.000 a favor de cada uno ellos, no fueron objeto del recurso de apelación, el Tribunal decidió sobre la suerte de los mismos; que no podía el Tribunal efectuar modificación alguna al respecto; que a pesar de que el Tribunal se refirió en la parte motiva a la prescripción del pagaré del 6 de julio de 1999, por la suma de $20’000.000, no dijo nada al respecto en la sentencia; que fueron condenados en costas sin consideración alguna a que no se sustentó la apelación; que solicitaron la aclaración y la adición de la demanda y mediante auto del 12 de agosto de 2014 se adicionó la sentencia del 29 de abril de ese mismo año; que con el auto aclaratorio de la sentencia, se agravó aún más su situación, pues se incluyó en la misma otras garantías hipotecarias que no habían sido objeto del recurso de apelación; que la motivación de dicha providencia es confusa; que el Tribunal “amplia la decisión de la sentencia del 29 de abril de 2014 y agrava la situación procesal y sustantiva, manifestando que revoca el fallo recurrido con respecto al pagaré del 6 de julio de 1999 y luego manifiesta que la adiciona, ordenando la cancelación de la escritura que garantiza el citado pagaré”; que la parte resolutiva del auto que la aclaró y adicionó la sentencia, es un caos, pues no hay coherencia entre los hechos y las pruebas, con lo que se presenta un grave vicio procedimental; que hubo salvamento de voto a dicha providencia; que “el señor Antonio José Bustamante Zuleta, no fue notificado de la demanda principal, incoada por Lino Antonio Ortiz Vélez y Ofelia Posada Ortiz y a pesar de que intento en varias oportunidades ser escuchado, no fue posible, puesto que este mismo despacho accionado en incidente de nulidad, manifestó que era a voluntad de la parte demandante incluirlo o no en la demanda, pero eso sí, en ambas decisiones, incluyeron el inmueble de su propiedad para ser rematado y pagar parte de las obligaciones con este”.
Con fundamento en los hechos expuestos en precedencia, solicitaron al juez de tutela dejar sin efecto las providencias que motivaron la interposición de la queja, con el fin de que se le ordene al Tribunal decidir de conformidad al mandato contenido en el artículo 2455 del Código Civil.


  1. TRÁMITE Y DECISIÓN DE INSTANCIA

Por auto del 22 de octubre de 2014, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia dio trámite a la acción de tutela. Vinculó al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado y a quienes fueron parte dentro del proceso ejecutivo en el que se profirieron las providencias cuestionadas.


Dentro del término de traslado correspondiente, el titular del Juzgado Segundo Civil del Circuito de Envigado allegó “el original del expediente cuestionado en la demanda de amparo” y adujo que resultaba “inapropiado emitir un pronunciamiento”, en consideración a que la queja lo era exclusivamente, en relación con los pronunciamientos emitidos por el Tribunal.

La Sala accionada guardó silencio.


Mediante fallo del 30 de octubre de 2014, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia resolvió denegar la petición de amparo deprecada por los señores Gonzalo Albeiro Betancur Betancur y Antonio José Bustamante Zuleta.
Tras precisar la Sala análoga que, la controversia se centraba “en establecer si el Tribunal censurado vulneró los derechos alegados, al desatar la apelación de Sol Beatriz Escobar Restrepo, Ruth Mery Arango García y Jaime León Ortiz Ortiz, que no sustentaron el recurso; resolver sobre asuntos que no fueron objeto de alzada incurriendo en incongruencia; y, cercenar la interpretación del artículo 2455 del Código Civil y lo pactado en las escrituras contentivas de las hipotecas, en contra de los intereses de los deudores”, revisó el expediente contentivo del proceso ejecutivo cuestionado y dejó establecido lo siguiente:

1) Que Lino Antonio Ortiz y Ofelia Posada de Ortiz habían demandado, entre otros, a Gonzalo Albeiro Betancur Betancur para obtener el pago de la suma de dinero indicada en el libelo junto con los intereses moratorios.


2) Que los deudores habían propuesto las siguientes excepciones: “la obligación pretendida excede la garantía hipotecaria otorgada”, “no existe obligación solidaria sino de cuota parte o a prorrata”, “temeridad y mala fe”.
3) Que contra los mismos deudores se había acumulado libelo por valores contenidos en pagarés y amparados en hipoteca de segundo grado a favor de Sol Beatriz Restrepo, Ruth Mery Arango García y Jaime León Ortiz Ortiz.
4) Que se habían formulado varios incidentes.

5) Que el 24 de mayo de 2013 el a quo había desestimado las excepciones, en lo que atañe tanto con la demanda principal como con la acumulada, salvo las relacionadas con el límite de las hipotecas, “en la medida en que los montos a pagar no podrán sobrepasar el duplo de lo garantizado, de manera que se cancelarán el capital y los réditos hasta concurrencia con el límite, que en ambas demandas y en forma conjunta alcanzan los doscientos millones de pesos”, por lo que había ordenado seguir adelante la ejecución.


6) Que el 14 de junio de 2014 se había concedido la apelación interpuesta por los acreedores en el libelo acumulado y, asimismo, fue aceptada la alzada propuesta por los aquí accionantes, quienes en el mismo escrito de apelación habían fundamentado su descontento.
7) Que el 29 de julio de ese mismo año la procuradora de la otra parte demandante había allegado memorial en el que argumentaba su oposición.
8) Que el 30 de ese mismo mes y año, el Tribunal había admitido ambas impugnaciones y el 14 de agosto había corrido traslado común a las partes para que sustentaran los recursos, “pronunciándose los demandados”.
9) Que el 29 de abril de 2014 el superior había confirmado la determinación, “a excepción de las expresiones ‘en todos los vénetos (sic) (léase eventos) se tendrán en cuenta las relativas al tope de la obligación garantizada’ contenidas en el numeral tercero …, las cuales se revocan. Se adiciona la sentencia para disponer la cancelación de la escritura pública 26 76 de julio 6 de 1998”.
10) Que los aquí accionantes solicitaron se aclarara el fallo en el sentido de expresar lo que se confirmaba y en qué sentido y el porqué de la condena en costas si los acreedores sustentaron el recurso extemporáneamente y, asimismo, para que se adicionara en lo relacionado con la declaración de prescripción omitida en la resolutiva.
11) Que el 12 de agosto de 2014 el Tribunal había accedido a lo pedido, quedando la parte resolutiva del fallo así: “CONFIRMA la sentencia que vía apelación se revisa, a excepción de las expresiones ‘ en todos los vénetos (léase eventos) se tendrá en cuenta las relativas al tope de la obligación garantizada’ del numeral 3 de la parte resolutiva, esto es, página 40 de la sentencia, folio 499 cuaderno. 2. Se REVOCA el fallo recurrido en lo que tiene que ver con el pagaré por valor de $20’000.000 con fecha de vencimiento julio 6 de 1999, girado en favor de Sol Beatriz Escobar Restrepo (fl. 30 C.2), y en su lugar se declara próspera la excepción de PRESCRIPCIÓN, por lo que se ordena seguir adelante con la ejecución en favor de aquella solo por veintiocho millones de pesos ($28’00.000) más intereses de mora desde el 15 de enero de 2000 hasta el pago total de la obligación, de acuerdo con las tasas pactadas por los contratantes, siempre que no supere los límites establecidos por las normas legales, por lo que en este caso se liquidará teniendo en cuenta las últimas. Se ADICIONA la sentencia para disponer la cancelación de la escritura pública 2676 de julio 6 de 1998 otorgada…”.
Tras dicho análisis, y una vez precisados los aspectos procesales que se encontraban demostrados, concluyó la Sala de Casación Civil que las providencias cuestionadas no lucían como constitutivas de vías de hecho, sino que su contenido exponía un criterio plausible, con suficiente respaldo jurídico y demostrativo. Añadió que el recurso de alzada interpuesto por la parte demandante, lo había sido en tiempo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 352 del Código de Procedimiento Civil; que no había incongruencia entre lo que fue objeto del recurso de alzada y lo decidido y que, “si la complementación de proveído recayó sobre puntos no solicitados por los gestores, se itera, el juzgador estaba facultado para hacerlo de oficio, lo que se convierte en obligación cuando se vislumbra yerros que quebranten el ordenamiento jurídico”.



  1. IMPUGNACIÓN

La parte accionante, por conducto de su apoderado judicial impugnó. Para que se revoque el fallo que no accedió a sus súplicas, reiteró lo expuesto en el escrito inicial de tutela.




  1. CONSIDERACIONES

A folios 82 y siguientes del cuaderno de tutela, obra copia de las providencias cuestionadas, es decir, de la sentencia proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el 29 de abril de 2014 y, asimismo, de la providencia del 12 de agosto de ese mismo año, por medio de la cual se aclaró y adicionó la sentencia, en el interior del proceso ejecutivo hipotecario de Lino Antonio Ortiz Vélez y otros contra Carlos Alberto Guingue y otros.


Una vez revisado su contenido, considera ésta Sala de la Corte que el fallo impugnado debe confirmarse, no sólo porque el concienzudo examen que hizo la Sala de Casación Civil de la Corte del asunto, permite establecer que las providencias cuestionadas resultan razonables y están suficientemente motivadas, sino porque, ciertamente, las decisiones censuradas no resultan caprichosas o antojadizas, ni contienen un yerro protuberante que amerite la intervención excepcional del juez de tutela.
Las decisiones censuradas, fueron ciertamente edificadas en razones plausibles y acordes con el estudio del material probatorio que, en sede de instancia, hizo el sentenciador, dentro del marco de su estricta competencia y bajo la autonomía e independencia de la que está investido, no avizorándose en dicho ejercicio valoratorio y hermenéutico, capricho o arbitrariedad alguna que permita la intervención excepcional del juez de tutela.
Debe recordarse que, como expresión del principio de autonomía del juez, se encuentra la facultad que tiene aquél de analizar las pruebas en conjunto de acuerdo con la sana crítica, siendo esta su función principal y para la cual fue investido con precisas facultades para dirimir las controversias que son de su competencia. Dicha facultad, ha dicho reiteradamente esta Sala de la Corte, no puede ser usurpada por el juez constitucional so pretexto de tener una nueva o mejor concepción sobre el pleito, pues con ello no solo estaría suplantando al juez natural, sino coartando su autonomía e independencia para dirimir el conflicto, máxime cuando se observa, como sucede en el presente caso, que la actuación judicial atacada, no se apartó de consultar con reglas mínimas de razonabilidad jurídica al proferiri las decisones censuradas.
Por último debe decirse que se remite enteramente esta Sala de la Corte, a la exposición que, del asunto hizo la Sala de Casación Civil en sede de tutela, quien tuvo la oportunidad de revisar la totalidad del expediente contentivo del juicio ejecutivo cuestionado, para, sin necesidad de consideraciones adicionales, confirmar el fallo impugnado.


  1. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,


RESUELVE
1.- Confirmar el fallo impugnado.
2.- Enterar de esta decisión a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
3.-Remitir el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo pronunciado.
Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.


CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

Presidente de Sala




JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ


ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN


RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO


GUSTAVO HERNANDO LÓPEZ ALGARRA


LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS




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