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Corte suprema de justicia sala de casación laboral rigoberto echeverri bueno magistrado Ponente stl11896-2015 Radicación No. 61627 Acta N


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República de Colombia


Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO

Magistrado Ponente
STL11896-2015

Radicación No.61627

Acta No. 30
Bogotá, D.C., dos (2) de septiembre de dos mil quince (2015).

Resuelve la Corte la impugnación interpuesta por la parte accionante contra el fallo proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto, el 13 de julio de 2015, dentro de la acción de tutela que Francisco Javier Madroñero Vivas, en condición de agente oficioso de su hijo Edison Jesús Madroñero Vallejos promovió contra el Distrito Militar No. 21 de Ipiales Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 “General José María Cabal” y el Batallón de Infantería No. 9 “Batalla de Boyacá” de Pasto.


ANTECEDENTES
El señor Francisco Javier Madroñero Vivas, invocando la condición de agente oficioso de su hijo Edison Jesús Madroñero Vallejos, promovió acción de tutela contra el Distrito Militar No. 21 de Ipiales Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 “General José María Cabal” y, asimismo, contra el Batallón de Infantería No. 9 “Batalla de Boyacá” de Pasto, a los que endilgó la vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, libre desarrollo de la personalidad, libertad, integridad física y psicológica y protección a la diversidad étnica y cultural de su agenciado.
En sustento de la queja señaló que, en el mes de mayo de 2015, su hijo se incorporó al Ejército Nacional, en el corregimiento del Pedergal, Municipio de Imues; que su hijo, es “comunero del Resguardo Indígena de Túquerres, residenciado en la parcialidad de Guitarrilla, debidamente censado” y “conserva su identidad cultural”; que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 48 de 1993, están exentos de prestar el servicio militar obligatorio, los indígenas que residan en su territorio y conserven su integridad cultural, social y económica; que desde el mismo momento en que su hijo fue incorporado a las filas, solicitó al Distrito Militar No. 21, su desacuartelamiento, en razón a su condición de indígena; que elevó también derecho de petición con tal propósito; que el Comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 dio respuesta ambigua a la solicitud y no resolvió de fondo lo pedido, pues solicitó copia de los documentos que ya habían sido anexados en la petición, lo que, a su juicio no sólo es una burla sino demuestra clara desidia.
Con fundamento en los hechos expuestos en precedencia, solicitó al juez de tutela conminar a la parte accionada a desacuartelar a su hijo, de manera inmediata, “y se proceda a definir su situación militar, sin exigencia de una cuota de compensación militar, ya que se encuentran exentos de dichas obligaciones”.
TRÁMITE Y DECISIÓN DE INSTANCIA
Por auto del 30 de junio de 2015, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto dio trámite a la acción de tutela.
Dentro del término de traslado correspondiente, el Comandante del Batallón de Infantería No. 9 “Batalla de Boyacá” se opuso a la prosperidad de la acción, por cuanto adujo, que, “una vez revisada la base de datos de la oficina de personal del Batallón Boyacá, y la oficina de Instrucción y remplazos no se encuentra incorporado el joven EDISON JESUS MADROÑERO VALEJOS en esta Unidad Táctica, posteriormente se procedió a verificar que el citado joven es orgánico del Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 ‘Gral. José María Cabal’ con sede en la ciudad de Ipiales, por tal motivo en trámite interno fue remitida por competencia a dicha unidad a fin de pronunciarse ante ese despacho judicial”.

El Comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 “José María Cabal” informó, en relación con el proceso de incorporación del joven Edison Jesús Madroñero, que era de competencia de las autoridades de reclutamiento y movilización, en cabeza de los Distritos Militares, el proceso de incorporación, no así de las Unidades Militares, las cuales, luego de recibir al conscripto, tenían la facultad de estudiar y resolver sobre los desacuartelamientos o cualquier otra novedad que se llegara a presentar; que el “ciudadano EDISON JESÚS MADROÑERO fue asignado en calidad de soldado campesino a la Unidad Táctica ‘Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 General José María Cabal’, con el fin de definir su situación militar y cumplir con el servicio militar obligatorio”. Lo anterior, tras haber sido declarado apto. Añadió que en la respuesta que se le dio al derecho de petición elevado por el interesado, se le solicitó aportar documentación, que resultaba fácil de tramitar, con el fin de comprobar su condición real de indígena.


La Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior informó que, “consultadas las bases de datos institucionales de esta Dirección de Comunidades y resguardos indígenas y las aportadas por el Incoder, se confirma que el resguardo indígena de Túquerres es de origen colonial y debe ser reestructurado por el Incoder de acuerdo a sus competencias y en virtud del Decreto441 de 2010”; que “mediante Resolución No.0060 de fecha 17 de junio de 2015 se inscribe en el registro de Autoridades y/o Cabildos Indígenas al señor SILVIO ANTONIO LAGOS TOBAR (…) como Gobernador del CABILDO INDÍGENA del Resguardo de Túquerres, para el periodo comprendido entre el 01 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2015”; que “el acto administrativo de registro no se encuentra en firme toda vez que una parte de la comunidad de dicho resguardo hizo uso oportuno del recurso de reposición”.
Mediante fallo del 13 de julio de 2015, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pasto resolvió denegar el amparo denegado, tras advertir que no existía prueba que diera cuenta de la condición de indígena del agenciado, entre otras cosas, por cuanto“(…) la Dirección de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías del Ministerio del Interior, si bien dio cuenta a esta Corporación de la existencia del Resguardo Indígena de Tuquerres y del Gobernador, precisó que ‘el acto administrativo de registro no se encuentra en firme toda vez que una parte de la comunidad de dicho resguardo hizo oportuno el recurso de reposición , el cual se encuentra para decidir por parte de esta Dirección”.
IMPUGNACIÓN
La parte accionante impugnó. Para que se revoque el fallo que no accedió a sus suplicas adujo que, la condición de indígena, puede acreditarse por cualquier mecanismo y, en cuanto a la exigencia de una formalidad para ser considerado como miembro de una comunidad, señaló que la Corte Constitucional ha indicado que a pesar de que el censo de Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y de Justicia puede servir como mecanismo válido de verificación de la condición de indígena, no representa un instrumento constitutivo de la misma; que es deber del Ejército Nacional adoptar las medidas necesarias para esclarecer la condición que se presume en este caso.

CONSIDERACIONES
Una vez revisada la petición de amparo constitucional considera la Sala que el amparo deprecado por el agente oficioso del joven Edison Jesús Madroñero Vallejos, quien está claramente legitimado para propender por la protección de los derechos fundamentales de su hijo, está llamado a prosperar, como pasa a explicarse.
La prueba documental que reposa en el interior de la presente acción de tutela permite colegir lo siguiente:
1. Que el joven Edison Jesús Madroñero Vallejos, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 1.089.847.256, es “comunero” del Resguardo Indígena de Túquerres, perteneciente al Gran Pueblo de Los Pastos, en en el cual vive (Folio 12 del cuaderno de tutela).
2. Que el Resguardo Indígena de Túquerres, de origen colonial, se encuentra registrado en el Ministerio del Interior (Folio 17 ibídem).
3. Que el Gobernador del mencionado Cabildo Indígena es el señor Silvio Antonio Lagos, mismo que suscribe el certificado que da cuenta de la condición de indígena del joven Edison Jesús Madroñero Vallejos (Folios 17 y 18 a 24 ibídem), pero que el acto administrativo por medio del cual se le designó como autoridad, no se encuentra en firme dado que se impugnó (Folios 54 y 55 ibídem).
4. Que el Comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 General “José María Córdoba”, solicitó al accionante aportar, a efectos del desacuartelamiento del agenciado, los siguientes documentos: “1. Solicitud suscrita por el señor Gobernador del Cabildo de Túquerres dirigida al señor Comandante del Ejército Nacional mediante el cual solicita su desacuartelamiento”; “2.Certificación suscrita por la Doctora MYRIAN EDITH SIERRA MONCADA, Coordinadora del Grupo de Investigaciones y registro de la Dirección de Asuntos Indígenas, ROM y Minorías del Ministerio del Interior” en la que se indique que “su hijo y su núcleo familiar pertenecen al resguardo indígena”; “3.Declaración extra proceso donde el señor Gobernador del Resguardo informe bajo la gravedad de juramento” la condición socioeconómica del agenciado y si vive en el territorio y, “4. Copia de la Resolución donde se encuentre inscrito el Resguardo Indígena de Túquerres Nariño emitida por el Director de Asuntos Indígenas, Rom y Minorías”.

Dicha prueba documental refleja, sin lugar a dudas, la evidente vulneración de los derechos fundamentales del joven Edison Jesús Madroñero Vallejos, quien, no obstante, tener su condición de indígena ampliamente demostrada, está conminado a prestar el servicio militar obligatorio, cuando está claramente exento de la prestación del mismo, en los términos del artículo 27 de la Ley 48 de 1993.


Si bien es cierto, que es deber del Ejército Nacional asegurarse de que las varones que así lo soliciten, cumplan los requisitos para ser exonerados de la prestación del servicio militar, no puede ello convertirse en una traba, como aquí sucede, pues con ello se vulnera el derecho fundamental al debido proceso administrativo del administrado.
Resulta reprochable en este preciso caso, la conducta asumida por la institución castrense accionada, cuando solicita sendos documentos tendientes a demostrar la condición de indígena del agenciado, cuando lo cierto es que, dicha condición, puede acreditarse sin necesidad de pruebas como las extenuantemente solicitadas que, a más de asegurar la condición del agenciado, evidentemente obstaculizan la definición del asunto que, dada su importancia, no puede prolongarse indefinidamente, pues sin duda, compromete el disfrute de los derechos fundamentales inherentes a la condición de indígena.
Por las razones expuestas en precedencia, se revocará el fallo del Tribunal, no sin antes esclarecer que, contrario a lo sostenido por aquel, el hecho de que no esté en firme el acto administrativo por medio del cual se designó el nombramiento del señor Lagos Tobar como autoridad del Cabildo Indígena, en nada afecta la situación del accionante, quien con creces ha demostrado la condición que, legalmente, lo exime de prestar el servicio militar obligatorio.

Por lo dicho, se procederá a conceder la protección invocada íntegramente, esto es, ordenando también que se le defina al agenciado su situación militar, sin necesidad del pago de la cuota de compensación militar de la que, por los mismos motivos expuestos en precedencia, está exento.


DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: Revocar el fallo impugnado, para en su lugar conceder la protección del derecho fundamental al debido proceso administrativo de Edison Jesús Madroñero Vallejos. En consecuencia, se ordena al Teniente Coronel Carlos Alfredo Castro Pinzón, Comandante del Grupo de Caballería Mecanizado No. 3 “José María Cabal” del Ejército Nacional que dentro del término improrrogable de veinticuatro (24) horas contadas a partir del momento en el que se notifique de la presente decisión, desacuartele al joven Edison Jesús Madroñero Vallejos y dentro del término de diez (10) días hábiles le resuelva su situación militar, para lo cual no podrá cobrársele la cuota de compensación militar, dado que, en razón a su condición de indígena, está exento del pago de la misma.
SEGUNDO: Enterar de esta decisión a los interesados en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.
TERCERO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión del fallo pronunciado.
Cópiese, notifíquese, publíquese y cúmplase.

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

Presidente de Sala



JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ

RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO

GUSTAVO HERNANDO LÓPEZ ALGARRA

LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS



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