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Corte suprema de justicia sala de casación laboral luis gabriel miranda buelvas magistrado Ponente Radicación n° 30636 Acta N


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República de Colombia



Corte Suprema de Justicia



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS

Magistrado Ponente

Radicación n° 30636

Acta No. 88
Bogotá, D.C., veintinueve (29) de octubre de dos mil doce (2012).
Teniendo en cuenta que el doctor MANUEL ANTONIO LÓPEZ PINEDA no dio cumplimiento a lo ordenado en auto del pasado 16 de octubre, pues al no allegar los poderes que lo facultaran para ejercer el derecho de postulación y pese a su manifestación de haber sido el apoderado que había recibido, en sustitución, los poderes que inicialmente habían sido conferidos u otorgados por los demandantes al apoderado Guillermo Cardona González, debe aclararse que dicha sustitución fue realizada dentro del proceso ordinario laboral a fin de que continuara su actuación dentro del mismo, asunto que es diferente a la proposición y desarrollo de la acción de tutela y para la cual se reitera no demostró su calidad para actuar, así las cosas, la Corte entra a resolver la primera instancia en la acción de tutela instaurada por el citado apoderado en nombre de ARGEMIRO BERRÍO ÁLVAREZ y LUIS ALBEIRO VASCO CALDERÓN contra la SALA LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MANIZALES y el JUZGADO TERCERO LABORAL ADJUNTO DEL CIRCUITO de la misma ciudad, y rechaza la queja constitucional que presentó en representación de Luis Horacio Arenas Giraldo, Alirio Arias Obando, José Arnoldo Aricapa Tapasco, Juan Gregorio Aristizabal Restrepo, María Marleny Ballesteros Martínez, Jesús María Castaño Grisales, Luis Hernán Cárdenas Murillo, Jesús María Cárdenas, Antonio María Calvo Prieto, Hugo Iván Ceballos Castrillón, María Lucía Ceballos de Zapata, Alberto Cortes Granada, Orlando Franco Ospina, Jairo García Agudelo, Jairo García, Ramón Enrique García Suárez, Luis Alberto González Arias, Carlos Arturo González Guarín, José Danilo González Vargas, Jesús Antonio Henao Marín, Javier Hernández Atehortua, José Antonio Hidalgo Angulo, Hernán Laserna Salazar, Edilberto Loaiza Betancourt, Germán López Franco, Omairo López Díaz, Eliecer Londoño Montoya, Bernardo Martínez Molina, Luis Omar Mazo Puerta, Humberto Nicolás Meza Vargas, Luis Ángel Melchor Suárez, Rigoberto Medina Pérez, Germán Morales Castaño, Omar Antonio Morales Henao, Luis Eduardo Moreno Hidalgo, Luz Edith Moreno de Valencia, Lucila Orozco de Díaz, Luis Ernesto Ocampo Escobar, Rafael Antonio Ortiz, Oscar Ospina López, Heriberto Parra, Leticia Pineda Murillo, Luis Amado Ramírez, Luis Mario Ramírez, Luis Antonio Rodríguez Medina, Aparicio Romero Londoño, Benjamín Rendón Molina, Fulgencio de Jesús Rivera Bermúdez, Ángel Fernando Soto Zamora, Luis Eduardo Tabasco Pescador, José Uriel Torres Villegas, Germán Vergara Carvajal, José Rodrigo Villa Bedoya y José Arturo Villa Loaiza.

  1. ANTECEDENTES

Los accionantes solicitaron la protección de su derecho fundamental al debido proceso, el cual consideran vulnerado por las autoridades judiciales accionadas.


De los documentos que conforman la solicitud de amparo se puede inferir que fundamentaron su petición en los siguientes hechos relevantes:
Que promovieron proceso ordinario laboral contra el Departamento de Caldas, ante el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales, para que se les reintegrara a los cargos que venían desempeñando en la Secretaría de Fomento, Desarrollo y Obras Públicas al momento de su despido o a uno de igual superior categoría; que se les reconocieran y pagaran los salarios dejados de percibir desde la fecha de despido y hasta su reintegro al cargo con sus respectivos reajustes; que se declararan nulas las actas de conciliación suscritas por los petentes y el Gobernador de Caldas, así como la inexistencia de solución de continuidad en la prestación de servicios, y que de manera subsidiaria se les otorgara la respectiva pensión sanción y/o las pensiones especiales de jubilación.

Que el día 10 de agosto de 1999, se llevó a cabo diligencia en que se resolvieron las excepciones previas formuladas por la parte demandada y se decretaron las pruebas solicitadas; que posteriormente fue presentada por algunos de los demandantes una solicitud encaminada a la suspensión del proceso por prejudicialidad penal, la cual fue concedida por el citado Despacho por auto del 3 de octubre de 2001, confirmado por el Tribunal Superior de Manizales, el 25 de junio de 2002.


Que por memorial presentado ante el Juzgado de conocimiento, pidieron la integración del litisconsorcio necesario con los señores Jorge Alberto Taffur Acuña y Jorge Eliécer Santa Ospina, quienes como presidente y secretario del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Departamento de Caldas, suscribieron con el Gobernador de dicho Departamento “unos determinados documentos para expulsar de sus cargos” a los trabajadores de la Secretaría de Fomento, Desarrollo y Obras Públicas del citado ente territorial.
Que por providencia del 19 de enero de 2010, el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Manizales dispuso la reanudación del proceso y accedió a la solicitud presentada, igualmente ordenó el emplazamiento de los señores Taffur Acuña y Santa Ospina y nombró curador ad litem.
Que en virtud de la establecido en el artículo 5º del Acuerdo PSAA 118831 del 1º de diciembre de 2011, el expediente fue remitido al Juzgado Adjunto Tercero Laboral del Circuito de Manizales, Despacho que avocó conocimiento y por proveído del 23 de abril de 2012, dejó sin efecto la decisión del 19 de enero de 2010, al considerar que de conformidad con lo establecido en el artículo 83 del C.P.C. aplicable al proceso laboral, dada la integración de las normas que autoriza el artículo 145 del C.P.L. y S.S. se tiene que la integración del contradictorio procede “cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, no fuere posible resolver de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas y dirigirse contra todas (…)”, concluyendo que como las obligaciones solicitadas por el extremo actor recaían “únicamente y exclusivamente frente al Departamento de Caldas, (…)”, éstas no debían ser asumidas por “las personas naturales que fueron vinculadas al trámite procesal, pues nunca ostentaron la calidad de empleadores”; que al ser negado el recurso de reposición por proveído del 8 de mayo de 2012, apelaron y el Tribunal Superior de la referida ciudad, por decisión del 9 de julio de la presente anualidad, lo confirmó.
Que instauraron recurso de súplica, el cual fue negado por improcedente por el Juez colegiado accionado, mediante providencia del 25 del mismo mes y año.
Que las autoridades judiciales acusadas han incurrido en “vía de hecho” al “anular el litisconsorcio y la integración del contradictorio”, al considerar que el artículo 83 del Código De Procedimiento Civil no es aplicable porque “a su juicio las personas naturales Jorge Alberto Taffur Acuña y Jorge Eliécer Santa Ospina, carecen de las facultades para satisfacer los pedimentos de los extrabajadores (…)”.
Por lo anterior, solicitan el amparo de su derecho fundamental invocado. En consecuencia, piden que sean declaradas nulas y sin efectos jurídicos las providencias del 23 de abril de 2012, 8 de mayo y 9 de julio del referido año, proferidas por las autoridades judiciales acusadas, así como ordenar “estar a lo dispuesto en la providencia del 19 de enero de 2010”, y en desarrollo de ella se proceda a la realización de la audiencia del artículo 77 del C.P.L. y S.S., dictaminando que en el proceso ordinario laboral es indispensable la constitución del litisconsorcio necesario y la integración del contradictorio con los ciudadanos Jorge Alberto Taffur Acuña y Jorge Eliécer Santa Ospina.

  1. TRÁMITE

Por auto de 16 de octubre de 2012, esta Sala de la Corte avocó el conocimiento y ordenó comunicar a los Despachos judiciales accionados, así como a los demás intervinientes dentro del proceso cuestionado para que se pronunciaran sobre los hechos materia de la queja constitucional.

Dentro del término de traslado, la apoderada judicial del Departamento de Caldas, manifestó que la referida entidad territorial no violó el derecho fundamental al debido proceso, “por cuanto sencillamente son decisiones judiciales las providencias objeto de la acción”, motivo por el cual solicitó desvincular al Departamento de la presente tutela por falta de legitimación en la causa por pasiva.

A su turno, el apoderado de la parte actora pidió no inadmitir o rechazar la presente acción de tutela, frente a los otros demandantes, por cuanto los poderes sustituidos a su nombre dentro del proceso ordinario laboral “son suficientes para adelantar todo el trámite de éste”.



  1. CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Reiteradamente ha sostenido la jurisprudencia de la Sala, que al juez constitucional le está vedado injerirse en asuntos del exclusivo resorte de los jueces naturales para examinar el juicio hermenéutico que sobre las normas hagan los mismos, y mucho menos para acoger la que estime más plausible entre las diferentes interpretaciones posibles, por cuanto mal puede intervenir en las funciones asignadas por la Constitución y por el legislador al funcionario de conocimiento.


En este caso, el Tribunal Superior de Manizales confirmó la providencia proferida por el Juzgado Tercero Laboral Adjunto del Circuito de la misma ciudad, al considerar que analizados los hechos y pretensiones determinaron que “los señores Jorge Alberto Taffur Acuña y Jorge Eliecer Santa Ospina no deben ser convocados al proceso como litisconcortes necesarios, pues su intervención no es esencial para la definición de la controversia”, dado que como lo manifestó la Juez a quo “ninguna de las pretensiones del líbelo genitor se encuentra anclada a la comparecencia de dichas personas naturales al proceso”.
Agregó el Tribunal accionado que “no se estima inminente la integración de la litis (…)”, puesto que su actuación no es requisito necesario para adelantar válidamente la contienda, debido a que “no posee unidad inescindible con la relación del derecho sustancial en debate, además de que su no presencia en el proceso no implica la nulidad del mismo y los efectos de la sentencia en nada los afectaría”.
Concluyó el sentenciador que “Los Jueces Adjuntos tienen las mismas facultades que los funcionarios titulares y que sus decisiones cuando se someten al ordenamiento jurídico merecen el más profundo respeto por las partes intervinientes en el proceso, quienes cuentan con herramientas legales para controvertirlas cuando no las estimen acertadas. Luego entonces, las apreciaciones subjetivas de la parte actora no pueden ser consideradas en esta segunda instancia, máxime si se tiene en cuenta que la determinación adoptada por la a quo acata los principios de celeridad y eficiencia que deben imperar en la administración de justicia”.
Así las cosas, luego del análisis de las providencias censuradas, considera la Sala que en el presente caso tanto el Juzgado como el Tribunal accionados no vulneraron el derecho fundamental invocado por los accionantes, toda vez que sus decisiones estuvieron soportadas en las pruebas y en la interpretación de las normas que gobiernan el asunto sometido a su consideración frente a la situación fáctica que razonablemente dilucidaron, motivo por el cual no es posible tildarlas como abiertamente arbitrarias, pues simplemente son el fruto del ejercicio de las atribuciones constitucionales que les corresponden.
En síntesis, la discrepancia de criterios no habilita a los interesados para acudir con éxito a esta acción pública, pues lo cierto es que el discernimiento de las autoridades acusadas vertido en el referido proveído deriva de un enfoque jurídico respetable y por tanto sostenible de cara a la censura promovida mediante el derecho de amparo constitucional.
Por tanto, se negará el amparo pretendido.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO.- NEGAR la protección solicitada en la presente acción de tutela mediante apoderado judicial por Argemiro Berrío Álvarez y Luis Albeiro Vasco Calderón contra el Tribunal Superior de Manizales y el Juzgado Tercero Laboral Adjunto del Circuito de la misma ciudad.
SEGUNDO.- NOTIFICAR a los interesados telegráficamente o por cualquier otro medio expedito.
TERCERO.- REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, si esta decisión no fuere impugnada.

Notifíquese y cúmplase,

LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS
JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN
RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO CARLOS ERNESTO MOLINA MONSALVE



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