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Corte suprema de justicia sala de casación laboral gustavo hernando lópez algarra magistrado ponente sl436-2015 Radicación n.° 41486 Acta 01


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República de Colombia


Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL

GUSTAVO HERNANDO LÓPEZ ALGARRA

Magistrado ponente
SL436-2015

Radicación n.° 41486

Acta 01
Bogotá, D. C., veintiocho (28) de enero de dos mil quince (2015).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por el apoderado de NOVIS LEONOR BRITO GUERRA, contra la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, el 26 de febrero de 2009, en el proceso que la parte recurrente instauró contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y la E.S.E. JOSÉ PRUDENCIO PADILLA.

  1. ANTECEDENTES

Novis Leonor Brito Guerra llamó a juicio al Instituto de Seguros Sociales y a la E.S.E. José Prudencio Padilla, con el fin de que se le reconociera y pagara «el 25% de la diferencia entre el 100% del promedio percibido en la Cláusula 98 de la Convención Colectiva de trabajo 2001- 2004 y el 75% que se le reconoció en la Resolución No. 001056»; el pago de los dominicales y festivo de los periodos de enero a diciembre del 2001, 2002, 2003, y de enero al 31 de octubre de 2004; los compensatorios previstos en el artículo 44 de la convención colectiva; el pago de la prima de servicios, de vacaciones, auxilio de alimentación y de transporte; los intereses de las cesantías, subsidio familiar, dotaciones de uniforme entre enero de 2001 a 31 de octubre de 2004; la bonificación por jubilación, la diferencia entre la liquidación definitiva de las cesantías reconocida en la Resolución No. 001056 de 2004 y la resulta con la inclusión de lo establecido en el artículo 62 del Código de Trabajo; el reajuste a la mesada pensional debidamente indexada, y las costas que se generen con ocasión del presente proceso.


Fundamentó sus peticiones, básicamente, en que estuvo vinculada en calidad de trabajadora oficial al servicio del I.S.S. y luego para la E.S.E. José Prudencio Padilla desde el 2 de agosto de 1977 hasta el 31 de octubre de 2004; en la última de las fechas indicadas, se le reconoció la pensión de jubilación prevista en el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo, teniendo como último cargo el de auxiliar de servicios asistenciales, con salario total de $1.042.301; que mediante el Decreto No. 1750 de Junio 26 de 2003, se escindió el ISS y se creó la Empresa Social del Estado JOSE PRUDENCIO PADILLA, para la cual laboraba al momento del retiro; que mediante las sentencias C-314 de abril 1º de 2004 y 349 del 20 de abril del mismo año, la Corte constitucional dispuso respetar los derechos adquiridos, en el entendido de que se preservaran hasta la permanencia de la Convención Colectiva de Trabajo, que a la fecha se encuentra vigente; que al ser protegida por los beneficios de la Convención Colectiva de Trabajo, tiene derecho al pago de todas las prestaciones sociales que de ella se deriven.
Al dar respuesta a la demanda, el Instituto de Seguros Sociales se opuso a las pretensiones incoadas y, en cuanto a los hechos, admitió la relación laboral existente con la demandante, sus extremos, el cargo desempeñado y el salario que devengó, así como la escisión del ISS; adujo en su defensa que la demandante cotizo para el I.S.S. de manera ininterrumpida desde el 1º de noviembre de 1969 hasta el 31 de enero de 1985, con un total de 518 semanas válidas. Propuso las excepciones de prescripción y buena fe (fls. 307 a 309).
La E.S.E. JOSÉ PRUDENCIO PADILLA EN LIQUIDACIÓN, también se opuso a las pretensiones, y en cuanto a los hechos, aseguró que no le consta que la accionante fuera trabajadora del ISS y la E.S.E, como tampoco la fecha de su vinculación a esa entidad, aceptó que con la escisión del ISS, la actora fue incorporada a la planta de personal, así como el reconocimiento de la pensión de jubilación, pero adujo que es solo una afirmación del apoderado de la demandante, el que la prestación económica se hubiese otorgado con apego a lo dispuesto en el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo, y que no es cierto que la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre Sintraseguridad social y el Instituto de Seguros Sociales a la fecha esté produciendo efecto respecto de la E.S.E. José Prudencio Padilla. Formuló las excepciones de fondo que denominó: prescripción, cobro de lo no debido e inexistencia de la obligación (fls. 361 a 370).
El Ministerio de la Protección Social, con quien se integró la Litis, se opuso a las pretensiones, manifestando además que los hechos no le constaban, porque al no ser empleador de la demandante no poseía la hoja de vida, y por ende, no podía verificar la veracidad de las condiciones salariales, ni las fechas de los extremos laborales. En su defensa propuso las excepciones de falta de agotamiento de la reclamación administrativa frente al Ministerio de la Protección Social y falta de legitimidad en la causa por pasiva (fls. 423 a 432).

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

El Juzgado Noveno Laboral del Circuito de Barranquilla, al que correspondió el trámite de la primera instancia, mediante fallo del 29 de junio de 2007, absolvió al Instituto de Seguros Sociales y a la Nación - Ministerio de la Protección, de todas las pretensiones incoadas en su contra; condenó a la E.S.E. JOSÉ PRUDENCIO PADILLA a reliquidar la pensión de jubilación de la demandante, con base al 100% de los ingresos obtenidos entre el 30 de octubre de 2002 y el 31 de octubre de 2004, teniendo en cuenta para ello lo pagado por concepto de asignación básica mensual, prima de servicios, vacaciones, auxilio de alimentación y transporte, valor del trabajo nocturno, suplementario y horas extras, valor del trabajo en días dominicales y feriados. Igualmente, dispuso el pago de la diferencia entre el valor reconocido y el pagado por esa prestación, debidamente indexadas. Impuso costas a la ESE demandada (fls. 479 a 488).



SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, mediante fallo del 26 de febrero de 2009, reformó la sentencia en el sentido de absolver al Instituto de Seguros Sociales, E.S.E. José Prudencio Padilla y la Nación – Ministerio de la Protección Social, de todas las pretensiones de la demanda, dedujo las costas a cargo de la parte demandante en ambas instancias (fls. 587 a 602).


En lo que interesa al recurso extraordinario, el Tribunal luego de referirse al Decreto 1750 de 2003, mediante el cual se escindió el ISS y se creó la ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA, y transcribir lo que disponen los artículos 16 y 17, precisó que como la demandante ingresó al servicio del ISS el 2 de agosto de 1977 y nació el 12 de diciembre de 1953, no tenía causado el derecho a la pensión de jubilación al momento de la escisión, ya que aun cuando había cumplido los 20 años de servicios, no tenía la edad requerida, por el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo, esto es, 50 años de edad, advirtiendo que tal requisito lo cumplió estando al servicio de la Ese José Prudencio Padilla, en calidad de empleada pública, para lo cual trascribió los apartes pertinentes de la sentencia CSJ SL. 24. Abr. 2007. Rad. 28385, en la que al estudiar el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo, se evidenció que el tiempo de servicio y la edad del laborante constituían presupuestos indispensables para acceder al derecho pensional. Destacó que los dos supuestos debían ser cumplidos en calidad de trabajador oficial, y en el caso de estudio, la edad de 50 años fue completada por la actora el 18 de agosto de 2003, cuando el contrato de trabajo ya había terminado y por ende ya no ostentaba tal calidad.

RECURSO DE CASACIÓN

Interpuesto por la demandante, concedido por el Tribunal y admitido por la Corte, se procede a resolver.



ALCANCE DE LA IMPUGNACIÓN

Pretende el recurrente que la Corte case la sentencia recurrida, para que, en sede de instancia, modifique la del juzgado, condenando al Instituto de Seguros Sociales y a la E.S.E. José Prudencio Padilla, al reconocimiento y pago de las pretensiones incoadas en la demanda inicial.


Con tal propósito formula dos cargos, por la causal primera de casación, que fueron replicados en oportunidad.

CARGO PRIMERO

Textualmente reza:



La sentencia acusada viola la ley sustancial por vía indirecta, en el concepto de aplicación indebida de los artículos 16, 17 y 18 del Decreto 1750 de 2003, infracción que llevo también a la violación de los artículos 69 del C.S.T. 39, Y 53 de la C.P.

La violación legal indicada, se presentó porque el fallador de segundo grado incurrió en el error de derecho en no dar por demostrado, estándolo, la existencia y efectividad de la Convención Colectiva de Trabajo que obra a folios 228 a 298, específicamente en sus artículos 38, 39, 44, 48, 49, 50,53, 54, 62, 68, 89, 98 y 103.
En la demostración del cargo manifiesta, que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto 1750 de 2003, por regla general los servidores de las Empresas Sociales del Estado, creadas por virtud del citado decreto, son empleados públicos, y la excepción son aquellos que laboran en el mantenimiento de la planta física hospitalaria o en servicios generales, a condición de que no sean directivos, que serán trabajadores oficiales. Que en el sub judice, como la demandante tuvo como último cargo el de «auxiliar de enfermería», ostentaba la calidad de trabajadora oficial desde el 2 de agosto de 1977 hasta el 31 de octubre de 2004.
Que la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre el ISS y su sindicato de trabajadores, debe ser aplicada al caso que nos ocupa, pues si bien la ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA no fue parte en la negociación que dio origen a la misma, y menos la suscribió, ello no quiere decir que no sea aplicable, ya que según el artículo 18 se deben respetar los derechos adquiridos.

SEGUNDO CARGO

Lo planteó así:



Acuso la sentencia demandada por violar directamente en la modalidad de interpretación errónea de los artículos 16, 17 y 18 del Decreto 1750 de 2003 y el Art. 69 del C.S.T., lo que condujo a la falta de aplicación siendo del caso hacerla de los artículos 38, 39, 44, 48, 49, 50, 53, 54, 62, 68, 89, 98 y 103 de la Convención Colectiva de Trabajo.

Destaca en la demostración del cargo, que la sentencia del Tribunal la da una interpretación a la Convención Colectiva de Trabajo distinta a la que realmente tiene, puesto que no consulta el verdadero entendimiento de sus cláusulas, ya que allí se reguló la expectativa pensional de quienes a lo largo de su vinculación con el ISS acumularon más de 20 años de servicio, como primer requisito, pero que con el devenir del tiempo se consolidó la edad siendo empleado público, sin que esta última situación pueda afectar el derecho en controversia, en tanto que ello rompe el principio de confianza legítima o expectativa del derecho.

RÉPLICA

El Instituto de Seguros Sociales advierte respecto del primer cargo, que el censor omitió denunciar los artículos 467 y 469 del C.S.T. y ello constituye defecto de orden técnico que no podía eludir, ya que se pretende o se controvierte derechos convencionales; además indica, que la acusación denuncia la comisión de un error de derecho, pero en su desarrollo alude a circunstancias propias de un desacierto fáctico. Que adicionalmente, el Tribunal si tuvo clara la Convención Colectiva de Trabajo, solo que consideró que la demandante no cumplía los requisitos de tiempo de servicios y edad.


Frente al segundo cargo manifiesta, que al igual que en la anterior acusación no se denuncian las normas pertinentes que consagran los derechos de naturaleza convencional; y que el fundamento esencial en que descansa la sentencia impugnada se hizo consistir en que la calidad de empleado público o de trabajador oficial no constituye un derecho adquirido, sino una mera expectativa, lo cual no se encuentra ajustado a la realidad, para lo cual transcribe los apartes pertinentes de la sentencia CC C 314 – 2004.

CONSIDERACIONES

Son ciertas las glosas técnicas que le formula el opositor a la demanda con la cual el recurrente pretende sustentar el recurso extraordinario de casación impetrado, lo cual compromete el éxito del ataque, en tanto que se desconocen las mínimas reglas que gobiernan este medio de impugnación, y que prevé el artículo 90 del Código de Procedimiento Laboral y de la Seguridad Social.


En efecto, la proposición jurídica que se relaciona en los cargos se torna insuficiente, en la medida en que en ninguno de ellos se acusan los textos legales que contienen los derechos de naturaleza convencional que se pretenden reivindicar, esto es, o bien el artículo 467 o el 476 del Código Sustantivo del Trabajo, lo cual se torna necesario en tratándose de controversias en las que la fuente del derecho objeto de reclamo son preceptivas de esa índole, tal y como lo ha precisado insistentemente la jurisprudencia de la Corte.
La Corte en sentencia CSJ SL16150 – 2014, al reiterar otras tantas en el mismo sentido, y en punto al requisito mencionada, dijo:
(…) a pesar de que el derecho reclamado emana de la convención colectiva del trabajo, no incluye en la proposición jurídica la norma legal sustantiva que se refiere a este tipo de fuente normativa, esto es, el artículo 467 del Código Sustantivo del Trabajo. Ha dicho insistentemente la Sala que cuando se impetra el reconocimiento de un derecho convencional el elenco de los preceptos quebrantados debe incluir necesariamente la citada disposición, exigencia que sigue siendo válida aún después de la promulgación del Decreto 2651 de 1991 y de la Ley 446 de 1998, en donde se morigeró mas no se eliminó el requisito consagrado en el literal a) del numeral 5 del artículo 90 del Código Procesal del Trabajo.
A ese respecto cabe tener presente que si bien de antaño era indispensable conformar la denominada “proposición jurídica completa”, es decir, el enlistamiento de todas las disposiciones relacionadas con el derecho en litigio, hoy es suficiente con el señalamiento de “cualquiera de las normas de esa naturaleza que, constituyendo base esencial del fallo impugnado o habiendo debido serlo, a juicio del recurrente haya sido violada”, pero la inobservancia
de este último mandato conduce inexorablemente al rechazo de la acusación por no ajustarse a los requisitos formales del recurso extraordinario, que es lo que acontece en esta oportunidad.
No basta, se insiste, que en la proposición jurídica aparezcan relacionadas varias disposiciones, sino que es obligatorio que dentro de las incluidas se encuentre por lo menos una que constituya base esencial del fallo o que haya debido serlo, norma que en el presente caso es la antes anotada, puesto que la controversia procesal gira exclusivamente en torno al alcance de una disposición convencional (CSJ SL, 11 oct. 2001, rad. 16114).
Adicional a lo anterior, si se examina la sentencia fustigada, claramente se observa que el Tribunal si tuvo en cuente la Convención Colectiva de Trabajo a que alude el recurrente, esto es, la vigente hasta el mes de octubre de 2004, visible de folio 228 al 298 del expediente, solo que negó el derecho pretendido tras considerar que la demandante no cumplía con los requisitos previstos en el artículo 98 de ese acuerdo, en tanto que si bien satisfacía el tiempo de servicios (20 años), no tenía la edad requerida (55 años) al momento en que se produjo la escisión del ISS.
En las anteriores circunstancias, además de resultar infundada la acusación que le hace el recurrente al mencionado medio de prueba, el ataque no se dirige en concreto a destruir el soporte esencial del fallo cuestionado, que como ya se dejó visto, consistió en la falta de cumplimiento de las exigencias previstas en la norma convencional para acceder al derecho que buscar reivindicar la demandante.

En el segundo cargo, a pesar de dirigirse el ataque por la vía directa y en la modalidad de interpretación errónea, el impugnante en forma impropia le atribuye al sentenciador de alzada, el haberle dada un alcance distinto al que realmente tiene a la Convención Colectiva de Trabajo, en tanto asegura que la interpretación dada «no consulta el verdadero entendimiento de sus cláusulas».


La situación anterior, apareja un verdadero contrasentido, en cuanto que la violación de normas por vía directa y bajo el sub motivo de interpretación errónea, presupone una total y completa conformidad con las conclusiones fácticas e inferencias probatorias del Tribunal, lo cual no cumple el impugnante al plantear la acusación, en la medida en que lo cuestionado es la valoración de las cláusulas de la Convención Colectiva de Trabajo, que por ser medio de prueba no podía ser cuestionado.
Aun así, si en gracia de discusión se dispensaran las irregularidades técnicas que se han dejado precisadas, y de contera se asumiera el estudio sobre el fondo del asunto, el cargo tampoco prosperaría por las razones que se exponen a continuación.
Son hechos indiscutidos; i) que la aquí demandante laboró al servicio del ISS desde el 2 de agosto de 1977 al 26 de junio de 2003, y que con motivo de la escisión de dicha entidad pasó sin solución de continuidad a la planta de personal de la ESE JOSÉ PRUDENCIO PADILLA, en donde permaneció hasta el 31 de octubre de 2004; ii) que el cargo desempeñado en ambas entidades fue el de «auxiliar de servicios asistenciales»; y iii) que la actora nació el 12 de diciembre de 1953, por lo que cumplió los 50 años de edad el mismo día y mes de 2003.
Conforme a los anteriores supuestos fácticos, forzoso resulta concluir que no incurrió el Tribunal en ninguno de los desaciertos denunciados, al no acceder al reajuste de la pensión de jubilación convencional en el porcentaje previsto en el artículo 98 de la convención, esto es, con el 100% del promedio de lo percibido en el período que se indica en dicha preceptiva, toda vez que no consolidó el derecho fungiendo como trabajadora oficial, pues si bien para cuando se escindió el ISS ya tenía cumplidos los 20 años de servicio, la edad requerida se satisfizo con posterioridad al 26 de junio de 2003, ostentando la condición de empleada pública, esto es el 12 de diciembre de 2003.
Precisamente, la Corte al fijar el alcance de las normas denunciadas por el censor, y de contera precisar qué contingente de trabajadores serían beneficiarios de la pensión de jubilación en los términos previstos en el artículo 98 de la Convención Colectiva de Trabajo, suscrita entre el ISS y la organización sindical allí constituida, en sentencia CSJ SL803 – 2013, indicó:
De las múltiples decisiones de la Sala a ese respecto, baste traer a colación lo reflexionado en sentencia de 11 de septiembre de 2013 (Radicación 43.180), en los siguientes términos:

«… la censura sostiene que el actor tiene derecho a que se le reconozca la pensión de jubilación en los términos del artículo 98 de la convención colectiva de trabajo, pese a su nueva condición de empleado público que adquirió por el cambio de régimen de la relación que dispuso el D. 1750/2003, bajo el argumento de que dicho acuerdo colectivo que es fuente de derechos adquiridos, se mantuvo vigente para los trabajadores oficiales que pasaron sin solución de continuidad a la ESE Rafael Uribe Uribe. Y al no haberse denunciado, continuó rigiendo por razón de la prórroga automática de que trata el CST Art. 478, y por haberlo adoctrinado así las sentencias de la Const. C-314 y C-349 de 2004, ratificadas en múltiples fallos de tutela. Que como el actor para el 26 de junio de 2003, fecha en que operó la escisión del Instituto de Seguros Sociales, ya tenía satisfecho los 20 años de servicios al ISS y únicamente le faltaba cumplir la edad para obtener la pensión convencional, ostentaba una expectativa legítima y no una mera expectativa. Por tal razón le asiste el derecho a que se le liquide la prestación con el 100% del promedio de lo devengado, bajo el mandato legal contenido en el D. 1750/2003 Art. 18, y lo regulado en el CST Arts. 467, 476 y 478 que la Colegiatura dejó de aplicar.
«Planteadas así las cosas, para la Sala la razón está de parte del Tribunal, toda vez que efectivamente para tener derecho el demandante a que se le concediera la pensión de jubilación conforme a la convención colectiva de trabajo, se requería que se consolidara el derecho mientras ostentara la condición de , lo cual no ocurrió, dado que es un hecho indiscutido que el requisito de la edad que es una exigencia para su causación, se cumplió sólo hasta el 19 de julio de 2005, cuando ya había adquirido la calidad de .
Los cargos no prosperan.
Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la parte recurrente.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia dictada el veintiséis (26) de febrero de dos mil nueve (2009), por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro del proceso ordinario laboral seguido por NOVIS LEONOR BRITO GUERRA contra el INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES y la E.S.E. JOSÉ PRUDENCIO PADILLA.


Costas en el recurso de casacón a cargo de la parte recurrente. Se fijan como agencias en derecho, la suma de $3.150.000,oo.
Cópiese, notifíquese, publíquese, cúmplase y devuélvase el expediente al tribunal de origen.

CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO

Presidenta de Sala



JORGE MAURICIO BURGOS RUIZ

ELSY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN

RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO

GUSTAVO HERNANDO LÓPEZ ALGARRA

LUIS GABRIEL MIRANDA BUELVAS



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