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Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Civil


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República de Colombia


Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Civil

Secretaría


DEBIDO PROCESO PENAL/CONFLICTO DE COMPETENCIA EN PROCESO PENAL-práctica de avalúo para determinar si se investiga delito o contravención/TACHA DE ARBITRARIEDAD-PRUEBA

“Ninguno de los elementos constitutivos del debido proceso de que es titular el señor HERNANDO VARON BONILLA, en su condición de denunciante del proceso penal por hurto, aparece lesionado o amenazado con la actuación de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia al decidir ella el conflicto de competencia. Al contrario, por ser la Corte la encargada de resolverlo se observaron cabalmente las formas procesales que respetaron el señalado debido proceso del denunciante.


El asunto que debía decidir la Sala Plena de la Corte fue precisamente el que sí resolvió, a saber, cuál funcionario debía conocer de la investigación. Aplicó al efecto una adecuada interpretación sobre vigencia de las normas jurídicas en el tiempo. Y, acatando la ley, precisamente, definió que la competencia recaía en la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Bogotá.
Lo que sí no podía la Sala Plena de la Corte era haber decretado un avalúo como tanto insiste el accionante, en un trámite dirigido a zanjar una colisión de competencia. Como se apuntó, habría ahí sí una injerencia indebida que vulneraría el debido proceso.
Cabe observar que tampoco se trata en este caso de los supuestos en que por excepción la legislación ha otorgado medios de impugnación o de información al denunciante, identificados como parte de su debido proceso.
Ahora bien, la providencia de la Corte que puso fin a la mencionada colisión de competencia no puede ser calificada de equivocada; mas si lo fuera en gracia de discusión, no adolecería de “una equivocación de tal magnitud que el ordenamiento jurídico resulte sustituido por su voluntad y que pese a intentar removerla al interior del proceso por todos los medios legales, no fue posible extraerla."


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL
Conjuez Ponente:

JORGE PARRA BENITEZ

Bogotá, D. C., veinticinco (25) de marzo de dos mil tres (2003)



Ref. Exp. No. 1100102300182003-00002-01 SALA PLENA

Decide en esta oportunidad la Corte el amparo constitucional solicitado por HERNANDO VARON BONILLA contra la SALA PLENA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.



ANTECEDENTES

Invoca el actor la tutela del debido proceso, derecho fundamental que estima vulnerado con la actuación del señor Magistrado de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia doctor LUIS GONZALO TORO CORREA, según narra aquél en su escrito, “por coadyuvar el fallo de segunda instancia de la señora Fiscal Delegada No. 25 ante el Tribunal Superior de Bogotá D. C. Dra. DIANA HERNÁNDEZ HOYOS, con su decisión en el proceso No. 457432 de la Fiscalía No. 104, violando el artículo 278 del C. de P. Penal”.


De acuerdo con lo expuesto por el señor VARON BONILLA, en el citado proceso, que se adelantaba por el delito de HURTO AGRAVADO, la Fiscalía 104 dictó el 27 de febrero de 2002 una providencia por medio de la cual llamó a juicio al sindicado SAUL MARROQUIN TORRES. El abogado de éste apeló de dicho auto, razón por la cual el proceso se remitió a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante el Tribunal Superior de Bogotá D. C., correspondiendo su conocimiento a la señora Fiscal Delegada No. 25, doctora DIANA HERNÁNDEZ HOYOS, quien por auto de 24 de mayo del año 2002 avaluó los bienes y dispuso que el expediente fuera enviado a reparto a los Juzgados Penales Municipales, “convirtiendo un delito grave contra la propiedad privada, en una simple contravención, favoreciendo a unos sujetos de MALA FE”.
En concepto del accionante, la señora Fiscal HERNANDEZ HOYOS se tomó atribuciones que la ley no le concedía, para avaluar los aludidos bienes, efecto que exigía el nombramiento de un perito. Añadió que había denunciado que el valor de los bienes hurtados era de CIENTO VEINTE MILLONES ($120.000.000.oo) y que ésta cifra no fue objetada. E indicó que el señor Magistrado LUIS GONZALO TORO CORREA tampoco ordenó el avalúo para determinar si se estaba frente a un delito de HURTO AGRAVADO o frente a una CONTRAVENCIÓN.
Afirmó igualmente el señor VARON BONILLA que se la ha perjudicado, causándosele muchos daños a él y a su familia.
Dijo, en fin, que con la tutela pretendía “que se corrija el error o como se llame a este fallo contrario a la ley “, el cual considera violatorio del “Debido Proceso” y favorable a unos sujetos de mala fe.
Por medio de auto de once (11) de marzo de dos mil tres (2003), la Corporación, por ser competente para conocer de la acción en virtud del Decreto No. 1382 de 12 de julio de 2000, admitió la tutela propuesta por el señor VARON BONILLA, ordenó tener como pruebas los documentos aportados con la demanda, según su valor probatorio y dispuso notificar la decisión tanto a la parte accionante como a los señores Magistrados integrantes de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia accionados e igualmente a los juzgados Treinta y Dos Penal Municipal y Treinta y Tres Penal del Circuito de Bogotá, a las Fiscalías Delegada ante los Tribunales de Bogotá y Cundinamarca, Ciento Cuatro Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito y Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Bogotá; a SAUL MARROQUIN TORRES, a GILBERTO NORIEGA y a JAIME ALFONSO BALLESTEROS BELTRÁN, denunciados en el proceso penal que originó la presente acción. Todo ello con fundamento en el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991, en concordancia con el artículo 5º del Decreto 306 de 1992.

RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS

El doctor JORGE ANIBAL GOMEZ GALLEGO, en su calidad de Presidente de la Corte Suprema de Justicia, manifestó su oposición a la prosperidad de la tutela y adujo como razones, fundamentalmente, su concepto de que la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, “con su decisión del 3 de octubre de 2002, precisamente salvaguardó el debido proceso, pues al resolver el conflicto de competencia suscitado entre la Fiscalía 104 Seccional y el Juzgado Treinta y Dos Penal Municipal, decretó la nulidad del auto de 25 de julio de 2002 proferido por el Juzgado Treinta y Tres Penal del Circuito, que carecía de facultades legales para pronunciarse en relación con dicho conflicto” y había actuado con sujeción rigurosa a lo prescrito por el artículo 17, numeral 3° en concordancia con el inciso 1° del artículo 18 de la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia.



CONSIDERACIONES

1. Se aspira al amparo constitucional del derecho fundamental del debido proceso, que el accionante en tutela estima lesionado por la providencia del señor Magistrado LUIS GONZALO TORO CORREA, en la cual, según aquél, no decretó el avalúo de unos bienes, que servía para determinar si se estaba frente a un delito de HURTO AGRAVADO o frente a una CONTRAVENCIÓN.


2. Con el escrito en que se planteó la protección, el señor VARON BONILLA arrimó una copia de la providencia de tres (3) de octubre de dos mil dos (2002), emanada de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del doctor LUIS GONZALO TORO CORREA y de otra dictada por la Fiscal Delegada, DIANA HERNANDEZ HOYOS, en mayo veinticuatro (24) de dos mil dos (2002), de las mismas se infieren, como hechos que deben ser resaltados, que con ocasión de una orden de lanzamiento impartida por el Juzgado Sexto Civil Municipal de Bogotá, el señor JAIME BALLESTEROS BELTRAN recibió unos bienes muebles el seis (6) de noviembre de mil novecientos noventa (1990), como depositario, los cuales quedaron en la carrera 13 No. 53-62, bajo la custodia de SAUL MARROQUIN TORRES. Éste, por su parte, procedió a la restitución de los bienes al señor HERNANDO VARON BONILLA, el trece (13) de junio de mil novecientos noventa y ocho (1998). Según el último, no le fueron regresados todos los que se habían dejado en depósito. Por tal causa, formuló denuncia penal el dieciséis (16) de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (1999). En ella el denunciante indicó que los bienes hurtados valían ciento veinte millones de pesos ($120.000.000.oo).
3. En el auto dictado por la Fiscal Delegada doctora DIANA HERNANDEZ HOYOS, en mayo veinticuatro (24) de dos mil dos (2002), se decretó la nulidad del proceso 457432, en que figura como procesado SAUL MARROQUIN TORRES. Conforme al texto del auto, se declaró la nulidad de lo actuado en ese proceso a partir de la resolución que había ordenado cerrar la investigación, fechada el diez (10) de diciembre de dos mil uno (2001). Dispuso la Fiscalía Delegada, como consecuencia, el envío del proceso a juzgados penales municipales, por competencia. Para adoptar su determinación, consideró la señora Fiscal que los bienes por cuya pérdida se había formulado la denuncia –los que relacionó la providencia después de identificar un grupo que se había entregado inicialmente y otro que se había devuelto con posterioridad -, no tenían un valor superior a diez salarios mínimos legales mensuales de la época en que debió producirse la restitución de los mismos, a saber, junio de 1998.
4. Pasó el expediente al Juzgado Treinta y Dos Penal Municipal de Bogotá, el cual no aceptó la competencia y propuso colisión negativa al Fiscal 104 Seccional, quien aceptó la colisión y remitió el proceso a los Juzgados Penales del Circuito, cuyo reparto lo asignó al Juzgado Treinta y Tres Penal del Circuito. Ahora bien, este último Despacho consideró que la competencia sí radicaba en el Juzgado Treinta y Dos Penal Municipal y por ello envió allí de nuevo el expediente. Sin embargo, el Juzgado Treinta y Dos Penal Municipal estimó que el conflicto de competencia debía haber sido dirimido por la Corte Suprema de Justicia y no por el Juzgado Penal del Circuito. Así conoció la Sala Plena de la Corte.
5. De entrada, brota evidente la improcedencia de la acción constitucional, porque en la actuación de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, que consistió en la solución de un conflicto de competencia, no podía adoptarse, como pretende el accionante, una decisión diversa a la de desatar tal conflicto.
6. El debido proceso se define como la suma de las garantías que protegen al ciudadano, ora en un proceso judicial, ora cuando está sometido a los actos de la autoridad, que le procuran una cabal, recta y cumplida administración de justicia, en el primer caso y, en el segundo, un correcto ejercicio de las competencias públicas; e, igualmente, le permite alcanzar la seguridad jurídica y obtener que las resoluciones judiciales o administrativas sean razonadas, fundamentadas y conformes a derecho, de modo que no sean arbitrarias.
Para que se entienda respetado el debido proceso, es menester que se garantice la efectividad del derecho material. Ello existirá cuando se honre el citado conjunto de garantías, preservándose todos los derechos que abarcan, tales como el derecho a la jurisdicción, al libre e igualitario acceso ante los jueces, a obtener decisiones motivadas, a impugnar éstas, al cumplimiento de lo decidido en el fallo, al juez natural, a la defensa judicial, al tiempo y a los medios adecuados para la preparación de la defensa, a la asistencia de un abogado, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que intervienen en el proceso, a un proceso público, desarrollado dentro de un tiempo razonable, a la independencia y a la imparcialidad del juez.
En armonía con lo que viene de subrayarse, ha dicho la Corte Suprema de Justicia1 que
6. "La autonomía de los Funcionarios Judiciales es un derecho - deber que les impone la Constitución de adoptar las decisiones únicamente sometidos al imperio de la ley e igualmente les otorga la facultad de solo estar limitados por esas leyes; en este sentido, resultaría violatorio de tal principio constitucional, que igualmente se integra al debido proceso, la injerencia de un Juez extraño al competente, así se trate de uno constitucional como es el de tutela, para adoptar decisiones que la ley reserva solo al funcionario competente para la solución de cada conflicto."
7. ¿Tiene el denunciante realmente derecho al debido proceso? Como la misma Corporación lo ha predicado, el denunciante goza de ese derecho, pues “El debido proceso es un derecho de estirpe constitucional que también cubre al presunto afectado, pues es función del ordenamiento penal asegurar la existencia de la sociedad y garantizar las condiciones mínimas de la vida en comunidad” (Sentencia de tutela de 18 de marzo de 1997, M.P. Dr. JORGE ANIBAL GOMEZ GALLEGO).
Sin embargo, debe tenerse presente cuál es el alcance del debido proceso en este caso, puesto que en el derecho procesal penal colombiano, sólo por excepción se ha permitido al denunciante recurrir la resolución inhibitoria y no otras decisiones (art. 327 Decreto 2700 de 1991) o en procesos por delitos contra la Administración Pública frente a decisiones de preclusión de la investigación, cesación de procedimiento y sentencia absolutoria (artículo 186 de la ley 600 de 2000). Y, como lo tiene sentado la Corte, el presunto perjudicado puede eventualmente hacer uso del derecho especial de petición ante el funcionario fiscal, expuesto claro está a una respuesta positiva o negativa (art. 28 del Decreto 2700, artículo 30 de la Ley 600 de 2000).
8. Ninguno de los elementos constitutivos del debido proceso de que es titular el señor HERNANDO VARON BONILLA, en su condición de denunciante del proceso penal por hurto, aparece lesionado o amenazado con la actuación de la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia al decidir ella el conflicto de competencia. Al contrario, por ser la Corte la encargada de resolverlo se observaron cabalmente las formas procesales que respetaron el señalado debido proceso del denunciante.
El asunto que debía decidir la Sala Plena de la Corte fue precisamente el que sí resolvió, a saber, cuál funcionario debía conocer de la investigación. Aplicó al efecto una adecuada interpretación sobre vigencia de las normas jurídicas en el tiempo. Y, acatando la ley, precisamente, definió que la competencia recaía en la Fiscalía Delegada ante los Jueces Penales Municipales de Bogotá.
Lo que sí no podía la Sala Plena de la Corte era haber decretado un avalúo como tanto insiste el accionante, en un trámite dirigido a zanjar una colisión de competencia. Como se apuntó, habría ahí sí una injerencia indebida que vulneraría el debido proceso.
Cabe observar que tampoco se trata en este caso de los supuestos en que por excepción la legislación ha otorgado medios de impugnación o de información al denunciante, identificados como parte de su debido proceso.
Ahora bien, la providencia de la Corte que puso fin a la mencionada colisión de competencia no puede ser calificada de equivocada; mas si lo fuera en gracia de discusión, no adolecería de “una equivocación de tal magnitud que el ordenamiento jurídico resulte sustituido por su voluntad y que pese a intentar removerla al interior del proceso por todos los medios legales, no fue posible extraerla."
9. Las razones precedentes conducen a la obvia conclusión de que, al no estar vulnerado ningún derecho, no puede abrirse paso la tutela y por eso deberá la Corte negar el amparo invocado.

DECISIÓN

En mérito de los expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en la Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DENIEGA por improcedente la tutela deprecada.


Notifíquese lo aquí resuelto al accionante, y en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión, si no fuere impugnada.

NOTIFÍQUESE



JORGE PARRA BENITEZ

Conjuez Ponente



RAFAEL AURELIO CALDERON MARULANDA
CARLOS ESTEBAN JARAMILLO SCHOLSS

RAMON MADRIÑAN DE LA TORRE
GUILLERMO MONTOYA PEREZ

(con excusa)



DIEGO MORENO JARAMILLO


JUAN GUILLERMO VELASQUEZ GOMEZ

1 Sentencia de tutela de 12 de febrero de 1998, M.P. Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar.

Exp. No. 1100102300182003-00002-01 SALA PLENA




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