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Corte suprema de justicia sala de casación civil margarita cabello blanco magistrada Ponente stc9287-2014 Radicación n° 20001-22-13-000-2014-00062-01


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República de Colombia

Corte Suprema de Justicia




CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

MARGARITA CABELLO BLANCO

Magistrada Ponente
STC9287-2014

Radicación n° 20001-22-13-000-2014-00062-01.

(Aprobado en sesión de dieciséis de julio de dos mil catorce)


Bogotá D.C., diecisiete (17) de julio de dos mil catorce (2014).

Se decide la impugnación interpuesta frente la sentencia proferida el 27 de marzo de 2014, mediante la cual la Sala Civil - Familia de Descongestión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar negó la acción de tutela promovida por Juan Carlos Payares Fuentes contra el Juzgado Promiscuo de Familia de Aguachica – Cesar-, actuación a la que fueron vinculados Elvia Payares, Olga Rosa Alonso de Murillo, Guillermo Alonso Saldaña, Ascensión, Luisa María y Yuerley Alonso Carrascal; José de Jesús y Jorge Enrique Alonso Quiñones; Gustavo Aníbal Alonso Julio, Olga Castilla Alonso y Myriam Castilla Alonso.



ANTECEDENTES
1. Demandó el gestor, a través de apoderada, la protección constitucional del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente vulnerado por el encartado.
2. Arguyó, como fundamento de su reclamo, en síntesis los siguientes hechos:
2.1. Que el señor Leopoldo Alonso Quintero (q.e.p.d.) falleció el 15 de junio de 1992, quien en vida mantuvo una unión marital con la señora Ana Magdalena Payares, fruto de esa relación nacieron Elvia y Leopoldo César Payares, quienes no fueron reconocidos.
2.2. Posteriormente, la prenombrada Elvia Payares inició proceso ordinario de filiación natural con petición de herencia en contra de los herederos de su presunto padre, (Leopoldo Alonso Quintero q.e.p.d.), asunto que se gestionó ante la célula judicial encartada.
2.3. Que en representación de su progenitor Leopoldo César Payares (q.e.p.d.), quien a su vez era hijo del citado causante (Leopoldo Alonso Quintero), a través de procurador judicial, solicitó se le reconociera como interesado en el referido pleito.
2.4. Sin responderle, la juzgadora de la causa dictó un auto aceptando el desistimiento de las pretensiones, por haber llegado la actora (Elvia Payares) a un acuerdo con los herederos del finado Leopoldo Alonso Quintero (q.e.p.d.), fundamentó tal decisión en un «acuerdo extrajudicial» celebrado el día 10 de septiembre de 2012 sobre los derechos que le pudiesen corresponder a ella.
2.5. Que en dicha conciliación, le reconocieron a Elvia Payares la suma de $40.000.000,oo «por considerar que poseía los derechos de heredera de Leopoldo Alonso Quintero (q.e.p.d.), mismo derecho que [tiene] en su condición de heredero por representación de Leopoldo César Pallares (sic)».
2.6. Que la funcionaria cuestionada violó no solo el principio sustancial, sino el derecho procedimental al no atenderle su solicitud de reconocerlo como parte interesada en el precitado asunto de filiación natural.
3. Solicitó que se decrete la nulidad de las decisiones tomadas por la encartada desde el 11 de octubre de 2012, «mediante la cual admite un desistimiento y da por terminado el proceso, decisión que después de impugnada oportunamente y en debida forma, no se accede a su atención y trámite».
LA RESPUESTA DEL ACCIONADO Y DEL CONVOCADO
El querellado, luego de reseñar el trámite del juicio de marras, señaló que «el defecto absoluto no se configura por cuanto [quedó] demostrado que se cumplió con el procedimiento establecido para cada actuación arrimada al expediente, llámese reposición o queja, que las decisiones no fuesen compartidas por el hoy demandante es otra cosa, pues no se puede pretender que sean positivas o favorables todas las decisiones impartidas; frente al defecto fáctico, este no se encuentra tipificado pues de las pruebas allegadas al proceso no le sería dable al despacho declarar como probados hechos que carecían de prueba, cuando el requisito es el registro civil firmado por el padre o la sentencia de reconocimiento del hijo en que se ordena incluir en el registro civil la nota marginal para hijos extramatrimoniales».
Recalcó, que no se cumple con el requisito de la inmediatez, habida cuenta que el proveído cuestionado por el quejoso data del 11 de octubre de 2012 (Fls. 78 a 84 Cdno. 1).
LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal negó el amparo al colegir que la procuradora judicial de Juan Carlos Payares Fuentes (aquí accionante) «entabló directamente el recurso de apelación contra el proveído que dio por terminado el proceso en virtud del desistimiento de la parte interesada, para posteriormente hacer uso del mismo mecanismo de ley contra el auto que le rechazó el recurso inicialmente presentado, y más adelante instaurar reposición y en subsidio solicitar copias para tramitar el recurso de queja, cuando ya la oportunidad le había precluído, como asertivamente lo manifestó el juzgado de conocimiento en auto de 19 de abril de 2013, petición que fue reiterada en varias oportunidades, dilatando un debate procesal que estaba fenecido».
Destacó, que la solicitud concreta en que recae el amparo deprecado es la «nulidad de todas las actuaciones surtidas con posterioridad a partir del proveído de 11 de octubre de 2012, pretensión que resulta incompatible con este trámite preferente de creación constitucional, puesto que las nulidades se encuentran fijadas en un trámite especial consagrado por el legislador para tal fin, en los artículos 140 a 147 C. de P. C. gestión».
De otro lado, en cuanto a la solicitud del litisconsorcio necesario a que se refiere el querellante, señaló que la «Corte Suprema de Justicia en reiterada jurisprudencia ha manifestado que en el proceso de filiación extramatrimonial con padre fallecido no existe litis consorcio necesario, sino facultativo».
Finalmente, resaltó que en relación con los «documentos aportados no es posible colegir, que en efecto, la petición de integración del litisconsorcio se haya radicado ante el Despacho correspondiente con anterioridad al auto que aceptó el desistimiento de la demanda, por cuanto el documento aportado como anexo, no ostenta constancia y/o sello de recibido por parte del Juzgado Promiscuo de Familia de Aguachica, Cesar» (Fls. 150 a 158 ídem).
LA IMPUGNACIÓN
La formuló la apoderada del quejoso, solicitando que se «tengan como fundamentos los aspectos expuestos en la acción de tutela» (Fl. 172 ídem).
CONSIDERACIONES
1. La reiterada jurisprudencia constitucional ha sostenido, en línea de principio, que este amparo no es la vía idónea para censurar decisiones de índole judicial; sólo, excepcionalmente, puede acudirse a esa herramienta, en los casos en los que el funcionario adopte alguna determinación «con ostensible desviación del sendero normado, sin ecuanimidad y apoyado en el capricho o en la subjetividad, a tal punto que estructure ‘vía de hecho’», y bajo los presupuestos de que el afectado acuda dentro de un término razonable a formular la queja, y de que «no disponga de medios ordinarios y efectivos para lograrlo» (ver entre otras, CSJ STC, 3 de Mar. 2011, Rad. 00329-00)
2. Es claro que el querellante, pretende por este excepcional trámite se decrete la nulidad de todo lo actuado, a partir del proveído de 11 de octubre de 2012, por el cual la jueza encartada «rechazó el recurso de apelación» interpuesto por la apoderada del accionante contra el auto de 11 de septiembre del mismo año que «admitió el desistimiento» de la demanda de filiación extramatrimonial con petición de herencia presentada por la señora Elvia Payares frente a los herederos determinados e indeterminados de su presunto padre señor Leopoldo Alfonso Quintero (q.e.p.d.).
3. De las pruebas que obran en el expediente y las allegadas en el curso de esta instancia, observa la Corte lo siguiente:
3.1 Mediante auto de 18 de agosto de 2011 se admitió el referido asunto (Fl.3 y 4 Cdno. de la Corte).
3.2. El 14 de agosto de 2012 el señor Juan Carlos Payares Fuentes (aquí accionante), a través de apoderada judicial, solicitó al Despacho querellado que se le reconociera «como parte integrante de la demandante por darse un litisconsorcio necesario, dentro del proceso ordinario de filiación natural con petición de herencia interpuesto por la señora Elvia Payares» y, en consecuencia, se «declare» que él es hijo de Leopoldo César Payares (q.e.p.d), quien a su vez «es hijo extramatrimonial del señor Leopoldo Alfonso Quintero fallecido en Aguachica (Cesar) el 15 de junio de 1992, y como tal tiene derecho a su legítima que legalmente le corresponde en los bienes del causante» (Fls. 28 a 33 cuaderno principal).
3.3. Mediante proveído de 11 de septiembre de 2012 se admitió «el desistimiento de la demanda presentada por Elvia Payares [de filiación natural en contra de los herederos del señor Leopoldo Alonso Quintero q.e.p.d.]», decisión que la apoderada del aquí accionante atacó en apelación (fl. 11 y 41 ídem).
3.4. El 11 de octubre siguiente, el juzgado resolvió, de un lado, «no tener a Juan Carlos Payares, como litisconsorte necesario en este proceso; debe tramitar los dos procesos de filiación, el primero con respecto a su padre Leopoldo César Payares y de este con respecto a su abuelo Leopoldo Alonso Quintero»; y de otro, «rechazar el recurso de apelación» por cuanto lo propuso «la Dra. Emma Rebeca Ovalle Salazar, quien manifiesta que presenta el recurso contra el auto de fecha 11 de septiembre de 2012, y que lo hace obrando como apoderada de la parte actora en el proceso de la referencia, pues la parte actora es la señora Elvia Pallares (sic) y se haya representada por el Dr. Pedro Antonio Sánchez Santana» (Fls. 5 y 6 Cdno. de la Corte).

3.5. El 25 de abril de 2013 la procuradora judicial del aquí accionante solicitó «revocar el auto de fecha 11 de octubre del año 2012 mediante el cual el juzgado decidió rechazar el recurso de apelación» (folios 46-49 cuaderno principal).


3.6. El 4 de octubre del referido año, la jueza determinó no reponer «la providencia de 11 de octubre de 2012 que no concedió el recurso de apelación» por considerar que la togada perdió «la oportunidad de presentar el recurso de reposición y en subsidio el de queja en esa época para que el superior jerárquico decidiera [si era apelable], lo cual en estos momentos es imposible porque dicha providencia está más que ejecutoriada» (folios. 51 y 52 ibídem).
4. Lo reseñado, permite concluir que el amparo reclamado resulta improcedente, pues el gestor no cuestionó oportunamente el referido proveído de 11 de octubre de 2012 (que rechazó la alzada), a través del medio de defensa idóneo, denotando así su incuria, comoquiera que lo propio era, para este caso, ejercitar el recurso de reposición, consagrado en el estatuto procesal civil (artículo 348), a fin de que se volviera a analizar sobre el asunto en cuestión, y deprecar, subsidiariamente, la expedición de copias de «la providencia recurrida y de las demás piezas conducentes del proceso» en aras de que se surtiera el «recurso de queja», y ello a efectos que el superior revisara la decisión de la que ahora se duele (artículos 377 y subsiguientes, ejúsdem), omisión que da pie para pregonar que por cuenta del querellante hubo desperdicio de las vías ordinarias de defensa que legalmente tuvo a su alcance para lograr el propósito que ahora persigue por medio de esta excepcional vía, ya que la presente acción no está prevista para rectificar fallas de gestión procesal ni para revivir oportunidades legales fenecidas debido a la incuria, dado el carácter subsidiario de este instrumento (numeral 1°, del inciso 1°, del Decreto 2591 de 1991).
La Sala, en un caso que guarda cierta analogía con el que ahora se analiza, ha tenido la ocasión de señalar que:

(…) Resulta evidente la improcedencia de la presente acción, toda vez que […] la interesada no obstante haber podido interponer el medio expedito de defensa dentro del proceso…omitió formularlo, de modo que si incurrió en pigricia y lo desperdició, es inadmisible la pretensión de recurrirla por vía del mecanismo constitucional de protección de los derechos fundamentales o de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido diseñado para recuperar términos y oportunidades procesales derrochados, pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prevé el artículo 118 del Código de Procedimiento Civil, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales (CSJ STC, 23 Ene de 2009, Rad No 00540-01, reiterada 11 Sep. 2013, Rad. No. 01351-01).
5. De conformidad con lo discurrido, se confirmará el fallo objeto de impugnación.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de fecha, contenido y procedencia puntualizados en la motivación que antecede.



Comuníquese telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese

JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ

MARGARITA CABELLO BLANCO

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA



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