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Corte suprema de justicia sala de casación civil magistrado Ponente ariel salazar ramírez


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CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL


Magistrado Ponente

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ
Bogotá D.C., catorce de noviembre de dos mil doce
Discutido y aprobado en sesión de catorce de noviembre de dos mil doce.
Ref. exp.: 81001-22-08-000-2012-00084-01
Decide la Corte la impugnación formulada contra el fallo proferido el tres de octubre de dos mil doce por la Sala Única del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Arauca, dentro de la acción de tutela promovida por Orlando Páez Durán, Eduar Orlando Páez Santamaría, Asdrubal Páez Contreras, Leidy Xiomara Páez Contreras, Eliseo Durán Carreño, Claudia Patricia Durán Osorio, Vladimir Durán Osorio y Martha Inés Osorio Remolina contra la Procuraduría General de la Nación – Delegada 52 Judicial II Administrativa de Arauca, trámite al que fueron vinculadas la Fiscalía General de la Nación y la Rama Judicial.
A. La pretensión
Los accionantes solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, igualdad y acceso a la administración de justicia, que consideran vulnerados por la accionada, porque en la audiencia de conciliación extrajudicial administrativa que solicitaron, y adelantó dicho ente, decidió no tener en cuenta su solicitud, por no haber aportado los poderes para su representación, porque no notificó su decisión en estrados, ni indicó los recursos que procedían contra la misma, y tampoco otorgó plazo para aportar los poderes, en desatención del procedimiento establecido.
En consecuencia, solicita que se declare la nulidad parcial del acta proferida el 8 de febrero de 2012 por la accionada, se declare que los términos de caducidad de la acción están suspendidos, y se rehaga la actuación respectiva. [Folio 17]
B. Los hechos
1. Los accionantes, y otras personas, presentaron ante la Delegada 52 Judicial II Administrativa de Arauca, de la Procuraduría General de la Nación, una solicitud de conciliación extrajudicial administrativa en la que citaron a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial. [Folio 1]
2. La finalidad de tal solicitud, fue conciliar los perjuicios materiales, morales y de vida de relación que se ocasionaron por la privación injusta de la libertad de que fueron victimas, entre otros, Orlando Páez Durán y Eliseo Durán Carreño, y manifestaron que de no llegar a ningún acuerdo, “la acción judicial procedente era la reparación directa con fundamento en los mismos hechos”. [Folio 1]

3. El 13 de enero de 2012, el ente accionado profirió un auto en el que dispuso, entre otras determinaciones, no reconocer “legitima por activa”, por no haber otorgado poder a un profesional del derecho, a los señores Josser Salomón Carrillo Solano, Mateo Moncayo Tonelli, María José Moncayo García, Juan Diego Moncayo García, Claudia Patricia Durán Osorio, Vladimir Durán Osorio, Yinet Manuela González Medina, José Luis Rodríguez Montañez, Marlon Andrés Carrillo Peñuela, Paula Juliana Carrillo Briceño, Diomar Niuste Tegria y Andrés Julián Cáceres González. [Folio 32]
4. En la misma decisión, la accionada requirió a la apoderada de los convocantes Eduard Orlando Páez Santamaría, Aldrubal Páez Contreras y Leidy Xiomara Páez Contreras, entre otros, para que el día de la audiencia de conciliación aportaran su registro civil de nacimiento. A continuación, procedió a admitir la solicitud de conciliación. [Folio 33]
5. El 8 de febrero de 2012, día señalado para la celebración de la audiencia de conciliación, la Procuraduría 52 Judicial II Administrativa de Arauca, resolvió por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, no tener en cuenta la solicitud de conciliación que presentaron Orlando Páez Durán, José Eduardo Moncayo Santacruz, Mateo Moncayo Tonelli, María José Moncayo García, Juan Diego Moncayo García, Efrén Niuste Quimbayo, Eliseo Durán Carreño, Claudia Patricia Osorio, Vladimir Durán Osorio, Martha Inés Osorio Remolina, Eduard Orlando Páez Santamaría, Aldrubal Páez Contreras y Leidy Xiomara Páez Contreras, lo anterior, por no estar “debidamente representados”; luego, declaró fallida la audiencia de conciliación por no existir acuerdo entre las partes. [Folio 41]
6. Aducen los peticionarios del amparo, que la decisiones tomadas al interior del mencionado trámite vulneran sus derechos fundamentales, por las siguientes razones: i) porque la accionada no notificó en estrados su decisión, ni indicó que recursos procedían contra la misma; ii) instaló la audiencia sin la presencia del representante de la Rama Judicial; iii) excluyó a Orlando Páez Durán, Eliseo Durán Carreño y Eduard Orlando Páez Santamaria, sin que previamente les hubiese informado que no habían otorgado poder para actuar, ni se les concedió termino para aportarlo; iv) no se concedió recurso de reposición contra tal determinación; v) e impuso un control de legalidad ante el “magistrado que deba de conocer de la acción”, que no está previsto en la ley. [Folio 8]
7. Por los anteriores motivos, presentaron la queja constitucional.
C. El trámite de la primera instancia
1. El 18 de septiembre de 2012 se admitió la acción de tutela, y se ordenó el traslado a los involucrados, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 45]
2. La accionada adujo que en la audiencia de conciliación no proceden recursos, pues son las mismas partes quienes propenden por la solución de sus conflictos; que su actuación se ciñó a la normatividad, y que la apoderada de los actores guardó silencio en la diligencia. [Folio 72]
3. En sentencia de 3 de octubre de 2012, el Tribunal negó el amparo, porque no concurrió el requisito de la inmediatez, toda vez que transcurrió un término superior a 8 meses desde que se llevó a cabo la audiencia de conciliación objeto de la queja, y la interposición de la acción de tutela. [Folio 106]
4. Por estar en desacuerdo con la decisión, los accionantes la impugnaron, y adujeron que no se examinó la violación de su debido proceso, y reiteraron los hechos expuestos en la tutela.
II. CONSIDERACIONES
1. Cuando el artículo 86 de la Carta Política creó la tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protección inmediata de sus derechos fundamentales en caso de que éstos fueran vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos establecidos por la ley, lo hizo caracterizándola con los principios de subsidiariedad e inmediatez.
El segundo de los mencionados, visto desde la perspectiva de la finalidad del amparo, impide que se convierta en factor de inseguridad jurídica con el cual se produzca la vulneración de garantías constitucionales de terceros, como también que se desnaturalice el trámite tutelar, en tanto la protección que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneración o amenaza actual.
Frente a este tema, la jurisprudencia de esta Sala ha sostenido:
...en efecto, a pesar de la desaparición del término de caducidad de dos meses que el art. 11 del Decreto 2591 de 1991 había señalado para ejercer la acción de tutela, declarado inexequible por sentencia C-543 de 1992 de la Corte Constitucional, con posterioridad a ello se ha entendido ‘que si bien no existe un término límite para el ejercicio de la acción, de todas formas, por la naturaleza, el objeto de protección y la finalidad de este mecanismo de defensa judicial, la presentación de la acción de tutela debe realizarse dentro de un término razonable, que permita la protección inmediata del derecho fundamental a que se refiere el artículo 86 de la Carta Política’. Por lo tanto, resultará improcedente la acción de tutela por la inobservancia del principio de la inmediatez que debe caracterizar su ejercicio. La restricción tiene como finalidad preservar el carácter expedito de la tutela para la protección de los derechos fundamentales que se consideran vulnerados con la acción u omisión de la autoridad pública. (Sentencia T-797/02 de 26 de septiembre de 2002).
Tal entendimiento coincide con la nota de inmediatez que el art. 86 de la Carta Política señala como finalidad del ejercicio de esta acción, de manera que aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercanía en el tiempo con el ejercicio de la acción, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanción por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicción para reclamar tal protección y, también, por evitar perjuicios, estos sí actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jurídicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente”.
“(…)

Así las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostró, ni invocó siquiera, justificación de tal demora por el accionante”. 1


De acuerdo a lo anterior, no le es dable al eventual afectado acudir tardíamente a este mecanismo excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequívoco de asentimiento frente a la decisión atacada y, por ende, de ausencia de vulneración de un derecho fundamental.
2. En el caso que se examina, los accionantes consideran que sus derechos fundamentales fueron quebrantados con las decisiones contenidas en el acta de conciliación llevada a cabo el 8 de febrero de 2012, adelantada por la accionada.
De allí que, sin ninguna dificultad, se vislumbra, como lo consideró el a quo que la petición de tutela no satisface el requisito de la inmediatez, pues se promovió el 18 de septiembre de 2012, esto es, luego de haber transcurrido más de siete (7) meses desde que se adelantó la citada audiencia, lo anterior sin que exista ningún medio de prueba que justifique la tardanza en la interposición de la solicitud de amparo, de donde se concluye en la improsperidad de la presente acción.
3. Las anteriores razones se estiman suficientes para confirmar el fallo impugnado.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.
Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes; y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ


MARGARITA CABELLO BLANCO


RUTH MARINA DÍAZ RUEDA


ARIEL SALAZAR RAMÍREZ


ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ


JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ

1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia de 2 de agosto de 2007, exp. T. No. 00188 -01



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