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Corte suprema de justicia sala de casación civil magistrado Ponente: CÉsar julio valencia copete


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República de Colombia




Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Civil

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL
Magistrado Ponente:

CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE
Bogotá, D.C., siete (7) de septiembre de dos mil cuatro (2004).
Ref: Exp. No.1100102030002004-00939-00
Decide la Corte el amparo constitucional pedido por ABEL JOSÉ MEZA GÁMEZ y DALIA ESTHER VALDEZ GÓMEZ, contra la Sala Civil – Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Santa Marta y el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de esa ciudad.

ANTECEDENTES

Persiguen por este medio los accionantes, como mecanismo transitorio, la tutela, entre otros, del derecho fundamental al debido proceso que consideran vulnerado, puesto que con base en la condena a pagar el equivalente a 4.000 gramos oro, 1.000 por perjuicios morales y 3.000 por los materiales, a favor de "quien tenga derecho" y a cargo de la Compañía Libertador S.A., como tercero civilmente responsable, impuesta en sentencia de 30 de octubre de 2000 (fol. 65) del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Santa Marta, aspecto confirmado en fallo de 23 de octubre de 2001 (fol. 75) de la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad, incoaron demanda ejecutiva, por estar legitimados en su condición de progenitores de Abelardo José Meza Valdez, una de las víctimas de los homicidios materia del proceso penal; sin embargo, en auto de 15 de octubre de 2003 (fol. 48) el juzgado accionado se abstuvo de librar el mandamiento de pago, aduciendo la falta de la anotación indicativa de ser primera copia las allegadas de las sentencias penales y ausencia de confirmación por la Corte Suprema de Justicia del fallo de segundo grado; agregan que recurrida tal decisión por vía de apelación el Tribunal en auto de 27 de mayo de 2004 (fol. 42), aunque encontró que las copias sí ostentan la constancia de ser la primera expedida, la confirmó, configurándose de esta manera una injustificada denegación al acceso a la jurisdicción civil, pese a estar cumplidos los requisitos que estructuran el título ejecutivo, pues la Sala de Casación Penal de esta Corporación en providencia de 5 de diciembre de 2002 (fol. 120) declaró prescrita la acción penal, mas no la obligación civil a cargo del tercero civilmente responsable, la sociedad ejecutada, cuya condena quedó vigente.



RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS

No han hecho manifestación alguna en torno a la demanda de tutela.



CONSIDERACIONES

1. La acción de tutela, cuando tiene por fin controvertir actuaciones judiciales, sólo deviene procedente si ellas constituyen lo que ha dado en llamarse "vía de hecho", entendiéndose por tal aquella actividad jurisdiccional que carece de fundamento jurídico y que, por lo mismo, se muestra ostensiblemente arbitraria y caprichosa, siempre y cuando el interesado no disponga de otros medios de defensa idóneos para la reparación de sus derechos, puesto que, en el supuesto de haber contado o de contar con ellos, el mecanismo constitucional no tiene cabida, ya que tales formas ordinarias de defensa vienen a constituir el sendero por medio del cual debe obtenerse protección o el restablecimiento de los derechos superiores amenazados o efectivamente conculcados por los jueces.


2. Del contenido de la premisa anterior se deduce la improcedencia de la acción constitucional, toda vez que la valoración probatoria llevada a cabo por los funcionarios accionados en autos de primera y segunda instancia corresponde al ejercicio de la facultad autónoma e independiente de que están dotados para la composición de los litigios a su cargo, la cual no se ve arbitraria, circunstancia que descarta la existencia del yerro fáctico que le enrostra el promotor de aquélla, así haya otro sistema atendible para interpretar los elementos de convicción de que dispusieron en el momento del proferimiento de tales determinaciones.

3. Por consiguiente, el Juez Constitucional no puede entrar a descalificar la ponderación probatoria del juzgador natural, máxime si la ha cumplido con observancia de los derroteros establecidos por las normas procesales reguladoras del específico asunto y cuando del contenido de la determinación cuestionada no emerge el defecto imputado en la demanda de tutela, ya que está afincada en la orden de "cesar todo procedimiento" adoptada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y, por ende, en la falta de decisión final sobre la obligación impuesta a Colibertador S.A., pues si lo hiciera arrasaría normas de orden público, de obligatoria aplicación e ingresaría en forma antojadiza a la relación procesal a usurpar las funciones asignadas válidamente al último para definir el conflicto de intereses.

4. Entonces, por ser claro que la actuación de los funcionarios accionados no alcanza a vulnerar ni a amenazar seriamente los derechos fundamentales invocados, deviene improcedente el otorgamiento de la protección constitucional deprecada, como así se dispondrá.

DECISION

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DENIEGA el amparo solicitado.


Notifíquese lo aquí resuelto a las partes, y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE,


PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA


MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ


JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR


CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO


SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO


CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE


EDGARDO VILLAMIL PORTILLA




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