Página principal

Corte suprema de justicia sala de Casación Civil Magistrado Ponente: Manuel Ardila Velásquez


Descargar 23.11 Kb.
Fecha de conversión22.09.2016
Tamaño23.11 Kb.


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Sala de Casación Civil

Magistrado Ponente:



Manuel Ardila Velásquez

Bogotá D. C., once (11) de febrero de dos mil dos (2002.

Ref.: expediente No. 73001220300020010143

Decídese la impugnación formulada por los accionantes contra el fallo de 28 de noviembre de 2001, proferido por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, Sala Civil, en el trámite de la tutela que contra el Hospital San Juan de Dios de Honda E.S.E., y la Nación, Ministerios de Salud y de Hacienda y Crédito Público, propusieron Carlos Arturo Guerra Mantilla, Pedro Pinzón Murcia, Agustín Varón Rodríguez, Hernando Alberto Buendía Pérez, Antonio Benítez Contreras, Alexander Hernández Ulloa, José Genaro Camacho Pinilla, Luis Orlando Sánchez Vélez, Carlos Javier Delgado Rubio, Jorge Alberto Tovar Ocampo, Jesús Antonio Castañeda, José Noel Martínez, Alejandro González Vera, Luis Bernardo Cuéllar Ospina, Jairo Garzón Suárez, Edgar Eugenio Delgado Avila, Jesús Antonio Vásquez Chavarro, Nelly Margarita Donato Peña, Nelcy Díaz Lugo, Claribel Garzón García, Adela Durán de Hurtado, Myriam Bustos de Espinosa, Rosalba Castaño Botero, Esperanza Nieto González, Sandra Patricia Tovar Muñoz, Luz Marina Castillo Martínez, Lucelida Ramírez Coronado, Martha Lucía Hernández, Rosa Elena Moreno, Luz Marina Sánchez Rodríguez, Luz Marina Camargo Cárdenas, Myriam Rondón Conde, María Lucila Rodríguez Guzmán, María Neyla Vásquez Quintanilla, Blanca Rocío Andrade Acosta, Mercedes Jorigua Garavito, María Yolanda Villanueva Monge, María Gloria González, Olinda Reyes de Garzón, María Magdalena Figueroa Urueña, Luz Helena Sánchez de Monroy, Amanda María Linares, María Nohora Henao de Alvarez, Raquel Méndez Aldana, María Olga González de Ramírez, Deyanira Díaz de Monroy, Alba Luz García Palma, Mabel Esperanza Luna Tocora, Nelly Mendoza Ramírez, Daissy Puentes Acuña, Mariela Ortiz de Riaño, Ana Bolena Melo Rodríguez, Martha Stella Berrío Rubio, Brenda Cecilia Suárez Murcia, Flor María Vásquez Quintanilla, María Marleny Vásquez Quintanilla, Deysi Casasbuenas González, Blanca Rosa Betancourt Bedoya, Paulina Alarcón Siachica, Rosalba Cárdenas, María Hilda Soto Saldaña, Zunilda Ayala, Ana Dioselina Hernández Prieto, Laura Cristina Pérez Aguirre, María Amad Melgarejo Cortés, Ana Leyde Hernández, Celina Góngora Ramírez, Rossana Forero Mayorga, Martha Lucía Molano Waltero, Claudia Patricia González Ravagli, Ximena Victoria Escudero Núñez, Martha Valencia Pérez, Patricia Peña Walteros, María Ruby Duque Gómez, Marlene Rubio Samper, Myriam Ramírez, Fabiola Vanegas Espitia, Nelsy Paternina Jaraba, Fabiola Murillo de Arias, Inés Amaya Palomino, María de Jesús Monsalve de Chavarro, Myriam del Socorro Rivero de Mejía, Fabiola Devia Aroca, Rosalba Pineda de Franco, Luz Mila Dávila Gómez, Ana Emma Triviño Poveda y Judith Cecilia Céspedes.


I. Antecedentes
1. Aduciendo vulneración de los derechos a la dignidad, la igualdad y el salario vital y móvil, los accionantes piden que se ordene a los ministerios accionados poner a disposición del Hospital San Juan de Dios de Honda, los dineros necesarios para que se les liquide y pague el 9% del incremento salarial del año 2000, incluyendo las prestaciones respectivas, el incremento por el año 2001 por iguales conceptos, y que se incluya en el proyecto de presupuesto de 2002 la partida necesaria para los incrementos de este año.
2. Para sustentar su pedimento dicen, en resumen, que la Corte Constitucional, mediante sentencia C-1433 de 2000, declaró la exequibilidad del artículo 2 de la ley 547 de 1999, salvo en cuanto se omitió el deber jurídico emanado de varias normas constitucionales relativo al reajuste salarial de los servidores públicos, que declaró inexequible y por lo cual ordenó al gobierno y al congreso cumplir con ese deber antes de expirar la vigencia fiscal de 2000.
Anotan que el centro de salud accionado, del cual son trabajadores, no ha cumplido la sentencia alegando que no tiene recursos, y la ley 626 de 26 de diciembre de 2000, en forma discriminatoria omitió incluir en la respectiva adición presupuestal a los hospitales y empresas sociales del Estado, para los cuales el gobierno nacional ha fijado "techos presupuestales" y ha efectuado recortes, no obstante que a otras entidades territoriales similares a los hospitales, sí se les asignó recursos para el ajuste salarial. Señalan que la Nación, a través de los ministerios accionados, es solidariamente responsable por no suministrar al hospital los recursos necesarios para prestar los servicios de salud y pagarles el retroactivo salarial ordenado.
3. El gerente del centro de salud accionado dijo que sólo puede cancelar los factores solicitados en la medida en que tenga disponibilidad presupuestal, y que si los accionantes acusan el incumplimiento de normas han debido promover una acción de cumplimiento. Sostiene que dichos interesados han recibido pagos que son contrarios a la violación del salario como factor vital.
El Ministerio de Salud se refirió a la tutela indicando, en síntesis, que el pago de salarios y prestaciones reclamado es de cargo del propio centro de salud mencionado, puesto que no es función de él tomar decisiones relativas a entidades territoriales o empresas sociales del Estado con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa.
El Ministerio de Hacienda extemporáneamente manifestó que los empleados del Hospital San Juan de Dios de Honda no se incluyeron en el decreto 2720 de 2000, porque en éste se fija el reajuste salarial de servidores públicos nacionales, y aquellos son del orden territorial, cuyo reajuste deben hacer las autoridades del mismo nivel, según el decreto 2406 de 1999, y conforme a lo previsto en los arts. 300, 313 y 315 de la Constitución. Precisa que de acuerdo con la ley 4 de 1992, el gobierno nacional señala unos topes máximos salariales para empleados territoriales, pero no fija el salario, ya que eso corresponde a sus propias autoridades, como también se dijo en la sentencia C-510 de 1999.
II. El fallo del tribunal
El tribunal, para denegar el amparo, considera que el hospital accionado no viola los derechos de los accionantes, toda vez que si no les aumentó el salario es porque no se incluyó en la adición presupuestal para servidores públicos (ley 626 de 2000), y la tutela no es la vía para atacar leyes, como aquí se pretende. Sostiene que tampoco se afectan los derechos a la dignidad, la igualdad y el mínimo vital por los ministerios, pues no estaba obligado el de Hacienda a situar fondos para incrementos que no fueron ordenados en la ley, y al Ministerio de Salud no llegó ningún monto con esa destinación.
III. La impugnación
En su inconformidad los accionantes expresan, en síntesis, que se desconoció un fallo emitido por el mismo tribunal el 1° de agosto de 2001, en la tutela de Yolanda Arciniegas Caicedo y otros contra el Hospital Regional del Líbano y otros. Añaden que tampoco se tuvieron en cuenta apartes citados de la sentencia T-102 de 1995, ni las razones expuestas en su demanda conforme a las cuales si bien las autoridades territoriales fijan incrementos salariales, es partir de criterios que trace el gobierno nacional, y obviamente éste no incluyó los empleados de los hospitales en el aumento ordenado por la Corte Constitucional, manteniendo así vigentes las normas mediante las cuales se ordenó que no se les incrementara el salario.

IV. Consideraciones

1. La jurisprudencia ha insistido en forma invariable que la tutela no es el medio adecuado para obtener en condiciones normales el pago de pretensiones de naturaleza laboral, toda vez que para esas controversias se han consagrado por la legislación común medios de protección idóneos, de tal manera que únicamente es procedente esta subsidiaria acción en casos de extrema gravedad y urgencia para los derechos fundamentales, cual ocurre cuando se niega el pago del salario al trabajador de manera arbitraria o injustificada y se debe proteger el mínimo vital del afectado.


2. De esa forma, aflora el revés de la querella constitucional bajo estudio, ya que como lo ha dicho la Sala en un caso similar, la circunstancia de que a los accionantes se les esté pagando regularmente los salarios que devengan, que por cierto están por encima del mínimo, no deja traslucir una situación personal o familiar de verdadero apremio o gestora de un inminente e irremediable daño para el mínimo vital, que amerite la intervención inaplazable de este mecanismo, a lo que se agrega que dichos interesados pueden acudir a los medios judiciales ordinarios para recabar el pago del aumento salarial correspondiente al año 2000, gestión que no han adelantado a pesar de que la omisión que acusan en ese sentido ya lleva algún tiempo, de manera que no es factible suponer un perjuicio irremediable (fallo de 25 de octubre de 2001 (exp. No. 41001221400020010236).
Del mismo modo, no se pierda de vista que la protección por vía de tutela para la falta de pago de salarios es viable cuando ésta adquiere características de indeterminación o de persistencia, generando un estado de verdadero peligro o vulneración de los atributos superiores del trabajador y su familia.
Además de que no hay prueba de un trato discriminatorio que vulnere el derecho a la igualdad, por cuanto la falta de pago de los emolumentos antes aludidos no se debe a una omisión deliberada de los accionados tendiente a dejar sin el reajuste salarial a los accionantes, sino a que ello corresponde a autoridades distintas, respecto de las cuales aquellos no acreditan haber realizado diligencia alguna.
3. Así puestas las cosas, debe confirmarse el fallo impugnado.

V. Decisión

Con base en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, confirma el fallo de fecha y procedencia anotadas.


Comuníquese mediante telegrama y remítanse los autos a la Corte Constitucional para la eventual revisión.


NICOLAS BECHARA SIMANCAS


MANUEL ARDILA VELASQUEZ


JORGE ANTONIO CASTILLO RUGELES


CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO


JOSE FERNANDO RAMIREZ GOMEZ


JORGE SANTOS BALLESTEROS


SILVIO FERNANDO TREJOS BUENO



La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje