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Corte suprema de justicia sala de casación civil magistrado Ponente jaime alberto arrubla paucar


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República de Colombia




Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Civil



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL


Magistrado Ponente

JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR
Bogotá, D. C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil diez (2010).
Referencia: C-0508831030012005-00241-01
Se decide sobre la admisión de la demanda presentada por LUCÍA PARDO DE URIBE, JUAN JOSÉ, ALBERTO y JORGE URIBE PARDO, para sustentar el recurso de casación que interpusieron contra la sentencia de 17 de junio de 2010, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil, en el proceso ordinario de los recurrentes frente a la sociedad CANTERAS DE COLOMBIA S.A.
ANTECEDENTES
1.- Los demandantes solicitaron la indemnización de los perjuicios que determinan, derivados de la afectación del agua que sirve predios suyos, para el consumo humano, agrícola y agropecuario, cuestión que incidió en el valor de los mismos, en general, a raíz de la explotación de una cantera en un inmueble contiguo de propiedad de la demandada.
2.- El Tribunal confirmó el fallo absolutorio del juzgado, al encontrar que ninguna de las causas esbozadas como fuente de la responsabilidad civil extracontractual, podía ser de recibo.

2.1.- La “pérdida del afloramiento”, porque inclusive frente a la prueba del hecho, los demandantes no podían reclamar perjuicios por aguas que no les pertenecen, pues como no brotan y mueren en la misma heredad, son de dominio público, de ahí que únicamente eran titulares de una concesión.


De otra parte, el traslado del yacimiento, que es una contingencia propia de la explotación de canteras, ningún perjuicio ocasionó, dado que los actores continuaron recibiendo el servicio de agua, en virtud de la concesión oficial que tenían desde 1972.
Los dictámenes periciales, sobre la depreciación de los inmuebles, no se podían acoger, por considerar las aguas como propias, cuando no lo son, y porque el valor de un terreno no era dable determinarlo por el flujo hídrico que reciba y porque el avalúo no se relacionó con la pérdida de la fuente. Relativo a que el impacto del entorno se debió a trabajos en la cantera, por cuanto el dictamen se basó en cuestiones ajenas, como es la historia de la explotación y el manejo e incumplimiento de normas ambientales.
2.2.- La disminución del caudal del arroyo, porque las concesiones de aguas otorgadas en 1983 y 2005, demuestran que el suministro en la zona aumentó de 27 a 37 litros por segundo y que la reducción a los demandantes se debió a causas ajenas a la convocada, como es el aumento de usuarios.
2.3.- La baja calidad del líquido, porque no se acreditó que el agua que se recibía tenía mejores características que la actual y como la demanda se dirigió a probar que no era potable, se debió mostrar que la anterior sí lo era, nada de lo cual fehacientemente fue observado, considerando que los medios correlacionados eran precarios.

3.- En el único cargo formulado se denuncia la comisión de errores de hecho probatorios que llevaron al Tribunal, en sentir de los recurrentes, a no dar por superados cada uno de los elementos de la responsabilidad.


3.1.- En primer lugar, al pretermitir los documentos que se relacionan, emanados de las autoridades ambientales, en general, relativos al mal manejo de la cantera, su influencia en el afluente, la falta de protección de la cuenca y su contaminación, la deforestación del entorno, la disminución del caudal, los requerimientos y sanciones impuestas por incumplimientos, en fin.
3.2.- En el mismo sentido, los testimonios de JORGE IVÁN URIBE RESTREPO, GILBERTO SÁNCHEZ VILLADA e IVÁN FELIPE PALACIO RESTREPO, y los interrogatorios de los demandantes, donde en términos generales se da cuenta de la explotación inadecuada de la cantera, la modificación y extinción del afloramiento, la disminución de la cantidad y calidad del agua, la negligencia de la sociedad demandada, así como de la incidencia de esos hechos en las personas y bienes vecinos.

3.3.- Finalmente, en cuanto a la calidad del agua, las causas de la disminución y extinción del caudal, como la degradación y deterioro ambiental, puesto que se acoge un dictamen contradictorio y se desechan los demás relacionados, contundentes, y porque sobre el impacto económico, se dice que las pericias no se encuentran fundamentadas, pese a ser sólidas.


4.- Siendo ese, en lo esencial, el contenido del cargo, se procede a examinar si reúne los requisitos formales.
CONSIDERACIONES
1.- La naturaleza dispositiva y estricta del recurso de que se trata, cuyo propósito es el quiebre de una sentencia amparada por la presunción de legalidad y acierto, exige que la demanda presentada para sustentarlo se sujete a determinados requisitos formales, porque al fin de cuentas, ese libelo constituye el marco dentro del cual la Corte debe discurrir su actividad, sin que le sea permitido hacer interpretaciones, bien para llenar vacíos, ya para replantear cargos deficientes.
2.- En lo que interesa al caso, común a todas las causales de casación, es necesario formular por separado los cargos “con la exposición de los fundamentos de cada acusación, en forma clara y precisa”, según lo exige el artículo 374, numeral 3º del Código de Procedimiento Civil, requisitos que como se tiene explicado, no sólo aluden a que exista una “relación” entre la “sentencia y el ataque que se le formula”, sino también a la “plenitud del mismo1, cuya ausencia daría al traste con el recurso de casación, puesto que ello, en línea de principio, relevaría a la Corte de examinar el mérito del ataque.
En el caso del desenfoque, porque al quedar enhiesto el argumento basilar de la decisión, por sí, le seguirían prestando base firme. En el evento del embate incompleto, puesto que si cada uno de los varios fundamentos expuestos tiene la virtud de mantener el fallo impugnado, al soslayarse uno cualquiera, los demás soportes controvertidos caerían en el vacío, así fueren infirmados, pues el otro lo seguiría sosteniendo.
3.- Frente a lo anterior, el cargo formulado no es idóneo, desde el punto de vista formal, para admitirlo, puesto que como pasa a verse, a partir de la explotación de la cantera, los errores de hecho denunciados se dirigen a demostrar, en general, la pérdida y traslado del afloramiento, la reducción del caudal y la contaminación del agua, cuando el análisis del Tribunal fue más allá, lo cual supone que fueron superadas esas circunstancias.
3.1.- En efecto, sentada la pérdida del manantial, los perjuicios se dejaron de reconocer no por la ausencia de la prueba de tales hechos, sino por no ser los demandantes propietarios de las aguas, como éstos lo aceptaron, de donde en realidad, en el punto en lugar de divergencia existe es acuerdo.
Con relación al traslado del sitio de acopio, el sentenciador dijo que era propio de la explotación de canteras y que aún así los perjuicios no se habían causado, puesto que los moradores del lugar siguieron recibiendo el servicio por concesión, todo conforme a los requisitos y condiciones establecidos en la ley, luego si en ese fundamento basilar se equivocó el sentenciador, el ataque debió enderezarse a desvirtuarlo, pero ello fue soslayado.

3.2.- Relativo a la depreciación económica, el Tribunal negó la pretensión, de una parte, porque al no ser propias las aguas, la desaparición del afloramiento no incidía, y porque el avalúo no se relacionó con la “pérdida de la fuente hídrica”; y de otra, porque para el efecto es intrascendente la cantidad de líquido que se reciba, la historia de la explotación de la cantera, el manejo ambiental o el incumplimiento de resoluciones oficiales.


Empero, en el cargo, nada se dice en concreto al respecto, por el contrario, se acepta que el problema de la desvalorización no es del agua, sino del suministro autónomo y suficiente, que es algo distinto.
3.3.- En ese punto, precisamente, el Tribunal señaló, a partir de las licencias de concesión de aguas, que si bien el suministro del recurso en la zona había aumentado de 27 a 37 litros por segundo, pero disminuido a los demandantes, esto había ocurrido por causas no imputables a la convocada, como el aumento de usuarios, que no por la desaparición y el traslado del yacimiento, ni por la reducción del caudal del arrollo.
Sin embargo, en la acusación no se combaten las razones torales que el Tribunal asoció con el problema del suministro autónomo y suficiente de las aguas, al extremo que ni siquiera un comentario se hace sobre el particular.
3.4.- Tocante con la pureza del recurso, se recuerda que el Tribunal basó su decisión en la ausencia y precariedad de pruebas acerca de la calidad de líquido, antes y después de los hechos que se imputan, en la perspectiva que fuera potable.

Luego, si el elemento de potabilidad no fue una limitante alegada en la demanda o si existía prueba fehaciente que indicara que el agua que en otrora se recibía reunía esa característica y la actual no, el embate debió enderezarse, como correspondía, en ese sentido, pero esto fue omitido.


4.- En consecuencia, los defectos formales que han quedado resaltados, son suficientes para relevar el estudio de fondo del cargo, razón por la cual no es dable admitirlo.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, declara inadmisible la demanda y desierto el recurso de casación de los demandantes, interpuesto contra la sentencia de 17 de junio de 2010, proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, Sala Civil, en el proceso ordinario de LUCÍA PÁRDO DE DE URIBE, JUAN JOSÉ, ALBERTO y JORGE URIBE PARDO contra la sociedad CANTERAS DE COLOMBIA S.A., y consecuentemente ordena remitir el expediente a la oficina de origen para lo pertinente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA


JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR


PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA

WILLIAM NAMÉN VARGAS

ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ



EDGARDO VILLAMIL PORTILLA

1 Auto 034 de 12 de marzo de 2008, expedi3.1.- ente 00271, reiterando doctrina anterior.



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