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Corte suprema de justicia sala de casación civil magistrado Ponente fernando giraldo gutiérrez


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República de Colombia


Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Civil


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL


Magistrado Ponente

FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ
Bogotá D.C., Veinticinco (25) de abril de dos mil doce (2012)
Aprobado en sala de veinticinco (25) de abril de dos mil doce (2012).
Ref. Exp.: 1100122030002012-00505-01

Decide la Corte la impugnación interpuesta con ocasión del fallo de 21 de marzo de 2012, proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, por medio del cual negó el amparo de Comercializadora de Accesorios Celulares K-Celular LTDA contra el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de dicha ciudad, integrado por Luis Alfonso Ortiz del Hierro, Jorge Luis Chalela Mantilla y María Ximena Lombana Villalba, actuación a la que fue llamado Comcel S.A.


ANTECEDENTES


  1. La actora, obrando por intermedio de apoderado, aduce que el demandado le violó los derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia.

II.- Circunscribe la vulneración al laudo arbitral de 26 de octubre de 2011, por existir en sus consideraciones defecto fáctico.


III.- Fundamenta sus pedimentos en los hechos que pasan a compendiarse (folios 326 a 330 del cuaderno 1):
a.-) Que en agosto de 2010, K-Celular Ltda. convocó a Comcel S.A. a un trámite arbitral para que se declarara que entre ellas existió un contrato de agencia comercial y la segunda pagara a la primera la remuneración que pudo recibir si se hubiese perfeccionado un tercer negocio con la compañía Avon.
b.-) Que el Tribunal que conoció del asunto tuvo como prueba los documentos aportados por las partes, dentro de los cuales se encontraban varios correos electrónicos, así como el testimonio de Sandra Rodríguez, quien aseguró que entre Avon y la accionante se habían adelantado conversaciones para celebrar un convenio, pero, el mismo no se firmó por causas imputables a la empresa vinculada.
c.-) Que en el laudo que resolvió de fondo el litigio se determinó que el acuerdo suscrito entre las partes era de agencia, pero se negó la pretensión de pagar el dinero perdido por no negociar con Avon.
d.-) Que la ley no consagra recursos ordinarios para atacar la providencia cuestionada, y los extraordinarios de anulación y revisión no contemplan las causales aquí expuestas.
III.- Pide, en consecuencia, que se deje sin efecto la determinación rebatida, sin perjuicio de la validez de las evidencias recaudadas (folio326).

RESPUESTA DE LOS DEMANDADOS
Quienes fungieron como árbitros manifestaron que dentro del pleito Comcel expresó que no le constaba el contenido de los correos ni su envió y recepción, además, la declaración de la testigo sí fue valorada, por lo que la vía de hecho endilgada no tiene fundamento; agregaron que la quejosa contó con otro medio de defensa, esto es, la anulación (folios 354 a 357).
En escrito separado, Luis Alfonso Ortiz del Hierro adujo que no está facultado para notificar a los intervinientes en el mencionado proceso, debido a la extinción del órgano colegiado encartado (folios 362 y 363).
Extemporáneamente, la sociedad anónima vinculada indicó que la tutela es inviable por dirigirse contra un pronunciamiento judicial; que el acervo probatorio sí fue analizado y que no se cumple el requisito de inmediatez porque entre la determinación atacada y el ampro transcurrieron más de tres meses (folios 371-357).

FALLO DEL TRIBUNAL
Negó el resguardo impetrado, toda vez que la decisión controvertida se fundamentó en una razonable apreciación de los medios demostrativos, sin que el juez constitucional pueda imponer su criterio (folios 366 a 370).

IMPUGNACIÓN
La propone el apoderado de la gestora reiterando los argumentos del libelo inicial y asegurando que de haber analizado todas las probanzas allegadas al litigio el arbitramento se habría resuelto de otra manera, añadió que el a-quo no motivó su proveído (folios 400 a 420):

CONSIDERACIONES
1.- La controversia se centra en determinar si con lo resuelto en el laudo arbitral de 26 de octubre de 2011, se quebrantaron los derechos de la promotora, por haberse incurrido en defecto fáctico.
2.- Esta acción está prevista en la Carta Política para proteger de forma inmediata y efectiva las prerrogativas fundamentales de los individuos, cuando resulten violadas o amenazadas por cualquier autoridad pública o por particulares, a menos que su titular tenga o haya tenido la posibilidad de hacerlas prevalecer por otros medios. Ahora bien, es sabido que las determinaciones jurisdiccionales sólo son susceptibles de ser cuestionadas por este camino, cuando con ellas se haya cometido una “vía de hecho”, siempre y cuando se solicite el resguardo en forma oportuna y se cumpla alguna de las causales genéricas de procedibilidad del mismo.
3.- Está acreditado, con incidencia en el caso bajo estudio, lo que pasa a señalarse:
a.-) Que la Comercializadora de Accesorios Celulares K-Celular Ltda. convocó un “Tribunal de Arbitramento” para que se declarara, entre otras cosas, que entre ella y Comcel S.A. se celebró un contrato de agencia comercial el 28 de enero de 1998; que dicho negocio se terminó por causas imputables a la sociedad anónima, y que el convenio que la accionante promovió “en el primer semestre de 2010 para la compra y activación de 196.000 Kits prepago… por parte de AVON, no se” materializó debido a “Comcel” (folios 58 a 66 del cuaderno 1).
b.-) Que el órgano colegiado estuvo integrado por Luis Alfonso Ortiz del Hierro, María Ximena Lombana Villalba y Jorge Luis Chalela Mantilla, quienes el 9 de diciembre de 2010, en la primera audiencia de trámite, resolvieron tener como pruebas los documentos allegados por las partes, decretaron el interrogatorio de los involucrados y el testimonio de Sandra Rodríguez (folios 40 a 54).
c.-) Que el 26 de octubre de 2011, se dictó el laudo que acogió parcialmente las súplicas de la demanda y no se endilgó responsabilidad a Comcel por el tercer negocio fallido con AVON (folios 189 a 215).
4.- No es viable la protección suplicada, por las siguientes razones:

El presente reclamo comporta un debate sobre la valoración probatoria hecha por un Tribunal de Arbitramento, específicamente sobre los testimonios y correos electrónicos recaudados, con los que la Comercializadora de Accesorios Celulares buscaba demostrar que no pudo finiquitar una negociación con Avon por hechos imputables a la demandada.


Tal reproche, a la luz de la jurisprudencia, resulta improcedente, pues, como lo ha sostenido la Corte, la ponderación de las probanzas es una actividad del resorte exclusivo del juez natural, habida cuenta que obrar en contrario equivaldría a utilizar este mecanismo como una tercera instancia, desconociendo los principios de independencia y autonomía que inspiran la función de administrar justicia.
Además, para que excepcionalmente se pueda invadir la órbita del juez de la causa por haber cometido un yerro en el juicio valorativo, éste debe ser de tal entidad que comporte una flagrante arbitrariedad o capricho, situación que no se configura en este asunto, donde el acusado, después de hacer un recuento de las declaraciones de los testigos y del dictamen pericial, estimó que no observaría el contenido de los correos electrónicos aportados “bajo el entendido de que no se logró comprobar su envío y recepción y que Comcel no reconoció su contenido”, para finalmente considerar que no hubo incumplimiento por parte de la allí demandada “en lo que atañe al frustrado tercer negocio, y se aclara que la transacción no se llevó a cabo por razones que, a la luz de la finalidad y naturaleza de la agencia mercantil, no generan la causación de la remuneración de acuerdo con lo establecido en el artículo 1322 del Código de Comercio” (folio 215).
En tal sentido, en un caso similar, la Sala manifestó que “[c]on este amparo se cuestiona la valoración probatoria efectuada por el Tribunal de Arbitramento aquí reprochado, que le condujo a acoger parcialmente las súplicas de la demanda inicial; en dichos términos, la queja no puede prosperar, dado que reiteradamente se ha señalado por la Sala que resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciación de los medios de acreditación hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial énfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en múltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: ‘(…) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoración de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera más certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspirándose en los principios científicos de la sana crítica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la vía de hecho solamente puede tener una aplicación en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (...) de forma que sólo es factible fundar una acción de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jurídico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoración probatoria por fuera de las reglas básicas de realización, práctica y apreciación, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia…’, condiciones que no se vislumbran en el caso concreto” (providencia de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00).
Así pues, que la autoridad censurada haya optado por darle mayor credibilidad a una determinada prueba, no comporta, como lo quiere hacer ver la querellante, el desconocimiento de sus garantías superiores, dado que, precisamente, la tarea de valorar implica, per se, la posibilidad de darle mayor fuerza demostrativa a ciertas probanzas.
5.- Por lo visto, se confirmará la providencia censurada.

DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.
Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes; y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.
Notifíquese


FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ


MARGARITA CABELLO BLANCO


RUTH MARINA DÍAZ RUEDA


ARIEL SALAZAR RAMÍREZ


ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ


JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ



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