Página principal

Corte suprema de justicia sala de casación civil magistrada Ponente: ruth marina díaz rueda


Descargar 19.91 Kb.
Fecha de conversión21.09.2016
Tamaño19.91 Kb.

República de Colombia



Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Civil



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL
Magistrada Ponente:

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA

Bogotá, D, E., veintiséis (26) de noviembre de dos mil diez (2010).



Ref. Exp. 68001-22-13-000-2010-00430-01
Decide la Corte la impugnación formulada contra el fallo de 27 de septiembre de 2010, proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, que negó tutela instaurada por Hilda Vega Rueda frente al Juzgado Quinto Civil del Circuito de la referida ciudad, trámite al cual fueron vinculados Imelda, Eberto, Miguel, rosalba, Amalia, Raquel y Ernestina Mendoza Prado como herederos de José Bautista Mendoza Mosquera y la Junta de Acción Comunal del barrio El Dorado de Floridablanca.
ANTECEDENTES
1. La actora impetró la protección de los derechos a la recreación, goce de un ambiente sano y el de educación de su menor hija, y con tal fin pidió ordenar al Despacho judicial accionado “cese la vulneración de los derechos afectados y se restituyan las cosas a su estado anterior, regresando el inmueble comunal al dominio de la comunidad” (fl. 7).
Como sustento adujo que José Bautista Mendoza Mosquera promovió proceso de pertenencia del predio ubicado en la calle 114 con carrera 31 del barrio El Dorado de Floridablanca frente a la Junta de Acción Comunal que correspondió al Juzgado Quinto Civil del Circuito, quien profirió sentencia el 18 de diciembre de 2009 que le adjudicó el dominio, proceder con el que la Juez accionada “desconoció y configuró una violación al derecho a la educación, recreación y un ambiente sano de la comunidad en general” (fl. 6), toda vez que en el asunto respectivo no se practicó inspección judicial tal como lo ordena el numeral 10 del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil, por tanto “la juez no pudo constatar que el terreno comunal es un bien de uso público en el cual funciona una escuela que se encuentra al servicio de la comunidad, en la cual se educan los hijos de los habitantes del barrio”(fl. 7).
2. La funcionaria demandada solicitó denegar el amparo por considerar que la actuación acusada se adelantó “en su plenitud de manera pública y en derecho”(fl. 16).
Imelda Mendoza Prado en su condición de heredera de José Bautista Mendoza Mosquera, manifestó que el trámite atacado cumplió las ritualidades previstas en la ley, y además la tutela no es el mecanismo para discutir la providencia mediante la cual su padre adquirió en forma legal el inmueble, tras haberlo poseído por espacio superior a los treinta años.
LA SENTENCIA IMPUGNADA
El Tribunal negó el amparo por estimar que “existen otras acciones que se pueden iniciar para que se conserve la destinación o el uso que esa comunidad quiere darle a esos terrenos, no siendo la acción de tutela la indicada para proteger unos derechos que de acuerdo con los hechos expuestos pueden ser derechos colectivos”, y además “es evidente que la señora Hilda Vega Rueda no está legitimada para invocar la protección de derechos fundamentales que se pudieran haber vulnerado en un proceso en el que no fue parte y si hubieran existido irregularidades en la forma en que se adelantó el proceso, es un asunto que solo atañe a quienes hicieron parte del mismo” (fl. 36).
LA IMPUGNACIÓN
La interesada interpuso “recurso de apelación” contra la determinación, y precisó que “tanto a mi, como a mi menor hija, nos afectan que el terreno donde siempre ha estado construida la cancha de basket y microfútbol, donde existe un kiosco para toda la comunidad, donde siempre ha existido el colegio público y la concentración escolar El Dorado de Floridablanca, donde hay un área de protección ambiental, se esté viendo amenazado y vulnerado por los rellenos sanitarios y escombros causando grave vulneración ambiental. Cabe precisar que estos rellenos perjudiciales para el medio ambiente, han sido propiciados por el demandante José Mendoza” (fl. 61).

CONSIDERACIONES
1. De la queja constitucional se infiere que la actora pretende la protección de los derechos “a la educación, recreación y goce de un ambiente sano” (fl. 8), los que estima vulnerados con la declaratoria de prescripción efectuada por el Despacho judicial accionado en providencia de 18 de diciembre de 2009, del bien en el cual aduce se encuentra ubicado un colegio público, canchas de basquetbol, microfútbol y un kiosco que disfruta la comunidad en general del barrio El Dorado de Floridablanca, fallo que se notificó por edicto el 15 de enero de 2010, quedó ejecutoriado el 22 de los citados mes y año, sin que contra el mismo se hubiera interpuesto recurso de apelación, y que además produce efectos erga omnes por así disponerlo el numeral 11 del artículo 407 del Código de Procedimiento Civil.
2. En el presente asunto, advierte la Corte, sin necesidad de evaluar el contenido del pronunciamiento ahora cuestionado por la interesada, que la tutela resulta improcedente, habida cuenta que ha trascurrido un holgado lapso desde la fecha de la decisión al 14 de septiembre de 2010 (fl. 12) en que se formuló la queja, luego no puede acudir a este medio de resguardo constitucional para invocar la vulneración de sus derechos, pues, pese a que no existe término de caducidad para interponerla, se impone ejercerla dentro de un plazo prudencial a efectos de que no se desnaturalice su razón de ser que no es otra que la protección inmediata de las garantías fundamentales del afectado.
En torno al tema, dijo esta Sala en sentencia de 14 de septiembre de 2007, exp. T- 01316-00:
(…) en suma, ante la reviviscencia pretoriana de la acción de tutela contra sentencias judiciales, se hace imprescindible fijar un término consuntivo del recurso constitucional, pues no puede quedar abierto intemporalmente el debate judicial, ya que ello conspiraría contra la seguridad jurídica y los derechos de todas las partes involucradas en el litigio, quienes fundados en la confianza legítima que les otorga la firmeza de un fallo judicial, no podrían ser sorprendidos en cualquier momento posterior, con un nuevo debate que frustre los derechos así adquiridos y las situaciones consolidadas. Las partes, y quienes con ellas puedan establecer relaciones de todo orden, ajustan su proceder a las señales que emite el ordenamiento jurídico por medio de las sentencias judiciales en firme. De este modo, en función de adquirir la certeza y predictibilidad necesarias a la estabilidad de las relaciones jurídicas, la clausura de la oportunidad de atacar las sentencias judiciales es un imperativo constitucional.
En el pasado las legislaciones procesales han fijado el término de perención en seis meses y ese podría ser un plazo razonable, pues sí la falta de impulso extinguía el proceso, y así continúa siendo en materia contencioso administrativa, el silencio prolongado del afectado frente a una presunta vía de hecho es relevante para juzgar la ausencia de actualidad del amparo (…)”.
3. Por lo anterior, es del caso ratificar la sentencia atacada, tal como se dispondrá en seguida.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado.
Notifíquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA

JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR

PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA

WILLIAM NAMÉN VARGAS

ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ

EDGARDO VILLAMIL PORTILLA




La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje