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Corte suprema de justicia sala de casación civil magistrada Ponente ruth marina díaz rueda


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República de Colombia



Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Civil



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL
Magistrada Ponente

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA
Bogotá D., C., trece (13) de septiembre de dos mil siete (2007).
Ref: Exp. N° 44001-22-14-000-2007-00017-02
Decide la Corte la impugnación interpuesta contra el fallo de 19 de julio de 2007, proferido por la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Riohacha, que negó la acción de tutela instaurada por Juana Remedios Zúñiga Márquez contra el Juzgado Promiscuo de Familia de la misma ciudad, trámite al cual fueron vinculados Juan Segundo Zúñiga Zárate, Yesenia Margarita Zúñiga de Salas, Alba María Zúñiga Márquez y José Miguel Zúñiga Pana.


I. ANTECEDENTES


1. Por intermedio de apoderado, solicitó la accionante la protección de su derecho fundamental al debido proceso, y como consecuencia de ello, se declare sin efecto toda la actuación surtida a partir de la sentencia de 24 de septiembre de 2001, dictada dentro de la sucesión de Juan Bautista Zúñiga Valdeblanquez, para en su lugar disponer que se rehaga el trabajo de partición, corrigiéndose los errores en los que allí se cayó.


En auxilio de las anteriores pretensiones, señaló que ante la autoridad judicial aquí demandada se tramitó la causa atrás aludida, en la cual, se la reconoció como heredera junto con las personas vinculadas a este rito constitucional y se aprobaron los inventarios y avalúos por auto de 28 de agosto de 2000; precisó, que no obstante haberse aportado los folios de matrícula inmobiliaria, se incurrió en errores en la “inclusión” y “adjudicación” de algunos bienes raíces, amen de omitirse la citación de los títulos que les precedían y establecer “la ejecutoria de la sentencia objeto de registro”.
Indicó, igualmente, que al interior del juicio se designó partidora, quien presentó su trabajo el 17 de octubre de 2000, el que resultó incólume a pesar de la objeción formulada, última que se despachó desfavorablemente en providencia de 30 de marzo de 2001, dando lugar en consecuencia a la sentencia de 24 de septiembre del mismo año, “la que no es susceptible de apelación”, quedando en firme la tarea mencionada.
2. El juzgado de quien se dice vulneró de la garantía fundamental relacionada, dio respuesta al escrito introductor expresando “que no se violó el derecho fundamental al debido proceso por estar el trabajo de partición tal cual como se relacionaron los bienes en la diligencia de inventario y avalúo”, precisando, que si se incluyeron bienes “en cabeza de otra persona deberá solicitarse su exclusión a través de un proceso ordinario ante el juez civil del circuito”. Apuntó, asimismo, que lo que si se advierte “es que ciertamente se omitió por el señor partidor fue (sic) citar el título de antecedente del inmueble adjudicado”, por lo que consideró “que debe tutelarse por éste único aspecto”.

3. La Corporación que en primera instancia conoció de las diligencias, dijo, para adoptar su determinación denegatoria del amparo, que el quejoso constitucional omitió dentro del desarrollo del sucesorio indicado, recurrir los inventarios y avalúos, peticionar incidentalmente la exclusión de partidas indebidas, impugnar los vicios ahora denunciados a la gestión partitiva, protestar oportunamente la decisión que no acogió la objeción a la última, apelar el fallo de primer grado, y solicitar la aclaración o adición del anterior.


De la misma manera, explicitó, que no se ha demostrado la utilización del proceso ordinario para la exclusión de bienes indebidamente inventariados y adjudicados, al igual que el trámite notarial dispuesto para el efecto.

Finalmente, adujo que resulta “inoportuna e irrazonable en el tiempo la presente acción” atendiendo el año de la determinación censurada, esto es, 2001.


4. Inconforme con la decisión, procedió el apoderado de la actora a impugnarla, para lo cual planteó, entre otros argumentos, que le asiste legitimación a su representada para elevar la súplica fundamental, toda vez que al haberse incluido en su hijuela un inmueble que no es de propiedad del causante, se afecta su patrimonio.

II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE:

Dentro de la especie que corresponde analizar a la Corte en este momento, la censura surge del acto del juez accionado que dispuso aprobar en todas y cada una de sus partes el trabajo de partición realizado en la sucesión intestada del causante Juan Bautista Zúñiga Valdeblanquez.


El cariz del ataque, como se puede observar, se enfila contra una providencia judicial que, por su data, le permiten concluir, sin duda alguna a la Corte, el incumplimiento del presupuesto de inmediatez, imperativo en la tutela. Baste mirar, para corroborar lo anterior, que la sentencia mencionada precedentemente se calendó el 24 de septiembre de 2001, esto es, superando el margen que se ha estimado o fijado como razonable para una censura por vía constitucional, lo cual exime a la Sala de consideraciones adicionales, para impartir confirmación al fallo impugnado.
Explicativo de esta posición de la Corporación, su reciente pronunciamiento de 2 de agosto de 2007 (Exp. T. No. 00188-01), el cual constituye un hito en la fijación de criterios en torno al tópico aludido. Así, se dijo:
“(…) si bien la jurisprudencia no ha señalado de manera unánime el término en el cual debe operar el decaimiento de la petición de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, sí resulta diáfano que éste no puede ser tan amplio que impida la consolidación de las situaciones jurídicas creadas por la jurisdicción y, menos aún, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aquí ha transcurrido, (algo más de dos años), además de excesivo, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposición del amparo y el ánimo, simplemente, de reabrir una cuestión oportunamente decidida por la jurisdicción. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinación judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que éste último no pierda su razón de ser, convirtiéndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y legítimos intereses de terceros.

“Así las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostró, ni invocó siquiera, justificación de tal demora por el accionante”.


3. Sin necesidad de exposiciones adicionales, se confirmará la sentencia impugnada.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado.

Notifíquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y vinculados; y, remítase el expediente a la Corte Constitucional, para la eventual revisión.

Notifíquese y Cúmplase

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA


JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR

PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA

WILLIAM NAMÉN VARGAS

ARTURO SOLARTE RODRÍGUEZ


CÉSAR JULIO VALENCIA COPETE

(En comisión de servicios)


EDGARDO VILLAMIL PORTILLA




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