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Corte suprema de justicia sala de casación civil magistrada Ponente ruth marina diaz rueda


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República de Colombia



Corte Suprema de Justicia

Sala de Casación Civil


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL
Magistrada Ponente

RUTH MARINA DIAZ RUEDA

Bogotá, D., C, quince (15) de noviembre de dos mil seis (2006).


Ref: Exp. N° 13001-22-13-000-2006-00178-01
Decide la Corte la impugnación interpuesta contra el fallo de 21 de septiembre de 2006, proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cartagena, que negó la acción de tutela instaurada por el señor Víctor Fernando Del Río Pereira contra el Juzgado Primero de Familia de la misma ciudad, trámite al que fueron vinculados los señores Adelina Quintana de Del Río, José Miguel, Susana y Esther Del Río Díaz, Rodolfo, Rubén, María Victoria, Raymundo, Ricardo y Carlos Del Río Quintana, y los Juzgados Sexto y Séptimo de Familia de la misma ciudad.


I. ANTECEDENTES

1. El peticionario sostiene que el juzgado accionado le vulneró los derechos fundamentales de acceso a la administración de justicia y al debido proceso con ocasión del proceso de separación de bienes de mutuo acuerdo adelantado por los señores Adelina Quintana de Del Río y Víctor Fernando Del Río Del Río, por lo que solicita que se ordene al accionado “volver las cosas al estado anterior de la violación del debido proceso”, a fin de rehacer el procedimiento en los términos señalados por la ley. (Folio 7).


Manifiesta que el referido proceso terminó por conciliación entre las partes la que fue aprobada en sentencia de 8 de abril de 1996, en la que además se dispuso la disolución de la sociedad conyugal y se impartió aprobación a la liquidación presentada por los interesados; que la mencionada providencia fue aclarada el 11 de julio, el 15 de octubre de 1996 y 18 de julio de 2005, en las que finalmente se adjudicó a la señora Quintana 10 inmuebles por valor total de $198.880.000, mientras que al señor Del Río solamente 2 bienes por valor de $33.230.000, no señalando el juzgado que la renuncia parcial de los gananciales se hizo sin perjuicio de los intereses de terceros. Agregó que la sentencia no ha sido registrada en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, como tampoco las providencias aclaratorias, por lo que aún aparece su padre como propietario de los bienes de la sociedad conyugal.
Que fallecido el señor Del Río, se inició proceso de sucesión que actualmente se adelanta ante el juzgado séptimo de familia de Cartagena, en el que el accionante fue reconocido como hijo extramatrimonial del causante, por lo que en condición de heredero instaura la presente acción porque frente a la renuncia parcial de gananciales efectuada por su padre se ha afectado “ilícitamente” su derecho a la herencia, ya que el monto de la misma fue reducida sustancialmente con el referido hecho, del que tuvo conocimiento en el proceso de sucesión. Añadió que la providencia con la que finalizó el proceso constituye vía de hecho porque la renuncia a gananciales es inoponible a los terceros en los términos del artículo 1775 del Código Civil.
2. El juzgado accionado además de remitir el proceso de separación de bienes, dijo que el proceso de separación de bienes por mutuo acuerdo entre los señores Quintana y Del Río, se adelantó en forme legal y finalizó porque las partes así lo solicitaron; que el señor Del Río dentro de la autonomía de su voluntad renunció a parte de sus gananciales y que si se estima que hubo simulación la vía expedita es el proceso ordinario y no la acción de tutela. Por lo anterior solicitó denegar la acción de tutela por improcedente, (folio 56); por su parte el juzgado séptimo de familia remitió copias del proceso de sucesión. (Folio 57).

3. El Tribunal denegó el amparo deprecado por encontrarlo improcedente por cuanto para la fecha en que se adelantó el referido proceso, el accionante era “simple expectante” en cuanto a la herencia del padre, sin que tuviera derecho concreto sobre la misma; además, el cónyuge tenía la libre administración de sus bienes siendo enteramente válida la renuncia a gananciales en los términos del artículo 1775 del Código Civil; e igualmente, porque si considera que la renuncia de gananciales no es válida y adicionalmente le causa un perjuicio, porque muerto su padre el 2 de diciembre de 2004 la sucesión se ha venido adelantando con un acervo patrimonial muy reducido, tiene a su alcance además del proceso ordinario, medio idóneo para aniquilar la presunción de validez que recae sobre la renuncia a gananciales, el mecanismo de la nulidad procesal frente a las falencias del juez, pues hasta ahora, no se ha dado la inscripción de la distribución de los bienes en el registro de instrumentos públicos, continuando los bienes con el carácter de sociales e integrantes del acervo patrimonial que debe atenderse dentro del proceso de sucesión.


4. El accionante impugnó sin manifestar los motivos de su inconformidad. (Folio 66 vuelto).


II. CONSIDERACIONES DE LA CORTE:

Al rompe denota la Corte que la tutela interpuesta por el señor Víctor Fernando Del Río está indefectiblemente signada por la improcedencia, como quiera que el accionante cuenta con la posibilidad cierta y efectiva, para controvertir los aspectos procesales y jurídicos planteados en la presentación de la acción, atacando la presunción de validez que recae sobre la renuncia a gananciales así como aniquilar la liquidación de bienes que en su momento concertaron los cónyuges, y que ahora son objeto de sus cuestionamientos, siendo la vía ordinaria, el medio idóneo para ello.


Desde luego que la existencia de ese medio de defensa judicial de carácter ordinario, es suficiente para no acceder a las súplicas recabadas en el escrito de tutela, por así disponerlo expresamente el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política y el numeral 1º del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, que no permite esta acción cuando han existido o existen otros mecanismos de defensa que le permiten al interesado controvertir ante la autoridad competente los hechos sobre los cuales soportó la queja constitucional.
Luego, frente a cualquiera de los derechos que se dicen conculcados por la dependencia judicial accionada, es evidente que el mecanismo de la tutela no es de recibo, porque la acción constitucional no fue establecida para sustituir o desplazar las competencias propias de los jueces naturales, pretextando la supuesta violación de derechos fundamentales.
Por las anteriores razones se confirma el fallo impugnado.

III. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado.



Notifíquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y vinculados; y, en oportunidad remítase el expediente a la Corte Constitucional, para la eventual revisión.
Notifíquese y Cúmplase

JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR

MANUEL ISIDRO ARDILA VELASQUEZ

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA

CARLOS IGNACIO JARAMILLO JARAMILLO

PEDRO OCTAVIO MUNAR CADENA

CESAR JULIO VALENCIA COPETE

EDGARDO VILLAMIL PORTILLA




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