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Corte suprema de justicia sala de casación civil luis armando tolosa villabona magistrado ponente stc4262-2015


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República de Colombia


Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado ponente
STC4262-2015

Radicación n.° 11001-02-03-000-2015-00752-00


(Aprobado en sesión de quince de abril de dos mil quince)

Bogotá, D. C., dieciséis (16) de abril de dos mil quince (2015).

Decídese la tutela promovida por Luz Marina Vásquez Páez, Sonia Erley Melo Rojas, Jorge, Alberto, Mireya, Ingrid y Mallely Melo Vásquez contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, integrada por los magistrados Gloria Isabel Espinel Fajardo, Iván Alfredo Fajardo Bernal y Carlos Alejo Barrero Arias, con ocasión del juicio declarativo de unión marital de hecho promovido por Flor Adelina Vega Basallo respecto de los herederos de Jorge Alberto Melo Ramírez.



  1. ANTECEDENTES

1. Los gestores suplican la protección de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente lesionada por la autoridad judicial accionada.


2. En sustento de su inconformidad acotan, en concreto, que la señora Flor Adelina Vega Basallo promovió juicio ordinario en contra de los tutelantes, a fin de obtener la declaratoria de “(…) existencia de unión marital de hecho y su correspondiente liquidación (…)” respecto al fallecido padre de los aquí promotores, señor Alberto Melo Ramírez (q.e.p.d.), manifestando aquélla como fecha de iniciación de la convivencia el “(…) 24 de mayo de 2006 (…)”.
Refieren que el Juzgado Tercero de
Descongestión de Familia de Bogotá dictó fallo estimatorio de las pretensiones, reconociendo los extremos temporales de la aludida relación “(…) a partir del 24 de diciembre de 2008 hasta el 18 de agosto de 2009 (…)”.
Inconforme con la sentencia del a quo, la allí demandante la apeló, aduciendo que “(…) no [se] tuv[ieron en] cuenta los testimonios de sus testigos (…)”, recurso desatado por el Tribunal querellado, quien revocó parcialmente la providencia, declarando el lapso de la unión marital desde “(…) el 31 de diciembre de 2006 al 18 de agosto de 2009 (…)”.
Censuran la última de las determinaciones dictadas, porque en su sentir, la Corporación querellada realizó una valoración arbitraria y caprichosa de los testimonios rendidos por Rosa Arias Pira y Roberto Cárdenas Vargas, los cuales fueron imprecisos, al no aportar suficientes datos para establecer con exactitud la “(…) comunidad y permanencia marital entre Flor Adelina Vega Basallo y Alberto Melo (q.e.p.d.) (…)”.
3. Por tanto, imploran invalidar la providencia de segundo grado y en su lugar, acoger la decisión de primera instancia.
1.1. Respuesta de los accionados
La Corporación accionada guardó silencio.
El Juzgado Tercero de Descongestión de Familia de Bogotá se limitó a remitir en calidad de préstamo el expediente materia de éste litigio.


  1. CONSIDERACIONES

1. Únicamente las determinaciones judiciales arbitrarias con directa repercusión en las garantías constitucionales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por vía de tutela, siempre y cuando, claro está, su titular haya agotado los medios legales ordinarios y extraordinarios dispuestos para hacerlos prevalecer dentro del correspondiente pleito.


2. Los tutelantes arremeten contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa capital porque en la sentencia dictada el 30 de septiembre de 2014, supuso la existencia de la referida unión marital de hecho a partir del 31 de diciembre de 2006, sin existir medio probatorio demostrativo de tal circunstancia.
3. De entrada se advierte la improsperidad del resguardo, al avizorar la Corte que la acción de tutela se deprecó tardíamente el 9 de abril de 2015, cuando han transcurrido más de 189 días de emitido el pronunciamiento arriba señalado, período que supera el lapso de seis (6) meses adoptado por la Sala como razonable para reclamar la protección.
Sobre este tópico, memoró esta Corporación:
“(…) [S]i bien la jurisprudencia no ha señalado unánime el término en el cual debe operar el decaimiento de la petición de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, sí resulta diáfano que éste no puede ser tan amplio que impida la consolidación de las situaciones jurídicas creadas por la jurisdicción (…), [por tanto] (…) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinación judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que éste último no pierda su razón de ser (…) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostró, ni invocó siquiera, justificación de tal demora por el accionante (…)”1.
Los peticionarios no pueden acudir a este auxilio iusfundamental a señalar la vulneración de sus intereses a su arbitrio, pues si bien no existe término de caducidad para interponerlo, sí se impone ejercerlo dentro de un plazo prudente, más aún cuando la urgencia que se precisa para predicar lo grave del perjuicio, exige una pronta reacción del supuesto lesionado o agraviado.
4. Al margen de lo anterior, revisado el memorado sublite, no se advierte la vulneración de los derechos fundamentales invocados, al avizorar la Corte que el colegiado accionado examinó razonablemente la actuación, lo cual descarta un actuar irregular producto de su exclusiva voluntad.
En efecto, para resolver de la manera criticada, el ad quem se refirió expresamente a lo depuesto por cada testigo así:
“(…) [R]osa Arias Pira (fI. 178 - 180 Cd. Ppal.) dijo conocer a la demandante hace más de veinte años por cuanto fue vecina del
barrio "Los Alpes de Ciudad Bolívar", además de que prácticamente sus hijas (las de la testigo) "se criaron con las hijas de ella"; que al señor Jorge Alberto Melo Ramírez lo conoció
hace más de seis años porque tenía una droguería en el barrio”; que la demandante y el señor Jorge se hicieron novios y se fueron a vivir a la casa de Flor Vega, porque la casa del finado (sic) Jorge estaba en construcción, ahí fue cuando él se llevó (sic) la ropa para la casa de Flor Vega" y
entre los dos comenzaron
a construir la casa "construyeron el segundo y el tercer piso, fue cuando ellos compraron sus cosas, su televisor, juego de alcoba, su nevera, lavadora y cortinas”; aseguró que la pareja nunca se separó, "hasta el día
de la muerte del finadito (sic) Jorge, como en el año
2006 Flor y el Finadito (sic) Jorge se fueron a vivir juntos.
Roberto Cárdenas Vargas (fI. 182 - 185 Cd. Ppal.)
sin parentesco con las partes, afirmó haber llegado al barrio "Los Alpes" a mediados del año 1993, momento desde el cual empezó a ver a la señora Flor y explicó “ella tiene una casa en el barrio y a sus tres muchachos dos mujeres y un hombre que ya son adultos, eso hace cerca de (sic) 20 años"; que al señor
Jorge lo "distinguió" en el
barrio "como a finales del años (sic) 2005 empezando 2006", con quien puede decir, tenía una amistad ya que el montó (sic) una droguería allí y normalmente [aquél] entraba a comprar medicina y hacer[se]
inyectar porque
[le] daba mucho dolor en los pies. Dijo que a comienzos del 2006 “don Jorge se fue a convivir con la señora Flor a la casa de ella, allá vivían y todas las tardes lo veía pasar para la casa de la señora Flor con ella o en las mañanas cuando salía abrir la droguería pasaba con la señora Flor como también lo acompañaba normalmente algunas veces la señorita una mucha llamada Sonia, se comentaba que era hija de Jorge”, que ayudaba a atender la droguería cuando don Jorge no podía estar ahí, y que el causante se fue a vivir a la casa de la señora Flor “porque en ese momento empezó a ampliar o seguir construyendo su casa en ese lugar sobre la avenida (…)”.
Ahora, para desestimar lo afirmado por los otros declarantes citados a dicho pleito, señaló:
“(…) [E]n lo que respecta a las versiones rendidas por los testigos de descargo, advierte la Sala que incurrieron en serias contradicciones entre sí, así como las manifestaciones que hicieron los mismos demandados en sus interrogatorios, circunstancia que hace que sus dichos carezcan de credibilidad

En efecto: el testigo Guillermo Chaparro Roberto, al preguntársele concretamente frente la relación que existió entre la demandante y el hoy fallecido Jorge Alberto Melo, aseguró "yo los veía como amigos (…) los veía pasar, a veces entraban a mi negocio a la panadería a comprar pan o a tomar gaseosa” y luego aseguró que cuando falleció don Jorge Alberto, éste habitaba el tercer piso del inmueble junto con su hija Sonia; en otros términos, fue renuente a testificar acerca de la existencia de la unión marital de hecho entre la demandante y el citado señor Jorge Alberto. La testigo Yheimy Andrea Cristancho Burgos, por su lado, no obstante haber asegurado que entre la citada pareja existió una convivencia por espacio de tres
meses, en respuesta posterior dijo haber tenido conocimiento de que la demandante era la esposa del señor Alberto por cuanto
este “llegó (sic) a llorar a la funeraria”, y luego refrió que se enteró de que la pareja convivió porque así
se lo contó su padre (de la testigo) (…)”.
5. Así las cosas se descarta la posibilidad de predicar una vía de hecho en el auto reseñado porque, al margen del criterio que la Corte pudiera tener2, no se advierte un proceder arbitrario y caprichoso por parte del accionado, por tanto, no hay lugar a la intervención de esta particular justicia, reservada para casos de evidente desafuero judicial.
Ahora, si los gestores disienten de estas apreciaciones, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional; no es suficiente una decisión discutible o poco convincente, sino que ésta se encuentre afectada por defectos superlativos y carentes de fundamento objetivo, situación que por supuesto no ocurre en el subexámine.
Al respecto, esta Sala ha sostenido:
“(…) [C]omparta o no, [esta Corporación] el análisis (…) efectuado por los juzgadores accionados, el mecanismo de amparo constitucional no está previsto para desquiciar providencias judiciales con apoyo en la diferencia de opinión de aquéllos a quienes fueron adversas, obrar en contrario equivaldría al desconocimiento de los principios de autonomía e independencia que inspiran la función pública de administrar justicia y conllevaría a erosionar el régimen de jurisdicción y competencias previstas en el ordenamiento jurídico a través del ejercicio espurio de una facultad constitucional, al que exhorta el promotor de este amparo (…)”3.
6. La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar el amparo constitucional porque la tutela no es instrumento para definir cuál planteamiento hermenéutico en las hipótesis de subsunción legal es el válido, ni cuál de las inferencias valorativas de los elementos fácticos es la más acertada o la más correcta para dar lugar a la intervención del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario.
7. Por las razones anotadas, el amparo deprecado será negado.


  1. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,


RESUELVE:
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Luz Marina Vásquez Páez, Sonia Erley Melo Rojas, Jorge, Alberto, Mireya, Ingrid y Mallely Melo Vásquez contra la Sala de Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, integrada por los magistrados Gloria Isabel Espinel Fajardo, Iván Alfredo Fajardo Bernal y Carlos Alejo Barrero Arias, con ocasión del juicio declarativo de unión marital de hecho promovido por Flor Adelina Vega Basallo respecto de los herederos de Jorge Alberto Melo Ramírez.
SEGUNDO: Devuélvase el expediente al Juzgado de origen.
TERCERO: Notifíquese lo así decidido, mediante comunicación telegráfica, a todos los interesados.
CUARTO: Si este fallo no fuere impugnado, remítase la actuación a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Presidente de Sala




MARGARITA CABELLO BLANCO


ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO


FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ


ARIEL SALAZAR RAMÍREZ


JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ

1CSJ STC 2 de agosto. 2007, Rad. 00188-01, reiterada, entre otros pronunciamientos, en aquel de 16 de mayo de 2013, Rad. 000103-01.



2CSJ. STC. 17 abr. 2013, Rad. 00743-00; véase igualmente, entre otras, las sentencias de 15 de febrero de 2012, Rad. 00219-00 y 10 de mayo de 2005, Rad. 00142-00.

3CSJ. STC. 15 de feb. 2011, rad. 2010-01404-01, reiterado STC. 24. sep. 2013, rad. 2013-02137-00.



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