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Corte suprema de justicia sala de casación civil luis armando tolosa villabona magistrado ponente stc1587-2015 Radicación n.° 11001-02-03-000-2015-00283-00


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República de Colombia


Corte Suprema de Justicia



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL


LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado ponente

STC1587-2015

Radicación n.° 11001-02-03-000-2015-00283-00

(Aprobado en sesión de dieciocho de febrero de dos mil quince)


Bogotá, D. C., diecinueve (19) de febrero de dos mil quince (2015).
Decídese la acción de tutela impetrada por Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, integrada por los magistrados Martha Patricia Guzmán Álvarez, Luis Fernando Uribe García y Adriana Largo Taborda, con ocasión del juicio ordinario de responsabilidad civil extracontractual iniciado por Deymis Alvarado Gutiérrez, Marlon Bernardo Ruiz Arroyo, Iván Francisco Montenegro Arroyo y Ricardo Amador Jiménez, como representante de sus hijos Jesús David y Jhan Andrés Amador Arroyo, contra Jorge Enrique Gómez Sandoval y la Empresa de Transportes –Cooperativa Multiactiva de Transportadores Omega LTDA.-



  1. ANTECEDENTES


1. Por conducto de apoderado judicial, la sociedad actora solicita el amparo del derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la Corporación acusada.
2. En sustento de la queja, expone que el 15 de enero de 2005, ocurrió un accidente de tránsito en el cual estuvo involucrado un vehículo afiliado a la Cooperativa demandada. Advierte que como consecuencia de ese siniestro perdieron la vida Mariela Chiquinquirá Arroyo Rodríguez y la menor Tatiana Alvarado Arroyo.
Señala que la prenombrada empresa había tomado con ella una
“(…) póliza de accidentes personales a pasajeros (…) cuyo valor asegurado para la fecha de los hechos era de cien salarios mínimos legales mensuales vigentes (100 SMLMV), es decir la suma de treinta y ocho millones ciento cincuenta mil pesos ($38.150.000) (…)”.
Relata que Deymis Alvarado Gutiérrez, en calidad de padre, presentó reclamación por el fallecimiento de la menor Alvarado Arroyo, para obtener la indemnización correspondiente por la muerte de aquélla, exigencia atendida, pues se le canceló el “(…) límite del valor asegurado, previa firma de contrato de transacción (…), con lo cual se extinguió su obligación (…)” como aseguradora.
Afirma que en idénticos términos a los descritos, se procedió a pagarle a Ricardo Amador Jiménez, en nombre de sus hijos Jesús David y Jhan Andrés Amador Arroyo, el monto en relación con Mariela Chiquinquirá Arroyo.
Indica que el proceso objeto de censura se inició luego de sufragarse los mencionados emolumentos. En ese trámite, la Cooperativa referida la llamó en garantía y una vez se notificó impetró las excepciones denominadas
“(…) prescripción de la acción derivada del contrato de transporte, transacción, inexistencia de responsabilidad civil contractual por muerte de las pasajeras (…) y frente al llamamiento (…) propuso (…) pago total del valor asegurado (…)” (subraya del texto).
En primera instancia se declaró probada la defensa de transacción y con ello se le liberó de responder por los perjuicios reclamados en el juicio.
Esa providencia fue apelada por los extremos procesales y el Tribunal, el 12 de diciembre de 2014 decidió, entre otras cuestiones, adicionarla para declarar la nulidad absoluta del contrato de transacción celebrado entre ella y Ricardo Amador Jiménez, como representante de los niños Amador Arroyo.
Asimismo, le impuso a aquél restituirle a la Aseguradora $51.818.000 “(…) equivalente al valor debidamente corregido de la cantidad recibida como contraprestación de la transacción que fuera invalidada (…)” y a ella la condenó a reembolsarle a la citada Cooperativa “(…) el monto que cancele para solucionar las condenas (…) impuestas, sin exceder el monto del valor asegurado (…)”.
Aduce que si bien se le liberó de responsabilidad por estimarse válida la transacción celebrada con Deymis Alvarado Gutiérrez, no acaeció lo mismo con la suscrita con Ricardo Amador Jiménez, por cuanto se estimó, equivocadamente, que debía contarse con “(…) aprobación judicial (…)” para ese negocio, exigencia deducida de la indebida aplicación del artículo 489 del Código Civil, el cual consagra tal condición para “(…) los tutores y curadores (…) no [para] el padre como representante legal de los menores (…)”.
La Corporación atacada incurrió en vía de hecho por defecto sustantivo, pues las restricciones legales no pueden ser deducidas por analogía, sino que deben estar expresamente contempladas.
Agrega que revisadas las disposiciones reglamentarias de la patria potestad, no se halla impedimento alguno para realizar transacciones en representación de los hijos, justamente, la única prohibición existente, consignada en el artículo 304 ídem, se refiere a la donación de los bienes del hijo, el arriendo de aquéllos y la aceptación o repudiación de herencias, actos para los cuales sí está prevista la exigencia de permiso judicial (fls. 69 al 80).
3. Pide, en consecuencia, anular la sentencia de segunda instancia (fl. 81).



    1. Respuesta del accionado

La autoridad convocada guardó silencio sobre el auxilio pretendido.



2. CONSIDERACIONES
1. Examinada la queja constitucional, surge procedente la salvaguarda constitucional deprecada, pues en el pronunciamiento de 12 de diciembre de 2014, mediante el cual se dispuso revocar parcialmente la providencia del a quo, se observan irregularidades lesivas del derecho fundamental al debido proceso de la solicitante.
2. En el citado pronunciamiento se infirmó el de primer grado para: (i) declarar civil y solidariamente responsables a los demandados de los perjuicios ocasionados a los demandantes Jesús David y Jhan Andrés Amador Arroyo, representados por su padre; (ii) denegar las pretensiones respecto de Deymis Alvarado Gutiérrez, Marlon Bernardo Ruiz Arroyo, Iván Francisco Montenegro Arroyo; (iii) condenar al extremo pasivo a pagarle a Jesús David y Jhan Andrés Amador Arroyo $26.000.000, para cada uno por concepto de indemnización de daños morales; (iv) adicionar la sentencia para declarar la nulidad de la transacción celebrada entre la Aseguradora accionante y Ricardo Amador Jiménez, en nombre de sus hijos menores; (v) ordenar al prenombrado restituir a dicha compañía de seguros $51.818.000 “(…) equivalente al valor debidamente corregido de la cantidad recibida como contraprestación de la transacción que fuera invalidada (…)”; (vi) declarar parcialmente probadas las excepciones de transacción y pago del valor asegurado, propuestas por la tutelante; (vii) tener por fundado el llamamiento en garantía realizado por la Cooperativa Multiactiva de Transportadores Omega LTDA. a la aquí peticionaria; y (vii) condenar a ésta a reembolsarle a la Cooperativa “(…) el monto que cancele para solucionar las condenas (…) impuestas, sin exceder el monto del valor asegurado (…)” (fls. 33 al 58).
Auscultada esa decisión, se encuentra que el Tribunal convocado, para adoptar las determinaciones contrarias a los intereses de la Aseguradora aquí reclamante, adujo que “(…) el contrato de transacción (…)” celebrado entre ésta y Ricardo Amador Jiménez, en nombre de sus hijos, no tendría los mismos efectos otorgados al suscrito con Deymis Alvarado Gutiérrez, por estar afectado de nulidad absoluta.
Lo anterior, por cuanto:
“(…) la capacidad para celebrar contratos de transacción está radicada en las personas con capacidad de disponer sobre la cosa o derecho materia de transacción (artículo 2470 del Código Civil), y que en tratándose de menores de edad se requiere que el negocio jurídico sea celebrado por quienes ejercen su representación legal, con independencia de que sean los titulares de la patria potestad o guardadores.
En el mismo sentido, se recuerda que el legislador civil determinó que la celebración de negocios jurídicos de carácter dispositivo, celebrados en nombre de la persona sometida a patria potestad, tales como la donación, la venta, el arrendamiento por largos períodos de tiempo, la aceptación o la repudiación de la herencia, requieren de la observancia de las formalidades impuestas a los guardadores para administrar los negocios del pupilo (artículo 304 del Código Civil). Y también se resalta que la norma vigente para la época de celebración de la transacción disponía que ‘Se necesita asimismo previo decreto judicial para proceder a transacciones o compromisos sobre derechos del pupilo, que se avalúen en más de mil pesos, y sobre sus bienes raíces; y en cada caso la transacción o el fallo del compromisario se someterá a la aprobación judicial, so pena de nulidad (artículo 489 del Código Civil).
También se pone de presente que la obtención de la autorización judicial de dichos actos jurídicos está sujeta al agotamiento de un proceso de jurisdicción voluntaria, (…) (inciso 1° del artículo 653 del Código de Procedimiento Civil), aparte de precisar que las transacciones que se autoricen ‘requerirán la ulterior aprobación del juez que concedió la licencia’ (artículo 654 (…) ídem).
Este cúmulo de disposiciones revela que la validez de las transacciones superiores a cincuenta salarios mínimos a nombre de menores de edad no se deriva de su simple suscripción, pues está supeditada al agotamiento de una serie de formalidades establecidas para proteger los intereses de los menores de edad, que en compendio consisten en: ser autorizadas por un funcionario judicial, celebrarse en el término dispuesto en el respectivo permiso, y ser aprobadas por el juez que concedió la licencia.
De manera que, es evidente que la transacción aludida está viciada de nulidad absoluta por inobservancia de las formalidades establecidas para dotar de validez el acto jurídico, pues se omitió por completo el agotamiento de las solemnidades establecidas para transigir a nombre de menores de edad; y la invalidez detectada es susceptible de declararse de oficio, pues surge del texto del contrato invalidado (…).
Y en vista del efecto retroactivo que acompaña a la declaración de nulidad de un contrato, tal declaración otorga a las partes el derecho a ser restituidas al estado en que se encontraban con anterioridad a la celebración del acto o contrato (artículo 1746 del Código Civil), luego el señor Ricardo Amador Jiménez quien actuó como representante legal de sus hijos debe restituir la suma cancelada a raíz de la transacción invalidada (…)”.

Por lo expuesto, concluyó que las defensas de “(…) transacción y pago total del valor asegurado (…)”, impetradas por la actora tenían un éxito parcial, dada la nulidad declarada del contrato de transacción celebrado con Ricardo Amador Jiménez en nombre de sus hijos.


3. De las consideraciones reseñadas en precedencia, se extrae que el Colegiado denunciado efectuó una interpretación alejada del ordenamiento jurídico, pues extendió la aplicación del antes vigente artículo 489 del Código Civil a una situación para la cual no estaba previsto.
En efecto, exigió la existencia de una autorización judicial, previa a la celebración de la denominada “transacción”, sin tener en cuenta que el objeto de la misma no fue la disposición de bienes inmuebles y tampoco “(…) la donación, la venta, el arrendamiento por largos períodos de tiempo, la aceptación o la repudiación de la herencia (…)”, actividades que por expresa disposición legal –arts. 303 y 304 ídem-, sí necesitan de las “(…) formalidades impuestas a los guardadores para administrar los negocios del pupilo (…)”, tales como el permiso judicial.
Como lo aseveró la querellante, la Corporación acusada desconoció que el citado canon 489 regulaba la actividad del guardador respecto de su pupilo y no la del padre en relación con su hijo; además, revisadas las normas sobre la patria potestad, consignadas en los preceptos 288 y siguientes ídem, no se observa la limitación, para quien la detenta, de obtener una licencia judicial cuando suscribe algún acuerdo sobre activos que, como en este caso, ni siquiera han entrado en el patrimonio del representado.
Debe advertirse que en el documento anulado por el Tribunal, llamado “(…) contrato de transacción (…)”, las partes, entre otras cuestiones pactaron:
“(…) la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA LTDA. pagara con afectación y en los términos de las condiciones generales de la póliza número 99000000133 la suma contratada correspondiente al otorgamiento de la cobertura por el amparo de muerte de la pasajera fallecida señora MARIELA CHIQUINQUIRÁ ARROYO RODRÍGUEZ al señor RICARDO AMADOR JIMÉNEZ como padre y representante legal de los menores JESÚS DAVID AMADOR ARROYO y JHAN ANDRÉS AMADOR ARROYO en los términos y porcentajes contenidos en el artículo 1142 del Código de Comercial, a raíz del siniestro señalado en el numeral primero, la suma de TREINTA Y OCHO MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($38.150.000), suma que es aceptada y recibida LIBRE Y VOLUNTARIAMENTE por el señor AMADOR JIMÉNEZ.
“(…) De conformidad con [la] cláusula cuarta de la póliza (…) el pago de la indemnización realizada (…) libera al Asegurado Cooperativa integral de Transportes Omega, al conductor señor LIBARDO JOSÉ BARRERA CALDERÓN y al propietario del bus señor JORGE ENRIQUE GÓMEZ SANDOVAL de toda su responsabilidad ante el ocupante accidentado o a sus beneficiarios hasta por la suma indemnizada por la compañía Aseguradora Solidaria de Colombia (…)”.
“(…) El señor RICARDO AMADOR JIMÉNEZ como padre y representante legal de los menores JESÚS DAVID AMADOR ARROYO y JHAN ANDRÉS AMADOR ARROYO renuncia expresamente a presentar cualquier reclamación presente o futura de tipo penal, civil, laboral, policiva, comercial, administrativa o de cualquier otra índole, en contra de la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Ltda. por los hechos que son motivo de esta transacción y declara a paz y salvo por todo concepto a la ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA Ltda. (…)”.
De lo discurrido, se desprende que no resultaba dable invalidar el reseñado negocio aseverando la ausencia de licencia judicial del padre de los menores Amador Arroyo para transigir y, de contera, la falta de capacidad de ese extremo del contrato.
Como viene de verse, además de no estar expresamente consignada la obligatoriedad de agotar dicha formalidad para suscribir un acuerdo como el reseñado, las cuestiones aplicables a los guardadores no pueden ser impuestas a la administración de los bienes del hijo por parte de sus padres, por ser dichas figuras, como lo ha estimado esta Sala, “incompatibles”.
4. Sobre lo discurrido esta Corporación ha indicado:

“(…) El ordenamiento patrio, en punto de salvaguardar los intereses de aquellos incapaces que no se encuentren bajo la patria potestad de sus padres instituyó las guardas, que definió como ‘cargos impuestos a ciertas personas a favor de aquellos que no pueden dirigirse a sí mismos, o administrar competentemente sus negocios, y que no se hallen bajo potestad de padre o marido, que pueda darles la protección debida’ (artículo 428 del Código Civil), función que por lo general, es ejercida por sus parientes. En ese orden de ideas cabe asentar, de una vez, que la guarda es incompatible con la patria potestad (…)”1 (subraya fuera de texto).


Asimismo, se ha sostenido:
“(…) No puede admitirse que los principios generales sobre limitación de las facultades de los administradores de bienes ajenos, entre los que se cuentan los guardadores, sean aplicables al padre de familia; puesto que ni lógica, ni histórica, ni jurídicamente hablando el padre puede parangonarse con un simple guardador, desde luego que según la ley este solo se da a los hijos de familia que carecen de padre o madre, y que por consiguiente no se hallan bajo patria potestad, relación jurídica que es incompatible con la de la guarda (…)”.
“(…) No es el caso de llenar por analogía y con disposiciones concernientes a la guarda, las deficiencias o vacíos que puedan existir en el régimen legal de la administración del padre de familia, porque si se comparan las disposiciones que gobiernan las dos instituciones jurídicas, se observa que a los padres de familia la ley ha dado facultades administrativas más amplias que al guardador, con fundamento en la participación que por vía de usufructo legal goza el padre de familia sobre la mayor parte de los bienes del hijo, y porque el legislador entiende que el afecto procedente de los más próximos vínculos de la sangre, fomenta en el padre un interés y un celo en favor del patrimonio del hijo, que no existen de parte del guardador en relación con los bienes de su pupilo (…)” 2.

De igual modo, la Corte ha expresado:



"(…) Los actos o contratos de los absolutamente incapaces, afectados de nulidad absoluta en conformidad con lo prevenido por el inc. 2° del art. 1741, no son aquellos que se ejecutan o celebran por quienes tienen su representación, o en que el incapaz se encuentre o puede hallarse interesado; sino los efectuados por él directa o personalmente, en consideración a la ausencia de capacidad civil en que se halla para ejecutarlos por sí mismo (…)”3.
Adicionalmente, se destaca que la doctrina también ha apoyado el criterio jurisprudencial citado. Justamente, el tratadista Fernando Vélez ha indicado:
“(…) de las limitaciones que tiene la administración de los guardadores, sólo comprenden a los padres las que expresamente reproduce el artículo 304, y (…) por lo tanto, las otras nada tienen que ver con ellos. Más claro: en los casos a que las otras se refieren pueden obrar los padres libremente. Por lo mismo, podrán, por ejemplo, sin previo y posterior decreto judicial, transigir sobre bienes del hijo que puedan enajenar sin necesidad de autorización judicial (arts. 489 y 2.470), y celebrar compromisos sobre derechos del hijo (art. 489) (…)”4.

5. Por otro lado, vale la pena señalar que no existe duda en relación con la licencia judicial que necesitan los progenitores para disponer de los inmuebles de propiedad de sus representados, pues así lo impone el artículo 304 del Código Civil, empero, no ocurre lo mismo en cuanto a los bienes muebles, dado que para la administración de éstos no se exige tal autorización. Así, esta Sala en sede de casación indicó:
"(…) El padre o madre que ejerce la patria potestad de sus hijos no emancipados no está sometido a la formalidad de la autorización judicial ni a la pública subasta para enajenar o gravar bienes muebles preciosos del hijo. Tratándose de esa clase de bienes, las formalidades aludidas las exige la ley (C. C, arts. 483 y 484), respecto de los tutores o curadores, pero no respecto de los padres (…)”5.
En el mismo sentido Luis Claro Solar ha sostenido:
“(…) La prohibición se refiere únicamente a los bienes raíces; y por consiguiente no afecta a los bienes muebles. Ha seguido en esto el Código el mismo criterio que adoptó respecto de los bienes de la mujer casada (…).
(…) [S]i el hijo tiene esta clase de bienes, el padre podrá venderlos sin tener que pedir al juez su autorización; y dar a los capitales que representan otra inversión que así puede ser provechosa como puede resultar en definitiva perjudicial
Pero tal es la disposición de la ley; y el hecho de que sólo contemple la prohibición los bienes raíces, es prueba de que el padre no tiene necesidad de solicitar autorización judicial para enajenar los bienes muebles del hijo, que administra, ni para constituir en ellos derechos reales a favor de terceros para los efectos de la administración que ejerce.
Con respecto a los tutores y curadores, el art. 393 dice que no es lícito a éstos, ‘enajenar o empeñarlos muebles preciosos o que tengan valor de afección’; y por consiguiente, no diciendo nada respecto de esta clase de muebles al tratar de la administración legal del padre de familia, es evidente que éste podría vender aún estos muebles preciosos (…)”6.
Lo anteriormente expuesto, permite sostener que si no existen restricciones para disponer de los bienes muebles del hijo, no resulta acertado estimar que al efectuar una “transacción”, que no versa sobre inmuebles y que recae exclusivamente sobre activos aún no insertos en el patrimonio del representado, sea necesario que quien detenta la patria potestad adelante un juicio para obtener una licencia en aras de poder celebrar dicho negocio jurídico.
Adviértase que se puede transigir sobre la acción civil que nace del delito (art. 2472 C.C), sin perjuicio de la responsabilidad penal. Distinta y especial es la situación de las reglas 2473 ídem (Estado civil) y 2474 ídem (alimentos futuros), y por supuesto la prevista en los artículos 303 y 304 ídem; así como los alcances del artículo 103 del C. de Co., modificado por el artículo 2° de la Ley 225 de 1995, en los términos de la sentencia C-716 de 2006.
6. En consecuencia, se encuentra la vía de hecho endilgada a los funcionarios accionados, por cuanto, sin efectuar un discernimiento sobre las cuestiones antes reseñadas, coligieron la nulidad de un contrato que, en cuanto atañe a la capacidad para ser celebrado, no generaba motivo de invalidez.
Se relieva que si lo pretendido por el Tribunal era garantizar las prerrogativas fundamentales de los menores Amador Arroyo, debió proceder a valorar el contenido mismo del documento y no a imponer un requisito formal fuera del ordenamiento jurídico.
7. Si bien esta Corte ha considerado que en la labor de administrar justicia, los juzgadores gozan de libertad para la exégesis del ordenamiento jurídico y la valoración de los elementos demostrativos7, motivo por el cual el fallador de tutela no puede inmiscuirse en sus pronunciamientos; no obstante, en los eventos en los cuales la autoridad profiere una decisión ostensiblemente contradictoria o desajustada del plexo normativo, como la aquí atacada, es factible la intervención de esta particular jurisdicción, por cuanto, se afecta rectamente el debido proceso y el principio de identidad en la construcción del silogismo judicial, menoscabando el derecho a la defensa.
8. De acuerdo con lo discurrido, el resguardo demandado será concedido. En consecuencia, se le ordenará a la Corporación atacada dejar sin efecto la decisión de 12 de diciembre de 2014 y proceder a dictarla, nuevamente, teniendo en cuenta las cuestiones expuestas en esta providencia.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONCEDER la tutela solicitada por Aseguradora Solidaria de Colombia Entidad Cooperativa frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la misma ciudad, integrada por los magistrados Martha Patricia Guzmán Álvarez, Luis Fernando Uribe García y Adriana Largo Taborda, con ocasión del juicio ordinario de responsabilidad civil iniciado por Deymis Alvarado Gutiérrez, Marlon Bernardo Ruiz Arroyo, Iván Francisco Montenegro Arroyo y Ricardo Amador Jiménez, como representante de sus hijos Jesús David y Jhan Andrés Amador Arroyo, contra Jorge Enrique Gómez Sandoval y la Empresa de Transportes –Cooperativa Multiactiva de Transportadores Omega LTDA.-
En consecuencia, se les ordena a los funcionarios accionados que en el término de cuarenta y ocho (48) horas, siguientes a la notificación de esta determinación, dejen sin efecto la decisión de 12 de diciembre de 2014 y procedan a dictarla, nuevamente, teniendo en cuenta los lineamientos expuestos en esta decisión.
SEGUNDO: Notifíquese lo así decidido, mediante comunicación telegráfica, a todos los interesados.
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Presidente de Sala




MARGARITA CABELLO BLANCO


ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO


FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ


ARIEL SALAZAR RAMÍREZ


JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ

1CSJ SC de 3 de septiembre de 2009, exp. No. No.11001310300820010104001.

2CSJ SC 28 marzo 1931, xxxvi, 301.

3CSJ SC 9 junio 1953, LXXV, 301.

4CSJ SC 9 junio 1953, LXXV, 301.

5CSJ SC 28 marzo 1931, xxxvi, 303.

6CSJ SC 28 marzo 1931, xxxvi, 303.

7 CLARO Solar. Luis. Derecho Civil Chileno y Comparado. Volumen II. Editorial Jurídica de Chile. Págs. 306 y 307.



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