Página principal

Corte suprema de justicia sala de casación civil luis armando tolosa villabona magistrado ponente stc1637-2016 Radicación n.° 15001-22-13-000-2015-00667-01


Descargar 26.48 Kb.
Fecha de conversión22.09.2016
Tamaño26.48 Kb.

República de Colombia


Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Magistrado ponente
STC1637-2016

Radicación n.° 15001-22-13-000-2015-00667-01

(Aprobado en sesión de diez de febrero de dos mil dieciséis)


Bogotá, D. C., doce (12) de febrero de dos mil dieciséis (2016).
Decídese la impugnación formulada frente a la sentencia dictada el 14 de diciembre de 2015 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, dentro de la tutela promovida por Fernando Cuadrado, José Ignacio Gil Villamil y Nubia Esperanza Gil Yagama, en representación de la sucesión de su progenitora cesionaria María Eva Yagama Rubio, contra los Juzgados Primero de Familia de esa ciudad y Promiscuo Municipal de Villa de Leyva, con la vinculación de la Procuraduría Regional de Boyacá, Priscila Gil Medina, Víctor Augusto Buenaventura, Berly Gil Ávila, Blanca Flor Gil Camargo, María del Carmen, Lorenzo, Eduardo, Rosalbina, María Leonilde, Guillermo y Luis Sierra Cuadrado, Eulagio Parra Mendoza y Luis Eduardo Dorajas Garavito.



  1. ANTECEDENTES

1. Los accionantes deprecan la salvaguarda de los derechos a la propiedad, acceso a la justicia, vivienda e igualdad, supuestamente quebrantados por las autoridades acusadas.


2. Su reclamación se soporta en los hechos que enseguida se compendian (fls. 1 a 6 c-1):
2.1. Aducen que el Juez Primero de Familia de Tunja en el proceso sucesorio de Juan Gil y Filomena Medina, comisionó al Promiscuo Municipal de Villa de Leyva para la entrega de los lotes a ellos adjudicados por el auxiliar de la justicia en el trabajo de partición aprobado.
2.2. Al momento de practicarse la diligencia formularon oposición porque los predios materialmente entregados no coincidían en su extensión y linderos con los estrictamente asignados por el Partidor, por cuanto en la entrega de los tres primeros no se respetó la demarcación realizada por aquél.
2.3. El funcionario comisionado rechazó esas defensas y negó la apelación interpuesta contra esta decisión.
3. Solicitan el restablecimiento de las garantías quebrantadas con ocasión de la entrega arbitraria efectuada por las autoridades acusadas (fl. 6)
1.1. Contestación de los accionados y vinculados
El Juez Promiscuo Municipal acusado expuso haber acatado la orden impartida por el comitente, de ahí que si existe alguna vulneración deberá indagarse al interior del juicio (fl. 316 c-1).
El Primero de Familia de Tunja se opuso al amparo por no haberse cumplido con el requisito de inmediatez, amén de contarse con otras acciones ordinarias para esclarecer lo relacionado con el deslinde, posesión, reivindicación o usucapión de los fundos (fls. 317 y 318).
La Procuraduría Provincial de Tunja pidió su exclusión del trámite por falta de legitimación en la causa por pasiva, en razón a no haber intervenido en el asunto objeto de debate (fls. 334 a 339).
1.2. La sentencia impugnada
Negó el amparo por estimar que ningún agravio se cometió en las decisiones adoptadas por los jueces acusados consistentes en rechazar las oposiciones presentadas por los accionantes; no se puede acudir a este mecanismo como si fuera una instancia más; y éstos cuentan con otras acciones ordinarias para reclamar la reparación de las garantías presuntamente cercenadas en la entrega (fls. 345 a 358).
1.3. La impugnación
La proponen los gestores José Ignacio Gil Villamil y Nubia Esperanza Gil Yagama insistiendo en los argumentos dados en la demanda inicial; añaden que lo pretendido es invalidar la entrega que hizo el comitente (fls. 381 y 382).
2. CONSIDERACIONES
1. Lo realmente perseguido por los impugnantes es dejar sin efecto la entrega de los fundos realizada por el Juzgado Promiscuo Municipal de Villa de Leyva en cumplimiento de la comisión conferida por el Primero de Familia de Tunja dentro de la sucesión intestada de Juan Gil y Filomena Medina, por cuanto los recibidos materialmente no concuerdan en su extensión y linderos con los lotes adjudicados en la hijuela respectiva del trabajo partitivo aprobado

2. Si a Nubia Esperanza Gil Yagama el comitente le hizo la entrega material del inmueble el 23 de julio de 2014 y a José Ignacio Gil Villamil el 16 de septiembre del mismo año, se colige la improcedencia del resguardo por incumplimiento del presupuesto de inmediatez, pues la acción de tutela fue instaurada tardíamente el 24 de noviembre de 2015 (fls. 206 c-1), cuando habían transcurrido más de 6 meses de practicadas las diligencias, período que supera con creces el lapso adoptado por la Sala como razonable para reclamar la protección.


Sobre este punto, memoró esta Corte:
(…) [S]i bien la jurisprudencia no ha señalado unánime el término en el cual debe operar el decaimiento de la petición de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, sí resulta diáfano que éste no puede ser tan amplio que impida la consolidación de las situaciones jurídicas creadas por la jurisdicción (…), [por tanto] (…) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinación judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que éste último no pierda su razón de ser (…) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostró, ni invocó siquiera, justificación de tal demora por el accionante (…)”1.
Los impugnantes no pueden instaurar el auxilio iusfundamental para señalar la vulneración de sus intereses a su arbitrio, pues si bien no existe término de caducidad para interponerlo, sí se impone ejercerlo dentro de un plazo prudente, más aún si la urgencia que se precisa para predicar lo grave del perjuicio, exige una pronta reacción del supuesto lesionado o agraviado.
3. Finalmente, la acción de amparo no es el mecanismo idóneo para invalidar las presuntas irregularidades cometidas en la entrega de los fundos adjudicados a los recurrentes en el trabajo de partición [si las porciones por ellos recibida materialmente no coincide con la extensión y linderos indicados en dicha pieza procesal], pues, como dejó asentado el Tribunal constitucional a quo, aquéllos pueden acudir a la acción pertinente tendiente a clarificar y determinar las zonas limítrofes que habrán de ser materia de la demarcación de lo adjudicado, escenario donde tendrán todas las garantías otorgadas por el ordenamiento para demostrar que la diligencia de entrega realizada por el funcionario comisionado no se realizó con apego a la legalidad.
La existencia de herramientas judiciales propicias para obtener el resguardo de los derechos fundamentales, está contemplada como causal de improcedencia en el canon 86, inciso 3º de la Constitución Política, en concordancia con el 6º, numeral 1º del Decreto 2591 de 1991.
En una acción similar esta Sala indicó:
(…) Desde esa perspectiva, es claro el fracaso de la protección deprecada por cuanto no fue instituida, como se anticipó, para sustituir los instrumentos ordinarios consagrados por el legislador en favor de las partes o para adelantarse a las decisiones que le corresponde adoptar al juez del proceso, sino única y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta agraviada o afectada en una garantía fundamental, carezca de recursos judiciales para atacarla o aunque contando con ellos no sean idóneos para el efecto (…)”2.
4. Por los anteriores argumentos, se impone la confirmación del fallo impugnado.
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, contenido y procedencia anotadas.
SEGUNDO: Comunicar telegráficamente lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

Presidente de Sala




MARGARITA CABELLO BLANCO


FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ


ARIEL SALAZAR RAMÍREZ


LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

1CSJ STC 2 de agosto. 2007, Rad. 00188-01, reiterada, entre otros pronunciamientos, en aquel de 16 de mayo de 2013, Rad. 000103-01.

2 Sentencia de 20 de marzo de 2012, exp. 2012-00192-01



La base de datos está protegida por derechos de autor ©espanito.com 2016
enviar mensaje