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Corte suprema de justicia sala de casación civil jesús vall de rutén ruiz magistrado ponente stc10099-2014 Radicación n.° 08001-22-13-000-2014-00116-02


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República de Colombia


Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ

Magistrado ponente

STC10099-2014

Radicación n.° 08001-22-13-000-2014-00116-02

(Aprobado en sesión de treinta de julio de dos mil catorce)


Bogotá, D. C., treinta y uno (31) de julio de dos mil catorce (2014).
Decide la Corte la impugnación formulada contra la sentencia de 16 de junio de 2014, proferida por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, dentro de la acción de tutela instaurada por Jhony Anderson Hurtado Suárez contra el Ministerio de Defensa Nacional - Policía Nacional y el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación Superior – ICFES, trámite al que fueron vinculados José Manuel Pinto Rangel, Edwin Oswaldo Rodríguez Meneses, Willinton Benítez Martín, Fabián Alberto Murcia Riaño, José Alexander Mafla Mora, Adid Smith Ruíz Salcedo, Álvaro Andrés Ortega Luna, Jhilvert Stid Ruíz Chacón, Carlos Andrés Franco Loaiza, Ronald David Restrepo Vélez, Yeison Adolfo Uribe Sánchez, Julio César Rojas Prada, Millerlandy Galeano Villa, José Joaquín Vaca Bohórquez, Natalia Andrea Álvarez Cipamocha, Daniel Bejarano Vélez, Yader Yovanny Guzmán López, Eilin Yurana Arias Tuberquía, Juan Carlos Ibáñez Cardozo, José Ferney Mahecha Quintero, Diego Fernando Sandoval Cruz, Carlos Alberto Torres Espinosa, Elkin Rolando Moreno Pardo, Milton Emilio Muriel Quiroga, Diego Fernando Gil Guzmán, Milton Eduardo Gallón Rodríguez, Luis Robinson Hernández Duarte, Aleider Sánchez Botello, Pedro Antonio Duarte Morales, Bernardo Andrés Tapia Cabrera, Jorge Andrés Mosquera Osuna, Mauricio Otálora Manrique, Hernán Antonio Bolívar Manjarrés, Eduard Jonathan Uribe Restrepo y David Julián Parra Muñoz.
ANTECEDENTES
1. El accionante, a través de apoderado judicial, reclama protección constitucional de los derechos fundamentales a la defensa, al debido proceso y a la contradicción, que dice vulnerados por las entidades convocadas (fl. 5, cdno. 1).
Solicita, entonces, «DECLARAR SIN EFECTO el Acto Administrativo (…) No. S-2014-050390 ADEHU-GUPOL-1.10 de fecha febrero 14 de 2014» y «[cesar] cualquier acto que atente contra los Derechos conculcados, tales como TRASLADOS, DESMEJORAMIENTOS, PRESIONES INDEBIDAS [y] ACUSACIONES INFUNDADAS» (fl. 9, cdno. 1).

2. En sustento de sus pretensiones relató que es patrullero de la Policía Nacional y se inscribió en la convocatoria interna que realizó esa institución en convenio interadministrativo con el ICFES, para el concurso de ascenso al grado de subintendente, con ocasión del cual presentó la prueba académica respectiva el 1º de diciembre de 2013, en la que obtuvo el puesto 123 con un porcentaje equivalente al 75,68%, por lo que fue llamado al curso práctico de capacitación en la ciudad de Cartagena, incurriendo en diferentes gastos para la adquisición de uniformes y demás elementos necesarios para participar en el mismo.


Expuso que de manera «inusitad[a] y sin mayores explicaciones» el Ministerio de Defensa - Policía Nacional expidió el 14 de febrero de 2014 el acto administrativo No. S-2014-050390 ADEHU-GUPOL-1.10, en el cual expuso que de acuerdo a novedad detectada y reportada por el ICFES «se estableció que 35 patrulleros de los que habían sido habilitados inicialmente para adelantar el correspondiente curso [dentro de los cuales se encuentra el accionante], incurrieron en fraude (copia)», por lo que «suspende el curso de capacitación [a ese] (…) personal», y en la misma decisión dispuso quienes ocuparían esas plazas, teniendo en cuenta las personas con los puntajes más altos, ya excluidas las suspendidas, para con aquéllas continuar las etapas subsiguientes.
Adujo que el mentado acto afrenta las garantías invocadas por cuanto (i) no está debidamente motivado ni existe indicio alguno que lleve a concluir que él hizo fraude en la prueba académica, la cual «super[ó] en franca lid», destacando que con antelación a ella no tuvo acceso a la cartilla de preguntas y que dentro de su formación académica cuenta con la realización de diferentes diplomados y actualmente cursa séptimo semestre de derecho, «con promedios altísimos»; y (ii) resulta contradictorio porque realmente no existe una suspensión del concurso sino que es dejado por fuera del mismo al disponer que continuara con las personas que obtuvieron un puntaje inferior al suyo (fls. 2 a 5, cdno. 1).
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS
1. El ICFES al contestar deprecó la denegación de la acción por cuanto no vulneró garantía alguna a su promotor, precisando que la información que brindó a la Policía Nacional fue el resultado del control posterior que realizó conforme al artículo 4º de la Resolución 00187 de 18 de marzo de 2013, edificado en «un Algoritmo de Detección de Copia (…), el cual permite (…) construir con alto grado de certeza hipótesis de fraude»; a lo que agregó que ese instituto sólo genera el reporte y quien decide sobre los efectos del mismo es la entidad policial (fls. 65 a 73 y 74 a 82, cdno. 1).
2. La Policía Nacional, a través de su Dirección de Talento Humano, respondió el libelo solicitando que fuera declarado improcedente, toda vez que lo pretendido era dejar sin efecto un acto administrativo frente al cual el actor no acreditó haber agotado las acciones contencioso administrativas respectivas, desconociendo la presunción de legalidad que lo ampara y que no fue demostrada la presencia de perjuicio irremediable que implicara la concesión del ruego como mecanismo transitorio.
Indicó que en todo momento ha respetado las reglas previamente establecidas en la convocatoria para el ascenso al grado de subintendente 2013 y que al adoptar la decisión censurada tuvo en cuenta la información proporcionada por el ICFES con ocasión del requerimiento que le efectuó ante presuntas anomalías en la aplicación de las pruebas, misma por la cual «inició algunas investigaciones disciplinarias (…) [en las que] profirieron la apertura de las indagaciones preliminares, radicadas bajo el número P-REGI4-2014-44 y P-MEBAR-2014-31 (…), entre otras».
Agregó que era notable que el gestor y otras 34 personas fueron suspendidas del concurso pero no excluidas del mismo, medida preventiva que mantendrá hasta culminar las investigaciones correspondientes, las que de resultar favorables al accionante implicarán que continúe en el trámite de selección, en los términos que en su debido momento disponga esa autoridad, precisando que no hay lugar a suspender el desarrollo de las subsiguientes etapas frente a los demás aspirantes, máxime cuando el porcentaje de los suspendidos no supera el 0,76% de quienes participan en la convocatoria (fls. 48 a 63 y 85 a 105, cdno 1).
LA SENTENCIA IMPUGNADA
La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior de Barranquilla, luego de reponer la actuación de acuerdo a lo dispuesto por esta Corporación en ocasión anterior al declarar la nulidad de lo actuado, denegó el resguardo señalando que a pesar de que la decisión atacada por el accionante es «un acto de trámite o de ejecución, que no es susceptible por regla general de los recursos de la vía gubernativa, ni tampoco de las acciones contencioso administrativas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 49 del C.C.A.», el amparo no se abre paso por cuanto aquélla es «una medida provisional que adoptó la Policía Nacional, mientras se determina las responsabilidades a que haya lugar, frente a las irregularidades ocurridas en el proceso de selección, sin que tal determinación constituya una afectación al derecho al debido proceso del actor», sumado a que éste «cuenta con los mecanismos ordinarios para la defensa de sus intereses, dentro de las indagaciones preliminares (…), y que en el evento de resultar absuelto, podrá continuar adelantando el respectivo curso». A lo cual añadió que el petente «no precisó (…) cuál es el perjuicio irremediable que procura prever» (fls. 174 a 179, cdno. 1).
LA IMPUGNACIÓN
El actor censuró el referido fallo trascribiendo casi de manera integral el libelo introductor, adicionando que sí existe un perjuicio irremediable reflejado en que mientras sus compañeros obtendrán el ascenso perseguido y, por ende, una mayor remuneración, él está impedido de ello al encontrarse «separado del curso de ascenso y hay una afectación a su reputación, ya que por los medios hablados y escritos el Director Nacional se refirió en términos de prejuzgamiento a FRAUDE y lo más grave hay incorporaciones de personal que no calificó en las pruebas ACADÉMICAS», a lo que debe sumarse que nunca «fue informado de la existencia de alguna investigación interna o algo parecido, que permitiera ejercer el derecho a la Defensa», pues «sólo hasta el 22 de marzo de 2014 es que conoce la INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA y su debida notificación, pero ya no como preliminar» (fls. 203 a 211, cdno. 1).
CONSIDERACIONES
1. Al tenor del artículo 86 de la Constitución Política, la acción de tutela es un mecanismo singular establecido para la protección inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violación que pueda derivarse de la acción u omisión de las autoridades públicas o, en determinadas hipótesis, de los particulares.
La Corte jurisprudencialmente ha decantado que este instrumento de defensa no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, pues, mientras las personas tengan a su alcance medios regulares de defensa judicial o los mismos estén siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este remedio constitucional, a menos que la tutela se interponga como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable y, por supuesto, se observe el requisito de la inmediatez connatural a su ejercicio.
2. En este escenario excepcional, sin duda, el actor pretende la revisión de la decisión adoptada en la comunicación No. S-2014-050390-ADEHU-GUPOL-1.10 de 14 de febrero de 2014, emitida por la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional, mediante la cual dispuso, con base en un “algoritmo de detección de copia”, suspender «el curso de capacitación para el ingreso al grado de Subintendente» a 35 patrulleros, incluido él, que inicialmente habían sido reportados como aprobados y convocados a aquella etapa, ordenando su retorno a las «unidades de origen», a la vez que allí relacionó los 35 «puntajes más altos, posteriores a los reportados como aprobados en el listado [inicial]», citando a quienes los obtuvieron para que iniciaran dicha preparación en lugar de los «suspendidos».
3. Es de advertirse que si bien la tutela no procede cuando existen otros mecanismos de defensa, en el sub lite no puede aseverarse categóricamente que el accionante cuente con acción Contencioso Administrativa contra la decisión de suspenderlo que él critica, ya que no es dable afirmar a ciencia cierta que ese acto de la administración habría de ser tenido como definitivo por la justicia competente, pues en apariencia se contrae a una suspensión que no a una exclusión, y bien podría argüirse que se trata de un simple acto de trámite no susceptible de controversia en sede judicial. En ese contexto no resulta procedente someter al gestor del resguardo a la contingencia de un eventual rechazo de la demanda que platee ante la Jurisdicción de lo Contencioso-Administrativo, con todas las vicisitudes que ello implicaría respecto a la futura búsqueda de protección de sus derechos fundamentales, incluida su posible tardanza.
4. La Sala no comparte que la denominada suspensión de la participación del accionante en el concurso, acompañada además de la vinculación al mismo de los titulares de los siguientes 35 puntajes, pueda ser tomada como una simple medida provisional, correspondiendo en derecho entenderla bien como una sanción, dado que sus efectos de hecho lucen definitivos, o bien como una medida cautelar, toda vez que la entidad accionada expresamente manifestó al responder la demanda constitucional, que el promotor de la tutela debe ejercer el derecho de defensa al interior de la actuación disciplinaria que le ha iniciado, entremezclando de paso las competencias de la autoridad que la adelanta y las de la encargada de gestionar el concurso.
5. Si se la toma como una sanción, sabido es que, tal como desde antaño lo ha expuesto la jurisprudencia, no puede procederse a su imposición sin que previamente se le haya sido permitido al afectado ejercer su derecho de defensa.
En cuanto al particular la Corte Constitucional ha expuesto que:
(…) excluir al administrado del conocimiento previo de la sanción a aplicar y negar, por ende, la posibilidad de controvertirla antes de su imposición, vulnera el derecho fundamental al debido proceso, pues puede convertirse en un acto arbitrario, contrario al Estado de derecho. También ha manifestado esta Corporación, que lo que la norma constitucional pretende es que la aplicación de una sanción sea el resultado de un proceso, por breve que éste sea, aún en el caso de que la norma concreta no lo prevea.

 

(…)

 

"La jurisprudencia de esta Corporación ha sido clara al señalar que la aplicación de plano de una sanción, vulnera el debido proceso, pues no otorga al gobernado la posibilidad de controvertir, antes de la sanción, las razones que le asisten para no ser objeto de ella. Un acto sancionatorio, desprovisto de un proceso previo, es un acto arbitrario, contrario al Estado de derecho, previsto en la Constitución." (Sentencia C-05, del 22 de enero de 1998, M.P., doctor Jorge Arango Mejía)
(…)  

 

En cuanto a la posible interpretación de que no existe violación al debido proceso, pues el afectado puede controvertir la decisión de la administración interponiendo los recursos administrativos, la Corte también ha manifestado que no obstante existir esta posibilidad, no es posible eludir el proceso previo a la imposición de la sanción.


(…)

 

"En consecuencia, carece de respaldo constitucional la imposición de sanciones administrativas de plano con fundamento en la comprobación objetiva de una conducta ilegal, en razón del desconocimiento que ello implica de los principios de contradicción y de presunción de inocencia, los cuales hacen parte del núcleo esencial del derecho al debido proceso." (sentencia T-143 del 21 de abril de 1993, M.P., doctor Eduardo Cifuentes Muñoz) (CC T-020/98).


Por ese sendero, en un asunto donde el ICFES decidió anular algunos exámenes en los que sospechaba que los evaluados habían incurrido en fraude, la misma corporación de justicia dijo:
(…) no se discute la competencia del ICFES de anular los exámenes que presenten (…) irregularidades (…), pero, antes de adoptar esta decisión debió informárseles a los interesados sobre el asunto, sus consecuencias y sobre la oportunidad para controvertir el asunto.

La comunicación [del] (…) ICFES (…) se limitó a señalar lo que estableció el "copy detector", pero no sobre quién le copió a quién, o si hubo acuerdo entre los examinados, ni sobre la ubicación de los interesados en el salón de examen (…). Es decir, existen algunos aspectos no definidos sobre el asunto (…).
(…) 
Cabe observar que, la tutela que se concede, de ninguna manera puede entenderse en el sentido de que la administración no pueda aplicar las sanciones que se derivan de la comprobación de un hecho fraudulento o irregular, sino que para imponer las sanciones respectivas, debe mediar el debido proceso previo. (Ibídem)
6. Ahora bien si se la mira como una medida preventiva atada al trámite disciplinario es claro que la misma no corresponde a ninguna de las hipótesis previstas al interior del mismo, ya que no se trata ni de la suspensión del cargo, ni de una de las medidas preventivas contempladas en el artículo 160 del Código Disciplinario Único.
7. Bajo los anteriores lineamientos, siendo evidente que al aquí accionante le fueron conculcados su derecho a la defensa y al debido proceso, la Corte otorgará la protección solicitada, máxime cuando observa que la denominada suspensión del actor únicamente fue soportada en el informe que rindió el ICFES a la Policía Nacional, el cual se basa en una comprobación de márgenes estadísticos que elude cualquier referencia a la conducta particular del accionante, que permita efectuar un reproche así sea preliminar sobre la misma.
No está de más destacar que aunque la Policía Nacional afirma que la medida restrictiva impuesta al accionante tiene efectos temporales que no definitivos, al considerar que si el actor no es hallado responsable le será permitido retomar el curso, resulta evidente que la aparente suspensión no tiene ésta condición sino que en verdad es una exclusión de hecho, pues, iterase, cuando aquélla autoridad defina de fondo el asunto disciplinario que inició en contra del accionante y otros patrulleros, el curso de ascenso ya habrá culminado.
8. Por lo anterior, la Corporación revocará el fallo constitucional de primera instancia y, en su lugar, concederá el amparo impetrado.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la sentencia impugnada y, en su lugar, CONCEDE el amparo del derecho al debido proceso administrativo del accionante, efecto para el cual dispone:
ORDENAR a la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional que a través de su Director y/o quien haga sus veces, dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas, contado a partir del día siguiente a la notificación de la presente providencia, tras dejar sin valor y efecto la decisión que «suspendió» al peticionario del concurso de ascenso al grado de subintendente - 2013, adopte las medidas necesarias para que el gestor continúe con las etapas de la citada convocatoria, efectuando la nivelación que resulte necesaria para que quede en las mismas condiciones de los participantes a los cuales no se les ha impedido continuar.
La autoridad accionada deberá enterar a esta Corporación sobre el cumplimiento de la orden anterior, a más tardar dentro de los tres (3) días siguientes al vencimiento de aquél.

Comuníquese mediante telegrama a los interesados, remítaseles copia de esta providencia y envíese el expediente a la Corte Constitucional para la eventual revisión.



JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ

Presidente de Sala



MARGARITA CABELLO BLANCO

RUTH MARINA DÍAZ RUEDA

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

(Ausencia justificada)




LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA



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