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Corte suprema de justicia sala de casación civil fernando giraldo gutiérrez magistrado ponente stc2804-2015 Radicación nº. 76111-22-13-000-2014-00420-01


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República de Colombia




Corte Suprema de Justicia



CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL
FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ

Magistrado ponente
STC2804-2015

Radicación nº. 76111-22-13-000-2014-00420-01

(Aprobado en sesión de once de marzo de dos mil quince).


Bogotá, D. C., doce (12) de marzo de dos mil quince (2015).
Decide la Corte la impugnación formulada respecto del fallo de 3 de diciembre de 2014, proferido por la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, que negó la tutela de Sandra Yuliet Enríquez Echavarría frente al Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira; siendo vinculados Deidamia Garcés Tenorio, John Jairo Velázquez Ríos y Pedro Nel Enríquez Echavarría.

I.- ANTECEDENTES
1.- Obrando directamente, la promotora sostiene que le fue vulnerado el debido proceso.
2.- Señala como contrario a esa garantía que no le fue comunicada adecuadamente, dentro del proceso ordinario de resolución de compraventa, la acumulación de otra demanda de Deidamia Garcés Tenorio y John Jairo Velázquez Ríos contra ella, encaminada también a similar pretensión respecto de una promesa de venta.
3.- Cimienta sus reproches en los siguientes supuestos fácticos (folios 483 a 498).
3.1.- Que no fue correctamente enterada de la existencia de ese trámite, puesto que, según las constancias de la empresa de correo, el citatorio y el aviso fueron entregados a terceras personas que desconoce.
3.2.- Que tan pronto supo de él, solicitó anularlo (13 abr. 2010), pero el convocado se abstuvo de hacerlo (15 mar.2013).

3.3.- Que posteriormente designó otro apoderado, por cuyo intermedio volvió a alegar la nulidad, aunque ahora por las fallas en su enteramiento (25 jul. 2013), pero el acusado no lo tramitó gporque, al actuar sin proponerlas, la parte las convalidó (18 sep. 2013).


3.4.- Que los recursos propuestos, principal de reposición y subsidiario de apelación, no tuvieron éxito, porque la autoridad judicial mantuvo la providencia y no concedió el segundo por improcedente (25 mar. 2014).
3.5.- Que solicitó copias para interponer queja, pero no las pagó, consciente de que la Ley 1395 de 2010 no establece la posibilidad de apelar el auto que rehusó adelantar su petición.

3.6.- Que de todo esto dio noticia a la Fiscalía General de la Nación, por lo que a sus contrapartes les imputaron el delito de fraude procesal.


4.- Pide, en consecuencia, dejar sin efecto el proveído que rechazó el ‘incidente’ y, en cambio, darle el curso pertinente (folio 499).
II.- RESPUESTA DEL ACCIONADO E INTERVINIENTES
El Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira negó la vulneración endilgada, destacó la legalidad de su proceder y adujo que la reclamante no agotó los mecanismos ordinarios (folio 510).
Los vinculados guardaron silencio.
III.- FALLO DEL TRIBUNAL
Desestimó la protección, toda vez que la interesada no persistió en la queja, que le habría permitido al superior analizar la conducencia de la apelación, materia en la que no hay uniformidad de criterios, pues, de hecho, el ponente señaló que en su sentir sí es admisible (folios 569 a 576).
IV.- IMPUGNACIÓN
La inconforme reiteró que desde un inició alegó no haber recibido ni el citatorio ni el aviso, pues, fueron entregados a desconocidos, e indicó, sin expresar razones, que no saneó esas irregularidades (folio 578).
V.- CONSIDERACIONES
1.- La controversia gira alrededor de establecer si a la actora se le vulneraron las prerrogativas denunciadas al no estudiarse de fondo su petición de nulidad por la indebida notificación de la demanda acumulada.
2.- Las providencias de los jueces, por regla general, están al margen del examen propio de la tutela; la excepción está, según ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, cuando resultan ostensiblemente arbitrarias, esto es, producto de la mera liberalidad o el capricho, a tal punto que configuren una «vía de hecho», y claro, siempre que se reclame dentro de un término razonable y quien lo haga no tenga otros remedios para conjurar la situación o no los haya desaprovechado.
3.- Para el análisis que se realiza, está acreditado lo siguiente:
3.1.- Que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Palmira, en el proceso ordinario de resolución de compraventa de Pedro Nel Enríquez Echavarría contra Sandra Yulieth Enríquez Echavarría, admitió la demanda acumulada frente a ella por Deidamia Garcés Tenorio y John Jairo Velázquez Ríos (28 jul.2009), folio 514.
3.2.- Que el Despacho encartado desestimó una petición de nulidad que elevó la actora por no respetarse la suspensión del proceso principal (13 abr. 2010), porque juzgó que la nueva actuación era independiente de la inicial (folios 343 a 345).
3.3.- Que la oficina judicial acusada rechazó de plano otra petición de anulación por indebida notificación formulada por la actora, puesto que los defectos en el enteramiento no fueron alegados oportunamente y quedaron convalidados (18 sep. 2013), folio 561.
3.4.- Que el fallador no accedió a una reposición interpuesta por la interesada contra esa decisión y se abstuvo de conceder la apelación subsidiaria, porque la entendió improcedente (25 mar. 2014), folios 562 a 564.
3.5.- Que este libelo fue presentado el 20 de noviembre de 2014.
4.- Se desestimará la impugnación por los motivos que pasan a mencionarse:
4.1.- La solicitud no satisface el requisito de inmediatez, toda vez que desde la fecha del proveído del juzgado que mantuvo la determinación de no tramitar la petición de nulidad y denegó la apelación (25 mar. 2014), y la presentación del amparo (20 nov. 2014), transcurrieron ocho (8) meses, con lo que el inconforme excedió el término que la Sala ha fijado para reclamar la salvaguarda frente a actuaciones judiciales.
Para hacer efectivo ese presupuesto, la Corte ha establecido un plazo de seis (6) meses durante el cual la acción puede ejercerse, que sin ser un lapso legal de caducidad, garantiza que el auxilio se reclame dentro de un término razonable, pues, de lo contrario, no se explicaría la necesidad de acudir a este instituto preferente y sumario, caracterizado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política, por el principio de celeridad, e ideado para la protección inmediata de las prerrogativas superiores.
Sobre el punto la Sala se ha pronunciado así
«Ahora, si bien la jurisprudencia no ha señalado de manera unánime el término en el cual debe operar el decaimiento de la petición de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, sí resulta diáfano que éste no puede ser tan amplio que impida la consolidación de las situaciones jurídicas creadas por la jurisdicción y, menos aún, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados…En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinación judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que éste último no pierda su razón de ser, convirtiéndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y legítimos intereses de terceros.(…) Así las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta» (CSJ STC, 17 de marzo de 2014, exp. 00012-01, reiterada en la STC-2015, 29 ene. rad. 00014-00).
Sin que pueda justificarse la tardanza de la promotora por el tiempo que transcurrió mientras se ordenaron las copias para surtir la queja, comoquiera que ella misma admite que la alzada frente al proveído que rechazó la nulidad era inviable.
4.2.- Con abstracción de lo anterior, el accionado estudió el pedimento e indicó de manera clara los motivos para no tramitarlo, exponiendo argumentos que reflejan una hermenéutica coherente del ordenamiento procedimental, que por lo mismo está lejos de constituir una vía de hecho.
En efecto, el fallador atacado estimó que quien invoca el resguardo no podía exigir nuevamente la anulación, esta vez fincada en una incorrecta notificación, porque inicialmente no la invocó sobre esa idea, de ahí que a la postre convalidó cualquier anomalía sobre el particular y no podía darle curso a ese escrito, pues, de acuerdo con el artículo 143 ejusdem, se «rechazará de plano la solicitud de nulidad (…) que se proponga después de saneada».

Sobre el tema anotó la Sala en otra ocasión


«Tales motivaciones, corresponden a una plausible interpretación de lo dispuesto en el penúltimo inciso del artículo 143 del Código de Procedimiento Civil, pues, como se advirtió, no era procedente que el ejecutado alegara la invalidación de lo actuado debido al silencio que guardó en su primer intervención, esto es, porque las supuestas irregularidades quedaron saneadas, en tanto la norma en cita presupone que no «podrá alegar las nulidades previstas en los numerales 5 a 9 del artículo 140 [referentes al indebido enteramiento], quien haya actuado en el proceso después de ocurrida la respectiva causal sin proponerla» (CSJ, STC6784, 29 may.2014),
5.- En consecuencia, se respaldará el fallo fustigado.
VI.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.
Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y oportunamente remítanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Presidente de Sala



MARGARITA CABELLO BLANCO


ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO


FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ


ARIEL SALAZAR RAMÍREZ


JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ


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