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Corte suprema de justicia sala de casación civil fernando giraldo gutiérrez magistrado ponente stc13398-2014 Radicación n.º 11001-02-03-000-2014-01689-00


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República de Colombia


Corte Suprema de Justicia


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL


FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ

Magistrado ponente
STC13398-2014

Radicación n.º 11001-02-03-000-2014-01689-00

(Aprobado en sesión de primero de octubre de dos mil catorce)


Bogotá, D. C., jueves, dos (2) de octubre de dos mil catorce (2014).

Se decide la tutela formulada por Oscar Eduardo Flórez Sarmiento frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, con vinculación de José Ricardo Camacho Arístizabal, Luis Bernardo Cárdenas Martínez, Álvaro Ernesto, Carlos Arturo, Luis Alejandro y Antonio José Alarcón Landinez; Manuel Felipe Gutiérrez Alarcón; Edmundo, Jaime, Mario y María Beatriz Alarcón Granados; Alfredo Alarcón Rueda, Stella Eugenia Alarcón de Meléndez, Yolanda Alarcón de Lang y Flor Ángela Alarcón Vda. de Bernal, como herederos y/o adjudicatarios de Héctor Alarcón Granados.




  1. ANTECEDENTES

1.- Obrando por medio de apoderado, el promotor sostiene que le fueron transgredidas los derechos a la igualdad, debido proceso en conexidad con el acceso a la administración de justicia y, la prevalencia del derecho sustancial.


2.- Señala como contrario a sus garantías, la providencia de 6 de octubre de 2010, proferida en el quirografario de Héctor Alarcón Granados (q.e.p.d) contra José Ricardo Camacho Arístizabal.

3.- Sustenta la protección en los supuestos fácticos que pasan a compendiarse (fls.27 a 33):


a.-) Que en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá se tramita el litigio antes referido, para el pago de una letra de cambio por cuarenta y cuatro millones de pesos ($44.000.000)
b.-) Que el 8 de agosto de 2005, se reconoció a Álvaro Ernesto, Carlos Arturo, Luis Alejandro y Antonio José Alarcón Landinez; Manuel Felipe Gutiérrez Alarcón, Edmundo, Jaime, Mario y María Beatriz Alarcón Granados; Alfredo Alarcón Rueda, Stella Eugenia Alarcón de Meléndez, Yolanda Alarcón de Lang y Flor Ángela Alarcón Vda. de Bernal, como herederos del demandante fallecido.
c.-) Que mediante escritura pública n°1647 de 5 de octubre de 2004, Manuel Felipe Gutiérrez Alarcón dio en venta el cien por ciento de los derechos, acciones y créditos que le correspondan o puedan corresponder en su calidad de adjudicatario del causante, a Jorge Olivares, quien a su vez los transfirió a Oscar Eduardo Flórez Sarmiento (E. P. n°. 629 de 20 de marzo de 2009).
d.-) Que el 2 de octubre de 2013, el juzgado no accedió a reconocerlo como cesionario, excluyéndolo de la decisión de fondo del ejecutivo.
e.-) Que el 14 de febrero de 2014, el Tribunal confirmó el proveído.
f.-) Que la cesión no fue aceptada al no ser Manuel Felipe Gutiérrez Alarcón parte en el juicio y porque desde el 6 de octubre de 2010, ya se había admitido en dicha condición a Luis Bernardo Cárdenas Martínez.
4.- Pretende que se le tenga como <>>; por lo tanto, que se deje sin efecto el auto de 6 de octubre de 2010, dictado por el Juzgado Primero Civil del Circuito de esta ciudad (fl. 30).

II. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS
1.- El Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá, informó que ni el actor ni su apoderado han sido reconocidos como parte dentro del proceso objeto de resguardo (fls. 62 y 63).
2.- El Tribunal acusado señaló que el 19 de diciembre de 2013, dirimió la apelación del auto de 2 de octubre de 2013, al cual se atiene. Además allegó copia del mismo (fls 145 y 146).
3.- Jorge Olivares Álvarez, Manuel Felipe Gutiérrez Alarcón y Antonio José Alarcón Landinez coadyuvaron la solicitud de amparo del actor, para que se declare la nulidad del auto de 6 de octubre de 2010, y se les permita ejercer sus derechos fundamentales, aceptando la cesión invocada por éste (365 a 379).
4.- Hasta el momento de someter a estudio el asunto, los demás intervinientes no se han pronunciado.


  1. TRÁMITE

Agotada la instrucción y luego de notificar por oficios de 19 de septiembre José Ricardo Camacho Arístizabal, Luis Bernardo Cárdenas Martínez, Álvaro Ernesto, Carlos Arturo, Luis Alejandro y Antonio José Alarcón Landinez; Manuel Felipe Gutiérrez Alarcón, Edmundo, Jaime, Mario y María Beatriz Alarcón Granados; Alfredo Alarcón Rueda, Stella Eugenia Alarcón de Meléndez, Yolanda Alarcón de Lang y Flor Ángela Alarcón Vda. de Bernal (fls. 325 a 364), cuya falta de comunicación inicial originó la nulidad del fallo, se prosigue resolver la salvaguarda planteada.




  1. CONSIDERACIONES

1.- La controversia se centra en establecer si los Despachos cuestionados en el ejecutivo de Héctor Alarcón Granados (q.e.p.d) contra José Ricardo Camacho Arísitizabal, vulneraron las garantías invocadas al no aceptar la cesión de derechos, acciones y créditos formulada, por no ser parte en el quirografario al haberse admitido con anterioridad en tal calidad a Luis Bernardo Cárdenas Martínez.


2.- Por la consagración constitucional de la autonomía judicial, las resoluciones de los jueces o funcionarios que administran justicia son, en principio, ajenas al análisis propio de la tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política; la excepción a dicha regla, lo ha precisado reiteradamente la jurisprudencia, se presenta en los eventos en que la respectiva autoridad profiere alguna decisión ostensiblemente arbitraria y caprichosa, esto es, producto de su liberalidad, a tal punto que configure una “vía de hecho”, y bajo los presupuestos de que la persona afectada acuda dentro de un término razonable a formular la queja y no tenga o no haya desaprovechado otros remedios ordinarios y efectivos para para conjurar la lesión de sus garantías superiores.
3.- Para el examen que se realiza, está acreditado:
a.-) Que en el Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogotá cursa el quirografario de Héctor Alarcón Granados (q.e.p.d) contra José Ricardo Camacho Arístizabal.
b.-) Que el 8 de febrero de 2005, de conformidad con el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, se ordenó tener como demandantes a Álvaro Ernesto, Carlos Arturo, Luis Alejandro, Antonio José Alarcón Landinez, Manuel Felipe Gutiérrez Alarcón, Edmundo, Jaime, Mario, María Beatriz Alarcón Granados, Alfredo Alarcón Rueda, Stella Eugenia Alarcón de Meléndez, Yolanda Alarcón de Lang y Florangela Alarcón Vda. de Bernal, en su condición de herederos de Héctor Alarcón Granados (fl. 1).
c.-) Que el 6 de octubre de 2010, se dispuso <<tener como cesionario del crédito reconocido a favor del demandante, a Luis Bernardo Cárdenas Martínez>> (fl. 28).
d.-) Que el 25 de septiembre de 2013, el promotor solicitó se aceptara la cesión de derechos, acciones y créditos que a su favor realizó Manuel Felipe Gutiérrez Alarcón, allegando las escrituras públicas N° 1647 de 5 de octubre de 2004 y 629 de 20 de marzo de 2009, por medio de las cuales el último citado los transfirió a Jorge Olivares Álvarez y, éste a su vez, a Oscar Eduardo Flórez Sarmiento, respectivamente (fls. 3 a 14).
e.-) Que el 2 de octubre siguiente, el a quo negó la petición, y al resolver el recurso de reposición mantuvo su posición (17 de octubre de 2013), y concedió la alzada (folios 15 y 16).
f.-) Que el 19 de diciembre último, el Tribunal censurado confirmó la negativa de primera instancia (fls. 19 a 25).
g.-) Que el 17 de septiembre siguiente, esta Sala, declaró la nulidad de la sentencia de 13 de agosto, y ordenó notificar a José Ricardo Camacho Arístizabal y herederos y/o adjudicatarios de Héctor Alarcón Granados la existencia del presente trámite constitucional (fls 313 a 319).
4.- No se acogerá el resguardo por los motivos que pasan a mencionarse:
a.-) En el presente caso no se satisface le presupuesto de la inmediatez, ya que desde la emisión de los proveídos atacados, que aceptaron la cesión a favor de Luis Bernardo Cárdenas (6 de octubre de 2010), negaron la del actor y confirmaron la decisión (2 de octubre y 19 de diciembre de 2013, respectivamente), y la fecha de formulación de la queja constitucional (31 de julio de 2014), transcurrieron más de los seis (6) meses que la jurisprudencia ha considerado como oportunos para controvertir una decisión judicial.
Es así que respecto al marco temporal en el que es preciso acudir a este escenario, esta Corporación ha reiterado, que
(…) si bien la jurisprudencia no ha señalado de manera unánime el término en el cual debe operar el decaimiento de la petición de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, sí resulta diáfano que éste no puede ser tan amplio que impida la consolidación de las situaciones jurídicas creadas por la jurisdicción y, menos aún, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados… En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinación judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que éste último no pierda su razón de ser, convirtiéndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y legítimos intereses de terceros.(…) Así las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostró, ni invocó siquiera, justificación de tal demora por el accionante”, (CSJ ST 13 Jun. 2011, rad. 2011-00893-01, reiterada el 28 ag. 2013, rad. 01808-00 y el 31 de julio de 2014, rad-01545-00).
Este principio tiene fundamento en el artículo 86 de la Carta Política que consagra la salvaguarda como un mecanismo para la protección “inmediata” de los derechos constitucionales fundamentales, y posee un sentido que trasciende la mera formalidad, en la medida que atiende una finalidad tan alta como la tutela misma, cual es la preservación de la confianza de los asociados en que pasado un tiempo razonable, ni siquiera por esta vía excepcional, las decisiones de las autoridades judiciales puedan ser examinadas nuevamente, en la medida que el proceso, en este caso civil, atiende pluralidad de intereses, como los de la sociedad, las partes, los terceros.
Además, el accionante no alegó, ni demostró causa alguna lo suficientemente válida que pudiera excluir la aplicación del referido instrumento, lo que precisamente inhabilita a la Corte para pronunciarse sobre el fondo del asunto.
La Corporación, CSJ STC, 18 de diciembre de 2013, exp. 01210-01, reiterada en fallo STC 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, y en STC9399-2014, rad. 01468-00, tiene dicho
(…) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace más de seis meses… aquella no satisface la exigencia de la tempestividad… circunstancia que deja sin soporte la protección,… ahora,…no se acreditó la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo… ‘en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por término ajustado para la interposición de la queja el de seis meses (…)
b.-) La Corte ha sostenido que cuando una determinación ha sido impugnada y estudiada por el superior, el referente para verificar si se incursionó en vía de hecho es lo definido por éste, puesto que el amparo no es una instancia más. Al respecto ha predicado que
(…) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisión de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoración sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00 y STC, 5 sep. Rad.01941-00).
c.-) Observado el auto de 19 de diciembre de 2013, que confirmó el del a quo de negar la cesión del crédito solicitada por el accionante, la Sala no encuentra incursión en vía de hecho que amerite la intervención extraordinaria que implora.
El ad quem, que fue quien de manera definitiva cerró la discusión, precisando el objeto de la apelación y citando los artículos 60 del Código de Procedimiento Civil, 1959 y 1969 del Código Civil y 651 y siguientes del Código de Comercio, expuso
La cesión del crédito obedece a un modo de transmisión de las obligaciones por acto entre vivos, en el que participan el acreedor cedente – quien transmite un crédito., el acreedor cesionario – a quien se transfiere ese crédito - y el deudor cedido – quien adeuda la obligación -. Así, el crédito no cambia, ya que la cesión tiene por efecto transmitirle al cesionario aquél de que era titular el cedente, con todos sus accesorios, quedando facultado el deudor para oponerle todas las excepciones que hubiera tenido contra el cedente.
Centrando la atención en el tema concreto, dijo,
En el caso sub examine, revelan las copias aportadas para desatar la alzada que el señor Oscar Eduardo Flórez Sarmiento pretende ser tenido como cesionario de los derechos del crédito, bajo el soporte angular de las escrituras públicas 1.647 del 5 de octubre de 2004 y 629 del 20 de marzo de 2009 suscritas en la Notaría Segunda del Circulo de Duitama, Boyacá, en virtud de las cuales, Manuel Felipe Gutiérrez Alarcón enajenó a favor de Jorge Olivares Álvarez “…el 100% de los derechos y acciones que le corresponden o puedan corresponderle en su calidad de heredero o adjudicatario del causante Héctor Alarcón Granados,,,” folio 125 vuelto, quien a su vez trasfirió “…a título de venta real y efectiva… a favor del comprador, Osca Eduardo Flórez Granados, el 100% de todos los derechos y acciones que tengo adquiridos del causante Héctor Alarcón Granados…” folio 129 vuelto.
Empero, es claro que tal como lo advirtió el funcionario de primer grado, no es admisible dicha figura jurídica en el caso que concita la atención del Despacho, precisamente porque Manuel Felipe Gutiérrez Alarcón, de quien deriva su presunto derecho, fue desplazado por Luis Bernardo Cárdenas Martínez, según contrato de cesión que fue aceptado en auto del 6 de octubre de 2010 folios 94 a 100 cuaderno de copias.
Y agregó, que la evocada negociación, fue aceptada por la autoridad judicial sin que se avizore reproche alguno en su oportunidad; además, no ha sido tachada o redargüida de falsa, por lo que en ese orden, surte plenos efectos mientras no sea invalidada por causas legales.

Es plausible, entonces, que si ya existía una cesión del cien por ciento de los derechos de crédito a favor de Luis Bernardo Cárdenas Martínez, sólo él está facultado para nuevamente transferirlos, sin que puedan por ello los anteriores beneficiarios realizar ventas parciales y/o totales, tal como lo advirtieron la autoridades denunciadas.


En suma, las exposiciones del funcionario de segunda instancia accionado respecto a la materia de la solicitud de amparo, no son constitutivas de vía de hecho. Por el contrario, gozan de sustento objetivo, resultado del estudio de la legislación aplicable, así la conclusión eventualmente pudiera ser distinta si se analizara desde otra línea interpretativa admisible. En ese orden de ideas, aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis acogida por ellos, esa divergencia en sí misma no es motivo para calificar de vulneradora la mencionada providencia.
Sobre el tema ha dicho la Corte que
(…) independientemente de que se comparta o no la hermenéutica del juzgador ello no descalifica su decisión ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar vía de hecho, pues para llegar a este estado se requiere que la determinación judicial sea el resultado de una actuación subjetiva y arbitraria del accionado, contraria a la normatividad jurídica aplicable y violatoria de los derechos fundamentales, circunstancias que no concurren en el asunto bajo análisis” (CSJ SC, 5 abr. 2010, exp. 00006-01, 27 sep. 2013, exp. 02177-00, STC1781-2014, 12 feb. exp. 00056-01 y STC12331-2014, 11 sep. Rad. 02008-00).
5.- Por consiguiente, se desestimará la protección deprecada.


  1. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA el resguardo solicitado en el asunto de la referencia.


Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a las partes y oportunamente remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
Notifíquese

JESÚS VALL DE RUTÉN RUIZ

Presidente de Sala



(En comisión de servicios)

MARGARITA CABELLO BLANCO
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA



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