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Corte suprema de justicia sala de casación civil ariel salazar ramírez magistrado ponente stc7446-2015 Radicación n.° 76111-22-13-000-2015-00127-01


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República de Colombia


Corte Suprema de Justicia

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN CIVIL

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ

Magistrado ponente
STC7446-2015

Radicación n.° 76111-22-13-000-2015-00127-01
(Aprobado en sesión de diez de junio de dos mil quince)
Bogotá, D. C., once (11) de junio de dos mil quince (2015).
Decide la Corte la impugnación formulada frente al fallo proferido el dieciséis de abril de dos mil quince por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Buga, en la acción de tutela promovida por Gricelio Hurtado, Saturnino Mosquera Mina, Cervando Asprilla, Arturo Delgado Moreno, Rodolfo Hurtado, Apolinar Herrera, José Baudilio Murillo, Maximiliano Quiñones Montaño, Nicolas Eliecer Serna, Rufino Delgado Rodríguez, Julio Mosquera Manyoma, Omar Valencia Castro, Obaldo Obregón Riascos, Antonio Wilson Mosquera, Santiago Olmedo Perlaza, Marciano Olmedo Perlaza, Justino Tenorio Campaz, Manuel Silverio Congo Anizares, Diofanor Ballesteros González, Roberto Melanio Perea, Jose Indulfo Rojas Garces, Isidro Guizamano García, Rupertino Riascos, Carlos Guillermo Quiñones Hurtado, Juan de la Cruz Guerrero Herrera, Luis Antonio Arboleda Riascos, Primitivo Beleño Miranda, Eufemio Cuervo Yesquen, Maria Elena Alvear Sierra y Diomedes Valverde Mafla contra la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A., la Superintendencia de Puertos y Transportes y el Ministerio del Trabajo, trámite al que se vincularon a la Cooperativa de Braceros, Servicios Profesionales Portuarios, Wincheros Unidos del Puerto, Servicios Operativos, Gremio de Braceros Independientes, Operadores Profesionales de la Carga, Servicios Compartir, Descargue a la Puerta del Pacìfico, Compac Ltda, Servicios Portuarios, Descargue Tovar Ltda, Bulk Trading de Colombia Ltda.
I. ANTECEDENTES
A. La pretensión
En el libelo que diera origen a la presente acción, los accionantes, en su calidad de “estibadores”, solicitaron el amparo de sus derechos fundamentales a la vida digna, trabajo, seguridad social e igualdad, que consideran vulnerados de un lado porque la sociedad accionada, les exige para que puedan ingresar al Terminal Marítimo de Buenaventura, lugar donde laboran, el carné de riesgos laborales y ha amenazado con no permitir la entrada de personas con más de cincuenta años de edad, y de otro, en lo que tiene que ver con el Ministerio y la Superintendencia acusados, por omitir su deber legal de inspección, vigilancia y control respecto a la seguridad social de quien laboran en dicho puerto.
Pretenden, en consecuencia, se ordene a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura, garantizar la afiliación de los accionantes a la seguridad social integral mediante el pago directo de sus aportes, se abstenga de obstaculizar su ingreso, establezca acuerdos con los fondos de pensiones a los que se encuentran afiliados para convenir el pago de aportes pensionales no efectuados desde 1994 y al Ministerio y Superintendencia reconvenidos realicen el seguimiento de tales actuaciones [Folios 62 y 63, c.1]
B. Los hechos

1. Manifiestan los accionantes que hace más de 30 años laboran en los recintos del Terminal Marítimo de Buenaventura como “estibadores, braceros o coteros” a través de diferentes operadores portuarios, empresas que son intermediarias frente a la Sociedad Portuaria.
2. Afirman que la mayoría de dichas empresas han desaparecido, se han liquidados o se han declarado en liquidación, situación que se ve reflejada en las pocas semanas de cotización y que implica que no puedan acceder a la pensión, lo que consideran es un verdadero perjuicio irremediable.
3. Aducen que las entidades accionadas omitieron vigilar que tales empresas pagaran cumplidamente con los aportes en seguridad social integral.
4. Aseveran que la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura tiene la concesión de los recintos portuarios hasta el año 2034 y que aquella para el ingreso de sus instalaciones exige el carnet de riesgos laborales.
5. Arguyen que los ingresos que reciben allí es menos de un salario mínimo y que éste constituye su única fuente económica, la cual se ve amenazada por la posible prohibición de dejar ingresar personas mayores de 50 años y por la exigencia antes mencionada.
6. Expresan que en caso similar la Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales a la vida digna, seguridad social e igualdad de los trabajadores que laboran en tal recinto portuario, sin embargo, las entidades accionadas han hecho caso omiso de sus directrices.
7. Indican que en la época en que se dictó el aludido fallo se abrió una oficina del Ministerio de Trabajo y la Superintendencia acusada hacía auditoria a los operadores portuarios cuando tenía un punto de atención dentro del terminal, pero fueron cerradas.
8. Declaran ser afrocolombianos y que por tanto son sujetos de especial protección al trabajo.
9. El presidente de la Unión Portuaria coadyuvo la acción, expuso la problemática por la que atraviesa la población de Buenaventura, en ese sentido manifestó que los accionantes ejecutan labores de manera permanente, se encuentran vinculados con seudocontratistas que no garantizan ni un buen salario, ni prestaciones sociales.
C. El trámite de la primera instancia
1. Por auto de 07 de abril último, fue admitida la acción de tutela y se dispuso correr traslado a todos los involucrados, para que ejercieran su derecho a la defensa. [Folio 66, c.1]

2. La Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. indicó que las labores de cargue, descargue, estiba, destiba y manejo de carga terrestre de mercancía no es desarrollada por aquélla, sino por los operadores portuarios que son contratados por los miembros de la cadena logística de comercio exterior, sin que exista ningún tipo de intermediación, ni beneficio para tal ente, pues su objeto se centra en administrar el Puerto de servicio público, por ello considera, que dichas empresas en su calidad de contratistas independientes les corresponde asumir las obligaciones de índole laboral del personal que contrate en la ejecución de la prestación de sus servicios.
Afirmó que la exigencia a los trabajadores de los operadores portuarios de presentar afiliación al sistema de seguridad social se encuentra regulada por el contrato de concesión y por el instructivo de gestión de seguridad portuaria. Que a su consideración, es culpa de los mismos accionantes quienes por su negligencia de efectuar los aportes, se encuentran en la situación que describen de no poder acceder a una pensión.
Precisó que si bien la Corte Constitucional tuteló los derechos de dos braceros, ello fue así por cuanto fueron trabajadores de la extinta empresa Puertos de Colombia.

Finalmente solicitó de declare la improcedencia de la acción por cuanto no se acreditó la ocurrencia de un perjuicio irremediable y porque cuentan con otros mecanismos de defensa judicial.


3. La Superintendencia de Puertos y Transporte, solicitó su desvinculación de este trámite constitucional por cuanto los accionantes disponen de otros medios de defensa judicial y además porque ha efectuado las actuaciones pertinentes para garantizar el cumplimiento de las obligaciones que frente a terceros debe cumplir las Sociedades Portuarias.
4. El Ministerio de Trabajo deprecó que se niegue el amparo reclamado, dado que los peticionarios disponen de medios judiciales idóneos y efectivos para lograr lo pretendido, máxime cuando la jurisprudencia de forma reiterativa ha indicado que la tutela resulta improcedente para obtener el reconocimiento y pago de acreencias que surjan en virtud de un vínculo laboral, salvo que este de por medio la vulneración del mínimo vital.

5. En sentencia de 16 de abril de 2015, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Buga, denegó el amparo, luego de considerar que los actores cuentan con otros mecanismos de defensa judicial como lo es acudir al proceso ordinario laboral con la finalidad que se ordene a sus respectivos empleadores a proceder con su afiliación a la seguridad social integral o tomar las medidas correctivas del caso, más aún, cuando ninguno de los accionantes invocó una circunstancia concreta que pueda calificarse como apremiamente ni acreditaron una situación de extrema urgencia que amerite la intervención del juez constitucional.
6 Inconformes los accionantes impugnaron la determinación, bajo el argumento que el cuerpo colegiado de primer grado no tuvo en cuenta la coadyuvancia presentada por el Sindicato Unión Portuaria, ni efectúo consideración alguna respecto a la sentencia T-471 de 2008 y no evaluó que el único ingreso de aquéllos, es el percibido en el puerto.
II. CONSIDERACIONES
1. Cuando el artículo 86 de la Carta Política creó un trámite preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la efectividad inmediata de sus prerrogativas fundamentales, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el agredido de «otro medio de defensa judicial», salvo que se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, postulados reiterados en el canon 6° del Decreto 2591 de 1991, advirtiendo que debían ser apreciados «en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante».
En ese orden, la protección se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que sólo es viable ante la ausencia de un instrumento eficaz que salvaguarde oportunamente el derecho objeto de violación o amenaza, y por lo tanto, no puede considerársele un componente alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneración, pues su finalidad no consiste en remplazar los procedimientos legales que también pueden amparar el bien jurídico invocado.
2. Para el caso que se somete a consideración de esta instancia, los presupuestos para la procedencia del amparo no se hallan cumplidos, toda vez que los actores cuenta con otros instrumentos legales para procurar la defensa de los derechos cuya conculcación alegaron.
En efecto, los tutelantes pretenden principalmente que por vía de este mecanismo constitucional se le ordene a la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura S.A. proceda a afiliarlos al sistema de seguridad social, a cancelar los rubros correspondientes para tal fin, ello con el objeto, de que puedan ingresar a trabajar al puerto que dicha sociedad administra.
De lo que se desprende, que la queja de los tutelante está relacionada con aspectos laborales y prestacionales que escapan al escenario de la acción de tutela y los cuales pueden reclamar los actores por intermedio de otros medios de defensa judicial.
Es así, en primer lugar, los accionantes pueden solicitar a quienes señalaron son sus empleadores, esto es según lo indicado en el escrito de tutela los «operadores portuarios quienes actúan como empresas», tales como Cooperativa de Braceros, Servicios Profesionales Portuarios, Wincheros Unidos del Puerto Gremio de Braceros Independientes, entre otras, que les cancelen los aportes de seguridad social, a efectos de poder laborar sin ningún problema en el Puerto y bajo una adecuada seguridad industrial.
Lo anterior, porque según la Resolución No. 004153 del 30 de septiembre de 2008, los operadores portuarios deben garantizar la seguridad de sus trabajadores y de las personas que le ayudan a desarrollar su actividad, es así que el Ministerio exige para obtener el registro o renovación de tales agentes, la constitución de una póliza para garantizar las mencionadas obligaciones.
Es así que el artículo 5º de la mencionada reglamentación, indica se exigirá: «para el registro…o para su renovación, póliza a favor de la Nación- Ministerio de Transporte, para garantizar el pago de obligaciones laborales de todos los trabajadores de estos operadores portuarios, incluyendo el pago de salarios prestaciones sociales, seguridad social integral, contribuciones parafiscales y demás beneficios vigentes, al personal que utilice para realizar las actividades en el terminal».

De igual forma, también pueden acudir los tutelantes ante la jurisdicción laboral y exponer sus reclamos a través de los procedimientos ordinarios, a efectos no sólo de que les pague los aportes de seguridad social que necesitan, sino aquellos que sus anteriores empleadores no les canceló estando obligados a ellos, medios que se encuentran son eficaces para exponer sus quejas, no siendo viable pretender sustituir ese trámite por este mecanismo especial de amparo de las prerrogativas inherentes a las personas, pues desnaturaliza la acción constitucional consagrada en el artículo 86 de la Carta Política, pues en modo alguno puede servir de medio para ventilar controversias que no se han puesto previamente en conocimiento de la jurisdicción respectiva, habida cuenta de su carácter subsidiario.


Recuérdese que esta Corporación, de forma reiterada, ha insistido: (…) [Q]ue por regla general la tutela no procede para exigir el pago de acreencias laborales o derechos prestacionales, en razón a que el ordenamiento prevé mecanismos específicos para definir tales aspectos, excepto cuando se encuentra comprometido el mínimo vital y se concluye en el caso concreto que tales vías ordinarias no son eficaces, situación que no se presenta en el sub judice (…). (Sentencia de 21 de enero de 2011, Exp. 25000-22-13-000-2010-00304-01; reiterada el 19 de enero de 2012, Exp. 73001-22-13-000-2011-00447-01).
En especial, cuando en el caso concreto, no se acreditó la existencia de un vínculo entre los accionantes y la accionada, por el contrario, se colige por las diferentes manifestaciones realizadas por las partes, que el presunto convenio laboral y del cual se deriva el pago de las referidas prestaciones concurre entre los accionantes y las operadoras portuarias.
Al respecto en un asunto de similares características, indicó la Corte Constitucional:
De otra parte, los operadores portuarios son las empresas que prestan sus servicios en los puertos, directamente relacionados con la entidad portuaria, tales como cargue y descargue, almacenamiento, practicaje, remolque, estiba y desestiba, manejo terrestre o porteo de la carga, dragado, clasificación, reconocimiento y useria y son tales empresas quienes contratan a los trabajadores de las diferentes áreas y por ende quienes tienen a su cargo la afiliación de los mismos al Sistema de Seguridad Social Integral… 4.8 Así las cosas, y frente al concepto de subordinación no se verifica entre demandante y demandada una relación jurídica que le permita a esta Sala establecer tal condición y bajo este supuesto, al no encontrarse plenamente establecida dicha relación, la Corte en otras oportunidades ha indicado que de acuerdo con el principio de subsidiariedad de la acción de tutela, es el juez ordinario laboral la autoridad competente para determinar su existencia, así como los derechos que de ella se desprendan. De la misma manera, la Sala tampoco encuentra que se esté en presencia de una situación de indefensión, ya que, según lo expuesto anteriormente, ésta no puede ser analizada en abstracto, sino que requiere de un vínculo entre quien la alega y quien la genera, que permita asegurar el nexo causal y la respectiva vulneración del derecho fundamental, que en el presente caso no existe, pues se trata de un bracero que no ha tenido ningún tipo de relación con la demandada, pues su trabajo lo ha venido desarrollando en forma independiente o adscrito a otras empresas denominadas operadores jurídicos, que son las encargadas de contratar este tipo de servicios. Por demás que, la labor desempeñada por el accionante no se compadece con el objeto social de la demandada. (Sentencia T-1217 de 5 de diciembre de 2008)
En ese orden, no puede admitirse que por medio de este trámite constitucional se provea la solución de cuestiones que corresponde dirimir al juez natural en un escenario procesal que no se ha suscitado porque los aquí quejosos no han hecho uso de las herramientas que contempla la ley, pues el amparo no se ha concebido como sustituto de los mecanismos de defensa establecidos por la ley que el interesado no ha ejercido.
3. Adicional a lo expuesto, aun cuando de manera excepcional la acción de tutela procede incluso ante la existencia de otros medios de defensa judicial, cuando tiene por fin evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, ante una violación patente de los derechos fundamentales invocados, en el caso, los accionantes no demostraron un daño «grave e inminente, no meramente eventual, que sólo pueda conjurarse con las medidas urgentes e impostergables propias de la tutela» (CSJ STC 7 mar. 2013, exp. 2012-00581-01), que autorice su utilización de manera transitoria, de ahí que no sea evidente un menoscabo tal que habilitara a los ciudadanos para ejercer el mecanismo de amparo.
En efecto, no se vislumbran, en primer lugar, que la vulneración sea inminente, urgente e impostergable, si se tiene en cuenta que la situación que generó la solicitud de amparo, es decir, la presunta prohibición de que aquéllos ingresen al puerto si no portan el comprobante del pago de la seguridad social, se dio a partir del año 2008, época en la que se analizó por la Corte Constitucional el caso de dos estibadores que expusieron condiciones similares, lo que quiere decir que los actores llevan más de 6 años en dicha situación, sin que se hubiesen quejado de la misma y soportando tal contingencia laboral sin inconvenientes.
Por otro lado, no se observa que la misma tenga el carácter de grave, pues ellos pueden afiliarse de forma independiente a la seguridad social, sin que se hubiese comprobado que cancelar tal rubro vulnere su mínimo vital, pues los peticionarios no precisaron cual es el ingreso mensual que perciben, en qué periodos laborales, cómo está compuesto su núcleo familiar y cuáles son sus gastos, que permitieran comprobar el detrimento de su mínimo vital.
4. Respecto al derecho fundamental de la igualdad, se precisa que para determinar la existencia de su vulneración es menester acreditar casos concretos en que los demandados hayan actuado de manera diferente frente a dos situaciones idénticas, otorgando un trato preferencial de manera injustificada, situación que no se da en el caso.
Es así que al efectuar la lectura de la sentencia T-471 de 2008, citada por los actores, se evidencia que los tutelantes en aquella queja estuvieron afiliados a la Cooperativa de Braseros del Puerto, trabajaron para la anterior administradora Colpuertos y realizaban actividades para la Sociedad Portuaria con posterioridad, premisas sobre las que la Corte Constitucional efectuó las consideraciones del caso y concedió el amparo, circunstancias que difieren de las que se estudian en esta oportunidad.
De ahí, que no se trataban de situaciones idénticas y por ende, no se cuenta con los parámetros necesarios para establecer la desigualdad, por lo que mal se puede deducir la vulneración de tal derecho, si se tiene en cuenta que los accionantes no comprobaron que se encontraban en las mismas circunstancias.
5. Así las cosas, al constatarse la improcedencia del amparo y la ausencia de un perjuicio que determine la prosperidad de la acción como mecanismo transitorio, el fallo impugnado debe ser confirmado.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada.
Comuníquese telegráficamente lo aquí resuelto a los interesados; y, en oportunidad, remítase el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión.

LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA

Presidente de Sala



MARGARITA CABELLO BLANCO

ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO

FERNANDO GIRALDO GUTIÉRREZ

ARIEL SALAZAR RAMÍREZ




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