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Corte suprema de justicia sala de casaci


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REPÚBLICA DE COLOMBIA Tutela 69708

A/. Jorge Eliécer Guevara Aranda

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA





CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

-SALA DE DECISIÓN EN TUTELA-
Magistrado Ponente

Luis Guillermo Salazar Otero

Aprobado Acta No. 328
Bogotá, D.C., tres (3) de octubre de dos mil trece (2013).

ASUNTO
Se pronuncia la Sala en relación con la demanda de tutela presentada por JORGE ELIÉCER GUEVARA ARANDA, contra el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de descongestión y la Sala Penal del Tribunal Superior, ambos de San Gil y, el Juzgado Tercero Penal del Circuito del Socorro, por la presunta vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso, libertad y de los niños.


1. ANTECEDENTES
1. Por hechos acaecidos en los meses de octubre y noviembre de 2006, el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Socorro, en sentencia del 30 de enero de 2008, condenó a JORGE ELIÉCER GUEVARA ARANDA a la pena principal de 12 años de prisión como autor responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo.
2. El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de descongestión de San Gil, negó la petición del sentenciado tendiente a la concesión del permiso administrativo de hasta 72 horas por prohibición expresa del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, en proveído del 28 de diciembre de 2012.
3. Interpuesto recurso de apelación por el defensor, quien reclamó la no aplicación del Código de la Infancia y la Adolescencia dada la fecha de ocurrencia de los hechos, la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil en auto del 1º de agosto del presente año, impartió su confirmación.
4. JORGE ELIÉCER GUEVARA ARANDA, acudió a la acción de tutela en procura de protección a sus derechos fundamentales, los cuales considera lesionados con la aplicación de la Ley 1098 de 2006 para denegar su permiso administrativo dada la fecha la fecha de los hechos por los cuales fue sancionado.
Indicó que dicha disposición no le fue aplicada para obtener la redención de su pena e, incluso, su pedimento debe ser concedido en virtud del principio de favorabilidad, máxime cuando en concepto del Personero Municipal del Socorro, dicho estatuto empezó a regir el 18 de diciembre de 2008.

Por lo anterior solicitó “…que el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de descongestión de San Gil me conceda mi libertad de 72 horas (L. 65/93)”1


2. RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS
1. La Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil refirió su decisión y solicitó la improcedencia de la acción, ya que su determinación se encuentra ajustada a las normas constitucionales y legales aplicables al caso, sin que se pueda vislumbrar algún desconocimiento o trasgresión de derecho fundamental.
2. El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de descongestión de San Gil, solicitó la improcedencia de la acción por inexistencia de vulneración de los derechos fundamentales alegados, pues en sus determinaciones abordó su solicitud de acuerdo con el contenido de la normatividad vigente y la jurisprudencia trazada hasta el momento.
Aportaron copia de sus providencias.
3. CONSIDERACIONES
1. Es competente la Sala para conocer del presente asunto conforme con lo dispuesto por el Decreto 1382 de 2000, toda vez que el reproche involucra una decisión adoptada en segunda instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior de San Gil, de la cual la Corte es su superior funcional.

2. Suficiente ha sido la divulgación frente al artículo 86 de la Constitución Política, en cuanto establece que toda persona tiene derecho a promover acción de tutela ante los jueces con miras a obtener la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando por acción u omisión le sean vulnerados o amenazados por cualquier autoridad pública o por particulares en los casos previstos de forma expresa en la ley, siempre que no exista otro medio de defensa judicial o existiendo, cuando la tutela se utilice como mecanismo transitorio para evitar la materialización de un perjuicio de carácter irremediable.


3. Adicionalmente, la acción de tutela contra decisiones judiciales presupone la concurrencia de unos requisitos de procedibilidad que consientan su interposición: genéricos y específicos2, esto con la finalidad de evitar que la misma se convierta en un instrumento para discutir la disparidad de criterios entre los sujetos procesales y la autoridad accionada, en contravía de su esencia, que no es distinta a denunciar la violación de derechos fundamentales.
3.1. Así que, si no existen motivos que impidan promover la acción, ésta procederá contra las decisiones judiciales en la medida que carezcan de fundamento objetivo y configuren una vía de hecho, por lo cual, son improcedentes aquellas demandas en que las consideraciones personales o subjetivas del accionante se anteponen a las argumentaciones del funcionario que las profiere, toda vez que esa circunstancia por sí misma no es razón suficiente para predicar la existencia de una arbitrariedad.
3.2. En el presente caso, resulta impróspero el instrumento constitucional, por cuanto con él busca el actor controvertir la decisión judicial razonable, con la finalidad de enervar sus efectos e imponer determinaciones al juez natural a través de la indebida intervención del juez constitucional.
En efecto, los funcionarios accionados, en primera y segunda instancia, al momento de conocer la petición relativa a la concesión del beneficio administrativo reclamado, analizaron el cumplimiento de los requisitos y presupuestos contemplados en la normatividad colombiana y encontraron que no se ofrecía procedente en tanto el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 prohíbe la concesión de éste a quien fuere condenado por un delito sexual cometido en contra de un menor de edad, norma que le resultaba aplicable en atención a la fecha de ocurrencia del ilícito.
Al respecto precisó el ad quem:
“…tenemos que el artículo 199 de la Ley 1098 del 2006 (Código de la Infancia y la Adolescencia), que empezó a regir a partir del 8 de noviembre de aquél año conforme al Decreto 578 del 2007, ya que se encontraba vigente para la época de los hechos endilgados y aceptado por JORGE ELIÉCER GUEVARA ARNADA, y sobre este punto en verdad no existe duda para el Tribunal, pues destáquese que precisamente en la sentencia de primera instancia se le negaron beneficios al procesado conforme con la prohibición de la mencionada ley, luego claramente no hay debate sobre este aspecto, por lo que solamente debemos recordar que la mencionada normatividad estableció lo siguiente:

(…)
Dentro de este contexto, resulta contrario a la realidad procesal lo manifestado por el impugnante al considerar que no se logró concretar o acreditar la fecha en que ocurrieron los hechos materia de esta actuación, puesto que, por el contrario, la Fiscalía en Audiencia de formulación de imputación le señaló al indiciado que la niña víctima del presunto ilícito quedó embarazada, aproximadamente, el 29 de noviembre de 2006, recién cumplidos los 13 años, por lo que el último vejamen sexual ocurrió en vigencia del Código de la Infancia y la Adolescencia, de tal forma que no le era aplicable rebaja por este suceso; situación que le fue reiterada en varias ocasiones por el Juez de Control de Garantías durante el desarrollo de la referida diligencia.
Así mismo, en la audiencia de formulación de acusación, efectuada el 17 de septiembre de 2007, el Ente acusador precisó que los hechos ocurrieron a finales del año 2006, en los meses de octubre, noviembre y diciembre, teniendo en cuenta el relato de la menor, la denuncia y el tiempo de gestación certificada por el obstetra.
Además, al inicio de la audiencia de juicio oral, la defensa expresó que el señor JORGE ELIÉCER GUEVARA ARANDA estaba interesado en allanarse a los cargos, concediéndosele el uso de la palabra a la Fiscalía para que se ratificara de los cargos formulados, quien afirmó, entre otras cosas, que la menor SMGA fue accedida por GUEVARA ARANDA en tres oportunidades, en octubre y noviembre y por ende los hechos se encuentran ‘cobijados por la vigencia de la Ley 906, lo mismo que la Ley 1098, Ley de Infancia y la Adolescencia, por cuanto ocurrieron en vigencia de esas dos normas, que de acuerdo a la última entrevista a la menor, además de las pruebas médicas se establece que el embarazo se produjo en la segunda quincena de noviembre de 2006, con ocasión del tercer acceso, luego este último se cometió en vigencia de la ley 1098’, cargos frente a los cuales el acusado se declaró culpable sin ningún condicionamiento y en forma libre y voluntaria.”3
Por manera que no se observa inconsistencia alguna en tal razonamiento que encuadre en causal de procedibilidad específica y por consiguiente, habilite la intervención del juez constitucional en un asunto definido por los funcionarios llamados a ello.

3.3. Es más, frente a la entrada en vigencia del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006, esta Corporación puntualizó lo siguiente:


El Código de la infancia y la adolescencia, o Ley 1098 de 2006, fue promulgado el 8 de noviembre de 2006, mediante su inserción en el Diario Oficial N° 46.446 de la misma fecha, y acerca de su vigencia el inciso primero del precepto citado por el demandante, es del siguiente tenor:
Artículo 216. VIGENCIA. La presente ley entrará en vigencia seis (6) meses después de su promulgación. Con excepción de los artículos correspondientes a la ejecución del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, los cuales se implementarán de manera gradual en el territorio nacional empezando el primero de enero de 2007 hasta su realización total el 31 de diciembre de 2009.”
Leído fragmentariamente el precepto trascrito, se consideraría que el supuesto fáctico del yerro que denuncia el actor aparentemente sería verídico, pero de lo que no se percató el recurrente fue del inciso segundo del mismo artículo, el cual fue corregido mediante los Decretos N° 4011 de 14 de noviembre de 2006, y 578 de 2 de marzo de 2007, por presentar errores mecanográficos. Su redacción original es la siguiente:
El artículo 198 relativo a los beneficios y mecanismos sustitutivos entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.”
Luego, con la corrección del primero de los citados Decretos, su texto quedó del siguiente tenor:
El artículo 199 relativo a los beneficios y mecanismos sustitutivos entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.”

Finalmente, de acuerdo con el último de los Decretos en mención, el contenido de ese inciso quedó sustancialmente idéntico a la primera corrección:
El artículo 199 relativo a los beneficios y mecanismos sustitutivos entrará en vigencia a partir de la promulgación de la presente ley.(Negrillas fuera de texto).
Justamente, el artículo 199 de la aludida Ley, al que se refiere el inciso segundo del artículo 216 ibídem, es el que el libelista reclama como indebidamente aplicado, según el actor, porque no se encontraba en vigor para la fecha de los hechos.

(…)
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 52 y 53 de la Ley 4 de 1913, Código de Régimen Político y Municipal4, al señalarse en la Ley 1098 de 2006, artículo 216, inciso segundo, que los beneficios y prohibiciones previstos en el artículo 199 ibídem, respecto de los delitos allí señalados y cometidos “contra niños, niñas y adolescentes” comenzaban a regir desde su promulgación (el 8 de noviembre de 2006), resulta indesconocible que el punible de homicidio agravado, consumado el 19 de enero de 2007 en el menor D… A… G… T…, por el procesado, estaba cobijado por la citada disposición, luego es palmario que carece de sustento fáctico real la alegada violación directa de la ley sustancial por indebida aplicación del precepto.”5


3.4. Por otra parte, de la lectura del proveído del Tribunal, aparece que éste analizó la naturaleza del pedimento incoado y lo enmarcó como beneficio administrativo de acuerdo con lo establecido en la Ley 65 de 1993, además, la determinación de reconocérsele redención de pena al condenado no la compartió al resultar contraria a derecho y por ende no ser vinculante.
4. Así las cosas, a pesar de la insatisfacción de JORGE ELIÉCER GUEVARA ARANDA con la determinación de las autoridades demandadas, no se advierte ésta contraria a mandatos constitucionales y legales, o quebrantadora de derechos fundamentales, pues obedece al estudio de los presupuestos que la normatividad aplicable exige.
Y por ello, nada más alejada de la realidad que la pretensión del accionante, al invocar presunta vulneración de derechos fundamentales y aspirar con ello a imponer sus razones frente a la interpretación normativa efectuada, pues resulta claro que conforme con el principio de legalidad se adoptó la determinación que resulta adecuada al marco normativo aplicable.
Por lo anterior, el amparo deprecado será considerado improcedente.
* * * * * *
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en Sala de Decisión en Tutela, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE
Primero.- Declarar improcedente la acción de tutela invocada por JORGE ELIÉCER GUEVARA ARANDA.
Segundo.- Notifíquese esta decisión en los términos consagrados en el Decreto 2591 de 1.991.
Tercero.- De no ser impugnado este fallo ante la Sala de Casación Civil de la Corporación, enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO

Magistrado

GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNANDEZ

Magistrado

Nubia Yolanda Nova García



Secretaria

1 Fol. 11

2 Véase Corte Constitucional, sentencia T-225 de 2010

3 Pagina 5 y 6 de la providencia

4 Artículo 52. La ley no obliga sino en virtud de su promulgación, y su observancia principia dos meses después de promulgada.

La promulgación consiste en insertar la ley en el periódico oficial, y se entiende consumada en la fecha del número en que termine la inserción.

Artículo 53. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior los casos siguientes:

1. Cuando la ley fije el día en que deba principiar a regir, o autorice al gobierno para fijarlo, en cuyo caso principiará a regir la ley el día señalado.

2. Cuando por causa de guerra u otra inevitable estén interrumpidas las comunicaciones de alguno o algunos municipios con la capital y suspendido el curso ordinario de los correos, en cuyo caso los dos meses se contarán desde que cese la incomunicación y se restablezcan los correos.

5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto casación 28080, 12 de septiembre de 2007



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