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Corte Suprema de Justicia Proceso n.º 35637 corte suprema de justicia sala de casación penal


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República de Colombia

Segunda Instancia – Justicia y Paz N° 35637

JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA
Corte Suprema de Justicia



Proceso n.º 35637

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente:



ALFREDO GOMEZ QUINTERO

Aprobado Acta No. 36

Bogotá, D.C., nueve (9) de febrero de dos mil once (2011)


VISTOS

Se pronuncia la Corte sobre el trámite a surtir en relación con el recurso de apelación interpuesto por todos los intervinientes contra la decisión del 02 de diciembre de 2010, de la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá.


ANTECEDENTES

En decisión tomada en audiencia pública el 02 de diciembre de 2010, la Sala de Conocimiento de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá, realizó LECTURA DE FALLO, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA E INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL del postulado JORGE IVÁN LAVERDE ZAPATA.


Dentro de la misma diligencia, una vez escuchada la decisión, interpusieron el recurso de apelación el delegado de la fiscalía, los representantes de la Procuraduría, los representantes de las víctimas, el postulado y su defensor. En consecuencia, los Magistrados de la Sala, en seguimiento de lo dispuesto por el artículo 26 de la Ley 975 de 2005, concedieron el recurso y enviaron las diligencias a esta Corporación.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Procede la Sala a pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto contra el fallo aludido, reiterando la jurisprudencia que ha construido en relación con la aplicación de la Ley 1395 de 2010 al trámite previsto en la Ley 975 de 2005 (Justicia y Paz).
“El artículo 91 de la Ley 1395 de 2010, expresamente consagra:
El artículo 179 de la Ley 906 de 2004 quedará así:
Artículo 179. Trámite del recurso de apelación contra sentencias. El recurso se interpondrá en la audiencia de lectura de fallo, se sustentará oralmente y correrá traslado a los no recurrentes dentro de la misma o por escrito en los cinco (5) días siguientes, precluido este término se correrá traslado común a los no recurrentes por el término de cinco (5) días.
Realizado el reparto en segunda instancia, el juez resolverá la apelación en el término de 15 días y citará a las partes e intervinientes para lectura de fallo dentro de los diez días siguientes.
Si la competencia fuera del Tribunal Superior, el magistrado ponente cuenta con diez días para registrar proyecto y cinco la Sala para su estudio y decisión. El fallo será leído en audiencia en el término de diez días”.
La norma en mención modifica el artículo 179 de la Ley 906 de 2004 (Código de Procedimiento Penal), en lo referido al trámite de apelación contra sentencias. Por su parte, el artículo 26 de la Ley 975 de 2005, en sus incisos 2° y 3° establece:
“(…) La apelación procede contra los autos que resuelvan asuntos de fondo, adoptados durante el desarrollo de las audiencias, y contra las sentencias. Se interpone en la misma audiencia en que se profiera la decisión, y se concede en el efecto suspensivo ante la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia
El Magistrado ponente citará a las partes e intervinientes a audiencia de argumentación oral que se celebrará dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la actuación en la Secretaría de la Sala de Casación Penal. Sustentado el recurso por el apelante y oídos las demás partes e intervinientes, la Sala podrá decretar un receso hasta por dos (2) horas para emitir la decisión que corresponda.”

Si bien la reforma que introdujo la Ley 1395 de 2010 no prevé expresa sobre su aplicabilidad en el trámite previsto por la Ley 975 de 2005, ha sido aceptada por esta Sala la tesis según la cual es posible hacerlo directamente aquella normatividad, en lo referente al trámite de impugnación.1



Lo primero que cabe anotar es que la finalidad esencial de la Ley 1395 de 2010 se hace manifiesta en el título de la misma, “POR LA CUAL SE ADOPTAN MEDIDAS EN MATERIA DE DESCONGESTIÓN JUDICIAL”. En consecuencia, el interés primordial del legislador fue el de establecer reformas tendientes a descongestionar los despachos judiciales.
Bajo dicho postulado, si la normatividad en cuestión se entiende general para la justicia, al punto de encontrarse profundas modificaciones introducidas respecto de los procedimientos civil, laboral, extinción de dominio, administrativo y penal (Ley 600 de 2000 y Ley 906 de 2004), y bajo este entendido se precisó que una mejor práctica en el proceso penal ordinario opera bajo el criterio que la apelación de las sentencias debe sustentarse ante el funcionario que profirió la decisión atacada, ninguna razón existe para que de esa postulación se excluya el trámite propio de Justicia y Paz.
Lo anterior es de recibo si se toma en consideración que dentro del carácter sui generis de la Ley 975 se incluyen principios ineludibles, los cuales, en lo esencial, buscan ofrecer verdad, justicia y reparación a las víctimas (artículos 6, 7 y 8). En segundo término, en el espectro procesal de la referida ley 975 se propugna por ofrecer celeridad al trámite de juzgamiento, aspecto que se evidencia en lo dispuesto por el artículo 13, y el parágrafo primero del artículo 26, en cuanto dispone que “El trámite de los recursos de apelación de que trata la presente ley, tendrá prelación sobre los demás asuntos de competencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, excepto lo relacionado con las acciones de tutela.”
Asimismo, las decisiones que por vía de constitucionalidad ha proferido la Corte Constitucional y la Sala de Casación Penal en virtud de recursos de apelación, han advertido cómo el texto de la Ley 975 de 2005 exige un proceso de adecuación e interpretación, no sólo para hacerlo contextual y operante, sino en aras de que esos postulados principialísticos de verdad, justicia y reparación puedan materializarse efectivamente y con prontitud.
Junto con lo anotado, debe destacarse que la misma Ley de Justicia y Paz, desde su desarrollo normativo consagra necesario acudir a otros mecanismos de complementación. Esto fue reseñado en el artículo 2° del Decreto 4760 de 2005, cuyo texto indica:
La interpretación y aplicación de las disposiciones previstas en la Ley 975 de 2005 deberán realizarse de conformidad con las normas constitucionales y los tratados internacionales ratificados por Colombia. La incorporación de algunas disposiciones internacionales en la citada ley, no debe entenderse como la negación de otras normas internacionales que regulan esta misma materia.
En lo no previsto de manera específica por la Ley 975 de 2005 se aplicarán las normas de procedimiento penal contenidas en la Ley 906 de 2004 y, en lo compatible con la estructura del proceso regulado por aquella, lo dispuesto por la Ley 600 de 2000, así como la Ley 793 de 2002 y las normas civiles en lo que corresponda.

Desde luego, la Corte no desconoce que la Ley 975 de 2005, prevé específicamente el trámite a adelantar para la instauración, sustentación y resolución del recurso de apelación. Lo que quiere resaltarse es el carácter abierto de ese cuerpo especial, al punto de significar que puede acudirse complementariamente a cualquiera de los dos procedimientos penales hoy vigentes, a normas civiles o a la Ley de Extinción de Dominio, en el entendido que sus cometidos de verdad, justicia y reparación abarcan muchas y en ocasiones disímiles aristas, todas las cuales es preciso armonizar a través de los diferentes cuerpos normativos para que cumplan esas precisas finalidades.


Dentro de este mismo orden de ideas, en relación con lo contemplado en el inciso primero del artículo 2° arriba transcrito, adoptar el trámite del reformado artículo 179 del Código de Procedimiento Penal, contribuiría no sólo, como ya se dijo, a la material realización del principio de celeridad, sino del derecho de acceso a la administración de justicia (o de tutela judicial efectiva) consagrado en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Colombia2.
Así, el artículo 8 de la Declaración Universal de los Derechos y Deberes del Hombre, adoptada y proclamada por la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, establece que “toda persona tiene derecho a un recurso efectivo, ante los tribunales nacionales competentes, que la amparen contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o la ley”. En el mismo sentido se expresa el numeral 1 del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, aprobado en la legislación interna mediante la Ley 74 de 19683.
A su vez, el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, aprobado por nuestro país por la Ley 16 de 1972, consagra el “derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo”, de tal manera que los Estados Partes se comprometen a (i)garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso”, (ii) desarrollar las posibilidades del recurso judicial” y (iii) garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso”.
Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una Opinión Consultiva, ha señalado que, para que el mismo exista, “no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley o con que sea formalmente admisible, sino que se requiere que sea realmente idóneo4, lo que implica que toda institución o mecanismo de derecho interno debe reunir “las características necesarias para la tutela efectiva de los derechos fundamentales, esto es, la de ser sencilla y breve5. En otras palabras, “[l]os recursos son ilusorios cuando se demuestra su inutilidad en la práctica6 y, por lo tanto, el Estado “tiene que garantizar una actuación expedita7.
A similares conclusiones ha llegado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y en este sentido se ha precisado que el recurso judicial “debe ser efectivo, tanto en la ley como en la práctica8.
La práctica enseña que en la actualidad, pese a los postulados de celeridad, eficiencia y eficacia decantados en la Ley 975 de 2005, los trámites propios del recurso de apelación resultan no sólo engorrosos y demorados, sino onerosos, dado que, de un lado, el alto volumen de trabajo que hoy agobia a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, obliga superar de alguna manera los términos legales establecidos para realizar la audiencia de sustentación; y del otro, cuando el auto impugnado fue proferido por los Magistrados ubicados en lugar diferente a Bogotá, se obliga el desplazamiento de los distintos intervinientes hasta esta ciudad, lo que representa altos costos en tiempo y dinero, en ocasiones nugatorios de los derechos de las víctimas, en su mayor parte imposibilitadas de acudir.
Concluye esta Sala, que el artículo 26 de la Ley de Justicia y Paz, no es el mejor mecanismo para hacer efectivo el principio de celeridad, a más de que puede afectar otros principios, como los de tutela judicial efectiva e incluso los postulados torales de verdad, justicia y reparación.
De esta manera, el mejor procedimiento que logre el respeto no sólo de las finalidades de la Ley de justicia y Paz, sino los estándares internacionales, es la contemplada en la Ley 1395 de 2010, en cuanto modifica el artículo 179 de la Ley 906 de 2004. Así las cosas la sustentación del recurso de apelación se deberá efectuar ante el juez de primera instancias, ya sea de manera oral en la misma audiencia o de manera escrita dentro de los siguientes cinco (5) días.
Es preciso destacar, eso sí, que la postura adoptada por la Corte de ninguna manera representa alteración relevante o sustancial de la estructura del debido proceso. Recuérdese que la Ley de Justicia y Paz es de índole extraordinaria, pues al contrario de la tradicional actuación jurídico-penal, obedece a una especial política criminal de justicia restaurativa –cuyos alcances superan en mucho el ámbito meramente punitivo, irradiando temas complejos de índole política, económica e incluso social-, en la que el respeto a la ritualidad no es tanto un fin en sí mismo como un mecanismo para obtener una solución pacífica al conflicto armado o, como tantas veces se ha dicho, un instrumento procesal de transición hacia el logro de una paz sostenible9.
En este orden de ideas, el no atenerse estrictamente al trámite previsto en el artículo 26 de la Ley de Justicia y Paz, sino en lugar de ello dar prelación a lo dispuesto en el artículo 179 de la Ley 906 de 2004 (modificado por la Ley 1395 de 2010), no implica anomalía alguna, en la medida en que dicho proceder garantiza la celeridad de la actuación, faculta materializar el principio de tutela judicial efectiva y, de paso, contribuye a la realización de los fines primordiales de la Ley 975 de 2005.
De igual forma, no es posible predicar que atender a la modificación inserta en la Ley 1395 de 2010, afecta principios basilares del trámite de Justicia y Paz, o vulnera derechos específicos de alguno o algunos de los intervinientes en el mismo. Aceptar dicha afirmación, implicaría lo mismo para el trámite ordinario de la ley 906 de 2004, con lo cual los criterios de mejoría en la administración de justicia establecidos en la reforma sobre descongestión, perderían todo basamento finalístico. En segundo término, el hecho de permitir a los impugnantes y sus contrapartes exponer oralmente sus argumentaciones ante el mismo órgano judicial que dictó la providencia atacada, en nada incide respecto a la naturaleza, calidad o efectividad del medio de controversia.
Ahora bien, esta Sala ya ha manifestado en providencias previas que la impugnación de los autos proferidos en el trámite de Justicia y Paz, y que fuesen expedidos con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1395, deben surtir el trámite dispuesto en esta misma normatividad.10 Sí así se ha decidido frente a autos que deciden un elemento de trámite, así mismo se debe actuar frente a las sentencias que entran a decidir sustancias primordiales del proceso. En consecuencia, siendo coherentes y concordantes con la jurisprudencia de esta Sala, y en aras de respetar el derecho de igualdad y la seguridad jurídica de las partes del proceso, se debe tomar una decisión en el mismo sentido.
Debe precisar la Corte, eso sí, que la decisión aquí tomada tiene validez únicamente respecto de los trámites de apelación iniciados con posterioridad a la vigencia de la Ley 1395 de 2010 pues, en los casos en los que se interpuso y concedió el recurso antes del 12 de julio de 2010, necesariamente el trámite a seguir debe ser el consagrado en el artículo 26 de la Ley 975 de 2005, a efectos de respetar los criterios consagrados en el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, que así reza:
Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.”

Consecuentemente con lo anotado, como la decisión tomada por la Sala de Justicia y Paz adscrita al Tribunal Superior de Bogotá, así como la subsecuente interposición del recurso de apelación, operaron con posterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 1395 de 2010, la Corte entiende necesario que se adelante, para su sustentación, el trámite consagrado en el artículo 91 de esta normatividad, que modifica el artículo 179 de la Ley 906 de 2004.


Así reitérese que no existe incompatibilidad legal alguna entre lo dispuesto por el modificado art. 179 del C.P.P y lo señalado por el 26 de la L 975/05; al contrario, ambos dispositivos se articulan y armonizan, y la aplicación de la mera ley hace que el proceso de Justicia y Paz sea más eficaz y pronta, sin que con ello –como se ha dicho- se afecten garantías fundamentales de alguna de las partes e intervinientes.

La reproducción in extenso de la línea argumentativa de la Corporación, obedece a la necesidad de destacar que no existe razón atendible alguna para circunscribirla a la apelación de autos toda vez que lo allí expuesto conserva plena validez en relación con la impugnación de sentencias.


Por ello, se devolverá el expediente a la magistratura de primer grado, para lo pertinente.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala De Casación Penal,
RESUELVE
Devolver la actuación a la Sala de Decisión de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bogotá, para los efectos señalados en la parte motiva.

Contra esta decisión no procede recurso alguno.



Cópiese, notifíquese y cúmplase

JAVIER DE JESÚS ZAPATA ORTIZ

JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ FERNANDO A. CASTRO CABALLERO

SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO

MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE L. AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMÁN

JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA


TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria

1 En Auto de veintiséis (26) de enero de 2011, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sostuvo que la impugnación de un auto en el trámite de Justicia y Paz, debía sustentarse de manera oral en la misma audiencia en que se produjo la decisión, tal y como lo indica la reforma introducida por la Ley 1395 de 2010. En lo pertinente, se reiterará lo dicho en aquella oportunidad.

2 Artículo 8 de la Declaración. Así mismo, artículos 1, 2, 29, 228 y 229 de la Constitución Política.

3 “Toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil”.

4 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Garantías judiciales en estados de emergencia, Opinión Consultiva OC-9/87 de 6 de octubre de 1987, serie A, número 9, § 24.

5 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Tribunal Constitucional vs. Perú, sentencia de 31 de enero de 2001, serie C, número 71, § 91.

6 Corte Interamericana de Derechos Humanos, caso Ivcher Bronstein vs. Perú, sentencia de 6 de febrero de 2001, serie C, número 74, §§ 137-142.

7 Comité de Derechos Humanos, caso Fuenzalida vs. Ecuador, comunicación 480 de 1991, dictamen de 15 de agosto de 1996, § 9.6.

8 Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Aksoy vs. Turquía, sentencia de 18 de diciembre de 1996, § 95 (traducción no oficial).

9 Cf. auto de 3 de octubre de 2008, radicación 30442. Así mismo, auto de 24 de mazo de 2010, radicación 33257, entre otros.

10 Auto de 26 de enero de 2011. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Expediente No. 32022.





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