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Corte Superior de Justicia de Junín Tercera Sala Penal


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Corte Superior de Justicia de Junín

Tercera Sala Penal

Teléfono 064-245415 ó 246780 Anexo 2047 Hyo.

Telefax 064-245415 ó 246780 Anexo 2043 Hyo.

Expte. Nº 13-2004

L 1 Pág. 81

HUANCAYO


3ra. S. P.

Sumaria


Huancayo, treinta y uno de mayo

del año dos mil siete.



V I S T O S; con lo expuesto por el Señor Representante del Ministerio Público, en su dictamen de fojas ciento noventa y siete; y,
CONSIDERANDO:
Primero.- Que, el artículo ciento cuarenta y nueve de la Constitución Política del Estado establece que, “Las autoridades de las comunidades campesinas y nativas, con el apoyo de las Rondas Campesinas, pueden ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial de conformidad con el derecho consuetudinario, siempre que no violen los derechos fundamentales de la persona: La ley establece las formas de coordinación de dicha jurisdicción especial con los Juzgados de Paz y con las demás instancias del Poder Judicial”.
Segundo.- Que, el artículo sesenta y seis del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, establece en su segundo y tercer párrafos que, los Jueces de Paz “…en la sustentación y resolución de procesos se sujetan a las normas establecidas en el reglamento correspondiente. La sentencia la pronuncia según su leal saber y entender, debidamente motivada, no siendo obligatorio fundamentarla jurídicamente. Los Jueces de Paz, preservando los valores que la Constitución consagra, respetan la cultura y las costumbres del lugar”.
Tercero.- Que, de igual manera, debe mencionarse que, el convenio ciento sesenta y nueve de la Organización Internacional del Trabajo fue incorporado al sistema jurídico peruano mediante Resolución Legislativa número veintiséis mil doscientos cincuenta y tres del dos de diciembre de mil novecientos noventa y tres, en cuyo artículo siete dice: “Los pueblos interesados deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar en la medida de lo posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente”.
Cuarto.- Que, en el presente caso, la imputación es porque el apelante, “en condición de Juez de Paz No Letrado del Distrito de MITO Concepción ha emitido la Resolución Número cero cero uno-JPM-PJ-dos mil tres de fecha trece de diciembre del dos mil tres y que ordena a la Comunidad Campesina de Mito que retiren los puentes de madera, ramadas, casetas, muros y otros instalados en el predio ubicado en el lugar denominado EL REFUGIO del paraje La Huaycha de propiedad de JOSE LUIS BASURTO COTERA, resolución que no ha sido notificado previamente al agraviado no dándole opción que ejerza su defensa o recurra con arreglo a ley la citada resolución, hecho que ha sido ejecutado con fecha catorce de diciembre del año dos mil tres a horas once de la mañana aproximadamente causando daños materiales conforme el documento obrante en autos a fojas cincuentiuno, orden impartida por el funcionario público abusando de sus atribuciones, cometiéndose un acto arbitrario en perjuicio del agraviado, quien según Resolución Administrativa Número ciento dieciocho-dos mil dos-INRENA-DGAS/ATDM de fojas cuatro de la Administración Técnico del Riego del Mantaro tenía licencia para desarrollar actividades recreativas en la condición de preservación de las aguas y áreas de afluencia manantial “La Huaycha”; asimismo, conforme copia de de fojas seis de la Asamblea Extraordinaria y de las copias de los recibos de fojas cuatro-ocho se aprecia que entre el agraviado y la Comunidad Campesina de Mito existe un contrato de arrendamiento con el pago respectivo sobre los terrenos de paraje denominado Pichachi. Huaycha de propiedad de la Comunidad para el usufructo y pastoreo del mismo por parte del agraviado”.
Quinto.- Que, no obstante ello, debe advertirse que, según la resolución que sería el objeto del delito, que corre a fojas cinco, de fecha trece de diciembre del dos mil tres, el citado encausado ha tenido a la vista ciertos recaudos, entre ellos “la notificación de la Resolución Número cero cero uno-cero tres-CC/DM” de fecha veintinueve de octubre del dos mil tres y otras resoluciones y notificaciones, y luego, la citada autoridad menciona que “En vista de existir denuncias por faltas de usurpación y daños en este Juzgado y desacato a las notificaciones indicadas líneas arriba efectuada la inspección se ha constatado infragante faltas de usurpación y daños en perjuicio de terrenos intangibles de propiedad de la comunidad campesina del distrito de Mito; así como, de la faja marginal del manantial natural de “La Huaycha”, como es el sangrado del cauce en perjuicio del eco sistema; faltas de usurpación y daños en la propiedad privada de accesos comunes y naturales por parte de los señores…”; y, a consecuencia de ello ORDENA a la Comunidad Campesina de Mito, comuneros en general, “por el bien de la integridad y conservación de nuestro patrimonio ancestral y terrenos afectados, ocasionados por el apetito voraz de los descritos: SE RETIRE los puentes de madera, ramadas, casetas, muros y otros instalados en los terrenos de la comunidad y en los caminos de acceso comunes y naturales del pueblo”. De todo esto puede observarse con meridiana claridad que ese señor Juez, estaba actuando en el marco de sus atribuciones y potestades constitucionales y legales, dejándose expresa constancia de que, según su declaración de fojas veintinueve, había entregado tres resoluciones sobre CADUCIDAD DE AUTORIZACIÓN VERBAL y que hizo su inspección sin notificar a las partes pero no por delitos sino por faltas y que tenía conocimiento de que la Resolución de INRENA sólo es una autorización para el uso de aguas, adjuntando en tal sentido sendas copias que corren de fojas treinta y uno a cuarenta y cinco, donde en efecto se encuentran la resolución de CADUCIDAD DE LA AUTORIZACIÓN VERBAL y las respectivas notificaciones, por lo tanto no se ha demostrado que haya COMETIDO ACTO ARBITRARIO ALGUNO, mucho menos se produce un ABUSO DE SUS ATRIBUCIONES, en el peor de los casos, NO SE HA ACREDITADO en modo alguno el dolo, pues actuaba en la convicción y en la conciencia de que estaba ejerciendo sus funciones jurisdiccionales y haciendo justicia frente a las pretensiones de la Comunidad.
Sexto.- Que, la legitimidad y plena vigencia de un Estado Constitucional de Derecho, implica el respeto de las autoridades a todas las decisiones judiciales, incluidas las de los señores Jueces de Paz.
Séptimo.- Que, sin perjuicio de las evaluaciones realizadas, debe ponderarse que a la fecha, ha operado la Prescripción de la Acción Penal, pues, el hecho se habría suscitado el trece de diciembre del dos mil tres y la pena máxima es de dos años según el artículo trescientos setenta y seis del Código Penal y en aplicación de lo previsto en los artículos ochenta y ochenta y tres de dicho texto legal, por lo que de uno y otro modo, resulta imposible jurídicamente la imposición de una condena.
Octavo.- La presente resolución se expide de conformidad a la Resolución Administrativa número ciento doce-dos mil tres-CE-PJ, de fecha dieciséis de Septiembre del dos mil tres, modificado por Resolución Administrativa número ciento veintisiete-dos mil tres-CE-PJ., de fecha cuatro de noviembre del dos mil tres.
Por tales consideraciones:
REVOQUESE la sentencia recurrida que corre de fojas ciento sesenticinco a ciento sesentiocho, su fecha, veinticinco de octubre del dos mil seis, que CONDENA a GREGORIO ISAÍAS PECHO PAITÁN, por la comisión del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de Abuso de Autoridad, en agravio de Jorge Luis Basurto Cotera, y le impone un año de pena privativa de la libertad, suspendida por un año de prueba, fijando en la suma de cuatrocientos nuevos soles el monto que por concepto de reparación civil debería cancelar; REFORMANDOLA ABSOLVIERON a GREGORIO ISAÍAS PECHO PAITÁN, por la comisión del delito contra la Administración Pública, en la modalidad de Abuso de Autoridad, en agravio de Jorge Luis Basurto Cotera, consecuentemente, se ORDENA la ANULACIÓN de los antecedentes que se hubieran generado con motivo de la presente CURSANDOSE los oficios pertinentes a las entidades correspondientes; Y DEVUÉLVASE. Ponente: Vocal Superior Señor Guerrero López.
Señor

Guerrero López

13-2004


L 1 Pág. 81

31-05-2007






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