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Corte de Apelaciones de Antofagasta No atenta contra medio ambiente investigación que realiza titular de concesión de explotación geotérmica. Protección rechazada Texto Completo


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Corte de Apelaciones de Antofagasta

No atenta contra medio ambiente investigación que realiza titular de concesión de explotación geotérmica. Protección rechazada

Texto Completo: Antofagasta, veinte de diciembre de dos mil siete.

VISTOS:


La presentación de fojas 07 y siguientes efectuada por la Asociación Indígena Consejo Atacameño representada por su Presidente don Osvaldo Galleguillos Martínez, Comunidad Indígena Atacameña de Toconce representada por su Presidente don Pascual Yufla Ayavire, Comunidad Indígena Quechua de Sumacllajta representada por su Presidente doña Amelia Mamani Charcas, Comunidad Indígena Atacameña de Toconao representada por su Presidente don Guillermo González Chinga, Agrupación Educacional San Pedro de Atacama representada por su Presidente don Roberto Tampier Peronard, Agrupación de Turismo y Medio Ambiente representada por su Presidente don Mauricio Ciacca Barraza, Asociación Gremial de Conductores y Guías de Turismo de San Pedro de Atacama representada por su Presidente don José Maldonado Villa y señores Claudia Melo Soto, Catherina Holmgren Grynzstejn, José Romero Larios, Marisol López Escobar, Juan Sota Aguayo, Carolina Albornoz Narváez, Jorge Castillo Vicencio,Emelina Rementería, Ulrike Scholer, Luis Retamal Núñez, Christian Rosales Medel, Sonia Ramos Chocobar, María de La Riva Dutzan, Ana Solís Mamani, Leonel Titichoca Ibáñez, Jorge Collao Fernández, Guillermo Correa Trincado, Pamela Acosta Saavedra, Willy Reyes Sandón, Cristian Torres Lepe, María Véliz Gómez, Manuel Silvestre Gómez, Roberto Aguilera Gómez, Grecia Schuls Ñancuán, Félix Vilca Celta, Raúl Barrera Silva, Andrea Riquelme Riquelme, Patricio Núñez López, Mario Gómez Painequeo, Yubitza Cruz Cruz, Solange Gálvez Zuleta, Juan Martínez Díaz, katia Berger Wolf, Verónica Moreno Fernández, Ana Barón Parra, Luis Solís Gutiérrez, Salvador Garfe Jara, Uerco Quezada Lima, Mercedes Berna Berna, Elizabeth Cru z Cortés, Nelson Cruz Herrera, Sandra Vallejo Baron, Alvaro Méndez Muller, María Cale Ortuya, Eleanore Merrill, Margaret Vega Matta, Juan Pablo Vidal Muñoz, Luisa Aguilera Orellana, Michel Coumes, Rodolfo García Osorio, Cristian Aedo Valdés, José Castillo Puentes, Eduardo Flores Saza, Ingrid Holland Durán, Lucas Sila Guzmán, Gustavo Glade Reyes, Elías Quiñones Maizares, Mauricio Orellana Barrera, Alexandra Fernández Cochet, María Martínez-Conde Córdova, Sonia Reyes Soza, Sandra Reyes Soza, Cecilia Rojo Díaz y Gloria Morales Aranda, quienes interponen recurso de protección en contra de Geotérmica del Norte S.A., representada por don Oscar Valenzuela Schneider, por haber cometido los actos ilegales y arbitrarios de que se da cuenta en la presentación, y que privan, perturban y amenazan sus garantías constitucionales, establecidas en el No.8 del artículo 19 de la Constitución Política del Estado.

Señalan que la empresa Geotérmica del Norte S.A., tiene proyectado realizar perforaciones geotérmicas profundas en el ex campamento Corfo ubicado al sur del campo de Geisers del Tatio, área que se encuentra aproximadamente a 120 kilómetros al Este de la ciudad de Calama y a 100 kilómetros al Norte de San Pedro de Atacama.

Agregan que, en el mes de agosto la recurrida ingresó a la Corema Segunda Región, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), y la Solicitud de Autorizaciones Provisoria (SAP) del Proyecto de Perforación Geotérmica Profunda El Tatio, Fase 1; proyecto que se emplaza en un área declarada zona de interés turístico mediante resolución de fecha 1 de agosto de 2002 publicada en el Diario Oficial el día 22 de agosto de 2002 la que es considerada área colocada bajo protección ambiental por parte del CONAMA, Institución a cargo de la administración del sistema, de acuerdo a la legislación ambiental vigente.

Y, conforme al artículo 10, letra p) de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, la ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, reservas marinas o en cualquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial de los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental en cualquiera de sus fases, deberán someterse al sistema de evaluación de impacto ambiental.

Fundamentan el recurso señalando que el día 25 de septiembre del 2007 un equipo de personas de la Mesa de Trabajo por el Medio Ambiente de San Pedro de Atacama subió a los Geisers del Tatio y al ex Campamento Corfo, con la finalidad de constatar denuncias que se habían realizado en razón de que la empresa recurrida ya estaba comenzando los trabajos en dicho campamento.

A continuación relatan los actos que constataron como atentatorios a la garantía invocada.

Dicen que a pocos kilómetros del ex campamento después de la hora del retorno del turismo se divisaron dos camionetas cargadas con paneles solares dirigiéndose al Cerro La Torta.

Siguiendo el camino hacia el ex Campamento Corfo, se encontraron otros grupos de profesionales trabajando, de diferentes empresas contratadas por la recurrida.

Lo que estaban haciendo según el Señor Peter Zalai era que estaban midiendo conductividad en la tierra para las comunicaciones en los trabajos. Ya, en el ex campamento CORFO encontraron a don Pedro Ibarra, Jefe de Campamento quien dice hoy comenzaron a subir 25 personas a trabajar por 30 días.

Dicen que la real inquietud resultó en primer lugar, por el hecho de verificar que efectivamente se encontraban trabajando; en segundo lugar, de la constatación de tubos que tenían instalados extrayendo agua hacia sus baños y otros destinados a botar los desechos desde sus baños al drenaje que se ubica a un metro de la vertiente de Jauna.

Además, en el mismo lugar instalaron un generador electrógeno de enormes capacidades provocando ruido y contaminación.

En la administración de los Geisers encontraron a otra empresa contratada por Geotérmica del Norte, Empresa Geodatos, representada por don Marco Alvear, quien estaba trabajando en el estudio de gravedad desde el 6 de agosto del 2007, el que señala "buscamos el mejor punto de energía del bolsón geotérmico y creo que es más factible perforar en el Cerro La Torta ya que en el Tatio es más superficial".

También se pudo constatar que los caminos desde la plataforma Al para los que la recurrida ha formulado una Solicitud de Autorización Provisoria (SAP), la que aún no se ha resuelto, ya se encuentran arreglados, lo que implica una grave vulneración a la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente.

Todo esto acompañado del entorno contaminado con basura. Dicho equipo de personas constató y registró en fotos y videos que efectivamente ya se encontraban realizando trabajos por lo que no estarían cumpliendo lo ordenado en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente.

En cuanto a los fundamentos del recurso, como vulneración de garantías, señalan el artículo 19 N° 8 de la Constitución Política de la República.

Alegan que la recurrida incurre en actos que son arbitrarios e ilegales, los que implican una perturbación y amenaza para el medio ambiente, ya que al estar realizando trabajos, extrayendo agua y botando o pretendiendo botar los desechos sanitarios cerca de la vertiente de Jauna están vulnerando la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente al disponer que para la ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas, monumentos, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza parques marinos, reservas marinas o en cualquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualquiera de sus fases, deberá someterse al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.

Esto implica que el proyecto sólo podrá ejecutarse previa evaluación de su impacto ambiental y no antes.

Señalan que es de importancia que sea respetado este sistema de evaluación ya que contempla el plazo de 60 días, desde la publicación del proyecto, para que las personas jurídicas y todas aquellas personas naturales que tengan interés hagan sus observaciones al proyecto, lo que se conoce como participación ciudadana.

Además, el medio ambiente se encuentra expuesto o amenazado a sufrir graves deterioros o lo que es peor aun, la destrucción de los geisers que es lo que se pretende evitar cuando un proyecto debe someterse al sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y de ahí la importancia de cumplir con todos los plazos y las formalidades y una vez que se cumpla con estos y quede demostrado que no se va a producir un daño ambiental y se obtenga la autorización puede comenzar los trabajos.

También existe riesgo para la fauna ya que con los trabajos realizados han generado ruido, tránsito de vehículos que espantarían a la fauna existente por lo que existe riesgo que se trasladen del lugar, existiendo en la zona especies en peligro de extinción de acuerdo a la ley 19.473.

También mencionan como vulnerados el artículo 71 del Código Sanitario, el que establece que corresponde aprobar a la autoridad sanitaria los proyectos relativos a la construcción de cualquier otra obra pública o particular destinada a la: evacuación tratamiento o disposición final de desagües, aguas servidas de cualquier naturaleza.

Antes de poner en explotación las obras mencionadas, ellas deben ser autorizadas y, de las que se viene relatando no cuentan con esa autorización.

También se alega como infringido, el artículo 73 del Código Sanitario: en el estudio de impacto ambiental la recurrida asegura que las aguas servidas serán tratadas en una planta de tratamiento de aguas servidas compacta, el afluente será almacenado en fosa séptica, retirados periódicamente y dispuesto por gestor autorizado.

Los residuos provenientes de los baños químicos instalados en las faenas serán retirados periódicamente por un servicio de transporte y disposición de residuos líquidos domiciliario autorizado, quienes los dispondrán en un sitio autorizado, no existirá descarga de residuos a cursos de aguas.

Según lo que se pudo comprobar el equipo de personas que fue a hacer una inspección al lugar, ésta no se esta respetando, ya que, como consta en los registros fotográficos y de video ya se encuentra instalada la fosa séptica la que cuenta con tubería para hacer descarga a pocos metros de la vertiente de Jauna.

También en dichos registros queda de manifiesto que se encuentran extrayendo agua de la Vertiente de Jauna.

De lo expuesto, se desprende que el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación se encuentra vulnerado y que requieren de la debida protección tal como lo ordena el artículo 20 de la Constitución Política de la República, Artículos 1º, 8º y 10º de la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente y artículos 71 y 73 del Código Sanitario.

Piden se ponga término a toda realización de trabajos o intervención en la zona en la que pretende instalarse el Proyecto Perforación Geotérmica Profunda El Tatio, mientras no se cumpla con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y obtengan la autorización para la realización de dicho proyecto, con costas.

Acompañan los siguientes antecedentes:

1.- un CD que contiene set de fotografías tomadas en el ex campamento CORFO y,

2.- un DVD que contiene el registro de video, captado en el ex campamento CORFO.

A fojas 139, don Jorge Fidel Castro Allendes, asumiendo la representación de la sociedad Geotérmica del Norte S.A., evacua informe como se lo requiriera esta Corte, quien solicita se declare inadmisible el recurso por no ser éste declarativo y haberse interpuesto en forma extemporánea y, en subsidio, pide que el mismo sea rechazado, con costas.

Alega la recurrida que la acción de protección no es una acción declarativa.

Dice que conviene deslindar lo que al parecer se presenta como una confusión conceptual de los comparecientes así como se ha resuelto en forma uniforme que la acción de protección no es popular.

Para efectos de recurrir se debe acreditar los presupuestos indispensables para reclamar el amparo constitucional: acción ilegal o arbitraria; privación perturbación o amenaza en el legitimo ejercicio del derecho y que la garantía se encuentre cautelada por la acción de protección.

Señala que Geotérmica del Norte S.A. es actualmente titular de la concesión de explotación de energía geotérmica del área denominada El Tatio, otorgada de conformidad a la ley 19.657 y su reglamento.

Afirma que, la recurrida no ha realizado y no realizará por sí o terceros, ninguna actividad o trabajos en al área de concesión geotérmica que sea materia del Estudio de Impacto Ambiental, actualmente en evaluación, sin contar previamente con las autorizaciones, pues resulta de toda evidencia que ser así se estarían vulnerando claras disposiciones legales y poniendo en riesgo en forma absolutamente innecesaria una inversión cercana a los US $ 20.000.000.

Señala que lo que indebidamente ha sido presentado como anticipación de labores sometidas al SEIA, no constituyeron sino estudios superficiales de geología, junio de 2007, y geofísica desde el 24 de septiembre al 15 de octubre, que empresas externas y subcontratadas desarrollaron obras que en la actualidad han concluido y que no formaban parte del EIA ya referido ni de su SAP.

Los estudios superficiales no solo fueron detalladamente informados a las autoridades y comunidades locales desde febrero, a partir del establecimiento de una mesa de trabajo integrada por las Municipalidades de Calama, San Pedro de Atacama, Conadi, Gobernacion Provincial de El Loa, y las Comunidades de Toconce y Caspana, titulares de la concesión de administración turística del área, sino que además, no guardan relación con las actividades descritas en el EIA ni con la SAP anexa, toda vez que se enmarcaron dentro de un proceso preliminar de investigación geotérmica.

Sin perjuicio de lo anterior, y aún teniendo en consideración que estos estudios no forman parte de las actividades descritas en el EIA, ni de aquellas para las que solicitó la SAP, fueron descritos en las presentaciones en su calidad de estudios preliminares normales en la primera fase de investigación geotérmica en el proceso formal de participación ciudadana del EIA, en los encuentros verificados los días 10, 11 y 14 de septiembre.

A mayor abundamiento, en la realización de estos estudios superficiales se acordó con las Comunidades de Toconce y Caspana que luego del uso que personal técnico hiciera de algunas instalaciones correspondientes al ex campamento que se encontraba en estado de abandono, estas serian limpiadas y ordenadas, incluso haciéndose cargo de los pasivos ambientales ya existentes generados por terceros en el pasado, para finalmente ser puesta a disposición de ellas en el marco de un acuerdo expreso.

En consecuencia, lo que se pretende no es en caso alguno conjurar una lesión o puesta en peligro de una garantía como consecuencia de un acto ilegal o arbitrario inexistente sino que por el contrario judicializar un tema cuya sede de discusión y resolución es la Corema de Antofagasta, órgano que según la Ley 19.300 y su reglamento confirió competencia exclusiva y excluyente para calificar el proyecto sometido al SEIA.

En cuanto a su alegación de extemporaneidad del recurso, señala que se debe tener presente que lejos de ser estudios clandestinos u ocultos, los datos e informaciones recopilados por las empresas externas y sus subcontratistas en los meses de julio, septiembre y octubre de 2.007 fueron informados con detalles no solo a las comunidades sino que a instituciones publicas directamente relacionadas como la Conadi, Gobernación Provincial El Loa y Municipalidad de San Pedro y Calama, las que además participan de una mesa de trabajo.

En tales instancias de información y participación se presentó el cronograma de actividades a desarrollar.

Dice que, la recurrida no solo se limitó a exponerlos ante las instancias voluntarias constituidas sino que además, fue comunicada a la comunidad en general mediante entrevistas y/o reportajes o notas de prensa en periódicos de circulación regional o local, por lo tanto la información acerca de los estudios superficiales, fue también debidamente comunicada en forma directa y por intermedio de periódicos regional y local, siendo absolutamente imposible que los recurrentes hubieren tomados conocimiento de ello el día 25 de septiembre de 2007.

En consecuencia, la acción deducida resulta ser inadmisible por extemporánea supuesto el hecho público y notorio que los estudios superficiales se verificaron en el mes de julio de 2007 y entre el 24 de septiembre y 15 de octubre de 2007.

Informando el recurso, dice que la recurrida es titular de una concesión de explotación de energía geotérmica denominada El Tatio, otorgada por DS N° 246/2006 del Ministerio de Minería, ubicada en la Provincia de El Loa, Comuna de Calama, Región de Antofagasta.

En ejercicio de los derechos que la ley concede al titular de la concesión, y en atención a la carga especial que se impone a éstos en el artículo 40 de la señalada ley, la recurrida ha programado y pretende ejecutar el proyecto denominado Perforación Geotérmica Profunda El Tatio Fase I, en el sector denominado Quebrada del Zoquete, ubicado a más de 4 kilómetros al sur del campo de geisers de El Tatio, y particularmente en una zona que constituye un valle adyacente, del que no se tiene vista desde la zona turística.

Dicho proyecto tiene por objeto confirmar la existencia de un potencial geotérmico, evaluar su potencial de generación eléctrica y verificar la factibilidad de generar esta energía en la Región de Antofagasta.

El proyecto considera la perforación de cuatro pozos, que luego de perforados serán probados para evaluar su potencial geotérmico.

Los fluidos geotérmicos alumbrados durante dichas pruebas serán reinyectados al reservorio Geotérmico en alguno de los pozos de Corfo que actualmente existen en el área y que serán evaluados previamente para tal propósito.

En cumplimiento a las exigencias asociadas a la normativa medioambiental con fecha 22 de agosto de 2007, la recurrida presentó ante la Corema el EIA y la solicitud de autorización provisoria del proyecto Perforación Geotérmica Profunda El Tatio Fase I, el que fue admitido a trámite con fec ha 28 de agosto y publicado su extracto en el Diario Oficial con fecha 3 de sep de 2007.

En cuanto a los accesos necesarios, dice que, el proyecto contempla: el mejoramiento del camino existente entre ex campamento Corfo y la plataforma de perforaciones existente; la construcción de nuevo camino entre la plataforma existente A 1 y la nueva plataforma; y, habilitación de camino de reinyección; ninguna de estas actividades han sido desarrolladas por la recurrida como pretende hacer creer la recurrente.

Señala que la exposición de los hechos contenidos en el recurso, resulta ser discordante con el proyecto en cuestión, al extremo de suministrarse a titulo ilustrativo fotografías que dan cuenta de las obras existentes que datan de la época de los años 70 efectuadas por Corfo y obras ejecutadas en el año 2002.

La existencia de un grupo electrógeno autónomo de tamaño menor y que no tiene relación con el descrito en la SAP y la captación de aguas de un afluente no son ni pueden ser considerados como actos de ejecución del proyecto en evaluación, máxime si con el primer equipo solo se suministraba energía eléctrica a los técnicos para el uso de los equipos de mediciones utilizados y por lo segundo sólo se utilizaba el recurso para el uso domestico del grupo de trabajadores que pernoctó la segunda quincena de septiembre y la primera de octubre.

Tanto el grupo de generación autónomo como el sistema de captación de agua, fueron retirados al concluir los estudios realizados y desocuparse las instalaciones históricas conocidas como ex campamento Corfo.

A continuación, señala que en cuanto a las citas de preceptos legales presuntamente vulnerados resulta ser impertinente desde el momento que el presupuesto fáctico necesario e indispensable para hacerlos aplicables no existe, pues aquellas actividades, trabajos y obras que deben ejecutarse para desarrollar el proyecto sometido al SEIA, por ser susceptible de causar un impacto ambiental, no serán ejecutados hasta en tanto no se cuente con las autorizaciones ambientales y sectoriales respectivas.

Agrega que, lejos de verificarse los hechos los estudios realizados de geología y geofísica no son bajo ningún respecto susceptibles de causar impacto ambiental, pues no produjeron ninguna alteración del medio ambiente ni menos aun contaminación.

Finalmente señala que ninguna ilegalida d se puede perpetrar si la recurrida solo ejerce derechos que reconoce la Ley 19.657 a los titulares de concesiones de energía geotérmica, y se ha sometido en forma previa al SEIA en relación a las actividades o trabajos que, en efecto, son susceptibles de producir un impacto ambiental.

Señala que el legislador le asigna tal importancia a la exploración y explotación de la energía geotérmica que no solo redobló su tutela estableciendo expresamente que los titulares de ella se encuentran protegidos por la garantía del artículo 19 N° 24 de la Constitución Política de la República, sino que además por la propia legislación que establece una causal de extinción de la concesión de explotación, para el caso que un concesionario aun habiendo pagado patente no desarrollare las actividades de explotación de su concesión, pudiendo hacerlo en condiciones razonables de rentabilidad, con el fin de obtener la autorizaciones que la legislación establezca en razón de los proyectos que se desarrollen.

Invocar la ilegalidad de estudios superficiales que pueden ser desarrollados al amparo de los derechos del concesionario geotérmico y que en caso alguno implican afectación o impacto en el medio ambiente se traduciría en la intangibilidad de sectores que la propia ley y reglamento respectivo han considerado como fuentes probables de energía geotérmica, sin perjuicio de vulnerar y afectar en su esencia el derecho de propiedad del que es titular el concesionario.

Expresa que la Constitución Política de la República no define un concepto de contaminación, sin embargo la ley 19.300 trata específicamente esta materia.

En consecuencia los recurrentes deben explicar como el funcionamiento por algunas horas de un grupo autónomo de generación de energía eléctrica y la captación de agua para el uso humano de un grupo de trabajadores pueden ser considerados como actos ilegales, pues el mero temor de lesión no forma parte de la tutela constitucional.

Finalmente aduce, que esta garantía exige del recurrente, la atribución de la imputabilidad de la acción contaminante en término de relación causa efecto a una persona determinada, como se indica en el recurso.

La recurrida tiene su asiento en la ciudad de Santiago, y quienes desplegaron la actividad en la zona fue la firma Wellfield Services Limitada y sus subcontratistas, razón por la que, debió ser esta la recurrida y no Geotérmica del Norte S.A., pues en ningún capitulo del recurso se desarrolla como Geotérmica del Norte realizó actos y omisiones que se califiquen de ilegales y que amenacen perturben o priven a los recurrentes de la garantía invocada.

Añade que la petición formulada a esta Corte por la recurrente, no tiene soporte fáctico, en relación a los estudios verificados y las actividades descritas en el EIA y SAP en trámite, en tanto resulta insólito que se pretenda poner termino a determinadas actividades que aún no han comenzado si resulta jurídicamente más interesante plantear la situación que se produce cuando al momento de producirse el pronunciamiento cautelar, los hechos que constituyen el fundamento del recurso han cesado.

Señala que los trabajos han concluido con fecha 15 de octubre y con ello se ha desmovilizado todo el equipamiento que fue requerido de suerte tal que no existe ningún acto o hecho que pueda ser objeto de cautela frente a la supuesta inminencia de un peligro o lesión al medio ambiente.

Además, acompaña los siguientes documentos:

a) copia simple del Decreto Supremo 246/2006, por el que se otorga la concesión de explotación de energía geotérmica a la empresa Geotérmica del Norte S.A.;

b) copia del Resumen ejecutivo del EIA, presentado ante la Corema de Antofagasta;

c) copia íntegra del capítulo 9, "Participación Ciudadana" del EIA del proyecto Perforación Geotérmica Profunda El Tatio, Fase I"";

d) copia simple del oficio por el cual se comunicó a los organismos públicos competentes, que se admitió a trámite el EIA denominado "Perforación Geotérmica Profunda El Tatio, Fase I", de fecha 28 de agosto de 2007;

e) Periódico El Mercurio de Antofagasta, correspondiente al día 3 de septiembre de 2007, fecha en que fue publicado en extracto, el EIA del proyecto denominado "Perforación Geotérmica Profunda El Tatio, Fase I".;

f) Copia de ficha técnica, resumen de tramitación, carta de presentación del DÍA y croquis de ubicación del proyecto denominado "Conservación y Mejoramiento conexión vial San Pedro-El Tatio (Rutas B-245-235), Región de Antofagasta", cuyo titular es el Ministerio de Obras Públicas;

g) Reportajes de fechas 19 de junio, 3 de julio y 8 de septiembre de 2007, todos de El Mercurio de Antofagasta, en que se da a conocer la realización de estudios que tuvieron por objeto completar el modelo geotérmico integrado y, las características del proyecto que se pretende ejecutar en la zona y actualmente sometido al SEIA.

A fojas 160, la recurrida acompaña carta que remitiera a la Gobernadora de El Loa con fecha 25 de Septiembre del 2007 y dos croquis o mapas de detalle y de contexto de Exploración Geotérmica El Tatio.

A fojas 163, esta Corte decreta la medida para mejor resolver, que se lee a fojas 163; cumplida ésta, volvieron los autos al acuerdo.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que la Asociación Indígena Consejo Atacameño y otros han interpuesto recurso de protección en contra de la sociedad Geotérmica del Norte S.A., representada por don Oscar Valenzuela Schneider, por haber cometido actos ilegales y arbitrarios que privan, perturban y amenazan su derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación; garantía constitucional, establecida en el No. 8 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Fundamentan su recurso en que el día 25 de septiembre del 2007, constaron que la empresa Geotérmica del Norte S.A. inició trabajos relativos al Proyecto denominado Perforación Geotérmica Profunda El Tatio, Fase I, que fuera presentado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), a través de un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), secundada por una Solicitud de Autorización Provisoria (SAP), al que debe someterse por tratarse el área de afectación del proyecto de una zona de interés turístico, sin contar con los permisos o pronunciamientos de carácter ambiental.

Alegan que los trabajos iniciados constituyen actos ilegales y arbitrarios, toda vez que conforme al inciso primero del artículo 10 de la Ley sobre Bases del Medio Ambiente, los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, en cualquiera de sus fases, deben someterse al Sistema de Evaluación de Impacto ambiental.

Sostienen que la recurrida dio inicio a las obras del Proyecto, sin que éste fuera aprobado por la Comisión del Medio Ambiente de esta ciudad, como lo exige la Ley No. 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

Agregan que todos los actos descritos en su recurso, han vulnerado además, el respeto debido a las normas legales que regulan el Medio Am biente.-

SEGUNDO: Que, don Jorge Fidel Castro Allendes, asumiendo la representación de la sociedad Geotérmica del Norte S.A., informa a fojas 139 y siguientes, pide se declare la inadmisibilidad del recurso deducido, en primer lugar, porque la acción de protección no es popular y porque el recurso ha sido interpuesto en forma extemporánea.

En subsidio, solicita el rechazo del recurso por no violentar ni privar a la recurrente, en forma alguna del ejercicio de las garantías constitucionales esgrimidas en el presente recurso.

Señala que las obras que relatan los recurrentes han sido ejecutadas por la empresa Wellfield Services Ltda. Manifiesta que lo que indebidamente ha sido presentado como anticipación de labores sometidas al SEIA, no constituyeron sino estudios superficiales de geología, junio de 2007, y geofísica desde el 24 de septiembre al 15 de octubre, toda vez que se enmarcaron dentro de un proceso preliminar de investigación geotérmica; obras que en la actualidad han concluido y que no formaban parte del EIA ya referido ni de su SAP. Agregan que su representada no es mencionada en ninguno de los actos relatados.

TERCERO: Que, en cuanto a la alegación de la recurrida en orden a declarar la inadmisibilidad del recurso por la judicialización de una materia, no se atenderá a los argumentos vertidos por ésta, ya que expresamente el artículo 20 de la Constitución dispone que se podrá ocurrir a la Corte de Apelaciones respectiva, la que adoptará de inmediato las providencias que juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del afectado "sin perjuicio de los demás derechos que pueda hacer valer (el afectado) ante la autoridad o los tribunales correspondientes.

CUARTO: Que, en cuanto a la alegación efectuada por la recurrida de extemporaneidad del recurso, tampoco se atenderá a él, toda vez que conforme con lo dispuesto en el No. 1 del Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, la acción que establece el artículo 20 de la Constitución Política de la República debe interponerse dentro del plazo fatal de treinta días corridos contados desde la ejecución del acto o la ocurrencia de la omisión, o según la naturaleza de estos, desde que se haya tenido noticias o conocimiento cierto de los mismos.

QUINTO: Que, los recurrentes sostienen que tuvieron conocimiento de los actos con los que se dieron inicio a los trabajos del Proyecto Perforación Geotérmica Profunda El Tatio en su concepto arbitrarios e ilegales el día 25 de septiembre del 2007, por lo que, teniendo presente que la acción constitucional fue presentada ante esta Corte el 09 de Octubre del 2007 resulta que fue deducida dentro del plazo contemplado en el artículo 1º del Auto Acordado antes mencionado, primando el principio de la buena fe en sus dichos.

SEXTO: Que el recurso de protección deducido por la recurrente, tiene por objeto amparar un derecho garantizado por la Constitución, cuál es, el derecho al medio ambiente libre de contaminación que asegura el artículo 19 N° 8 de la Carta Fundamental.

SÉPTIMO: Que el inciso final del artículo 20 de la Constitución Política de la República establece que procederá el recurso de protección en el caso del Nº 8 del artículo 19 de la misma, cuando el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación sea afectado por un acto arbitrario e ilegal imputable a una autoridad o persona determinada.

OCTAVO: En consecuencia, en estas acciones cautelares relativas al medio ambiente se exige que el acto impugnado sea copulativamente, arbitrario e ilegal.

Conviene precisar que para que el acto sea ilegal, debe estar infringiendo una ley vigente, ya sea, porque se la contraría o porque se omitió una acción que por ley debe hacerse.

En tanto que, arbitrario significa la ausencia o falta de un fundamento racional para una acción.

NOVENO: La recurrente sostiene en su recurso que la recurrida incurre en actos que son arbitrarios e ilegales, los que implican una perturbación y amenaza para el medio ambiente, ya que al estar realizando trabajos, extrayendo agua y botando o pretendiendo botar los desechos sanitarios cerca de la vertiente del Jauna, están vulnerando lo ordenado en la Ley de Bases Generales del Medio Ambiente, específicamente el artículo 10 letra p).

Agregan que es de suma importancia que sea respetado este sistema de evaluación de impacto ambiental que implica participación ciudadana.

Añaden que los trabajos que ya están realizando, vulneran además, lo dispuesto en los artículos 71 y 73 del Código Sanitario.

Dicen que según consta de l os registros fotográficos y de video acompañados en un otrosí de su presentación, ya se encuentra instalada la fosa séptica, la que cuenta con tubería para hacer descarga a pocos metros de la Vertiente de Jauna.

No obstante las conductas que describe la recurrente, no se logra precisar de ellos, en que consiste la arbitrariedad e ilegalidad de los actos denunciados.

DECIMO: La recurrida ha acreditado que mediante D.S. No. 246 de fecha 27 de Diciembre del 2006, el Ministerio de Minería, le otorgó Concesión de explotación de energía geotérmica, en el área denominada El Tatio, ubicada en la Segunda Región de Antofagasta, Provincia El Loa, Comuna de Calama, en virtud del artículo 14 de la Ley No. 19.567.

Que el artículo 2º del citado D.S. expresa: téngase como objeto de la concesión, iniciar la explotación del reservorio geotérmico descubierto en los años 70 y 80 en el sector de El Tatio, a través de una planta de generación eléctrica de una capacidad de 40 MW, que utiliza los fluidos geotérmicos del área geotermal del Tatio.

Conforme al artículo 3º del mismo D.S., Las actividades o inversiones comprometidas de acuerdo a lo indicado en la respectiva solicitud serán las siguientes: primer año MU S$ 40.- preparación de antecedentes y actualización de bases de datos; segundo año, MU S$ 127. obtención de la concesión de explotación.

Permisos ambientales, profundización de estudios de G&G. Elaboración de proyecto de factibilidad final: tercer año, MUS$1.980 ...

UNDÉCIMO: Que, con de la documentación acompañada, la recurrida ha acreditado que, la empresa Wellfield Services Limitada, ha realizado por su cuenta, dentro del proceso primario de investigación geotérmica, estudios superficiales de geología y geofísica en el área del ex campamento CORFO los que han tenido por objeto definir con mayor precisión la dimensión del yacimiento y la ubicación de los nuevos pozos a perforar, que corresponden a actividades superficiales, no invasivas y que no tienen impacto alguno sobre el medio ambiente.

Estas actividades fueron detalladamente informadas a las autoridades y comunidades locales desde febrero de este año, y no guardan relación alguna con las previstas en el Estudio de Impacto Ambiental así como con la Solicitud de Autorización Provisoria actualmente en trámite.

Tales actividades ya desarrolladas, se enmarcaron dentro de los derechos que le confiere la Ley No. 19.657 al recurrido, al ser titular de una concesión de explotación geotérmica.

Por consiguiente, la recurrida ha acreditado que las actividades que denuncia la recurrente, a lo menos, son legales.

DECIMOSEGUNDO: En todo caso, hay que tener presente que, nuestro país se encuentra en una situación de vulnerabilidad respecto de la disponibilidad y seguridad energética, ya que importa casi las tres cuartas partes de la energía que consume.

Ante esta situación, se encuentra en la obligación de buscar fuentes alternativas de energía, para lo cual dictó la Ley No. 19.657 sobre Concesiones de Energía Geotérmica, la que asigna tal importancia a la exploración y explotación de tal energía, que redobló su tutela estableciendo expresamente que los titulares de ella se encuentran protegidos por la garantía establecida en el No. 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

DECIMOTERCERO: Que por consiguiente, los actos señalados como atentatorios al derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, no pueden calificarse como arbitrarios e ilegales, por lo que el recurso debe necesariamente ser rechazado.-

DECIMO CUARTO: Que tampoco podría prosperar el presente recurso, si se tiene presente que la recurrente ha pedido a este Tribunal que ponga término a la realización de trabajos o intervención en la zona en la que pretende instalarse el proyecto Perforación Geotérmica Profunda El Tatio, mientras no se cumpla con el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y se obtenga la autorización para la realización de dicho proyecto, cuando los actos denunciados dicen relación con actividades que en todo caso han cesado.

DECIMOQUINTO: Que por lo razonado y establecido necesariamente deberá rechazarse el recurso de protección interpuesto.

Por estas consideraciones y visto además lo dispuesto en los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la Republica y Autos Acordados de la Excma. Corte Suprema de fechas 24 de Junio de 1992, 4 de Mayo de 1998 y 8 de Junio del 2007, sobre Tramitación del Recurso de Protección de Garantías Constitucionales, se declara que SE RECHAZA, sin costas, el recurso de protección interpuesto por la Asociación Indígena Consejo Atacameño representada por su Presidente don Osvaldo Galleguillos Martínez, Comunidad Indígena Atacameña de Toconce representada por su Presidente don Pascual Yufla Ayavire, Comunidad Indígena Quechua de Sumacllajta representada por su Presidente doña Amelia Mamani Charcas, Comunidad Indígena Atacameña de Toconao representada por su Presidente don Guillermo González Chinga, Agrupación Educacional San Pedro de Atacama representada por su Presidente don Roberto Tampier Peronard, Agrupación de Turismo y Medio Ambiente representada por su Presidente don Mauricio Ciacca Barraza, Asociación Gremial de Conductores y Guías de Turismo de San Pedro de Atacama representada por su Presidente don José Maldonado Villa y señores Claudia Melo Soto, Catherina Holmgren Grynzstejn, José Romero Larios, Marisol López Escobar, Juan Sota Aguayo, Carolina Albornoz Narváez, Jorge Castillo Vicencio,Emelina Rementería, Ulrike Scholer, Luis Retamal Núñez, Christian Rosales Medel, Sonia Ramos Chocobar, María de La Riva Dutzan, Ana Solís Mamani, Leonel Titichoca Ibáñez, Jorge Collao Fernández, Guillermo Correa Trincado, Pamela Acosta Saavedra, Willy Reyes Sandón, Cristian Torres Lepe, María Véliz Gómez, Manuel Silvestre Gómez, Roberto Aguilera Gómez, Grecia Schuls Ñancuán, Félix Vilca Celta, Raúl Barrera Silva, Andrea Riquelme Riquelme, Patricio Núñez López, Mario Gómez Painequeo, Yubitza Cruz Cruz, Solange Gálvez Zuleta, Juan Martínez Díaz, katia Berger Wolf, Verónica Moreno Fernández, Ana Barón Parra, Luis Solís Gutierrez, Salvador Garfe Jara, Uerco Quezada Lima, Mercedes Berna Berna, Elizabeth Cruz Cortés, Nelson Cruz Herrera, Sandra Vallejo Baron, Alvaro Méndez Muller, María Cale Ortuya, Eleanore Merrill, Margaret Vega Matta, Juan Pablo Vidal Muñoz, Luisa Aguilera Orellana, Michel Coumes, Rodolfo García Osorio, Cristian Aedo Valdés, José Castillo Puentes, Eduardo Flores Saza, Ingrid Holland Durán, Lucas Sila Guzmán, Gustavo Glade Reyes, Elías Quiñones Maizares, Mauricio Orellana Barrera, Alexandra Fernández Cochet, María Martínez-Conde Córdova, Sonia Reyes Soza, Sandra Reyes Soza, Cecilia Rojo Díaz y Gloria Morales Aranda,en contra de Geotérmica del Norte S.A., representada por don Oscar Valenzuela Schneider.

Regístrese, comuníquese y archívese en su oportunidad.



Rol N° 740-2007.

Redacción de la Abogada Integrante señora Ana Cecilia Karestinos Luna.


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