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Corte constitucional


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Resumen:

“Es importante anotar que, de admitirse lo planteado por la representante de la actora acerca de la vigencia del fuero circunstancial para los creadores del segundo sindicato, cabría la posibilidad de que, a sabiendas de que se suprimirán ciertos cargos, los futuros perjudicados creen un sindicato para estar cobijados por el fuero de fundadores y unos días antes de que se venza el término de protección, creen otro sindicato, y así sucesivamente, para prolongar de manera indefinida la vigencia del fuero y, de esa manera, obstaculizar la ejecución de decisiones referidas a la planta de personal. Obviamente, este es un procedimiento inaceptable. De acuerdo con el artículo 209 de la Constitución, la “función administrativa está al servicio de los interese generales...”, y si en un momento determinado los organismos competentes llegan a la conclusión de que es necesario reestructurar una entidad pública, y ajustan su determinación a las normas legales vigentes, esta decisión no puede ser deliberadamente truncada de manera indefinida por los empleados con miras a promover su interés, también legítimo pero no prevaleciente, en mantener los cargos a los cuales se encuentran vinculados.1[14]”


“…”
La Sala de Revisión considera necesario recalcar que esta decisión obedece a las especificidades del caso. La Corte reafirma la posibilidad de acudir a la acción de tutela para exigir el reintegro de trabajadores amparados por el fuero sindical, cuando se trata de impedir que la facultad del empresario de dar por terminado un contrato de trabajo, sin justa causa y con la debida indemnización, sea utilizada para menoscabar los derechos de asociación y la libertad sindical. Por eso la tutela se ha estudiado de fondo. Lo que sucede es que por las particularidades de este caso no se dan los supuestos para aplicar la jurisprudencia de la Corte en la materia, anteriormente reiterada.”


CORTE CONSTITUCIONAL

Sentencia T-809/05

Referencia: expediente T-1064548


Acción de tutela instaurada por Julia Myriam Castillo Granados contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá
Magistrado Ponente:

Dr. MANUEL JOSÉ CEPEDA ESPINOSA



Bogotá D.C., cinco (05) de agosto de dos mil cinco (2005).
La Sala Tercera de Revisión de la Corte Constitucional, integrada por los Magistrados Manuel José Cepeda Espinosa, Jaime Córdoba Triviño y Rodrigo Escobar Gil, en ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, ha proferido la siguiente

SENTENCIA
En el proceso de revisión del fallo de tutela proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro del proceso instaurado por Julia Myriam Castillo Granados contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá

I. ANTECEDENTES
La ciudadana Julia Myriam Castillo Granados entabló una acción de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, por considerar que ésta vulneró sus derechos fundamentales a la igualdad, al trabajo, al mínimo vital, al acceso a la administración de justicia, a la asociación sindical y al debido proceso. Los hechos que dieron origen a la acción de tutela son los siguientes:
1. Julia Myriam Castillo Granados prestó sus servicios como empleada pública de la Asamblea de Cundinamarca entre el 3 de noviembre de 1993 y el 16 de marzo de 2001. La señora Castillo estaba escalafonada en la carrera administrativa, en el cargo de Secretaria Ejecutiva código 5-25 grado 09.
2. El 27 de febrero de 2001 fue fundado el Sindicato de Empleados del Departamento de Cundinamarca – SINDECUN. La señora Castillo estuvo entre sus fundadoras.
3. El mismo día 27 de febrero de 2001 se notificó sobre la fundación de SINDECUN a la Asamblea de Cundinamarca y al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. En los días siguientes se le informó a la Asamblea sobre la afiliación de nuevos empleados al sindicato. Pocos días después, el 5 de marzo, se le solicitó al Ministerio que inscribiera en el registro sindical al Sindicato, lo cual sucedió el 6 de junio de 2001.
4. Mediante la ordenanza Nº 002 del 27 de febrero de 2001 y la resolución Nº 10 del 15 de marzo de 2001, la Asamblea Departamental decidió suprimir la totalidad de los empleos de su planta de personal. Con base en lo anterior, el día 16 de marzo de 2001, la señora Castillo fue notificada de que su cargo había sido suprimido.
5. La señora Castillo entabló una demanda de reintegro contra el Departamento de Cundinamarca – Asamblea de Cundinamarca, por cuanto al momento de su desvinculación estaba amparada por el fuero sindical – como miembro fundador de SINDECUN – y los demandados no habían adelantado ante la jurisdicción laboral ordinaria el procedimiento previo para su despido.
6. En su sentencia del día 9 de julio de 2004, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Bogotá condenó al Departamento de Cundinamarca a reintegrar a la señora Castillo al mismo cargo que desempeñaba al momento de su desvinculación, o a uno de igual categoría. Igualmente, lo condenó a pagar a la actora los salarios que había dejado de percibir, con la autorización de descontar los valores pagados por cesantías definitivas e indemnización.
Manifiesta el Juzgado que estaba probado que la actora había sido miembro fundador del sindicato y que, por consiguiente, estaba amparada por el fuero sindical. Luego, anota que en la sentencia T-1334 de 2001 la Corte Constitucional había precisado que, en todos los casos, la desvinculación de un empleado público amparado por el fuero sindical requería de la calificación judicial previa.
7. En su providencia del 31 de agosto de 2004, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá decidió revocar la sentencia de primera instancia, y absolver al Departamento y a la Asamblea de Cundinamarca.
La Sala expresa, en primer lugar, que era claro que la demandante había actuado como miembro fundador del sindicato. También manifiesta que la administración departamental no acreditó la decisión judicial que facultara el retiro. Por ello, entra a definir “si para este caso especial debía la Administración respetar el fuero o dada la supresión del cargo, le era permitido proceder en la forma que lo hizo.”
Sobre el punto expone que el Departamento indicó que la ordenanza Nº 002 del 27 de febrero de 2001 y la resolución Nº 10 del 15 de marzo de 2001 habían sido expedidas de conformidad con lo establecido en la ley 617 de 2000, y que el despido había ocurrido por supresión del cargo. Al respecto manifiesta que esta situación fáctica “impide el reintegro físico de la demandante y sus consecuencias; de patrocinarlo, se estaría ante una obligación de imposible cumplimiento, no estando nadie obligado a ello, acorde al criterio que sobre el punto se ha mantenido desde antaño, y que no varía, a pesar de tratarse aquí de un fuero sindical, pues la consecuencia de esta figura no llega al extremo de tornar en posible lo imposible fácticamente...”
La Sala transcribe apartes de distintas sentencias del Consejo de Estado y la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de las que concluye que, incluso en el caso de que exista fuero sindical, no se puede exigir el reintegro a un cargo en el servicio público cuando este ha sido suprimido por causa de una reestructuración. Por lo tanto, finaliza con la afirmación de que “no es posible pretender el reintegro a un cargo, que en virtud precisamente de la reestructuración desapareció, incurriéndose en caso de proferirse la orden de reintegro en una decisión de ‘imposible cumplimiento’, por sustracción de materia...”
La Magistrada Lucy Stella Vásquez salvó su voto.
8. La ciudadana Julia Myriam Castillo Granados interpuso, mediante apoderada, una acción de tutela contra la decisión del Tribunal.
En la demanda se expresa que la sentencia constituye una vía de hecho por defecto sustantivo, por las siguientes razones:


  1. porque desconoció la cosa juzgada constitucional acerca de la existencia del fuero sindical para los empleados públicos;




  1. porque interpretó las normas de la manera más desfavorable para el trabajador, al “argumentar que la actora no puede ser reintegrada a su cargo por ser de imposible cumplimiento en virtud de que el cargo que ocupaba desapareció.”




  1. Porque desconoció los principios constitucionales de la favorabilidad, la igualdad, la dignidad humana, la seguridad jurídica, la solidaridad y la justicia.

En relación con la acusación acerca de que la sentencia del Tribunal violó el principio de igualdad manifiesta la apoderada de la actora:


“... la supresión de cargos cobijó a un sinnúmero de empleados de carrera administrativa de la Asamblea Departamental, los cuales iniciaron las acciones pertinentes una vez agotada la vía gubernativa. Muchos de estos asuntos ya han sido resueltos por la segunda instancia, en este caso, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala Laboral, en sentido ‘FAVORABLE’, teniendo los mismos hechos y pretensiones que el caso de la señora JULIA MYRIAM CASTILLO GRANADOS. Entre algunas de las sentencias cito: la del 30 de mayo de 2003, expediente Nº 0720010307-02, Magistrada Ponente Doctora Angela María Betancur de Gómez; sentencia del 4 de febrero de 2004, de la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, Magistrado ponente doctor Yesid Ramírez Bastidas, acción de tutela; y la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Bogotá D.C., Sala Laboral, del 13 de febrero de 2004, del proceso especial de fuero sindical acción de reintegro, promovido por Alba Stella Delgado Zamora contra el Departamento de Cundinamarca - Asamblea de Cundinamarca.”
A continuación, pasa a fundamentar su afirmación acerca de que la sentencia del Tribunal vulneró distintos derechos fundamentales de la actora.
A la demanda se anexaron diferentes documentos. Entre ellos se encuentran las copias de las sentencias a las que se aludió al afirmar que la sentencia del Tribunal vulneraba el derecho a la igualdad, por cuanto había fallado en este caso en un sentido distinto a otras ocasiones. Estas sentencias son: i) la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, el 30 de mayo de 2003, dentro del proceso especial de fuero sindical, acción de reintegro, promovido por José Ignacio Vergara Ibáñez contra el Departamento de Cundinamarca y la Asamblea de Cundinamarca; ii); la sentencia de tutela proferida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, el 4 de febrero de 2004, dentro del proceso instaurado por Alba Stella Delgado Zamora contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá; y iii) la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, el 13 de febrero de 2004, dentro del proceso especial de fuero sindical, acción de reintegro, promovido por Alba Stella Delgado Zamora contra el Departamento de Cundinamarca y la Asamblea de Cundinamarca.

II. DECISIONES JUDICIALES
9. En su sentencia del día 18 de noviembre de 2004, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia negó la acción de tutela, por cuanto “no es dable mediante la tutela invalidar los efectos de las providencias judiciales...”
10. En su providencia del 2 de febrero de 2005, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la decisión impugnada. En la sentencia se expresa que el Tribunal “en forma seria, juiciosa y racionada explicó los motivos que de conformidad con las normas y precedentes jurisprudenciales aplicables y con los hechos acreditados le permitían revocar el fallo que revisaba, desvirtuando así la línea argumentativa prohijada por el juzgador de primera instancia...·”
Y en relación con la acusación sobre la vulneración del derecho de igualdad manifestó: “Finalmente, en nada modifica la anterior conclusión el hecho consistente en que la Sala Laboral accionada al pronunciarse en torno a casos similares al del accionante hubiera accedido a las pretensiones de las demandas correspondientes, si resulta incuestionable que en cada evento debe adoptarse la determinación conclusiva consultando su individualidad.”

III. PRUEBAS SOLICITADAS POR LA SALA DE REVISIÓN
11. Mediante auto del día 27 de mayo de 2005, la Sala de Revisión le ordenó a la Secretaría General que solicitara el envío del expediente del proceso laboral ordinario y la remisión de distintos documentos por parte de la Asamblea de Cundinamarca.
El Presidente de la Asamblea de Cundinamarca remitió a la Sala de Revisión copia de los siguientes documentos:
- De la ordenanza N° 02 del 27 de febrero de 2001, “por la cual se suprimen los cargos de la Planta de Personal de la Asamblea Departamental, se derogan unas ordenanzas y se dictan otras disposiciones”;

- Copia de la Resolución N° 010 del 15 de marzo de 2001, “por la cual se suprimen los cargos de la planta de personal de la Asamblea Departamental”

- Copia del acta N° 14 de la sesión del 21 de febrero de 2001 de la Asamblea Departamental de Cundinamarca. En ella consta que se le dio el primer debate al proyecto de ordenanza N° 09 de 2001, el cual se convertiría en la ordenanza N° 02 de 2001, y al proyecto de ordenanza N° 07 de 2001, “por medio de la cual se modifica el presupuesto de rentas y recursos de capital y apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2001.”

- Copia del acta N° 15 de la sesión del 22 de febrero de 2001, en la cual se le dio el segundo debate al proyecto de ordenanza N° 09 de 2001, el cual se convertiría en la ordenanza N° 02 de 2001, y al proyecto de ordenanza N° 07 de 2001;

- Copia del acta N° 16 de la sesión del 23 de febrero de 2001, en la cual se le dio el tercer debate al proyecto de ordenanza N° 09 de 2001, el cual se convertiría en la ordenanza N° 02 de 2001, y al proyecto de ordenanza N° 07 de 2001.

- Copia del folio 689 de la Gaceta de Cundinamarca N° 13.653 del 27 de febrero de 2001, en el cual se publicó la ordenanza N° 02 del 27 de febrero de 2001.


12. En el expediente del proceso laboral de fuero sindical-reintegro, en el cuaderno 1, se encuentran distintos documentos aportados por la abogada de la parte demandada, en el marco de la audiencia celebrada el 21 de febrero de 2002 (fl. 94 ss.). Varios de los documentos hacen referencia a la creación de otro sindicato, el Sindicato de Empleados de la Asamblea Departamental de Cundinamarca – SINDEASAMCUN. Este sindicato fue creado el 23 de noviembre de 2000, por distintos servidores de la Asamblea Departamental de Cundinamarca. Como presidente del mismo fue nombrado el señor Héctor Torres Guevara.
El día 30 de noviembre de 2000, el Presidente del sindicato le envió una comunicación al Gobernador de Cundinamarca (folio 96), en la cual expresa:
“Comedidamente me permito comunicarle que en ejercicio del derecho constitucional y legal de asociación los funcionarios de la Asamblea Departamental de Cundinamarca hemos fundado un sindicato de empresa, SINDEASAMCUN, cuya solicitud de inscripción en el Registro Sindical ante el Ministerio del Trabajo se encuentra en trámite.
“Lo anterior para evitar que mediante una ordenanza se pueda llegar a despedir masivamente a los funcionarios de la Asamblea Departamental, los cuales gozan de fuero circunstancial.”
Luego, el mismo señor Torres le envió al Presidente de la Asamblea de Cundinamarca distintas comunicaciones en las que le informa acerca de afiliaciones al Sindicato. El día 26 de diciembre, le envía un nuevo escrito en el que le remite el listado de “los afiliados al Sindicato de Empleados de la Asamblea Departamental de Cundinamarca ‘SINDEASAMCUN’, los cuales gozamos de fuero sindical de fundadores, de acuerdo al art. 406 del Código Sustantivo del Trabajo.” El listado está integrado por 63 servidores (fls. 146-147).
Llama la atención que, posteriormente, el día 27 de febrero de 2001, muchos de los fundadores de SINDEASAMCUN crearán otra organización sindical, el Sindicato de Empleados del Departamento de Cundinamarca – SINDECUN. Entre los servidores que participaron en la fundación de los dos sindicatos se encuentra la actora de este proceso, Julia Myriam Castillo Granados. También el Presidente de este nuevo Sindicato será el señor Héctor Torres Guevara.
Al proceso laboral de fuero sindical se aportó también copia de la sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, el día 16 de agosto de 2002, dentro del proceso especial de fuero sindical instaurado por Margarita Niño Hernández contra el Departamento de Cundinamarca (expediente Nº 022001 0418 02, M.P. Natalia Contreras de Quevedo – fls. 181 ss.). La actora era directiva suplente del sindicato SINDEASAMCUN y también fue afectada por la decisión tomada por la Asamblea Departamental de suprimir la planta de personal de la Asamblea. En la sentencia se establece que SINDEASAMCUN fue fundado el 23 de noviembre de 2000 y que su personería jurídica fue inscrita en el registro sindical del Ministerio del Trabajo mediante acta de inscripción Nº 00011 del 29 de diciembre de 2000.

IV. REVISIÓN POR PARTE DE LA CORTE CONSTITUCIONAL
CONSIDERACIONES y fundamentos
Competencia
1. Esta Sala es competente para revisar las decisiones proferidas dentro de la acción de tutela de la referencia, con fundamento en los artículos 86 y 241, numeral 9, de la Constitución Política.
Problema Jurídico
2. La demandante trabajó durante varios años en la Asamblea de Cundinamarca y estaba escalafonada en la carrera administrativa. El 27 de febrero de 2001 creó un sindicato junto con otros servidores públicos del Departamento, pero a pesar de ello fue desvinculada de la institución, en razón de la Ordenanza Nº 2 de 2001 de la Asamblea de Cundinamarca, que decidió suprimir la totalidad de los empleos de su planta de personal.
La actora entabló un proceso de fuero sindical contra el Departamento y la Asamblea Departamental, por cuanto, a pesar de gozar del fuero circunstancial en su calidad de fundadora del sindicato, fue despedida sin contar con la aprobación de la jurisdicción laboral.
La sentencia de primera instancia condenó al Departamento de Cundinamarca a reintegrar a la actora y a pagarle los salarios dejados de percibir. Esta decisión fue revocada por el Tribunal, el cual estimó que no era procedente el reintegro, en razón de que los cargos de la Asamblea Departamental habían sido suprimidos a través de la Ordenanza Nº 2 de 2001.
En vista de lo anterior, la actora entablo una ación de tutela contra la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, bajo la consideración de que ésta había incurrido en una vía de hecho en su sentencia. La solicitud de amparo fue negada en las dos instancias.
De acuerdo con la demanda de tutela, el problema jurídico por resolver en el presente caso es si la sentencia del Tribunal constituye una vía de hecho sustantiva, por cuanto i) desconoció el fuero sindical de la actora; ii) interpretó las normas de la manera más desfavorable para la demandante, de tal manera que no ordenó su reintegro, por cuanto su cargo había desaparecido; y iii) vulneró el principio de igualdad, ya que le brindó un trato distinto al que han recibido otros servidores públicos del Departamento que habían sido desvinculados laboralmente por la misma causa que la actora.
La Sala de Revisión considera que antes de adentrarse en el problema planteado por la actora debe resolver la siguiente pregunta: ¿cuál es el alcance de las normas sobre fuero sindical cuando la constitución del sindicato es posterior a las medidas de reestructuración de una entidad que comprenden la supresión de la planta de personal? Y luego de resolver este interrogante habrá entonces de responderse a la siguiente pregunta: ¿incurrió en una vía de hecho la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá en su sentencia, por cuanto no accedió a la pretensión de la actora de ser reintegrada en su cargo, a pesar de que fue desvinculada del mismo sin autorización judicial previa, pocos días después de haber tomado parte en la creación de un sindicato?
Antes de responder a estas preguntas habrá de analizarse si la acción de tutela procede en este caso, tal como se hace a continuación.

Reiteración de jurisprudencia. Procedencia excepcional de la acción de tutela contra acciones u omisiones judiciales
3. Vistos los antecedentes, la Sala de Revisión considera que el caso plantea un problema jurídico que ya ha sido abordado ampliamente por la jurisprudencia constitucional, a saber: ¿procede la acción de tutela, a pesar de su carácter subsidiario, contra una providencia judicial en la que presuntamente se vulneran los derechos fundamentales?
4. Como ya ha sido señalado por esta Sala en otra ocasión,2[1] la sentencia C-543 de 1992 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), citada como precedente aplicable al presente caso por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, estudió la constitucionalidad de los artículos 11 y 12 del Decreto 2591 de 1991, normas que regulaban el ejercicio de la acción de tutela contra sentencias judiciales. En esta sentencia se resolvió declarar inexequibles las disposiciones acusadas, por considerar que desconocían las reglas de competencia fijadas por la Constitución Política y afectaban el principio de seguridad jurídica.
5. No obstante, la decisión de la Sala Plena de la Corte Constitucional no se adoptó en términos absolutos, pues matizó sus efectos al prever casos en los cuales, de forma excepcional, la acción de tutela es procedente contra actuaciones que aunque en apariencia estuvieran revestidas de formas jurídicas, en realidad implicaran una vía de hecho. Al respecto dijo la Sala Plena en la mencionada sentencia C-543 de 1992:

“(…) nada obsta para que por la vía de la tutela se ordene al juez que ha incurrido en dilación injustificada en la adopción de decisiones a su cargo que proceda a resolver o que observe con diligencia los términos judiciales, ni riñe con los preceptos constitucionales la utilización de esta figura ante actuaciones de hecho imputables al funcionario por medio de las cuales se desconozcan o amenacen los derechos fundamentales, ni tampoco cuando la decisión pueda causar un perjuicio irremediable, para lo cual sí está constitucionalmente autorizada la tutela pero como mecanismo transitorio cuyo efecto, por expreso mandato de la Carta es puramente temporal y queda supeditado a lo que se resuelva de fondo por el juez ordinario competente (artículos 86 de la Constitución Política y 8º del Decreto 2591 de 1991). En hipótesis como éstas no puede hablarse de atentado alguno contra la seguridad jurídica de los asociados, sino que se trata de hacer realidad los fines que persigue la justicia.”

6. Atendiendo al efecto erga omnes de los fallos de constitucionalidad, es decir, a su fuerza vinculante, las distintas Salas de Revisión de la Corte Constitucional pasaron a aplicar e interpretar en los casos concretos el precedente establecido por la Sala Plena. Así se hizo, por ejemplo, en las sentencias T-079 de 19933[2] y T-158 de 19934[3] - proferidas inmediatamente después de la expedición de la sentencia C-543 de 1992. En esta línea es importante citar la sentencia T-173 de 1993, en la que, con ponencia del magistrado José Gregorio Hernández Galindo –el mimo ponente de la sentencia C-543 de 1992–, se consideró lo siguiente,

"Las actuaciones judiciales cuya ostensible desviación del ordenamiento jurídico las convierte - pese a su forma - en verdaderas vías de hecho, no merecen la denominación ni tienen el carácter de providencias para los efectos de establecer la procedencia de la acción de tutela. No es el ropaje o la apariencia de una decisión sino su contenido lo que amerita la intangibilidad constitucionalmente conferida a la autonomía funcional del juez.

“(..)
"De los párrafos transcritos aparece claro que la doctrina de la Corte ha efectuado un análisis material y ha establecido una diáfana distinción entre las providencias judiciales -que son invulnerables a la acción de tutela en cuanto corresponden al ejercicio autónomo de la función judicial y respecto de las cuales existen, dentro del respectivo proceso, los medios judiciales de defensa establecidos por el ordenamiento jurídico- y las vías de hecho por cuyo medio, bajo la forma de una providencia judicial, quien debería administrar justicia quebranta en realidad los principios que la inspiran y abusa de la autonomía que la Carta Política reconoce a su función, para vulnerar en cambio los derechos básicos de las personas.
"En ese orden de ideas, la violación flagrante y grosera de la Constitución por parte del juez, aunque pretenda cubrirse con el manto respetable de la resolución judicial, puede ser atacada mediante la acción de tutela siempre y cuando se cumplan los presupuestos contemplados en el artículo 86 de la Constitución y no exista otro medio al alcance del afectado para la defensa de su derecho.”

7. La evolución de la jurisprudencia condujo a que, desde la sentencia T-231 de 1994 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz) se determinara cuáles defectos podían conducir a que una sentencia fuera calificada como una vía de hecho. En la providencia se indicaron los casos excepcionales en que procede la acción de tutela, indicando que se configura una vía de hecho cuando se presenta, al menos, uno de los siguientes vicios o defectos protuberantes: (1) defecto sustantivo, que se produce cuando la decisión controvertida se funda en una norma indiscutiblemente inaplicable; (2) defecto fáctico, que ocurre cuando resulta indudable que el juez carece de sustento probatorio suficiente para proceder a aplicar el supuesto legal en el que se sustenta la decisión; (3) defecto orgánico, se presenta cuando el funcionario judicial que profirió la providencia impugnada, carece, absolutamente, de competencia para ello; y, (4) defecto procedimental que aparece en aquellos eventos en los que se actuó completamente al margen del procedimiento establecido.


Esta doctrina constitucional ha sido precisada y reiterada en varias sentencias de unificación proferidas por la Sala Plena de la Corte Constitucional, entre las cuales se encuentran las sentencias SU-1184 de 2001 (M.P. Eduardo Montealegre Lynett) y SU-159 de 2002 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).
8. Ahora bien, en los últimos años se ha venido presentando una evolución de la jurisprudencia constitucional acerca de las situaciones que hacen viable la acción de tutela contra providencias judiciales. Este desarrollo ha conducido a la conclusión de que las sentencias judiciales pueden ser atacadas mediante la acción de tutela por causa de otros defectos adicionales, y de que, dado que esos nuevos defectos no implican que la sentencia sea necesariamente una “violación flagrante y grosera de la Constitución”, es más adecuado utilizar el concepto de “causales genéricas de procedibilidad de la acción” que el de “vía de hecho.” En la sentencia T-774 de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa) se describe la evolución presentada de la siguiente manera:

“(...) la Sala considera pertinente señalar que el concepto de vía de hecho, en el cual se funda la presente acción de tutela, ha evolucionado en la jurisprudencia constitucional. La Corte ha decantado los conceptos de capricho y arbitrariedad judicial, en los que originalmente se fundaba la noción de vía de hecho. Actualmente no ‘(…) sólo se trata de los casos en que el juez impone, de manera grosera y burda su voluntad sobre el ordenamiento, sino que incluye aquellos casos en los que se aparta de los precedentes sin argumentar debidamente (capricho) y cuando su discrecionalidad interpretativa se desbor­da en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados (arbitrariedad). Debe advertirse que esta corporación ha señalado que toda actuación estatal, máxime cuando existen amplias facultades discrecionales (a lo que de alguna manera se puede asimilar la libertad hermenéutica del juez), ha de ceñirse a lo razonable. Lo razonable está condicionado, en primera medida, por el respeto a la Constitución.’5[4] En este caso (T-1031 de 2001) la Corte decidió que la acción de tutela procede contra una providencia judicial que omite, sin razón alguna, los precedentes aplicables al caso o cuando ‘su discrecionalidad interpretativa se desborda en perjuicio de los derechos fundamentales de los asociados.’


“Este avance jurisprudencial ha llevado a la Corte a remplazar ‘(…) el uso conceptual de la expresión vía de hecho por la de causales genéricas de procedibilidad.’ Así, la regla jurisprudencial se redefine en los siguientes términos,
‘Por lo anterior, todo pronunciamiento de fondo por parte del juez de tutela respecto de la eventual afectación de los derechos fundamentales con ocasión de la actividad jurisdiccional (afectación de derechos fundamentales por providencias judiciales) es constitucional­mente ad­mi­sible, solamente, cuando el juez haya determinado de manera previa la configuración de una de las causales de procedibilidad; es decir, una vez haya constatado la existencia de alguno de los seis eventos suficientemente reconocidos por la jurisprudencia: (i) defecto sustantivo, orgánico o procedimental; (ii) defecto fáctico; (iii) error inducido; (iv) decisión sin motivación, (v) desconocimiento del precedente y (vi) violación directa de la Constitución.’6[5]
“Esta posición fue reiterada recientemente en la sentencia T-200 de 2004 (M.P. Clara Inés Vargas), caso en el que se confirmó la decisión de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia de conceder una tutela por haberse incurrido en una ‘vía de hecho’.7[6]

9. Por lo tanto, coincide parcialmente esta Sala de Revisión de la Corte Constitucional con la Sala de Casación Laboral en reconocer la obligatoriedad que tienen en el sistema jurídico colombiano las sentencias de constitucionalidad, específicamente la sentencia C-543 de 1992, pero no comparte el criterio según el cual en dicha sentencia se decidió que era contrario a la Constitución Política de 1991 el que proceda una acción de tutela contra una actuación judicial, incluso cuando esta configure una vía de hecho.


La Corte ha indicado que, en lugar de descartar de manera absoluta la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales, debe verificarse en cada caso concreto si ella es procedente, observando si reúne los estrictos requisitos precisados por la jurisprudencia de la Corte Constitucional.
El artículo 86 de la Constitución dice que la tutela procede cuando los derechos fundamentales “resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública”. Los jueces son autoridades públicas y sus providencias constituyen su principal forma de acción. Además, como se dijo, la Corte Constitucional en sus salas de revisión y en su Sala Plena ha reiterado que la tutela sí procede contra providencias judiciales cuando éstas constituyen vías de hecho. También ha proferido sentencias de constitucionalidad con efectos erga omnes en el mismo sentido.8[7]
No desconoce esta Sala de Revisión que una sentencia, como cualquier texto, es objeto de interpretación. Empero, así como esta Corporación ha reconocido que quien interpreta con autoridad las sentencias de la Corte Suprema de Justicia es la propia Corte Suprema de Justicia - en razón a que su doctrina relativa al alcance de las leyes en el ámbito de su competencia como “máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria” (artículo 234 C.P.), constituye un derecho viviente9[8] -, es obvio que quien interpreta con autoridad las sentencias de la Corte Constitucional es la misma Corte Constitucional.
10. Finalmente, es importante señalar que en la Sentencia C–590 de 2005 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), la Corte Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la expresión “ni acción”, que hacía parte del artículo 185 de la Ley 906 de 2004 (nuevo Código de Procedimiento Penal). Dicha expresión fue declarada inconstitucional por cuanto desconoce el principio de supremacía de la Constitución (art. 4º C.P.), al restringir el alcance de un mecanismo constitucional que, como la acción de tutela, fue diseñado para la protección de los derechos fundamentales frente a “cualquier autoridad pública” (artículo 86 C.P). La Corte distinguió en este fallo, que tiene efectos erga omnes, que una cosa es que el legislador no permita la utilización de recursos contra las sentencias que resuelvan el recurso extraordinario de casación en materia penal, en desarrollo de su libertad de configuración, y otra muy distinta que excluya la procedencia de la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Constitución para la protección de los derechos fundamentales contra toda acción u omisión de cualquier autoridad pública, concepto que evidentemente también incluye a las autoridades judiciales.

De esta manera, en una sentencia que produce efectos erga omnes, se reafirmó la posición que ha venido adoptando la Corte Constitucional desde 1993, la cual reitera la procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales en casos excepcionales y estima contrario a la Carta que se excluya de manera general y absoluta la interposición de la acción de tutela contra providencias judiciales, incluidas las proferidas por la Corte Suprema de Justicia o el Consejo de Estado.

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