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Contribuciones a la Economía

"Contribuciones a la Economía" es una revista académica con el


Número Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas
ISSN 16968360

El papel del Estado en las sociedades capitalistas
Reflexiones en torno a los fundamentos económicos liberales e intervencionistas


Antonio M. Roldán Báez
Profesor de Economía Política y Hacienda Pública
Universidad de Málaga.

Para citar este artículo puede utilizar el siguiente formato:



Roldán Báez, A. :  “El papel del Estado en las sociedades capitalistas" en Contribuciones a la Economía, marzo 2007. Texto completo en http://www.eumed.net/ce/

 



1.                             Introducción.

¿Qué funciones debería desempeñar el Estado, en el contexto de las sociedades capitalistas? A grandes rasgos, cabe señalar que las ideas de los economistas relativas a esa cuestión han girado en torno a dos grandes perspectivas generales contrapuestas.

Por una parte, las doctrinas del liberalismo han contemplado al Estado como un elemento ajeno a la economía de libre mercado, fundamentada en el respeto a la libertad individual de consumidores y empresarios, y en la propiedad privada de los recursos. A partir de ciertos supuestos, se considera que el mercado autorregulado puede proporcionar las soluciones globales más satisfactorias a los diversos problemas de naturaleza económica, tanto en el campo de la asignación, como en el de la distribución de unos recursos escasos. Sobre esa base se recomienda la inacción, al suponerse que toda interferencia que desvíe a la economía de mercado de “los carriles que le marcan la competencia y el mecanismo de precios”[1] resultaría ineficaz; y, aunque fuera eficaz, impondría en todo caso una seria restricción a la libertad. Su fundamento moral, como dice M. Bunge, es “la libertad del individuo, que incluye su derecho a disponer libremente de su fortuna”.[2] Bajo esa perspectiva, quedan proscritas todas las interferencias que perturben el adecuado funcionamiento del mercado y las regulaciones externas salvo, claro está, las relativas al establecimiento y salvaguarda de los derechos de propiedad, y aquellas que garanticen la dinámica competitiva y la operatividad del mercado.

Por otra, las doctrinas partidarias del intervencionismo fundamentan teóricamente el mayor protagonismo del Estado en la supervisión de los asuntos económicos “privados” en la incapacidad del mercado para garantizar una senda de crecimiento económico estable con pleno empleo, paralela a una eficiente asignación de los recursos, y a una distribución socialmente aceptable de la renta y de la propiedad. Por todo ello, se acepta que la política pública es necesaria “para guiar, corregir y complementar al mercado en algunos aspectos”,[3] según establecen R.A. Musgrave y P.B. Musgrave, al objeto de alcanzar la estabilidad social y el bienestar individual. Con su ejecución se pretende alterar, bajo ciertas condiciones, los comportamientos de los individuos, introduciendo los incentivos adecuados; o bien, intervenir directamente sobre el sistema de mercado, con la finalidad de mejorar la eficiencia asignativa, propiciar la estabilidad macroeconómica, y/o conseguir una mayor justicia social en el reparto de la renta y la riqueza. Debe destacarse que esas políticas intervencionistas se integran dentro del marco estructural de las economías de mercado, a diferencia de las políticas de planeación central, aplicadas en otros sistemas económicos, y que se fundan en una dirección  centralizada y en el cumplimiento de sus directrices, fijadas en un plan económico.

El propósito de este trabajo es exponer los diversos planteamientos que han sido desarrollados en el pensamiento económico, desde la época de A. Smith hasta nuestros días, en relación con las tareas y el papel a desempeñar por el Estado dentro del ámbito reseñado.

2.                             Fundamentos de la economía liberal clásica.

Desde finales del siglo XVIII y hasta comienzos del siglo XX, predominó una visión filosófica en las sociedades más avanzadas, la del laissez-faire. Los planteamientos liberales constituyeron una fuerte reacción frente al absolutismo y al mercantilismo de la etapa anterior, e implicaron un recorte sustancial de la actividad estatal. Así, el Soberano pierde la tutela y el control de los asuntos económicos privados, que pasa a desempeñarse por la nueva figura del empresario, y  se le contempla “como si fuera un becario de la economía privada”[4], como señala F. Neumark. El poder político fue asumido por los burgueses, cuyo instinto les señalaba la conveniencia de establecer barreras a la expansión del sector estatal, tanto para evitar las “interferencias”, como para prevenir futuros incrementos de los impuestos.

Si bien pueden distinguirse diversas interpretaciones y ciertos principios de política económica con anterioridad a A. Smith, ninguna de ellas tuvieron el carácter de teoría económica general hasta 1776, fecha de publicación de La riqueza de las naciones. Incluso J.B Say llegó a manifestar en 1803: “Cuando se lee a Smith como merece ser leído, se echa de ver que antes de él no había Economía política”.[5]

La obra de Smith se caracteriza por el descubrimiento de un orden natural, espontáneo, centrado en las mutuas ventajas de la celebración de múltiples intercambios en el mercado entre individuos libres, y en la eficacia del sistema de precios. El fin del sistema económico es la obtención de la máxima riqueza posible, esto es, el aumento del producto social, como se evidencia de su definición de los objetos que debe alcanzar la Economía política: “el primero, suministrar al pueblo un abundante ingreso o subsistencia...; el segundo, pro­veer al Estado o República de rentas suficientes para los servicios públicos. Procura realizar, pues, ambos fines, o sea enriquecer al soberano y al pueblo”.[6]

En la sociedad civil prevalece el “sistema de libertad natural”, en donde todo hombre, “con tal que no viole las leyes de la justicia, debe quedar en perfecta libertad para perseguir su propio interés como le plazca, dirigiendo su actividad e invirtiendo sus capitales en concurrencia con cualquier otro individuo o categoría de personas”[7]. Libertad individual, libertad de concurrencia, libertad de mercado. Esos eran los fundamentos del sistema. De tal modo, las bases de la sociedad civil se corresponden, en el pensamiento smithiano, con las de una sociedad de mercado. El respeto a la libertad de los individuos, el “dejar hacer”, posibilita que cada uno de ellos busque de un modo egoísta la satisfacción de sus particulares intereses, sin reparar en el bienestar o malestar que sus acciones les reporte a los demás. Los individuos no obtienen ayuda de sus semejantes apelando a su benevolencia, sino a su egoísmo: “Dame lo que necesito y tendrás lo que deseas, es el sentido de cualquier clase de oferta, y así obtenemos de los demás la mayor parte de los servicios que necesitamos... No invocamos sus sentimientos humanitarios sino su egoísmo; ni les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas”.[8] Finalmente, el despliegue de la libre competencia y del libre comercio en “todas las artes”, y la permanente extensión de la “división del trabajo”, impulsarían de modo conjunto la “gran multiplicación de las producciones” y la generación de una “opulencia universal que se derrama hasta las clases inferiores del pueblo”.[9] El automatismo del sistema de mercado quedaba así garantizado por la eficaz actuación de la “mano invisible” que, además de generar riqueza, también tenía la supuesta virtualidad de conseguir una equitativa distribución de los recursos, tal y como se desprende del célebre pasaje de La teoría de los sentimientos morales, publicada en 1759: “Los ri­cos solo se­lec­cio­nan del co­n­jun­to lo que es más pr­e­cio­so y ag­ra­da­ble... Una ma­no in­vi­si­ble los co­n­du­ce a re­ali­zar casi la mis­ma dis­tri­bu­ción de las co­sas ne­ce­sa­rias pa­ra la vida que ha­bría te­nido lu­gar si la tie­rra hu­bie­se sido di­vi­dida en po­r­cio­nes iguales en­tre to­dos sus ha­bi­ta­n­tes, y así sin pr­e­te­n­de­rlo, sin sa­be­rlo, pr­o­mue­ven el in­te­rés de la so­cie­dad y ap­or­tan me­dios pa­ra la mul­ti­pli­ca­ción de la es­pe­cie”.[10]

Estamos, pues, en presencia de un modelo económico que resulta esencialmente ajeno a la influencia y supervisión del Soberano, dado que la dinámica del mercado no requiere de intervenciones externas. Por ello se configura una especie de Estado mínimo, limitando sus actividades específicas a las precisas para el funcionamiento del mercado, y a la provisión pública de seguridad. Como ya se ha señalado, el Soberano había quedado completamente liberado de un deber: “la obligación de supervisar la actividad privada, dirigiéndola hacia las ocupaciones más ventajosas a la sociedad”. Por ello, únicamente estaba comprometido al desempeño de tres deberes principales: “el primero, defender a la sociedad contra la violencia e invasión de otras sociedades independientes; el segundo, proteger en lo posible a cada uno de los miembros de la sociedad de la violencia y de la opresión de que pudiera ser víctima por parte de otros individuos de esa misma sociedad, estableciendo una recta administración de justicia; y el tercero, la de erigir y mantener ciertas obras y esta­blecimientos públicos...[que sean] muy remuneradores para el gran cuerpo social”.[11]

El segundo deber tenía su importancia, porque no debe olvidarse que la constitución del gobierno civil obedeció a la necesidad de emplear el poder de coerción del Estado para garantizar la protección de los derechos de los ricos. En palabras de Smith: “En todo tiempo se encuentra el rico rodeado de ignorados enemigos,... y de cuyas injusticias sólo puede protegerle el brazo poderoso del magistrado civil, levantado siempre para castigarlos. En consecuencia, la adquisición de grandes y valiosas propiedades exige necesariamente el establecimiento de un gobierno civil”.[12]

Por consiguiente, detrás de esa visión liberal del Estado mínimo existe la convicción de que la iniciativa privada, la “mano invisible”, puede y suele hacer mejor las cosas que el Estado, como norma general. O, dicho de otro modo, que las posibilidades de intervención quedaban limitadas al máximo, al considerarse al gasto público como improductivo, al menos relativamente. Por tales razones, el Estado debería observar las mismas reglas de comportamiento que adoptaría cualquier “prudente padre de familia”, con el fin de limitar el despilfarro y la generación de deudas imprudentes, así como los consumos “improductivos”. Tampoco se consideraba conveniente ni oportuna la apelación al crédito público, debido a que el endeudamiento del Estado podría, o bien reducir y encarecer los recursos disponibles al crédito privado, o bien incrementar las cargas fiscales, o los dos efectos a la vez. Por todo ello, se contempla al ahorro público como el mejor exponente de la virtud financiera en la esfera estatal. Evidentemente, el ejercicio de las limitadas funciones estatales que se han reseñado suponían un volumen de gasto público también reducido, de manera que el presupuesto de gastos representaba una pequeña proporción del  producto social.

Lo mismo cabría decir de los ingresos coactivos, como proporción de la renta nacional, debido a que la imposición tenía asignada una finalidad puramente fiscal. El principio de igualdad, desde la perspectiva de la justicia fiscal, se plasmaba en la obligación de los ciudadanos de contribuir al sostenimiento del Gobierno “en proporción a los ingresos que disfruten bajo la protección estatal”.[13] De ese modo, tan sólo se pretendía adaptar las cargas fiscales a la capacidad de los contribuyentes, descartándose así la opción de que la política financiera “contribuyera conscientemente a la variación material o la alteración del resultado de los procesos de distribución llevados a cabo en el seno de la economía privada”.[14]

            Por su parte, David Ricardo mostró en los Principios (1817) su preocupación, no sólo por las leyes que regulaban la distribución de la renta, sino también por los efectos contractivos de la imposición sobre el capital y sobre la renta, y subrayó el impacto negativo del conjunto de la tributación sobre el proceso de acumulación: “No existe impuesto alguno que no tenga tendencia a disminuir el poder de la acumulación. Todos los impuestos inciden ya sea sobre el capital o sobre el ingreso. Si gravan el capital disminuirán proporcionalmente este fondo cuya magnitud viene siempre a regular la importancia de la industria productiva del país. De recaer sobre el ingreso, o bien disminuyen la acumulación o bien obligan a los contribuyentes a ahorrar la cantidad correspondiente al impuesto, disminuyendo proporcionalmente su anterior consumo improductivo de artículos necesarios o de lujo. Algunos impuestos causarán estos efectos en mayor grado que otros. Pero el gran mal de la tributación se encuentra no tanto en la selección de sus objetivos, sino en el monto total de sus efectos de conjunto”.[15]

            Sobre las bases anteriores, la teoría financiera clásica acabó consolidando el dogma del equilibrio presupuestario anual, que se deducía de las condiciones estipuladas: de un lado, la prescripción de un gasto público reducido; y, de otro, la aplicación de una política impositiva con fines puramente fiscales, orientada por el principio de neutralidad. Debe destacarse que este rígido planteamiento se vino aplicando en la etapa clásica como principio absoluto, y con independencia de la evolución de la coyuntura económica, ya se atravesara tanto una fase de expansión como de recesión. De esa forma, el presupuesto terminaba ocasionando un efecto procíclico. Aunque debe destacarse que el fin principal de esta “regla de oro” no consistía en el logro de la estabilidad macroeconómica, dado que aún no se habían desarrollado los fundamentos teóricos precisos para comprender los efectos simultáneos de los ingresos y de los gastos públicos, así como de sus respectivas composiciones, sobre el nivel de la actividad económica general. Ni el reducido tamaño del presupuesto, por su parte, posibilitaría esa función. El propósito era más simple: que la recaudación de impuestos se acomodara al gasto público, fijado a su vez al mínimo nivel posible. Así quedaba sancionada implícitamente la limitación al aumento de los impuestos, con el objeto de evitarse los perjuicios que ocasionarían sobre los individuos y sobre el conjunto de la actividad económica, al afectarse negativamente al proceso de acumulación de capital, y a las posibilidades de crecimiento económico a largo plazo.

            En definitiva, los principios del pensamiento clásico liberal relacionados con las funciones estatales se resumen en la noción de un Estado mínimo, el dogma del presupuesto equilibrado anual, la aplicación de una política impositiva neutral, y la aversión al crédito público.



3.                             Los fundamentos del pensamiento crítico marxista.

            A diferencia de esa perspectiva eterna del capitalismo, fundamentada en el “carácter impersonal y automático del orden económico” distintivo de la “mano invisible”, y en el “prejuicio contra la acción social consciente en los asuntos económicos”,[16] K. Marx contrapone un enfoque analítico que contempla a las relaciones sociales de producción bajo unas condiciones históricamente determinadas. Por ello, no imagina a la realidad social como un estado inmutable, sino como el resultado de un proceso histórico de cambio, vinculado a un conjunto de relaciones determinado: “Durante el curso de su desarrollo, las fuerzas productoras de la sociedad entran en contradicción con las relaciones de producción existentes, o, lo cual no es más que su expresión jurídica, con las relaciones de propiedad en cuyo interior se habían movido hasta entonces. De formas de desarrollo de las fuerzas productivas que eran, esas reacciones se convierten en trabas de estas fuerzas”.[17] La acción del hombre se consideraba determinante dentro de ese proceso de cambio social,  al admitirse que la sociedad no solo cambia, sino que puede ser cambiada -“los hombres hacen su historia”-, aunque sea dentro de unos  márgenes estrechos.

            La fuerza motriz de la acumulación capitalista es la obtención de beneficios y la inversión. Como exponen S. Bowles y R. Edwards, el ánimo de lucro y la inversión “transforman inevitablemente los procesos de trabajo, generan nuevas ofertas de trabajo, incrementan el stock de bienes de capital y movilizan o transforman otros recursos para poder utilizarlos en la producción de mercancías”.[18] El objetivo de los capitalistas en la producción de mercancías no es satisfacer una necesidad, sino obtener un beneficio: “el sistema de competencia con otros capitalistas les obliga a tomar sus decisiones únicamente en función de lo que les resulta rentable”.[19] La extracción de la plusvalía se realiza automática y endógenamente, dentro del propio sistema económico. En el mundo de las mercancías, surge la “apariencia” de un mundo de iguales, en donde cada cual aparece como propietario de unas mercancías que desea vender en el mercado: “El capitalista sólo es capitalista, sólo puede acometer el proceso de explotación del trabajo, siempre y cuando que sea propietario de las condiciones de trabajo y se enfrente como tal al obrero, como simple poseedor de fuerza de trabajo”.[20] Así, el obrero vende su fuerza de trabajo como una mercancía más. Pero no es consciente de que, debido a su falta de acceso a los medios de producción –en manos de los capitalistas-, trabaja finalmente para otros y, al seguir sus dictados, termina siendo explotado.

            De ese modo, el beneficio es la forma en que la clase dominante obtiene su renta. Siguiendo a P. Sweezy, el beneficio constituye el “fundamento económico de la existencia de esta clase... En torno al beneficio se montan todas las formas concebibles de apoyo y protección -económica, institucional, legal e ideológica-. Más que cualquier otra cosa, el beneficio es el ser y el fin de las sociedades capitalistas”.[21] Este aspecto ayuda a comprender la función primordial del Estado bajo el capitalismo. El elemento común en las teorías marxistas del Estado, siguiendo a I. Gough, es “la subordinación del Estado al modo de producción capitalista y a la clase o clases dominantes dentro de ese modo. En otras palabras, la clase económicamente dominante es también la clase políticamente dominante o clase gobernante”.[22] Se reconoce así al Estado como un instrumento al servicio de la clase dominante, que lo utiliza para hacer efectivo al conjunto de relaciones de propiedad favorables a sus intereses, y para garantizar la estabilidad de la misma estructura de clase. Si la propiedad capitalista consiste en una relación social entre los hombres, en el sentido de que la propiedad libera del trabajo a quien la detenta, y le permite disponer del trabajo de otros. Y si ésta es la esencia de toda dominación social, con independencia de la forma que asuma, se acaba concluyendo que la protección de la propiedad privada es “el primer deber del Estado”,[23] la garantía fundamental de la dominación social de los propietarios frente a los no propietarios.

            Por otra parte, cabe señalar que el empleo del  Estado como instrumento económico, bajo el contexto del capitalismo, se ha caracterizado por tres directrices principales, siguiendo la perspectiva de Sweezy. En primer lugar, se ha intervenido en los asuntos económicos para resolver diversos problemas “planteados por el desarrollo del capitalismo”. En segundo lugar, el Estado ha sido utilizado, por encima de todo lo demás, en beneficio de la clase dominante: “cuando se afectan los intereses de la clase capitalista, hay una fuerte predisposición a usar libremente el poder del estado”. Por último, el Estado ha sido utilizado para efectuar concesiones a la clase obrera, “siempre que las consecuencias de no hacerlo así sean suficientemente peligrosas para la estabilidad y el funcionamiento del sistema como un todo”.[24]

            Cabe señalar que el enfoque marxista no se distingue por la idea de que una determinada clase social domine la institución del Estado, sino más bien porque, quien quiera que sea, siempre se encontrará condicionada por los imperativos del proceso de acumulación capitalista, que marca una dinámica propia. Además, la relativa autonomía del Estado de la esfera económica posibilita un cierto margen para la aplicación de las políticas económicas o sociales.



4.                             Los fundamentos del pensamiento neoclásico.

            La novedad esencial de los economistas neoclásicos, marginalistas o “catalácticos” es que basaron su análisis económico en el desarrollo de la teoría del intercambio, a diferencia de los economistas clásicos, que lo efectuaron a partir del producto social.[25] De esa manera, el análisis tradicional de la producción y de la distribución de la renta quedaba desplazado por una visión completamente diferente, aplicada ahora al ámbito de los mercados y los intercambios.

            En síntesis, el modelo neoclásico describe un estado ideal, el de una economía “libre” o de “mercado no interferido”, a partir de ciertos supuestos. De un lado, se contempla al ser humano como un agente racional, plenamente capacitado para analizar la eficacia comparativa de los medios para alcanzar sus fines, y dispuesto siempre a acrecentar su personal satisfacción. El comportamiento egoísta es, sin duda, una de sus notas más relevantes. Según expone L. von Mises, la acción del hombre “siempre, por fuerza, es egoísta”,[26] de modo que, bajo las condiciones de una economía libre, “cada uno sirve a sus conciudadanos sirviéndose a sí mismo”.[27] De otro lado, y en lo que respecta a las condiciones generales del modelo, se supone que “se practica la división del trabajo y que rige la propiedad privada (el control) de los medios de producción; que existe, por tanto, intercambio mercantil de  bienes y servicios. Se supone, igualmente, que ninguna fuerza de índole institucional perturba nada. Se da, finalmente, por admitido que el gobierno, es decir, el aparato social de compulsión y coerción, estará presto a amparar la buena marcha del sistema, absteniéndose, por un lado, de actuaciones que puedan desarticularlo y protegiéndolo, por otro, contra posibles ataques de terceros. El mercado goza, así, de plena libertad; ningún agente ajeno al mismo interfiere los precios, los salarios, ni los tipos de interés”.[28]

            De ese modo, el pensamiento liberal neoclásico asigna un papel meramente subsidiario al Estado en los asuntos económicos, limitado tan sólo a garantizar la operatividad del mercado y a restablecer, en su caso, la propia dinámica competitiva, junto al desempeño de las funciones de “producción de seguridad”. Estas son, en esencia, las funciones básicas del Estado dentro del sistema de economía de mercado. No se autoriza, por lo tanto, ningún otro tipo de interferencia gubernamental en las condiciones “naturales” en las que operarían tanto los consumidores como los empresarios, al entenderse que el mercado es el medio más eficaz que posibilita la cooperación voluntaria de todos los individuos en la división social del trabajo: “vendiendo y comprando, produciendo y consumiendo, los individuos contribuyen al funcionamiento total de la sociedad”.[29] Un complejo desarrollo lógico-formal se encargó de demostrar que, bajo ciertas condiciones restrictivas, la solución asignativa proporcionada por el mercado sería la de máxima eficiencia, y que ese producto ideal o competitivo se correspondería con una situación de “maximización del bienestar”, caracterizada como “óptimo de Pareto”.

            En consecuencia, si se acepta como válido el postulado neoclásico de que la libre competencia garantiza una asignación eficiente de los recursos económicos, junto al logro de una distribución socialmente justa de la renta, la conclusión política resultaría evidente: el Estado debería adoptar como norma al principio de neutralidad en todas sus intervenciones, tanto en la vertiente del gasto público como en la obtención de los recursos precisos, lo que impediría la aplicación de cualquier otro tipo de medida (gastos sociales, subvenciones, aranceles,...) que pudiera “desviar al mecanismo económico privado de su curso natural”.[30]

 

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