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Constitución política del estado de sinaloa que reforma la de 25 de agosto de 1917


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JOSÉ AGUILAR, Gobernador Constitucional Interino del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, a los habitantes del mismo, hago saber:
Que por la Secretaría del H. Congreso del Estado, se me ha comunicado el siguiente decreto:

El Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, representado por su XXIX Legislatura, en uso de las facultades que le fueron expresamente conferidas por el pueblo del mismo, en virtud de plebiscito a que fue convocado por decreto número ochenta y tres de veinte de octubre del año próximo pasado, tuvo a bien aprobar la siguiente




CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

DE SINALOA
QUE REFORMA LA DE 25 DE AGOSTO DE 1917 *


TÍTULO I
DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 1º El Estado de Sinaloa es parte integrante de la República Mexicana.
Artículo 2º El Estado de Sinaloa es Libre y Soberano en su régimen interior, sin más limitaciones que las expresamente establecidas por el pacto federal.
Artículo 3º La soberanía del Estado reside esencial y originariamente en el Pueblo Sinaloense, en cuyo nombre lo ejerce el Poder Público, en la forma y términos que las leyes establezcan.

Artículo 4º El territorio del Estado de Sinaloa es el que posee actualmente y el que por todo derecho le corresponda.



TÍTULO II

CAPÍTULO I
DE LOS SINALOENSES

Artículo 5º Son sinaloenses los mexicanos nacidos en el Estado de Sinaloa, y los residentes en él por más de dos años consecutivos.
Artículo 6º Son obligaciones del sinaloense:
I. Inscribirse en el catastro de la Municipalidad, manifestando la propiedad que tenga y la industria, profesión o trabajo de que subsista.
II. Instruirse y cuidar de que sus hijos y pupilos menores de quince años, concurran a las escuelas oficiales o particulares para recibir la enseñanza primaria y secundaria, de conformidad con las leyes respectivas. (Ref. según Decreto No. 241, de fecha 13 de enero de 1994 y publicado en el P.O. No. 17 de fecha 9 de febrero de 1994).
III. Contribuir a los gastos públicos en la forma que las leyes lo dispongan.
IV. Cooperar al mantenimiento del orden y de la paz pública.
Artículo 7º Los sinaloenses en igualdad de circunstancias serán preferidos a los que no lo sean, en toda clase de concesiones, empleos, cargos o comisiones del Gobierno, que de acuerdo con las leyes puedan otorgárseles.

CAPÍTULO II
DE LOS CIUDADANOS SINALOENSES

Artículo 8º Son ciudadanos sinaloenses: Los hombres y mujeres nacidos en el Estado, así como los ciudadanos mexicanos avecindados en Sinaloa por más de dos años consecutivos, si no han declarado ante el Ejecutivo del Estado, que desean conservar su calidad de origen; y que reúnan además los siguientes requisitos: (Ref. según Decreto No. 17, publicado en el Periódico Oficial No. 139, de fecha 1o. de diciembre de 1953).


I. Haber cumplido los dieciocho años (sic ¿;?) y (Ref. según Decreto No. 108, de fecha 26 de febrero de 1970, publicado en el Periódico Oficial No. 33, de fecha 17 de marzo de 1970).
II. Tener un modo honesto de vivir. (Ref. según Decreto No. 17, de fecha 13 de noviembre de 1953, publicado en el Periódico Oficial No. 139, de fecha 1o. de diciembre de 1953).
Artículo 9º Son obligaciones del ciudadano del Estado, además de las anteriores: (Ref. según Decreto No. 407, de fecha 14 de julio de 1953, publicado en el Periódico Oficial No. 89, de fecha 6 de agosto de 1953).
I. Inscribirse en los padrones municipales de la jurisdicción a que pertenezcan.
II. Votar en las elecciones populares en el Distrito Electoral a que correspondan.
III. Desempeñar las funciones electorales y los cargos de elección popular y los de jurado, en los términos que fijen las leyes respectivas. (Ref. según Decreto No. 161, de fecha 19 de febrero de 1985, publicado en el Periódico Oficial No. 25, de fecha 27 de febrero de 1985).
IV. Participar en los procesos de referéndum y de plebiscito a que se convoque en los términos de esta Constitución y sus leyes reglamentarias. (Ref. según Decreto No. 714 de 31 de octubre de 2001, publicado en el P.O. No. 122, de 10 de octubre de 2003).
Artículo 10. Son prerrogativas del ciudadano sinaloense:
I. Votar en las elecciones populares, siempre que estén en pleno ejercicio de sus derechos. (Ref. Según Decreto No. 423, de fecha 31 de marzo de 1992, Periódico Oficial No. 40, 1o. de abril de 1992).
II. Poder ser votado para los cargos de elección popular, siempre que reuna los requisitos siguientes, sin los cuales toda elección será nula:
a) Estar en pleno uso de sus derechos.
b) No ser ministro de culto alguno.
c) DEROGADO (Ref. según Decreto No. 8, de fecha 29 de septiembre de 1928, publicado en el P.O. No. 120 de fecha 6 de octubre de 1928).


III. Ser preferido en igualdad de circunstancias, a los que no sean ciudadanos sinaloenses en toda clase de empleos, cargos, comisiones y concesiones del Gobierno del Estado y Municipios.
IV. Iniciar leyes ante el Congreso del Estado y participar en los procesos de referéndum y de plebiscito a que se convoque en los términos de esta Constitución y sus leyes reglamentarias. (Ref. según Decreto No. 714 de 31 de octubre de 2001, publicado en el P.O. No. 122, de 10 de octubre de 2003).
Artículo 11. La calidad de ciudadano sinaloense se pierde:
I. Por la pérdida de la calidad de ciudadano mexicano.
II. Por residencia de más de dos años consecutivos fuera del Estado, cuando la ciudadanía se ha adquirido por vecindad, salvo los casos de estudios, empleo, cargo o comisión de la Federación o instituciones descentralizadas de la misma, así como del Estado o de los Municipios. (Ref. según Decreto No. 23, publicado en el Periódico Oficial No. 148, de fecha 24 de diciembre de 1953).
III. En los demás casos que expresamente lo prevengan las leyes.
Artículo 12. Los derechos o prerrogativas del ciudadano sinaloense, se suspenden:
I. Por la suspensión de los derechos o prerrogativas del ciudadano mexicano.
II. Por incapacidad declarada conforme a la ley.
III. Por tener pendiente proceso: desde la fecha del auto de formal prisión, si se trata de un juicio del orden penal común, o desde la declaración de haber lugar a formación de causa, en los casos de omisiones, faltas o delitos oficiales.
IV. Por la falta de cumplimiento, sin causa justificada a cualquiera de las obligaciones que esta Constitución impone al ciudadano sinaloense.
V. Por disposición expresa de autoridad judicial en sentencia que haya causado ejecutoria.
VI. En los demás casos que las leyes determinen.
Una vez suspendida o perdida la calidad de ciudadano sinaloense, sólo se recobrará en la forma y términos que previene esta Constitución o la Ley respectiva. (Adic. según decreto 469 de fecha 19 de diciembre de 2000, publicado en el P.O. No. 056 de 09 de mayo de 2001)


Artículo 13. El varón y la mujer son iguales ante la ley. La familia constituye la base fundamental de la sociedad. Los niños y las niñas deberán ser objeto de especial protección. Las personas de la tercera edad y los discapacitados deben recibir apoyo permanente. Toda medida o disposición en favor de la familia y de la niñez, se considerará de orden público. (Ref. según decreto 469 de fecha 19 de diciembre de 2000, publicado en el P.O. No. 056 de 09 de mayo de 2001)
La Ley garantizará que la mujer no sea objeto de discriminación y que tenga los mismos derechos y obligaciones que el varón, en la vida política, social, económica y cultural del Estado, con el fin de que desarrolle sus potencialidades. (Adic. según decreto 469 de fecha 19 de diciembre de 2000, publicado en el P.O. No. 056 de 09 de mayo de 2001)
Todos los niños y las niñas, nacidos de matrimonio o fuera de él, tienen derecho a igual protección, a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. Las autoridades deberán dictar las disposiciones que se requieran para el cumplimiento de esos propósitos. (Adic. según decreto 469 de fecha 19 de diciembre de 2000, publicado en el P.O. No. 056 de 09 de mayo de 2001)
Los ascendientes, tutores y custodios tienen el deber de garantizar los derechos señalados en el párrafo anterior a fin de que lleven una vida digna en el seno de la familia. El Estado les otorgará facilidades a aquellos para que cumplan con lo señalado en este párrafo. (Adic. según decreto 469 de fecha 19 de diciembre de 2000, publicado en el P.O. No. 056 de 09 de mayo de 2001)(F. de E. publicada en el P.O. No. 061 de 21 de mayo de 2001)
Los gobiernos estatal y municipales establecerán un sistema permanente de apoyo a las personas de la tercera edad para permitirles una vida digna y decorosa; y, promoverán la habilitación, rehabilitación e integración de los discapacitados con el objeto de facilitar su pleno desarrollo. (Adic. según decreto 469 de fecha 19 de diciembre de 2000, publicado en el P.O. No. 056 de 09 de mayo de 2001)
El Estado de Sinaloa, tiene una composición pluricultural y reconoce el derecho a preservar la forma de vida de sus pueblos indígenas, y elevar el bienestar social de sus integrantes. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, religión, la educación bilingüe, usos, costumbres, tradiciones, prácticas democráticas, patrimonio étnico y artesanal, medio ambiente, recursos, medicina tradicional y formas específicas de organización social, y garantizará a sus integrantes el efectivo acceso a la jurisdicción del Estado. (Adic. según decreto 469 de fecha 19 de diciembre de 2000, publicado en el P.O. No. 056 de 09 de mayo de 2001)

CAPÍTULO III
DE LAS ELECCIONES



Artículo 14. Las elecciones de Gobernador del Estado, de Diputados del Congreso del Estado y de los Presidentes Municipales, Síndicos Procuradores y Regidores de los Ayuntamientos, se realizarán mediante sufragio universal, libre, secreto y directo. Se resolverán a mayoría de sufragios y conforme al principio de representación proporcional, se verificarán el segundo domingo del mes de octubre del año que corresponda y con sujeción a las disposiciones de la Ley Reglamentaria correspondiente. (Ref. según Decreto 313 de fecha 31 de marzo, publicado en el Periódico Oficial No. 086 de fecha 19 de julio del año 2006)
Esta Constitución reconoce a los partidos políticos como entidades de interés público. De igual manera, les reconoce su carácter de asociaciones políticas de ciudadanos afiliados libre e individualmente en torno a los programas, principios e ideas que cada uno de ellos postula, y que tienen como fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación política y, permitir el acceso de los ciudadanos a los distintos niveles del poder público del Estado de Sinaloa. La ley promoverá la democracia en la vida interna de los partidos políticos en la entidad y fijará los requisitos para la obtención del registro como partido político local. Invariablemente la selección de sus dirigentes y sus candidatos se hará conforme a los principios que rigen el estado democrático de derecho. (Ref. según Decreto No. 313, de fecha 31 de marzo de 2006, publicado en el Periódico Oficial No. 086, de fecha 19 de julio de 2006).
Los partidos políticos nacionales que hayan obtenido su registro definitivo podrán participar en las elecciones estatales y municipales. La ley determinará las formas específicas y condiciones de la intervención de los partidos políticos nacionales y estatales en dichos procesos electorales. (Ref. según Decreto No. 313, de fecha 31 de marzo de 2006, publicado en el Periódico Oficial No. 086, de fecha 19 de julio de 2006).
Los partidos políticos estatales que no obtengan al menos el dos por ciento de los votos válidos en la elección de Diputados perderán, por ese hecho, su registro y no podrán volver a solicitarlo sino hasta pasado un proceso electoral. La ley fijará los procedimientos que rijan el destino de los bienes de los partidos políticos estatales que pierdan su registro. (Adic. Según Decreto No. 313, de fecha 31 de marzo de 2006, publicado en el Periódico Oficial No. 086, de fecha 19 de julio de 2006).
Aquél partido político nacional que no obtenga al menos el dos por ciento de los votos válidos en la elección de Diputados, dejará de recibir las ministraciones de financiamiento público ordinario que le correspondan durante los dos años siguientes al proceso de que se trate. (Adic. Según Decreto No. 313, de fecha 31 de marzo de 2006, publicado en el Periódico Oficial No. 086, de fecha 19 de julio de 2006).


Para que un partido político nacional tenga derecho a recibir ministraciones de financiamiento público ordinario, se requiere que haya participado en el proceso electoral inmediato anterior y que además haya obtenido al menos el dos por ciento de los votos válidos de la elección de Diputados en dicho proceso. (Adic. Según Decreto No. 313, de fecha 31 de marzo de 2006, publicado en el Periódico Oficial No. 086, de fecha 19 de julio de 2006).
La ley fijará los tiempos y las modalidades que tendrán las precampañas y las campañas electorales, las cuales deberán ser respetuosas y propositivas; de igual manera determinará las reglas que deberán observar los partidos, sus militantes y sus simpatizantes durante las mismas y las sanciones a las que se harán acreedores en caso de su inobservancia. (Adic. Según Decreto No. 313, de fecha 31 de marzo de 2006, publicado en el Periódico Oficial No. 086, de fecha 19 de julio de 2006).
La ley establecerá las modalidades para que los partidos políticos cuenten de manera equitativa con financiamiento público, para actividades ordinarias permanentes y para campañas electorales, que, en todo caso, prevalecerá sobre el financiamiento privado. (Adic. Según Decreto No. 313, de fecha 31 de marzo de 2006, publicado en el Periódico Oficial No. 086, de fecha 19 de julio de 2006).
El financiamiento privado tendrá las restricciones y modalidades que establezca la ley, las cuales no podrán ser menores que las fijadas por la legislación federal para los partidos políticos nacionales. Los montos máximos que tendrán las aportaciones pecuniarias de sus miembros y simpatizantes, los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con que cuenten y las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento de estas disposiciones, serán regulados por la ley; la cual también fijará los criterios para determinar para cada elección los límites máximos a las erogaciones que los partidos políticos pueden realizar para cada una de las precampañas y campañas electorales. (Adic. Según Decreto No. 313, de fecha 31 de marzo de 2006, publicado en el Periódico Oficial No. 086, de fecha 19 de julio de 2006).
El acceso equitativo, de los partidos políticos y candidatos, a los medios masivos de comunicación social tendrá las modalidades que al efecto fije la ley. El mismo se realizará sólo a través del Organismo Electoral. (Adic. Según Decreto No. 313, de fecha 31 de marzo de 2006, publicado en el Periódico Oficial No. 086, de fecha 19 de julio de 2006).
Los partidos políticos deberán presentar, en los tiempos y con las modalidades que disponga la legislación aplicable, informes anuales en los que se reflejarán el total de ingresos recabados por cualquier modalidad de financiamiento, así como la totalidad de los gastos realizados a lo largo del año fiscal que corresponda; informes de precampaña e informes de campaña, así como los informes especiales y detallados que les sean solicitados por el Organismo Electoral. (Adic. Según Decreto No. 313, de fecha 31 de marzo de 2006, publicado en el Periódico Oficial No. 086, de fecha 19 de julio de 2006).


El Organismo Electoral concentrará y ejercerá, en la manera en que disponga la ley, las funciones fiscalizadoras suficientes para tener un conocimiento pleno y cierto del origen y destino de la totalidad de los recursos de los partidos políticos, tanto de aquellos que provengan del financiamiento público como de los que se alleguen mediante financiamiento privado, e impondrá las sanciones que correspondan por el uso indebido de estos recursos, de conformidad con lo que establezca la legislación aplicable. (Adic. Según Decreto No. 313, de fecha 31 de marzo de 2006, publicado en el Periódico Oficial No. 086, de fecha 19 de julio de 2006).
En el cumplimiento de sus atribuciones de fiscalización, el Organismo Electoral contará con el apoyo de todas las autoridades del Estado de Sinaloa. Además tendrá las facultades para poder requerir la información y la documentación que le sea necesaria para la adecuada revisión de las finanzas partidistas con que cuenten los particulares, personas físicas y morales, que hayan tenido algún tipo de vínculo financiero o comercial con los partidos políticos. (Adic. Según Decreto No. 313, de fecha 31 de marzo de 2006, publicado en el Periódico Oficial No. 086, de fecha 19 de julio de 2006).
Artículo 15. La organización de las elecciones locales es una función estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración concurre el Poder Legislativo, con la participación de los partidos políticos y de los ciudadanos, según lo disponga la ley. En su ejercicio serán principios rectores la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Será autoridad en la materia, profesional en su desempeño, autónomo en su funcionamiento, independiente en sus decisiones y tendrá a su cargo la preparación, desarrollo, vigilancia y calificación de los procesos electorales, así como la información de los resultados. (Ref. según Decreto No. 404, de fecha 22 de enero de 1998, publicado en el Periódico Oficial No. 10 Bis, de fecha 23 de enero de 1998).
El Organismo público señalado ejercerá sus funciones en todo el territorio del Estado y estará conformado por un Consejo Estatal, así como por los Consejos Distritales, Consejos Municipales y Mesas Directivas de Casilla correspondientes. La ley determinará las funciones de cada uno de ellos y la debida corresponsabilidad de los partidos políticos y de los ciudadanos.
El Consejo Estatal se integrará por un presidente, por consejeros ciudadanos, consejeros del Poder Legislativo y representantes de los partidos políticos. El presidente y los consejeros ciudadanos serán nombrados por el Congreso del Estado por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes en los términos previstos por la Ley. Los representantes de los partidos políticos tendrán derecho sólo a voz.
La ley establecerá un sistema de medios de impugnación con los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, de los que conocerán el organismo público autónomo a que se refiere el primer párrafo de este artículo y el Tribunal Estatal Electoral. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas del proceso electoral y garantizará que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. En materia electoral la interposición de los recursos no producirá, en ningún caso, efectos suspensivos del acto o resolución impugnado. (Ref. según Decreto No. 404, de fecha 22 de enero de 1998, publicado en el Periódico Oficial No. 10 Bis, de fecha 23 de enero de 1998).


El organismo público autónomo de referencia, conforme a las disposiciones de la ley, declarará la validez de las elecciones de Diputados y Regidores por ambos principios, Presidentes Municipales y Síndicos Procuradores, y otorgará las constancias de mayoría y asignación respectivas, las que podrán ser impugnadas, en los términos que señala la ley. (Ref. según Decreto 536 de fecha 22 de marzo, publicado en el Periódico Oficial No. 074 de fecha 20 de junio del año 2001)
El Tribunal Estatal Electoral funcionará en pleno y sus sesiones de resolución serán públicas, en los términos que establezca la ley; será autónomo y máxima autoridad jurisdiccional en su materia y tendrá competencia para resolver en forma definitiva y firme las impugnaciones que se hagan en período no electoral y durante el proceso electoral; realizará el cómputo final de la elección de Gobernador del Estado, una vez resueltas, en su caso, las impugnaciones que se hubieren interpuesto sobre la misma, procediendo a formular la declaración de validez de la elección y la de Gobernador Electo respecto del candidato que hubiese obtenido el mayor número de votos. (Ref. según Decreto No. 404, de fecha 22 de enero de 1998, publicado en el Periódico Oficial No. 10 Bis, de fecha 23 de enero de 1998).
Contará con tres salas regionales que funcionarán en pleno durante el proceso electoral y una Sala de Reconsideración permanente, en la forma que lo disponga la ley. Esta última será competente para, resolver como sala unitaria, en período no electoral, las impugnaciones que se presenten contra los actos y resoluciones del Consejo Estatal Electoral, así como para resolver durante el proceso electoral los recursos que se interpongan respecto de la elección de Gobernador del Estado y en contra de la asignación de Diputados por el principio de Representación Proporcional que realice el Consejo Estatal Electoral. Los fallos de esta sala serán definitivos y firmes. La ley establecerá los presupuestos, requisitos de procedencia y el trámite para los medios de impugnación. (Ref. según Decreto No. 404, de fecha 22 de enero de 1998, publicado en el Periódico Oficial No. 10 Bis, de fecha 23 de enero de 1998).
Artículo 16. Ningún ciudadano podrá ser detenido ni en la víspera ni el día de las elecciones por delitos leves, faltas u omisiones.
Ninguna autoridad podrá impedir ni estorbar la verificación de las elecciones debiendo limitar su intervención a sólo los casos de alteración del orden público, sin perjuicio de proceder como corresponda, después de terminada la elección. Todo acto ilegal de parte de cualquiera autoridad en materia de elecciones populares será causa grave de responsabilidad. (Ref. según Decreto No. 880 de fecha 8 de agosto de 1989, publicado en el Periódico Oficial No. 96, de fecha 11 de agosto de 1989).
La ley tipificará los delitos y determinará las faltas en materia electoral, así como las sanciones que por ellos deban imponerse. (Adic. según Decreto No. 404, de fecha 22 de enero de 1998, publicado en el Periódico Oficial No. 10 Bis, de fecha 23 de enero de 1998).


La ley en materia electoral deberá modificarse, promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vaya a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales. (Adic. según Decreto No. 404, de fecha 22 de enero de 1998, publicado en el Periódico Oficial No. 10 Bis, de fecha 23 de enero de 1998).

TÍTULO III
DE LA FORMA DE GOBIERNO Y DIVISIÓN

TERRITORIAL


Artículo 17. El Estado de Sinaloa adopta para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de su división territorial, y de su organización política y administrativa, el Municipio libre.
Artículo 18. El territorio del Estado se divide política y administrativamente como sigue:
I. En 18 Municipalidades autónomas a saber:
Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Culiacán, Navolato, Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, con la extensión y límites que les correspondan. (Ref. según Decreto No. 302 de fecha 2 de junio de 1983, publicado en el Periódico Oficial No. 74, de fecha 22 de junio de 1983).
II. En los Circuitos y Distritos Judiciales que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. (Ref. según Decreto No. 429 de fecha 18 de agosto de 1994, publicado en el Periódico Oficial No. 105, de fecha 2 de septiembre de 1994).
III. En los Distritos fiscales que la Ley General de Hacienda del Estado determine, pudiendo comprender cada uno de ellos, una o más Municipalidades enteras.
IV. En los distritos electorales que designe la Ley Orgánica respectiva.
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