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Consejo superior de la judicatura sala jurisdiccional disciplinaria


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CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SALA JURISDICCIONAL DISCIPLINARIA

Bogotá D.C., 6 de abril de 2010

Magistrado Ponente Doctor JORGE ARMANDO OTÁLORA GÓMEZ

Radicación No. 110011102000201000478 01

Aprobado según Acta de Sala No. 31 de la misma fecha

ASUNTO
Se decide la impugnación presentada por la parte accionada contra el fallo del 2 de marzo de 2010, proferido por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca1[1], dentro de la acción de tutela adelantada por HENRY CÉSAR LESMES MONTENEGRO contra el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD –DAS-, providencia en la cual se tutelaron los derechos fundamentales de habeas data y buen nombre del peticionario.
HECHOS
El actor mediante escrito radicado el 15 de febrero de 2010 en el Seccional de instancia, solicitó el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso, trabajo, mínimo vital, protección al núcleo familiar, habeas data y petición, los que estimó lesionados por la autoridad accionada, para lo cual relató los siguientes hechos:
Tras identificar el marco normativo que lo habilita para interponer el recurso de amparo, afirmó que por los hechos ocurridos el 28 de noviembre de 1997, fue condenado por “el Juzgado 44 o 48 Penal Municipal de esta Bogotá” –el 16 de julio de 20012[2]- por el delito de hurto calificado y agravado a pena no mayor de 3 años de prisión, razón por la cual se le concedió el subrogado penal.
Precisó que mediante providencia del 7 de enero de 2010 el Juzgado 5º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá “decretó la extinción de la sanción penal por prescripción, así como las accesorias de interdicción de derechos y funciones públicas a mí impuestas e igualmente ordenó expedir constancia del estado actual del proceso con destino al DAS para ser entregada a mí, para poder iniciar trámites de certificado judicial ante la entidad de seguridad del Estado”, fue por ello que el citado despacho judicial “me expidió certificado con destino al DAS, PARA EL TRÁMITE DEL CERTIFICADO JUDICIAL en el que le informa sobre la extinción de la sanción penal por prescripción y a la vez le pone de presente que no soy requerido en razón de estas diligencias, valga decir, causa No. 1999-0431”.
Indicó que solicitó al DAS el certificado judicial y “pese haberse exhibido el auto en comento del 7 de enero de 2010 y la certificación de la misma fecha, se me informó en una de las ventanillas por una señorita empleada del DAS que pese a lo decidido e informado por el Juzgado Quinto de Ejecución de Penas el certificado judicial me iba a aparecer con la anotación de que “registro de antecedentes”, situación ante lo cual insistió verbalmente que dicha anotación le perjudicaba el buen nombre y por ende “la consecución de un trabajo, como es en una empresa de vigilancia donde me advirtieron que el certificado judicial, además de vigente, no debe tener o registrar ningún antecedente, a lo cual me manifestó que la única vía para ser borrado de los registros de antecedentes del DAS, era instaurar una acción de tutela, motivo por el cual es que hoy me veo en la imperiosa necesidad de iniciar esta acción”.
Expresó que lo contestado es “ilógico”, puesto –que a su juicio- “no soy requerido por autoridad judicial, como efectivamente lo indica el DAS en copia de certificado judicial que adjunto, en modo alguno entonces puedo registrar antecedentes penales. Por ende ese “PERO” en modo alguno no pude condicionar el registro de antecedentes penal, y menos facultar al DAS para irrogarse tal exabrupto al expedir los certificados judiciales, en su condición de posición dominante como entidad estatal del orden nacional, frente a los particulares”.
Solicitó “ordenar a DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD –DAS- o a quien haga sus veces, que conforme a lo dispuesto por el Señor JUEZ QUINTO DE EJECUCIÓN DE PENAS DE BOGOTÁ, en auto antes adiado, para que en el término perentorio de 48 horas contadas a partir de la notificación y orden respectiva por parte de digno despacho, sea borrado mi nombre y número de cédula de los registros de antecedentes penales que en dicho Departamento llevan respecto de las personas que por desgracia del tiempo anterior hemos sido reseñados por sentencia condenatoria” igualmente, demandó la expedición del certificado judicial “sin que aparezca anotación que registro antecedente penal (sic), ni que soy o no requerido por autoridad judicial”.
ACTUACIONES PROCESALES E INTERVENCIONES
El a quo en auto del 17 de febrero de 2010 (fl.17) avocó el trámite de la acción de tutela presentada, convocó al proceso a la autoridad accionada y como terceros con interés notificó al Juzgado 48º Municipal y 5º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá.
En su respuesta el DAS (fl.19) indicó que al revisar el sistema de información de la institución, se encontró que el actor fue condenado por el Juzgado 48º Penal Municipal de Bogotá en sentencia del 16 de julio de 2001 a dos años de prisión dentro del radicado no. 431-99 por el delito de hurto calificado y agravado, igualmente se encontró la siguiente anotación “JUZGADO QUINTO DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE BOGOTÁ el 07 de enero de 2010 decreta la extinción de la pena por prescripción. Proceso 11001400408199900431 por hurto calificado y agravado”, registro –que a su juicio- se efectuó en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 3738 del 19/12/03 y el artículo 29 del Decreto 643 de 2004 y es por ello que el DAS “es depositario y no dueño de las informaciones que se reciben, por lo que nos está vedado destruirlas, borrarlas o hacer cualquier clase de modificación por iniciativa propia, sin un sustento legal expedido por el despacho que conoció o calificó el proceso. Siendo que corresponde a las autoridades competentes enviarnos las comunicaciones pertinentes informándonos cualquier cambio de radicación o situación procesal que se presente, tal como lo indica el artículo 3º del Decreto 3738 del 19 de diciembre de 2003”, por tanto no es posible acceder a la petición incoada por el actor.
Informó que con fundamento en los artículos 248 de la C.P. y 166 del C.P.P., dicha institución “no goza de facultades legales para cancelarlos y estos deberán permanecer consignados en nuestra base de datos para ser comunicados a las autoridades judiciales competentes que nos soliciten informes sobre los antecedentes judiciales, tal como lo indica el artículo 4º del Decreto 3738 de 2003” e igualmente –resaltó- que con la implementación del certificado judicial en línea, la Resolución interna No. 1157 de 2008 dispuso en el parágrafo del artículo 1º que “en caso que el ciudadano registre antecedentes, la leyenda inscrita a la que hace referencia el literal b del presente artículo, quedará de la siguiente forma: “El Departamento Administrativo certifica: Que a la fecha (día, mes, año) nombre con cédula de ciudadanía No. de REGISTRA ANTECEDENTES, PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL”.
Expresó que el derecho al habeas data, no puede entenderse de manera absoluta, pues al interior de la jurisprudencia constitucional el buen nombre de la persona es el resultado de haber observado un buen comportamiento y por otra parte, si bien en el Estado Colombiano no existen penas perpetuas, éste tiene interés en conservar el registro en desarrollo del derecho a la información, por ello queda claro –según su parecer- que “un dato por penoso que sea, no puede tenerse como sanción sino como un registro indispensable para el funcionamiento institucional”, más cuando el mismo fue provocado por el mismo actuar de la persona que se queja de la anotación efectuada por la institucionalidad estatal, “en consecuencia, tenemos que una cosa es la extinción de la pena y otra cosa bien distinta es la anotación o registro de los antecedentes penales con los efectos legales pertinentes; por lo tanto, concluye esta Corporación que la publicidad y registro de los antecedentes tiene su fundamento en el derecho a informar y recibir información veraz e imparcial a que alude el artículo 20 de la C.N., pues no se trata de simples anotaciones de las autoridades judiciales, sino de suministrar datos a los órganos de la administración públicos sobre hechos ciertos, que como tal generan efectos, cumpliendo, claro está, con los requisitos de veracidad e imparcialidad”, por lo que el registro de antecedentes penales tiene una intima relación con la seguridad jurídica, ya que las entidades públicas y la sociedad tienen derecho a saber de la ilicitud de determinadas conductas que se investigaron y sancionaron “pues a través de los antecedentes se procede a la defensa de los intereses de la comunidad y del Estado”.
Por lo anotado –concluyó- que no existe falta por parte del DAS que conlleve la vulneración de derecho fundamental alguno, puesto que las sentencias condenatorias debidamente ejecutoriadas constituyen un antecedente penal “información que debe permanecer en nuestra base de datos para ser comunicadas a las diferentes autoridades judiciales para cuando ellos lo requieran y para la expedición de los certificados judiciales”.
Por su parte el Juzgado 5º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá (fl.30) expresó que en cumplimiento de sus funciones judiciales de vigilancia de la pena, ofició a las autoridades correspondientes “el decreto de extinción de la pena de sanción penal por prescripción en providencia del 07 de enero de 2010” e igualmente desconoce las razones aducidas por la autoridad accionada “para interpretar en esa forma nuestra providencia y sí le asiste certeza, para mantener la mención de antecedentes” actuaciones que escapan a su órbita de competencias, por tanto no puede lesionar los derechos invocados por el petente y de similar manera el Juzgado 48º Penal Municipal (fl.38) –hoy Juzgado 16º Penal Municipal- alegó no haber desconocido ningún derecho de los solicitado y remitió copia de la sentencia donde se condenó al actor.
PROVIDENCIA IMPUGNADA

El a quo en sentencia del 2 de marzo de 2010 (fl.62) decidió tutelar –al actor- los derechos fundamentales de habeas data y al buen nombre, en consecuencia ordenó al Jefe del DAS “que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de este fallo cancele el antecedente que contra HENRY CÉSAR LESMES MONTENEGRO aparece allí por concepto de la sentencia proferida por el Juzgado 48 Penal Municipal el 16 de julio de 2001, con motivo de la extinción de la sanción penal que por prescripción decretó el Juzgado 5º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, el 7 de enero de 2010, sin perjuicio que en el registro interno que se lleva en la entidad se anote lo relativo dicha prescripción (sic)” (fl.73).


Para arribar a la resolutiva antes referida –precisó- que el certificado de antecedentes judiciales se convierte en un requisito sine qua non para acceder al desempeño de cualquier trabajo, por tanto la información que reposa en el mismo debe caracterizarse por su veracidad y reflejar la situación real del proceso, así como el estado de la pena, pues en caso contrario se lesiona el derecho de habeas data y a través de su protección se logra la rectificación de información que carezca de soporte real y objetivo.
Expresó que -en el presente caso- el DAS debió proceder a cancelar la anotación que figura contra el actor, pues sobre la pena acaeció la extinción de la sanción penal, la cual fue debidamente decretada por la autoridad judicial competente, pese a que en la mencionada providencia no se ordenaba tal actuación “lógico es que tal determinación la debe asumir el Director de la entidad o el funcionario a quien se encomiende la función, pues, consecuencia propia de la extinción, es la cancelación de los antecedentes”.
IMPUGNACIÓN
El Coordinador del Grupo de Identificación del DAS (fl.78) impugnó la decisión de instancia, por considerar que dicha dependencia ve con extrañeza la providencia adoptada “ya que en ningún momento vulneró derecho alguno al hoy accionante, puesto que nuestra base de datos es depositaria de las informaciones que a diario se reciben por lo que nos está vedado cancelarlas o destruirlas, en el tema de antecedentes judiciales se requiere para ser comunicados a las autoridades judiciales cuando lo requieran dentro de una investigación penal, de acuerdo a lo establecido en el literal B del artículo 4 del Decreto 3738 de 2003 y para expedición de certificados judiciales según lo dispuesto el parágrafo (sic) del artículo 1º de la Resolución Interna 1157 de 2008”.
Resaltó que la decisión de instancia, se adoptó teniendo en cuenta el artículo 11 del Decreto 2398 de 1986, relacionado a la cancelación de antecedentes “pero no significaba que le fuera borrado de nuestra base de datos simplemente se efectuaba la cancelación al encontrarse prescrita la sanción penal, decreto que fue derogado el 19 de diciembre de 2003 con la expedición del decreto 3738 por tanto a la fecha no se están efectuando dichas cancelaciones de antecedentes”.
CONSIDERACIONES DE LA SALA
De conformidad con lo previsto en los artículos 86, 116 inciso 1º, 256 numeral 7º de la Constitución Política; 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Decreto 1382 de 2000, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura es competente para resolver la impugnación incoada dentro de la presente acción de tutela, a ello se procederá previas las siguientes consideraciones de hecho y de derecho.
En efecto, sabido es por la cultura jurídica nacional que la acción de tutela se instituyó como un mecanismo constitucional que permite a toda persona reclamar ante los jueces –en todo momento y lugar- la protección inmediata y eficaz de sus derechos fundamentales, cuando los mismos resulten lesionados o amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública y así mediante un procedimiento preferente lograr hacer cesar los atropellos de las garantías superiores, todo condicionado a que el actor no posea otro medio de defensa judicial, pues en tal eventualidad debe acudir al mismo para elevar ante las jurisdicciones respectivas las pretensiones incoadas en el recurso tutelar.
Así las cosas, en el presente caso se debe concluir -de entrada- que la acción de tutela es procedente, toda vez que se encuentran reunidos los presupuestos de inmediatez, así como la inexistencia de otro medio de defensa judicial para ventilar las solicitudes presentadas, razón por la cual el juez constitucional se encuentra habilitado para efectuar un estudio material de los derechos alegados como violados por parte del actor.
En consecuencia, como presupuestos fácticos que soportan el amparo solicitado, se tiene que el actor considera que el DAS vulneró los derechos fundamentales incoados al momento de expedirle el certificado de antecedentes judiciales con la anotación “REGISTRA ANTECEDENTES, PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL”, no sin antes aceptar que fue condenado por el Juzgado 48 Penal Municipal de Bogotá a la pena de dos años de prisión como responsable del delito de hurto calificado y agravado, pero que el 7 de enero de la presente anualidad el Juzgado 5º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad decretó la extinción de la pena por prescripción de la misma, razón por la cual –a su juicio- la anotación debe ser borrada del sistema que maneja la entidad accionada.
En este orden de ideas, el problema jurídico que convoca la atención de la Sala es determinar si la autoridad accionada tiene la obligación de cancelar el registro de antecedentes penales, una vez la autoridad judicial competente, comunica acerca de la prescripción de la sanción y sí en la eventualidad de no efectuarse se vulnera el derecho fundamental al habeas data, para tal efecto, se estudiará lo relacionado con el alcance –conceptual- del derecho al habeas data en materia penal y su relación con otros derechos fundamentales, para finalmente analizar el caso concreto de cara a la jurisprudencia constitucional.
1.- ASPECTOS CONCEPTUALES SOBRE LOS LÍMITES AL HABEAS DATA EN MATERIA PENAL.-
Antes de cualquier consideración de orden jurisprudencial, la Sala estima necesario establecer la definición y función que cumple el certificado antecedentes judiciales penales al interior del sistema normativo nacional, para lo cual se torna forzoso acudir a lo establecido en la sentencia C-536/06 donde la Corte Constitucional, precisó que:
Como ha definido esta Corporación el certificado de antecedentes judiciales “es un documento expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad, en el cual se certifica la situación judicial de un ciudadano frente a la justicia y autoridades colombianas. Estipula si el titular no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales y de policía, o si no es solicitado por las mismas autoridades3[3].(s.f.t.)
Este documento público actualmente es regulado por el Decreto reglamentario 3738 de 2003. De conformidad con dicho reglamento su expedición corresponde al Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, con base en la información que repose en los archivos de esta entidad (Art. 1). Para estos efectos el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, mantendrá y actualizará los registros delictivos y de identificación nacionales de acuerdo con los informes y avisos que para el efecto deberán remitirle las autoridades judiciales (Art. 3). Los archivos del Departamento Administrativo de Seguridad, en esta materia, tendrán carácter reservado y en consecuencia sólo se expedirán certificados o informes de los registros contenidos en ellos a los peticionarios de sus propios registros, mediante la expedición del certificado Judicial; y a los funcionarios judiciales y organismos con facultades de policía judicial, que por razón o con ocasión de sus funciones, adelanten investigación, referente a la persona de quien la solicitan, previo requerimiento escrito (Art. 4). Actualmente estos documentos tienen validez por un año a partir de su fecha de expedición (Art. 6).
Según la normatividad vigente el certificado de antecedentes judiciales se requiere, entre otros, para lo siguientes trámites y actuaciones:
1.- Para posesionarse en cualquier empleo o cargo público y para celebrar contratos de prestación de servicios con la administración4[4].

2.- Para la tenencia o porte de armas de fuego5[5].

3.- Para trámite de visa, siempre y cuando sea solicitado por la respectiva embajada.

4.- Para ingresar al Ecuador.

5.- Para recuperar la nacionalidad colombiana de quienes hubieren sido nacionales por adopción6[6].

6.- Para la adopción de menores de edad7[7].
Adicionalmente numerosas empresas privadas exigen la presentación del certificado de antecedentes judiciales, para acceder a empleos privados. Hechas las anteriores precisiones se abordará el estudio de constitucionalidad del caso concreto”.
Así las cosas, resulta claro que dicho documento es de suma importancia para el ejercicio de otros derechos, los cuales se encuentran condicionados a la información que reposa en el mencionado certificado, por ello -la misma- debe reflejar la situación procesal en la que se encuentre el sindicado o condenado al interior del proceso penal, luego si ésta se encuentra alejada de la verdadera situación del peticionario, se configura una lesión al derecho constitucional de habeas data, postura que se soporta en lo afirmado por la Corte Constitucional en la sentencia T-310/03 donde el mencionado Tribunal precisó los aspectos relacionados con la responsabilidad del DAS en el levantamiento del registro de antecedentes:
“[…] según lo dispuesto en el artículo 3º del Decreto 218 del 15 de febrero de 2000 “por el cual se modifica la estructura del Departamento Administrativo de Seguridad”, al Departamento Administrativo de Seguridad le corresponde a su vez: 7. Coordinar el intercambio de información con otros organismos de inteligencia y seguridad, nacionales e internacionales y 13. Llevar los registros delictivos y de identificación nacionales, y expedir los certificados judiciales, con base en el canje interno y en los informes o avisos que deben rendir oportunamente las autoridades judiciales de la República (...).
El servicio de expedición de certificados judiciales8[8] que presta el DAS a los ciudadanos, se encuentra regulado en los Decretos 1657 de 19929[9] y 2398. de 1986.10[10]
Esta última norma establece como obligación del Departamento de Seguridad abrir a cada persona que sea reseñada, un solo prontuario con las anotaciones que deben constar en tales documentos de acuerdo con la ley.11[11] Así mismo prevé la expedición del certificado judicial o de policía por parte de la autoridad administrativa, previo oficio al funcionario judicial correspondiente, quien debe dar la orden, en el evento en que haya operado la prescripción del Código Penal, lo cual constituye un límite temporal al registro de la información.12[12] De igual forma, en su artículo 10, consagra que los sindicados de delitos, podrán presentar al Departamento Administrativo de Seguridad, en cualquier tiempo, copias auténticas de sentencias, autos interlocutorios y decisiones que aclaren, varíen o modifiquen la situación anotada en los respectivos archivos y prontuarios. Lo anterior, va acorde con la facultad de actualizar y rectificar los datos que sobre la persona reposen en entidades públicas.
Las mencionadas funciones las ejercen las Direcciones Seccionales del DAS existentes a nivel departamental. El artículo 15 señala entre las funciones de estas últimas: 4º) Expedir los certificados judiciales y documentos de extranjería, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias vigentes y 6º) Mantener y actualizar los archivos requeridos de conformidad con las funciones propias del Departamento.
Así mismo, el artículo 24, radica en la Subdirección de Investigaciones Especiales, de manera específica, la función de organizar, actualizar y conservar los registros delictivos y de identificación nacionales, con base en los comunicados que deben enviar las autoridades judiciales de la República sobre órdenes de captura y la de expedir los certificados judiciales y de policía, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.” 13[13]

(…)
Así las cosas, se trata de una función de suma importancia, que se encuentra ligada el cumplimiento mismo de los fines del Estado y a la protección real y goce de los derechos fundamentales, toda vez que involucra información sensible que debe ser tratada con la observancia de las garantías constitucionales y de los principios rectores de la administración de datos, a los cuales más adelante se hará alusión.
En efecto, el incumplimiento o el cumplimiento deficiente o tardío de esta función por parte de las autoridades correspondientes, además de dar lugar a la imposición de sanciones penales y disciplinarias, afecta de manera directa derechos fundamentales de los afectados.

(…)
Finalmente, de acuerdo a antecedentes jurisprudenciales de esta Corporación, la acción de tutela es procedente cuando la permanencia de un dato errado y la omisión de las autoridades de actualizarlo o rectificarlo vulneran derechos fundamentales, especialmente el derecho al habeas data.
Al respecto en sentencia T-303 de 1998 manifestó:
"(...) Es evidente que la permanencia del dato negativo equivocado causa, minuto a minuto, enorme daño a la persona, por lo cual es indudablemente contraria a la Constitución y altamente ofensiva para la dignidad del individuo, y que si, habiendo sido reclamada directamente la rectificación en ejercicio del Habeas Data, ella no se produce inmediatamente, hay lugar al ejercicio de la acción de tutela contra la entidad para obtener la protección del derecho fundamental violado, por medio de una orden judicial perentoria."
En consecuencia, la permanencia de un dato donde se registran antecedentes penales, tiene la potencialidad de generar una lesión ostensible a los derechos fundamentales, pues tal anotación genera consecuencias de orden jurídico para el ejercicio de otras garantías de rango constitucional, tal como lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia T-949/03:
“[…] la Corte no puede pasar por alto que el registro de antecedentes penales tiene la potencialidad de generar consecuencias adversas para las personas, sobre todo cuando, por ejemplo, se trata de valorar en un proceso penal la buena conducta anterior, o dosificar la pena en hipótesis de reincidencia en la comisión de delitos14[14]; o incluso para efectos de competir en el mercado laboral en igualdad de condiciones, para acceder a cargos públicos, o en ciertos eventos, para el ejercicio del derecho de locomoción, cuando la expedición de ciertos permisos o de visas para el ingreso al territorio de otros Estados está sometido al estudio previo de ciertas bases de datos por parte de las autoridades extranjeras”.
En este orden de ideas, una vez establecida la competencia del Estado para alimentar las bases de datos en cuanto hace referencia a los registros penales, así como la obligación de mantener actualizada dicha información y las consecuencias jurídicas que se derivan de las anotaciones que reposan en el mismo, debe la Sala determinar –en el presente caso- si la prescripción de la sanción impuesta al actor, se convierte en una obligación para que la accionada esté en el deber de borrar del reporte tal registro.
2.- ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO.-
En el presente caso se tiene que el actor fue condenado -el 16 de julio de 2001- por el Juzgado 48º Penal Municipal de Bogotá a la pena principal de 2 años de prisión como cómplice del delito de hurto calificado y agravado e igualmente se le impuso la pena accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por igual lapso; posteriormente, el Juzgado 5º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Bogotá, mediante providencia del 7 de enero del 2010, declaró “la extinción de la sanción penal por prescripción, así como de la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas” (fl.7) impuesta al peticionario, pese a lo cual al momento de solicitar el certificado de antecedentes judiciales penales, en el mencionado documento se consignó que “a la fecha viernes 20 de noviembre de 2009 HENRY CÉSAR LESMES MONTENEGRO identificado con la cédula de ciudadanía No. 79629355 de Bogotá D.C. REGISTRA ANTECEDENTES, PERO NO ES REQUERIDO POR AUTORIDAD JUDICIAL” (fl.10).
En efecto, siendo ésta la situación procesal en la cual se encuentra el actor, fácil es concluir que se declaró la extinción de la sanción penal por prescripción y pese a que dicha decisión judicial se notificó a la accionada en el registro de antecedentes penales, sigue apareciendo la anotación acerca de la existencia de los mismos, circunstancias que deben ser analizadas a la luz de lo dictado por la Corte Constitucional en la sentencia T-540/04 donde precisó:
Por otra parte, y en cuanto los antecedentes penales que según el actor para el momento en que interpuso la acción de tutela le aparecían en las oficinas del DAS, encuentra la Corte que independientemente de lo que acaba de sostenerse respecto a la posible homonimia o suplantación, lo cierto es que el Juzgado 3 de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, mediante proveído del 27 de junio de 2001, declaró extinguida la condena impuesta al señor Luis Alejandro Herrera Aguilar por el delito de porte ilegal de armas de fuego por parte del Juzgado accionado, y que dicha actuación fue debidamente informada al DAS, razón por la cual no se entiende el motivo por el cual esta autoridad no obró conforme a lo dispuesto en el Decreto 2398 de 1986 y canceló en el prontuario correspondiente al actor - pues los nombres y número de cédula coinciden con el del condenado- ese antecedente penal15[15]. (s.f.t.)
Como en diversas oportunidades lo ha resaltado esta Corporación, el derecho al habeas data tiene una dimensión positiva que comprende “(i) el derecho a figurar en los archivos de información o en las bases de datos de las cuales depende el acceso a un derecho o servicio básico; (ii) el derecho a que la información sea correcta, completa y actualizada; y (iii) el derecho a que circule por los conductos regulares de manera efectiva y oportuna hasta la autoridad administrativa competente para decidir sobre el acceso al derecho o al servicio”16[16].
Los registros de antecedentes penales producen efectos cuando dentro de un proceso penal se trata de valorar la buena conducta anterior o la dosificación de la pena, y el no estar actualizados constituye un problema tanto para la autoridad judicial como para el propio interesado (s.f.t.).
Con esa omisión en la actualización de la información que reposa en sus registros, el DAS afectó el derecho al habeas data del peticionario, como en efecto advirtieron los jueces de instancia”.
En conclusión y conforme a los presupuestos fácticos esbozados con anterioridad, la Sala en ningún momento cuestiona la obligación del Estado de tener en sus bases de datos, los registros históricos que reflejen el comportamiento penal de los ciudadanos, pues a través de dicha prerrogativa garantiza la seguridad de las instituciones y de la sociedad, pero sí dicha prerrogativa estatal se analiza de cara a las garantías constitucionales y la filosofía que orienta al Estado Social de Derecho que se funda en el respeto por la dignidad humana, no se puede permitir que la información ahí depositada carezca de un límite temporal, pues en un Estado de Derecho no existen sanciones irredimibles y tal como se expuso con anterioridad, las anotaciones que reposan en el mencionado certificado de antecedentes disciplinarios genera consecuencias jurídicas de diversa índole que pueden afectar otros derechos fundamentales del peticionario, razón por la cual existe la obligación de la entidad accionada de actualizar el registro, sin que con dicha actuación se genere -como consecuencia- que el dato sea borrado de la base de datos del Estado, pero la misma no puede reportarse como vigente en el texto del certificado de antecedentes judiciales penales del actor.
En efecto, no puede asimilarse la competencia administrativa que tiene el DAS de consolidar la información de los antecedentes penales de los ciudadanos en Colombia, con la garantía constitucional a que los datos que en ella reposan se actualicen y tal rectificación impacte en la certificación que sobre los mismos se expida al usuario del sistema, pues en caso contrario se causa una lesión al derecho constitucional de habeas data.
Por lo anotado esta Colegiatura estima imperativo CONFIRMAR la decisión impugnada que concedió el amparo de los derechos fundamentales e igualmente debe respaldar -integralmente- la orden impartida para lograr la eficacia de las garantías constitucionales del peticionario.
En mérito de lo expuesto, el Consejo Superior de la Judicatura -Sala Jurisdiccional Disciplinaria-, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE

CONFIRMAR la decisión impugnada.
Una vez notificados todos los intervinientes, envíese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE.
JULIA EMMA GARZÓN DE GÓMEZ

Presidenta
HENRY VILLARRAGA OLIVEROS

Vicepresidente

JOSÉ OVIDIO CLAROS POLANCO

Magistrado

ANGELINO LIZCANO RIVERA

Magistrado


MARÍA MERCEDES LÓPEZ MORA

Magistrada
JORGE ARMANDO OTÁLORA GÓMEZ

Magistrado

PEDRO ALONSO SANABRIA BUITRAGO

Magistrado
YIRA LUCIA OLARTE AVILA

Secretaria judicial




1[1] La Sala de tutela de primera instancia, estuvo conformada por los Magistrados MAURICIO MARTÍNEZ SÁNCHEZ y MARTHA INES MONTAÑA SUÁREZ (fl.73).

2[2] Según sus referencias la sentencia cobró ejecutoria el 1 de agosto de 2001.

3[3] Sentencia T-542 de 2003.

4[4] El parágrafo del artículo primero de la Ley 190 de Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa” consigna: PARÁGRAFO. Quien fuere nombrado para ocupar un cargo o empleo público o celebre un contrato de prestación de servicios con la administración deberá, al momento de su posesión o de la firma del contrato, presentar certificado sobre antecedentes expedido por la Procuraduría General de la Nación y el certificado sobre antecedentes penales expedido por el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS. Sólo podrán considerarse como antecedentes las providencias ejecutoriadas emanadas de autoridad competente.

5[5] Artículos 33 y 34 del Decreto Ley 2535 de 1993.

6[6] Ley 43 de 1993, artículo 25 parágrafo 2.

7[7] Artículo 105 literal g del Decreto 2737 de 1989, Código del Menor.

8[8] El certificado judicial es el documento que expide el DAS a solicitud de los ciudadanos, en el que se acredita que determinada persona no tiene asuntos pendientes con las autoridades judiciales y de policía. Dicho documento se requiere para la salida del país, la posesión en empleo del sector público, vinculación laboral al sector privado (opcional), compra de armas y realizar contratos con el Estado.

9[9] DECRETO 1657 de 1992 "por el cual se señala el valor del Certificado Judicial y de Policía y de los documentos de extranjería que expide el Departamento Administrativo de Seguridad

10[10] DECRETO 2398 de julio 29 de 1986 "por el cual se dictan normas sobre reseña delictiva, cancelación de antecedentes y expedición de Certificaciones Judiciales y de Policía.

11[11] Artículo 1º En el Departamento Administrativo de Seguridad, se llevará a cada persona que sea reseñada, un solo prontuario con las anotaciones que deben constar en tales documentos de acuerdo con la ley.

Parágrafo 1º A las personas a quienes las autoridades judiciales o de policía soliciten antecedentes o capturas, antes del auto de detención, se les abrirá una tarjeta guía alfabética, con los datos y anotaciones correspondientes.

(...).


12[12]Artículo 5º Cuando los funcionarios encargados de expedir los certificados judiciales o de Policía, tuvieren conocimiento de que sobre las anotaciones que aparecieren en los archivos existen fallos definitivos deberán oficiar al funcionario correspondiente, solicitando el informe respectivo. Si pasados quince (15) días, no se recibiere respuesta deberá expedirse el Certificado Judicial en caso de existir petición de parte, dejando la constancia respectiva de esta solicitud.

Este trámite también deberá hacerse cuando se tenga conocimiento que ha transcurrido un tiempo igual o superior al que el Código Penal exige para la prescripción, evento en el cual no se tendrá en cuenta el término de los quince (15) días de que trata el presente artículo.


13[13] Artículo 24, Decreto 218 de 2000“Corresponde a la Subdirección de Investigaciones Especiales el ejercicio de las siguientes funciones:


1º. Desarrollar las facultades de Policía Judicial de conformidad con la naturaleza y funciones propias del Departamento Administrativo de Seguridad;

2º. Prestar a la Fiscalía General de la Nación y a las autoridades Judiciales la cooperación prevista en la ley, de conformidad con la naturaleza y funciones propias del Departamento Administrativo de Seguridad;


3º. Organizar, actualizar y conservar los registros delictivos y de identificación nacionales, con base en el canje interno y en los informes o avisos que deben rendir oportunamente las autoridades judiciales de la República, sobre iniciación, tramitación y terminación de procesos penales, órdenes de captura, medidas de aseguramiento, autos de detención, enjuiciamiento, sobreseimiento y revocatorias proferidas y sobre las demás determinaciones previstas en el Código de Procedimiento Penal;

4º. Expedir los certificados judiciales y de policía, de conformidad con las normas vigentes sobre la materia”

14[14] Sobre el punto cfr., consideración 2.5. Sentencia T-455 de 1998.

15[15] Dispone el artículo 11 del Decreto 2398 de 1986 por el cual se dictan normas sobre reseña delictiva, cancelación de antecedentes y expedición de Certificados Judiciales y de policía, que “[e]l Jefe del DAS cancelará, a solicitud del interesado o de oficio, previo informe del Jefe de la División de la Oficina Jurídica de la Institución, los antecedentes relativos a fallos condenatorios que registren, en los siguientes casos: a) Cuando se haya cumplido la pena. b) Cuando la pena se haya declarado prescrita. c) Cuando por haber transcurrido un tiempo igual o mayor al estipulado en el Código Penal, se considere que la pena se encuentra prescrita. PARÁGRAFO. Para el trámite de la cancelación de oficio se procederá de conformidad con el procedimiento establecido en el artículo 5°”.

16[16] Cfr. Sentencia T-317 del 31 de marzo de 2004 (M.P. Manuel José Cepeda Espinosa).


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