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Consejo de estado sala de lo contencioso administrativo


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CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE (E ): GLADYS AGUDELO ORDOÑEZ

Bogotá, D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil once (2011)



Expediente: 18.431 (R- 6706)

Actor: Luz Fanny Puentes Valbuena y otros

Demandado: Nación-Ministerio de Defensa- Policía Nacional

Decide la Sala los recursos de apelación formulados por las partes contra la sentencia de 14 de febrero de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, en cuanto en ella se decidió lo siguiente:

“1º). DECLARAR administrativamente responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional por los hechos ocurridos el 26 de marzo de 1997, en el Municipio de Mariquita-Tolima, donde fallecieron el Capitán de la Policía Nacional Fray José Gamboa Taborda y el Teniente del Ejército William Riascos Bohórquez, al precipitarse a tierra el helicóptero UH-1H pnc-1604 de la Policía Nacional en el que se transportaban.

2º) CONDENAR a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional a pagar por concepto de perjuicios morales en la radicación número 15335 a favor de Fanny Puentes Valbuena (esposa), Juan David Gamboa Puentes y Juan Diego Gamboa Puentes (hijos menores), representados por la primera, un mil (1000) gramos oro en forma individual; para Flor María Taborda de Gamboa (madre) un mil (1000) gramos oro; a Fray Francisco Gamboa Taborda, Fray Manuel Gamboa Taborda, Fray Lucas Gamboa Taborda, Flor del Carmen Gamboa Taborda y Flor Bernardina Gamboa Taborda (hermanos) del fallecido Fray José Taborda quinientos (500) gramos oro para cada uno. Todos convertibles al valor que tenga un gramo de ese metal, según certificación que expida el Banco Emisor a la fecha de ejecutoria de esta sentencia. Y en el proceso 16706 por el mismo concepto y para la señora Ana Teresa Bohórquez de Riascos (madre) un mil (1000) gramos oro; a Luz Adelaida Riascos Bohórquez, Clarena Riascos Bohórquez, Saúl Riascos Bohórquez, Alfonso Riascos Bohórquez, Orlando Riascos Bohórquez y Jhon Jairo Riascos Bohórquez (hermanos) del extinto William Ariel Riascos Bohórquez quinientos (500) gramos oro en forma individual, que se deberán convertir en el valor que tenga un gramos de oro a la fecha de ejecución de esta sentencia, según certificación del Banco de la República.

3º) NEGAR el resto de pretensiones formuladas en las demandas de esta acumulación.

5º) (sic)- la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional dará cumplimiento a esta sentencia en los términos consagrados en los artículos 176 y 177 inciso final del Código Contencioso Administrativo (folio 175, cuaderno 1).



  1. ANTECEDENTES

1. El 30 de abril de 1997 y el 18 de febrero de 1998, en su orden, los actores1, en ejercicio de la acción de reparación directa, mediante apoderado judicial, solicitaron que se declarara responsable a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, por la muerte del Capitán de la Policía Nacional Fray José Gamboa Taborda y del Teniente del Ejército Nacional William Ariel Riascos Bohórquez, quienes perdieron la vida al precipitarse a tierra el helicóptero Bell UH-1H PNC 160, de propiedad de la Policía Antinarcóticos, en hechos ocurridos el 26 de marzo de 1997, en la Granja Amelagro, Vereda El Caucho, jurisdicción del Municipio de Mariquita, Departamento del Tolima.

Según los hechos narrados en la demanda, la aeronave se accidentó al minuto de haber decolado de la Base Aérea del Municipio de Mariquita, debido a una falla en el sistema hidráulico. El helicóptero siniestrado era piloteado por el Capitán Gamboa Taborda, y el Teniente Riascos Bohórquez era su copiloto, quienes cumplían una operación de entrenamiento.

Sostuvieron los demandantes, que el helicóptero UH-1H fue donado por el Gobierno de Estados Unidos a la Policía Nacional de Colombia y tenía como destinación la lucha contra el narcotráfico. Su fabricación se produjo en el año 1967 y fue utilizado en la guerra de Vietnam, lo cual evidencia que se trataba de un aparato obsoleto e inservible que cobró la vida de dos oficiales destacados de la Fuerza Pública, razón por la cual la demandada deberá responder por los perjuicios a ellos causados, pues los oficiales fallecidos desarrollaban una actividad considerada peligrosa, circunstancia “que hace presumir que el fatal accidente se originó en una falla de la Administración” (fols. 29 a 45, cdno. 1, fols. 28 a 42, cdno. 7).


Por concepto de perjuicios morales, el primer grupo demandante solicitó una suma equivalente, en pesos, a 1500 gramos de oro, para cada uno de ellos, mientras que el segundo grupo pidió una suma equivalente, en pesos, a 2021 gramos de oro, para cada uno; por concepto de perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, los actores solicitaron las sumas que se lograsen establecer en el proceso, de conformidad con las pruebas obrantes en el plenario, los parámetros y las tablas utilizadas por el Consejo de Estado para tal efecto; en subsidio, los demandantes pidieron una suma equivalente, en pesos, a 4000 gramos de oro (fols. 30, 31, cdno. 1; fols. 29, 30, cdno. 2).
2. Por autos de 23 de junio de 1997 y 14 de julio de 1998, en su orden, el Tribunal Administrativo del Tolima admitió las demandas y notificó los autos admisorios a la entidad demandada, la cual se opuso a las pretensiones de los actores, solicitó la práctica de pruebas y coadyuvó las pedidas por los demandantes (fols. 46, 55 a 57, cdno. 1, fols. 92 a 94, cdno. 7).

La Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional sostuvo que la actividad peligrosa estaba a cargo de las víctimas, de tal suerte que en el evento de que llegare a acreditarse en el proceso que el accidente aéreo se debió a una falla humana, dicha situación la exoneraría de responsabilidad por los hechos que se le imputan.


3. Por auto de 9 de junio de 1998, el Tribunal Administrativo del Tolima acumuló los procesos, por encontrarse reunidos los requisitos de ley (folios 132 y 133, cuaderno 2)
4. Practicadas las pruebas decretadas y fracasada la audiencia de conciliación, mediante auto de 22 de junio de 1997, el Tribunal Administrativo del Tolima corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (folios 113, 114, cuaderno 1).
La parte actora deprecó del juez que se declarara la responsabilidad de la entidad demandada, por encontrarse acreditado en el proceso que la muerte de los oficiales ocurrió durante el desarrollo de una actividad considerada peligrosa, lo cual hace presumir que hubo una falla en la prestación del servicio imputable a la Administración (folios 115 a 132, cuaderno 1).
A su turno, la entidad demandada solicitó que se negaran las pretensiones de la demanda en consideración a que se demostró en el plenario que para la época de los hechos las condiciones metereológicas imperantes en la zona eran óptimas para el desarrollo de la operación asignada a los oficiales fallecidos, el helicóptero estaba en condiciones de realizar dicha operación, contaba con suficiente combustible, no había sido sometido a una reparación mayor o servicio de fase, llevaba 64 días al servicio de la Policía Nacional y durante ese período voló 70,10 horas, además, ningún componente de la aeronave se encontraba dentro del límite operacional para cambio, y la compañía fabricante del motor aseguró que éste funcionaba normalmente cuando ocurrió el impacto. Adicionalmente, la operación de vuelo fue adecuada y debidamente planeada y el piloto estaba capacitado y entrenado para ello, sin perder de vista que la misión de entrenamiento no representaba peligro alguno para la tripulación. Puede concluirse de todo lo anterior, que hubo diligencia de la entidad demandada, lo cual descarta la presencia de una eventual falla en la prestación del servicio como lo solicitan los demandantes. Finalmente, la entidad demandada señaló que la instrucción y práctica de entrenamiento en vuelo que se les imparte a los uniformados, no implica en manera alguna una carga excepcional para éstos, pues todos por igual están sometidos a ellas (folios 133 a 135, cuaderno 1).
El Ministerio Público guardó silencio.



  1. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

Mediante sentencia de 14 de febrero de 2000, el Tribunal Administrativo del Tolima declaró la responsabilidad de la entidad demandada y la condenó en los términos citados ab initio, por estimar que los oficiales perdieron la vida cuando desarrollaban una actividad riesgosa, como lo es la conducción de una aeronave, y no se evidencia la presencia de una causa extraña como la fuerza mayor, la culpa exclusiva de la víctima o el hecho exclusivo de un tercero.


Sostuvo el a quo que no obstante que los oficiales fallecieron cumpliendo actos del servicio, pues el Capitán de la Policía Nacional Fray José Gamboa Taborda, piloto de la aeronave, se desempeñaba ese día como instructor de vuelo del helicóptero siniestrado, mientras que el Teniente del Ejército Nacional William Ariel Riascos Bohórquez, copiloto, recibía instrucciones de vuelo, el accidente en el que perdieron la vida ocurrió cuando desarrollaban una actividad peligrosa.
Con fundamento en lo anterior, el Tribunal condenó a la entidad demandada al pago de los perjuicios morales reclamados por los actores, pero negó el pago de los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, por ellos solicitados, pues, según dijo, se demostró en el proceso que los familiares del Capitán Gamboa Taborda recibieron una pensión por muerte en actos del servicio, mientras que los familiares del Teniente Riascos Bohórquez no demostraron en el plenario su dependencia económica con la víctima (folios 169 a 176, cuaderno 8).
El 13 de marzo de 2000, el Tribunal Administrativo del Tolima, a solicitud de la parte demandante, dictó sentencia complementaria en el sentido de incluir el nombre de Iván Alberto Riascos Bohórquez como beneficiario de la condena impuesta en primera instancia, toda vez que su nombre fue omitido involuntariamente. En tal sentido, a la citada persona se le reconoció una suma equivalente, en pesos, a 500 gramos de oro, por concepto de perjuicios morales (folios 200, 201, cuaderno 8).

Recurso de apelación

Dentro del término legal, ambas partes formularon recurso de apelación contra la sentencia anterior.


a. Los actores solicitaron que se confirmara la decisión de primera instancia en cuanto declaró la responsabilidad de la entidad demandada, pero solicitaron el reconocimiento de los perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, en consideración a que éstos se encuentran debidamente acreditados en el proceso. Sostuvieron que el fundamento que esgrimió el Tribunal para negar el pago de tales perjuicios, respecto de la muerte del Capitán Fray José Gamboa, lo constituye el hecho de que la entidad enjuiciada le reconoció a la cónyuge supérstite y a sus dos hijos una pensión por muerte en actos del servicio, pero lo cierto es que dicho pago corresponde a emolumentos ocasionados por el trabajo desempeñado por el oficial durante el tiempo que permaneció en la Institución. Además, según el dictamen pericial practicado en el proceso, del cual se corrió traslado a las partes, quienes guardaron silencio frente al mismo, la muerte del Capitán Gamboa Taborda ocasionó perjuicios materiales, en la modalidad de lucro cesante, a la esposa y a los hijos del citado oficial, razón por la cual éstos deberán reconocérseles.
En relación con los perjuicios reclamados por la muerte del Teniente del Ejército Nacional William Ariel Riascos Bohórquez, el recurrente sostuvo que se demostró en el proceso que la señora Ana Teresa Bohórquez Riascos, madre de la víctima, dependía económicamente del oficial fallecido, de tal suerte que ella tiene derecho a su pago (folios 211 a 219, cuaderno 8).
b. A su turno, la entidad demandada solicitó que se revocara la sentencia de 14 de febrero de 2000, proferida por el Tribunal Administrativo del Tolima, en consideración a que no se demostró falla alguna del servicio, pues la aeronave siniestrada se encontraba en buenas condiciones técnicas y mecánicas y era piloteada por una persona debidamente preparada y capacitada en dicha actividad, sin perder de vista que las condiciones metereológicas reinantes en la zona para el día de los hechos, permitían su operación sin ninguna dificultad.
Sostuvo la recurrente que una actividad de entrenamiento rutinario como la realizada por la tripulación que comandaba la aeronave accidentada, no implicaba un riesgo anormal para su seguridad. Manifestó que “la instrucción y práctica de entrenamiento de vuelo que se les imparte a los uniformados no implica para los que la reciben una carga excepcional, pues todos están sometidos a la misma, pero dentro de esa generalidad deben correr los riesgos ordinarios del servicio aéreo, pero no aquellos que excedan lo corriente o normal y en el presente caso no existía exceso, pues se contaba con todo lo necesario y en óptimas condiciones para que se llevara a cabo una operación de esta clase, con todo éxito” (folio 192, cuaderno 8).
En cuanto al reconocimiento de perjuicios morales, la recurrente manifestó que éstos se presumen respecto de los padres, de los hijos y de los hermanos menores de edad, pero no de los hermanos mayores, quienes tendrán que demostrar en el proceso la relación afectiva con la víctima directa del daño, pues de lo contrario no habría lugar a su pago (folios 191 a 195, cuaderno 8).



  1. TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA

Por auto de 5 de abril de 2000, el Tribunal Administrativo del Tolima concedió los recursos de apelación formulados contra la sentencia anterior y, mediante auto de 18 de agosto de 2000, los recursos fueron admitidos por el Consejo de Estado (folios 205, 221, cuaderno 8).

El 8 de septiembre de 2000 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto (folio 223, cuaderno 8).

Las partes reiteraron lo dicho a lo largo del proceso (folios 224 a 229, cuaderno 8). El Ministerio Público guardó silencio (folios 224 a 229, 231, cuaderno 8).

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