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Consejo de derechos humanos


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A

ADVANCE EDITED VERSION

Distr.


GENERAL

A/HRC/4/48

5 de marzo de 2007

Original: ESPAÑOL

CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS

Cuarto período de sesiones Tema 2 del programa provisional



APLICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN 60/251 DE LA ASAMBLEA GENERAL, DE 15 DE MARZO DE 2006, TITULADA "CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS"

Informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre la situación de los derechos humanos en Colombia*

Resumen

El Consejo de Derechos Humanos, en su decisión 2/102 del 6 de octubre de 2006, solicitó a la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos "continuar con el cumplimiento de sus actividades, conforme a las resoluciones anteriores adoptadas por la Comisión de los Derechos Humanos y actualizar los informes y estudios relevantes". Sobre el presente tema del informe de la Alta Comisionada sobre la situación de los derechos humanos en Colombia, un informe completo anual (E/CN.4/2006/9) fue presentado durante el 62º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos conforme a la declaración del Presidente. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acepta la resolución 2/102 para mantener el ciclo anual anterior de informes respecto a este tema hasta que el Consejo decida lo contrario. El presente informe para el Consejo describe consecuentemente los desarrollos con respecto al informe de la Alta Comisionada sobre la situación de los derechos humanos en Colombia durante el año pasado.

Este informe de la Alta Comisionada sobre Colombia cubre el año 2006 y se fundamenta en la resolución 2/102 del Consejo.

El documento incluye una descripción general de los principales hechos ocurridos en el país durante el año 2006, la evolución del conflicto armado y las perspectivas de paz. Recoge los principales avances y retos en las políticas públicas en materia de derechos humanos, e informa sobre la implementación de algunas de las recomendaciones formuladas por la Alta Comisionada en su informe anterior. Asimismo, contiene los aspectos más significativos en relación con el proceso de desmovilización y reintegración de miembros de grupos paramilitares.

El informe presenta el panorama general de los derechos humanos en Colombia. En materia de derechos civiles y políticos, se incluyen datos sobre violaciones de los derechos a la vida, la integridad, la libertad, la seguridad, el debido proceso y las garantías judiciales, que afectaron, entre otras personas, a miembros de comunidades indígenas y afrocolombianas, líderes sociales, defensores de derechos humanos, campesinos, mujeres, niños y niñas, sindicalistas, periodistas y personas desplazadas. En cuanto a los derechos económicos, sociales y culturales, se presenta también información general sobre la situación de pobreza, inequidad, desempleo y desnutrición.

La situación del derecho internacional humanitario recoge información basada en las quejas recibidas sobre infracciones atribuidas a miembros de grupos guerrilleros, paramilitares y nuevos grupos armados ilegales, así como sobre infracciones atribuidas a miembros de la fuerza pública.

Finalmente, se presenta información sobre algunas de las actividades de observación, seguimiento de las políticas públicas, asesoría, cooperación técnica y difusión, desarrolladas por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2006.

Con el ánimo de continuar contribuyendo al fortalecimiento de la situación de los derechos humanos, la vigencia del derecho internacional humanitario y el desarrollo de la capacidad institucional del Estado colombiano, la Alta Comisionada incluye en este informe 18 recomendaciones. Están dirigidas al Gobierno, al Congreso, a la Fiscalía General de la Nación, a otros órganos del Estado, a la sociedad civil, a la comunidad internacional y a los grupos armados ilegales.

El informe va acompañado de tres anexos que abordan los temas: casos representativos de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario; situación de grupos en particular condición de vulnerabilidad y discriminación; y actividades de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado.

ÍNDICE

Párrafos Página

INTRODUCCIÓN 1 - 3 5

I. CONTEXTO GENERAL DEL PAÍS, EVOLUCIÓN DEL
CONFLICTO ARMADO INTERNO Y PERSPECTIVAS
DE PAZ 4 - 14 5

II. PRINCIPALES AVANCES Y RETOS DE LAS POLÍTICAS


PÚBLICAS Y SEGUIMIENTO DE LAS
RECOMENDACIONES 15 - 27 8

III. PROCESO DE DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN 28 - 33 10

IV. SITUACIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS 34 - 61 12

V. SITUACIÓN DEL DERECHO INTERNACIONAL


HUMANITARIO 62 - 99 17

VI. ACTIVIDADES DE LA OFICINA EN COLOMBIA 100 - 112 22

VII. RECOMENDACIONES 113 - 131 24

Anexos

I. Casos representativos de violaciones de derechos humanos e infracciones


del derecho internacional humanitario 28

II. Situación de grupos en particular condición de vulnerabilidad o


discriminación 41

III. Reseña de las actividades de observación, difusión, asesoría y cooperación


técnica de la Oficina en Colombia 47

INTRODUCCIÓN

1. El acuerdo firmado en 1996 por el Gobierno colombiano y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para establecer una oficina en Colombia fue prorrogado por el Presidente Uribe hasta octubre de 2007, manteniéndose en forma plena su mandato de observación, asesoría, cooperación y difusión1.

2. Este informe, fundamentado en la decisión 2/102 del Consejo de Derechos Humanos, cubre el año 2006 y va acompañado de tres anexos: casos representativos de violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario; situación de grupos en particular condición de vulnerabilidad y discriminación; y actividades de la Oficina en Colombia.

3. Durante 2006 el Gobierno colombiano y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos acordaron establecer mecanismos de diálogo permanentes para fortalecer el trabajo conjunto en lo referente a las distintas dimensiones del mandato, particularmente en materia de prevención y protección de los derechos humanos y de erradicación de las causas generadoras de las violaciones.



I. CONTEXTO GENERAL DEL PAÍS, EVOLUCIÓN DEL CONFLICTO
ARMADO INTERNO Y PERSPECTIVAS DE PAZ

4. Durante 2006 el conflicto armado interno siguió siendo, junto con el narcotráfico y el crimen organizado, uno de los principales factores que afectan la vida de los colombianos, perturban la institucionalidad democrática de Colombia y dificultan el desarrollo socioeconómico del país. El conflicto también continuó siendo una de las causas más importantes de las violaciones de los derechos humanos y de las infracciones del derecho internacional humanitario. Se observó también que el Estado continúa demostrando debilidades para reducir la impunidad existente en relación con las violaciones de derechos humanos, aunque se produjeron nuevos compromisos para superar esta situación.

5. En 2006 prosiguió la ofensiva militar del Gobierno contra los grupos armados ilegales, dirigida principalmente contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), y en menor medida contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las nuevas agrupaciones armadas ilegales conformadas por paramilitares no desmovilizados o rearmados. Las FARC-EP enfocaron sus acciones en ataques contra autoridades locales, paros armados en período preelectoral, masacres y ataques contra unidades móviles de la fuerza pública y erradicadores de cultivos de coca. Aunque los ataques de la guerrilla a bases fijas de la fuerza pública disminuyeron, se dieron algunos como el ataque a una estación de policía en el casco urbano de Tierradentro (Córdoba) en noviembre.

6. Según datos del programa presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, la aplicación de la política de defensa y seguridad democrática permitió al Gobierno mantener la tendencia reductiva de los índices generales de violencia en el país, en particular de la tasa de homicidios y secuestros2. Se destacan las políticas de seguridad impulsadas por las alcaldías de Bogotá y Medellín. Continuó el aumento de efectivos de la fuerza pública y se logró un mayor control de ciertas zonas rurales, tradicionalmente bajo el dominio de los grupos armados ilegales. En otras regiones, como el Urabá Antioqueño, la fuerza pública no estuvo en condiciones de impedir el ingreso de las FARC-EP y de controlar plenamente los territorios que anteriormente estaban bajo el dominio de grupos paramilitares. Asimismo persisten retos importantes para la plena reconstrucción del Estado de derecho en todo el territorio nacional, pues siguen existiendo dificultades para conseguir que los logros militares se acompañen con el robustecimiento simultáneo del ejercicio de la autoridad civil, la presencia de otras instituciones del Estado, la ejecución de proyectos de inversión social y desarrollo rural, y el respeto pleno de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

7. Durante 2006 hubo investigaciones contra varios oficiales militares a quienes se imputaron la organización de atentados terroristas falsamente atribuidos a las FARC-EP y la comisión de homicidios intencionales que inicialmente fueron presentados como muertes en combate, causadas por error o provocadas por "fuego amigo". Algunos servidores públicos y ex funcionarios -entre ellos congresistas, gobernadores, miembros de asambleas departamentales y el anterior director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS)- fueron investigados por la Fiscalía General de la Nación y la Corte Suprema de Justicia. En estas investigaciones se imputó a los procesados el mantenimiento de vínculos políticos y económicos con organizaciones paramilitares, y a algunos de ellos también la participación en hechos de violencia perpetrados por integrantes de las mismas. Estas actuaciones judiciales contribuyen a robustecer el estado de derecho y la institucionalidad democrática.

8. Se mantuvieron las conversaciones preliminares entre el ELN y el Gobierno. Se espera que en 2007 esas conversaciones se traduzcan en el establecimiento de una agenda de negociación y la apertura de diálogos formales de paz.

9. Hubo importantes avances en lo referente a la desmovilización de los grupos paramilitares y en la aplicación de la Ley Nº 975 de 2005 ("Ley de justicia y paz"). En agosto tuvo lugar la última desmovilización colectiva de paramilitares, y en diciembre se iniciaron en Barranquilla (Atlántico) y Medellín (Antioquia) los primeros procesos regidos por esa ley. El Gobierno creó la Alta consejería presidencial para la reintegración social y económica de los grupos y personas alzadas en armas.

10. El tráfico de drogas continuó alimentando el conflicto armado interno, y en particular la acción de los grupos armados ilegales. Ese tráfico también se convirtió en el motor de los nuevos grupos armados ilegales, cuya existencia plantea grandes retos para el éxito del proceso de desmovilización y reinserción de los paramilitares y de futuros procesos de paz3.

11. En contraste con 2002, las elecciones para Congreso y Presidente, en marzo y mayo respectivamente, se dieron en un ambiente más tranquilo, aunque en algunas zonas alejadas de las grandes urbes las FARC-EP perturbaron los preparativos de los comicios. Los grupos paramilitares intentaron incidir en el proceso electoral para favorecer la llegada al Congreso de candidatos afines a sus intereses. Durante el período preelectoral también se observó en varias regiones del país un incremento de amenazas contra periodistas y defensores de derechos humanos. El Presidente Uribe fue reelegido en primera vuelta, y su coalición logró obtener la mayoría en ambas cámaras legislativas. El candidato presidencial del partido opositor de izquierda Polo Democrático Alternativo (PDA) obtuvo el 22% de los votos. Aunque las autoridades procuraron garantizar el libre ejercicio de los derechos políticos, las dos jornadas electorales estuvieron marcadas por un alto nivel de abstención.

12. Durante 2006 hubo serios cuestionamientos a servidores públicos de alto nivel por hechos de corrupción. En varias regiones hubo informaciones sobre la influencia financiera de grupos armados ilegales y del narcotráfico en las administraciones locales.

13. La Corte Constitucional continuó desempeñando un papel relevante en la defensa de los derechos humanos. También se destacaron en esa tarea la Procuraduría General de la Nación y los personeros municipales. La Defensoría del Pueblo contribuyó con aportes importantes en la materia, a pesar de sus limitaciones presupuestales y de personal.

14. El crecimiento económico de 2006 fue del orden del 6%, lo cual constituye una importante variable macroeconómica para superar los significativos índices de pobreza del país. Los resultados del censo de población realizado en 2005 arrojaron datos sobre avances logrados e importantes retos pendientes en materia de reducción de la pobreza y superación de la inequidad.



II. PRINCIPALES AVANCES Y RETOS EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Y SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES

15. La Alta Comisionada ha podido observar un mayor compromiso de las autoridades colombianas para alcanzar los objetivos de las recomendaciones formuladas en sus informes anteriores sobre la situación de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en Colombia, así como también un mayor esfuerzo para valorar el impacto concreto de aquéllas. Al final del año el cuadro de implementación era todavía variado, particularmente en el caso de las recomendaciones sobre la revisión de los archivos de inteligencia, la reducción de los índices de impunidad, la cesación de vínculos entre servidores públicos y miembros de grupos paramilitares, y la mejoría de la calidad de las estadísticas sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario.

16. La Vicepresidencia, en un ejercicio conjunto con la Oficina en Colombia, lideró un proceso de trabajo con las instituciones estatales para avanzar en el seguimiento de las recomendaciones formuladas por la Alta Comisionada en sus informes anteriores. Como resultado de ese proceso se estableció una metodología que define responsabilidades institucionales, acciones y un cronograma con indicadores de progreso, a fin de sentar las bases para una evaluación conjunta de los avances y las dificultades, y adoptar las medidas de fortalecimiento correspondientes. Ello permitirá a la Oficina en Colombia establecer líneas de cooperación técnica pertinentes.

17. El Estado colombiano ha tomado una opción fundamental en materia de derechos humanos al iniciar, en concertación con la sociedad civil, con la asesoría y cooperación técnica de la Oficina en Colombia, y con el apoyo de los Gobiernos de Suecia y España, el proceso de elaboración del Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (PNADH). En septiembre se estableció la Instancia Coordinadora, conformada por representantes del Gobierno, los órganos de control y la sociedad civil, que adoptó un reglamento de trabajo.

18. Durante 2006, 651 municipios elaboraron planes de acción en derechos humanos y derecho internacional humanitario. De ellos 516 están incorporados en los planes de desarrollo municipales. Asimismo, 31 departamentos adoptaron planes de derechos humanos, incorporados en los respectivos planes de desarrollo.

19. El Gobierno, en concordancia con lo recomendado por la Alta Comisionada, ha manifestado su decisión de avanzar hacia una reforma de las disposiciones vigentes sobre servicios de inteligencia, incluyendo la revisión de los archivos en la materia para asegurar su total compatibilidad con los principios del estado de derecho, verificando que no incluyan injustificadamente nombres de defensores de derechos humanos y de instituciones que trabajan en ese campo. La Procuraduría General de la Nación presentó una propuesta sobre el establecimiento de parámetros legales claros que impidan la inclusión injustificada de datos en archivos militares, policiales o de organismos de seguridad, y garanticen la corrección oportuna de los datos inexactos recogidos en los mismos.

20. En términos de administración de justicia, se destaca la adopción de una política de lucha contra la impunidad4 y el anuncio por parte del Gobierno de una reforma sustancial del sistema de justicia penal militar. Con el apoyo de la Comunidad Europea y de la Oficina en Colombia del Alto Comisionado se adelanta un programa de fortalecimiento de la rama judicial, en particular de la fiscalía, con el cual se espera contribuir a la reducción de los niveles de impunidad.

21. La superación de la impunidad continúa demandando esfuerzos significativos. Se destacan algunas decisiones judiciales que representan importantes pasos para evitarla, entre ellas, el inicio por la Corte Suprema de Justicia de investigaciones de congresistas por supuestos vínculos con paramilitares, y el procesamiento por la fiscalía de un ex gobernador y una ex congresista bajo esa misma imputación. La fiscalía también avanzó en el procesamiento de siete miembros del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA) de la II brigada del ejército con sede en Barranquilla por haber dado muerte a seis personas en un falso operativo antisecuestro, y de cinco militares del Batallón La Popa de Valledupar por la ejecución de un indígena kankuamo reportado como muerto en combate en 2003. La fiscalía llamó a juicio a un suboficial y seis soldados del ejército por la muerte de cinco campesinos en Cajamarca (Tolima) en 2004. Se publicó el informe de la Comisión de la Verdad, creada por la Corte Suprema para esclarecer los sucesos de 1985 en el Palacio de Justicia de Bogotá. Este informe reveló la comisión de graves crímenes por parte de guerrilleros y de miembros de la fuerza pública que allí se enfrentaron. Asimismo se detuvo a un ex coronel a quien se imputa la desaparición forzada de dos personas que salieron con vida del Palacio. La Procuraduría suspendió por 90 días de sus cargos a un general retirado del ejército y a un coronel por omisión en la seguridad que debían brindar a los habitantes de la comunidad de paz de San José de Apartadó. Estos pasos resultan positivos en la lucha contra la impunidad. Es necesario profundizar la investigación y sanción de todas las denuncias de violaciones de derechos humanos que siguen sin ser investigadas en el país.

22. El Ministerio de Defensa, con el apoyo de la Oficina en Colombia, inició la fase de implementación de las recomendaciones surgidas del estudio realizado por expertos independientes para fortalecer los resultados de la capacitación de los miembros de la fuerza pública en derechos humanos y derecho internacional humanitario. Estas recomendaciones se refieren particularmente a órdenes de operaciones, análisis de lecciones aprendidas, metodologías de capacitación, mecanismos de control y reglas de enfrentamiento. Asimismo, se destacan avances en la implementación de la figura de los asesores jurídicos operacionales y el nombramiento de oficiales de alto rango como inspectores en cada división. Se espera que estos esfuerzos incidan directamente en la reducción sustantiva de graves violaciones o infracciones cometidas por efectivos de la fuerza pública.

23. A pesar de los avances realizados y el incremento de los recursos asignados, continúa siendo preocupante la situación de las personas desplazadas por razones vinculadas al conflicto armado. Según la Corte Constitucional, no se ha superado el estado de cosas inconstitucional y persiste la grave crisis humanitaria con respecto a ellas5. El número de personas que se desplazaron en 2006 mantuvo la tendencia decreciente observada desde 2002. El subregistro de casos de desplazamiento continúa siendo muy alto, aunque es positivo el hecho de que la Alta Consejería Presidencial para la Acción Social haya reconocido que la cifra total de desplazados entre 1985 y 2005 ascendió a 3 millones de personas. Es necesario avanzar en la implementación de soluciones duraderas con enfoque diferencial y de género, y prestar especial atención al derecho de las personas desplazadas a la reparación y, en particular, a la restitución de bienes.

24. El Estado definió una estrategia para investigar casos de violaciones de derechos humanos e infracciones del derecho internacional humanitario cuyas víctimas hayan sido miembros de organizaciones sindicales. Esta iniciativa se fundamentó en el "Acuerdo tripartito por el derecho de asociación y la democracia", suscrito por la delegación de Colombia en la 95ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, conformada por representantes del Gobierno, de los trabajadores y de los empresarios. El Gobierno se comprometió a contribuir con 5 millones de dólares. Se destaca también la asignación de 13 fiscales especializados en estas investigaciones y el significativo aumento de la asignación presupuestal destinada al programa de protección del Gobierno6.

25. El Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo siguió contribuyendo a la prevención de violaciones e infracciones. Al mismo tiempo, su acción continuó limitada por la falta de respuestas oportunas y eficaces del Comité Interinstitucional de Alerta Temprana (CIAT). Adicionalmente es necesario que las respuestas a las alertas den mayor énfasis al aspecto humanitario que al militar. Los defensores comunitarios continuaron siendo otra herramienta valiosa de prevención de la Defensoría.

26. Acorde con lo recomendado en materia de estadísticas sobre derechos humanos y derecho internacional humanitario, es necesario redoblar los esfuerzos para mejorar la medición de esta situación y así crear una base más adecuada para la formulación de las políticas públicas de fortalecimiento de los derechos humanos.

27. En materia legislativa, cabe destacar la promulgación de la Ley estatutaria de hábeas corpus y del Código de la Infancia y la Adolescencia. Cursan en el Congreso varios proyectos de ley sobre temas relacionados con la protección y garantía de los derechos humanos. Entre ellos están los proyectos de ley sobre violencia contra las mujeres, sanción de actos discriminatorios en materia racial, nacional, cultural o étnica, y beneficios de seguridad social para parejas del mismo sexo. La Oficina del Alto Comisionado reconoce el valor político de la conformación en el Congreso de la Comisión accidental de mujeres, creada con el fin de impulsar propuestas legislativas para avanzar en la garantía de los derechos de las mujeres.



III. PROCESO DE DESMOVILIZACIÓN Y REINTEGRACIÓN

28. La Corte Constitucional examinó la constitucionalidad de la Ley Nº 975 de 2005, "Ley de justicia y paz", mediante una decisión concordante con varias de las observaciones formuladas sobre esa normativa por la Alta Comisionada y la Oficina en Colombia. La Corte estableció que la confesión deberá ser completa y veraz como requisito para recibir beneficios judiciales, que los procesados responderán de manera personal o solidaria con todos sus bienes, de procedencia lícita o ilícita, y que la calificación de víctima debe ser más amplia que la inicialmente contemplada por la ley. Sin embargo, en relación con el marco jurídico aplicable a la desmovilización y a la reinserción subsisten preocupaciones relacionadas con la garantía efectiva de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, la acumulación de penas y la determinación de la pena alternativa. Para la implementación efectiva de la ley se requeriría una mayor disponibilidad de recursos y mecanismos que garanticen los derechos de las víctimas. El compromiso institucional y la voluntad política de las autoridades son fundamentales para evitar que el empleo de los mecanismos de la justicia transicional genere situaciones de impunidad.

29. Según la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, el número total de paramilitares desmovilizados colectivamente llegó a 31.671. No obstante, un alto porcentaje de las personas desmovilizadas no participaba directamente en las hostilidades y algunos paramilitares continúan sin desmovilizarse, como las Autodefensas Campesinas del Casanare y el Frente Cacique Pipintá. La mayoría de los jefes paramilitares están privados de libertad en una cárcel de alta seguridad. Resulta de especial preocupación el hecho de que numerosos integrantes de los cuadros medios del paramilitarismo no se desmovilizaron o han vuelto a armarse y dirigen nuevos grupos armados ilegales que han ido surgiendo en distintas partes del país. Las características de éstos revelan una fuerte compenetración con el crimen organizado y el narcotráfico. Preocupa a la Alta Comisionada el hecho de que sigan en pie estructuras políticas y económicas creadas por paramilitares en varias entidades territoriales y diversos sectores sociales.

30. La respuesta institucional a las víctimas, con enfoque diferencial y de género, sigue representando un reto significativo para las autoridades. Los procesos contra los desmovilizados evidenciaron que los mecanismos para garantizar los derechos de las víctimas de los crímenes paramilitares son insuficientes. La fiscalía se ha pronunciado sobre la necesidad de que el Gobierno reglamente la participación de las víctimas en tales procesos. La Unidad Nacional para la Justicia y la Paz de la Fiscalía General de la Nación reportó haber recibido, de parte de aproximadamente 25.000 víctimas, informaciones sobre un número estimado de 100.000 hechos delictivos atribuidos a grupos paramilitares.

31. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, creada por la Ley de justicia y paz para un período de ocho años, ha avanzado en la creación de comisiones regionales y en el establecimiento de una red regional de atención a las víctimas. Con el apoyo de la comunidad internacional se está trabajando en el registro de las víctimas y sus organizaciones. Se conformó un grupo de trabajo que elaborará un informe público sobre el surgimiento y evolución de los grupos armados ilegales, y se definió que el enfoque de género y poblacional serán componentes transversales de todas las áreas de trabajo de la Comisión.

32. Será necesario fortalecer los mecanismos de información a las víctimas y tomar medidas para garantizar su participación efectiva en los procedimientos judiciales contra los victimarios.

33. En vista de la necesidad de consolidar una política de reintegración que permita ofrecer a las personas desmovilizadas posibilidades efectivas de incorporación a la vida civil, a finales de 2006 la Alta Consejería Presidencial para la reintegración social y económica de los grupos y personas alzadas en armas avanzó en la reformulación de una estrategia de largo plazo, no asistencialista, que contempla el trabajo con las comunidades y un enfoque diferencial según región, edad y género. Algunas administraciones locales, particularmente Medellín y Bogotá, adelantaron esfuerzos más sistemáticos para dar respuesta a las necesidades de reintegración de las personas desmovilizadas.

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