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Conflictos interestaduales y el derecho internacional privado


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Los conflictos interestaduales y el derecho internacional privado

SUMARIO

© PRIMERA PARTE: ALGUNOS CONCEPTOS GENERALES.



I. Laguna en nuestra bibliografía. — !I. La expresión "conflictos de leyes". — II!. Aseveración de Zeballos. — IV. Enorme masa doctrinaria norteamericana ignorada aquí. — V. Federaciones y confederaciones. — VI. Conflictos ¡itermunicipales e interpro­vinciales de otrora. — Vil, Estados legislativamente autónomos en la confederación británica de naciones. — VIII. Las repúbli­cas soviéticas.— IX. Lo que fue federación de países alemanes. — X. La situación en Suiza. — XI. Uniformidad y conflictos de leyes en los Estados Unidos. — XII. Los actos de una provincia gozan de fe en las demás. — XIII. Conflictos de leyes en la Ar­gentina, en el orden interno. — XIV. Los conflictos de leyes procesales entran en nuestra materia.

6 SEGUNDA PARTE: ¿CABE ASIMILAR EL PROBLEMA QUE NACE DEL CONFLICTO INTERESTADUAL AL DERECHO IN­TERNACIONAL PRIVADO?



I. Opiniones que parecen inclinarse al dualismo. — II. Tenden­cia a considerar ligados ambos aspectos internacional é inter-estadual. — III. Ventajas para la doctrina en el examen de la cuestión ¡nterestadual. — IV. Algunos puntos de vista norteame­ricanos al respecto.

O .TERCERA PARTE; ¿TIENE ATRIBUCIONES LA SUPREMA CORTE FEDERAL PARA DIRIMIR LOS CONFLICTOS DE LE­YES ENTRE LOS ESTADOS?



I. Generalidades. — II. La Corte americana se arroga esta fa­cultad. — III. Algún fallo en contra.

O CUARTA 'PARTE: LA EXPERIENCIA NORTEAMERICANA.



I. Propósito. — II. Primitivos autores y Story. — III. El "Ame­rican Law Instituto" y su código de D. I. Privado.

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« QUINTA PARTE: CONFLICTOS DE LEYES EN MATERIA DE DIVORCIO.

I. Idea preliminar. — il. El panorama actual en los Estados Unidos. — II!. Story y evolución ulterior de la jurisprudencia. — IV. Relaciones patrimoniales. — V. Síntesis.

• SEXTA PARTE: CONFLICTOS DE LEYES EN MATERIA DE CONTRATOS.

I. Advertencia. — 11. Nociones sobre régimen internacional de los contratos. — 111. La doctrina de Story al respecto. — IV. Tres tendencias principales norteamericanas en este campo. — V. La forma de los contratos. — VI. La capacidad en los contratos. — V!l. Los efectos de los contratos. Lex celebrationis. — Vil!. Lex solutionis. — IX. El orden público como limitación a la aplica­ción de ley extraña. — X. El reenvío. — XI. El sistema del "Restatement".

® CONCLUSIÓN.

PRIMERA PARTE

ALGUNOS CONCEPTOS GENERALES

El estudio presente es novedoso en nuestra literatura jurídica nacional, y ha merecido poca dedicación su ob­jeto en los manuales corrientes argentinos y extranjeros, por razones varias. La laguna consiguiente en la doctrina generalizada y la omisión de los autores, serán suplidas, aunque en grado ínfimo, con esta colaboración.

Es así que estimo ofrecer en los ANALES planteado este problema en forma concreta por primera vez entre nosotros; hasta ahora no hemos encontrado más que al­guna alusión incidental, no siempre afortunada. Expre­samente hablo de ofrecer el planteo del problema, por­que su dilucidación exigiría todo un volumen nutrido; pero, algo ganamos con tenerlo presente al describir o definir el Derecho Internacional Privado y al determinar su amplitud.

Algunas de las conclusiones son fruto de investigación y reflexión personales, lidiando con el vacío bibliográfico: "mon verre est petit, mais je bois dans mon verre"; y que, por ser primicia entre nosotros, quiero dejar en las páginas de los anales de mi Facultad, como invitación a estudios más profundos.

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II

Ante todo, cabe una aclaración que exige el uso que hago de la expresión "conflictos de leyes". No hago más que aceptar una vieja designación, sin dejar de reconocer que el problema del Derecho Internacional puede, posi­blemente, mantener que el conflicto es más aparente que real, porque, en rigor jurídico, las leyes no pugnan por desplazar unas a otras en el concierto internacional; no están en conflicto en este sentido, sino más bien en con­tacto. Efectivamente, hay quien no se conforma con pros­cribir la palabra "conflictos" en la denominación de nues­tra disciplina científica mejor llamada Derecho Interna­cional Privado, sino que también niega la existencia del conflicto al definir o explicarla. Pero, para mí, en el esta­do actual de esta ciencia existe un conflicto por lo menos lógico a veces, y una concurrencia de leyes de diversas soberanías, que crean el problema de elegir entre ellas como si estuvieran en conflicto. El conflicto puede existir en la oposición entre los sistemas de las diversas leyes en contacto, ya que al aplicar una, se acepta un principio jurídico quizá diametralmente contradictorio con respecto al principio de la otra ley nacional en concurrencia, como sucede en presencia de una ley nacional que establece —hasta como norma de orden público— la indisolubilidad del matrimonio, y otra ley que consagra su disolubilidad. El conflicto puede presentarse en la inteligencia del juez que debe buscar la ley jurídicamente aplicable a una re­lación internacional, o la conciencia del juez que, esti­mando más justa y equitativa la norma de su propia ley (lex fori), debe, por el juego de otros principios, (cholee of law rules, como los llaman los anglo-americanos), dar preferencia a otra ley (extranjera) aplicable, aunque ma-

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nos justa intrínsecamente, a su juicio. Por todo ello, sin incumbir ubicar el conflicto en este estudio, dondequiera resida, acepto el impugnado título "conflictos de leyes" para referirme a la diversidad legislativa contemporánea, que hace tan necesario el conocimiento del Derecho In­ternacional Privado 0).

ni

Estanislao S. Zeballos, en sus notas a la traducción de Weiss, apunta una deficiencia en las definiciones co­rrientes del Derecho Internacional Privado, ya que omiten incluir el aspecto que es él motivo de esta colaboración. El Derecho Internacional Privado, decía Zeballos, "es tam­bién un verdadero órgano constitucional en los países mo­dernos —los más importantes por su influencia en la civi­lización— que han adoptado la forma federal. .. respe­tando en sus miembros o dependencias las legislaciones locales. Las definiciones no lo dicen, sin embargo. Y el Derecho Internacional Privado es, por consiguiente, me­dio general de solución en la vida nacional".



(1) La expresión conflicto de leyes debe entenderse como refe­rida al Derecho Internacional Privado exclusivamente, pero abar­cando los conflictos de leyes entre Estados que, sin ser estricta e internacionalmente soberanos, sin ser naciones en la acepción co­rriente de esta palabra, tienen autonomía legislativa. Queda excluido el conflicto intergubernamental, los conflictos entre poderes públicos de provincias y problemas semejantes que son propios del Derecho Constitucional; queda excluido el conflicto entre la ley de fondo y la ley de forma, entre la ley que emana del poder federal y la que emana del poder local o provincial; queda excluido el conflicto que nace de la interpretación divergente que dos provincias pueden dar a una misma disposición legal, como sería a un artículo del código civil nacional entre nosotros. Tal es el alcance de la desig­nación "Conflict of Laws" entre los auglo-americanos, y habiendo aceptado pro tempore este nombre para seguir más fielmente su doctrina, no queremos darle otro significado que el que tiene entre ellos.

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La objeción de Zeballos a las definiciones corrientes de la materia, la traje a colación en mi compendio de Derecho Internacional Privado en 1926, y aquí pienso agregar consideraciones que la refuerzan.



IV

Nos preguntaremos más adelante si cabe asimilar el problema de los conflictos internos a los conflictos inter­nacionales en el campo jurídico; pero, desde ya, señale­mos la ventaja de sumar a la experiencia y observación en el orden internacional, la quizá más copiosa que ofre­cen dichos países federales, en particular los Estados Unidos de la América septentrional.

Tanto en derecho privado como público, el régimen fe­deral, con el papel preponderante que asigna a la Supre­ma Corte para dirimir los conflictos interprovinciales de varia índole, obliga a la admiración a quienes sueñan con la comunidad jurídica de las naciones del mundo con su tribunal supremo. John Stuart Mili, en sus "Considera-tions on Representative Government", así piensa: "The Supreme Court of the Federation dispenses International Law, and is the first example of what is now one of the most prominent wants of civilized society, a real Inter­national Tribunal".

Este tribunal proporciona un material enorme, que de­bemos aprovechar como el resultado de la vida de los ne­gocios diarios en el desarrollo científico del Derecho Inter­nacional Privado, Raymond Jeanprétre, en su tesis "Les conflicts des lois en matiére d'obligations contractuelíes selon la jurisprudence et la doctrine aux États Unis", pu­blicada en 1936, nos dice de esta jurisprudencia que "sa masse est terrifiante", y cita a Charles E. Hughes, que

LOS CONFLICTOS INTEKESTADUALE3 169

fue Secretario de Estado y Presidente de la Corte en la Unión, conforme al cual: "Nuestro país es la usina jurí­dica más grande que el mundo haya jamás conocido. El gobierno federal y nuestros cuarenta y ocho Estados emi­ten cada año millares de leyes nuevas, en tanto que los tribunales, en el ejercicio de su función, nos proporcionan millares de precedentes. 175.000 páginas de fallos en un solo año. Un promedio de 12.000 leyes y 3.000 sentencias que son registradas anualmente de modo permanente".

La investigación jurídica tiene aquí un laboratorio in­menso y sin duda pueden otros países aprovechar su ex­perimentación. Aun más, aquellos que se ven abocados a problemas semejantes o que participan de principios ge­nerales análogos. En párrafos sucesivos indicaremos su­mariamente lo mucho que puede aprovecharse de la copio­sa jurisprudencia americana en materia de domicilio, di­vorcio, contratos, etc., ya que pensamos que el hombre jurídico es esencialmente único en todo el mundo civili­zado y a iguales problemas e iguales circunstancias cabe igual solución e igual razonamiento, aunque nos separen varios miles de millas.

Y, sin embargo, algunos autores han pasado casi total­mente por alto su aporte. Sánchez de Bustamante y Sir­ven, el codificador latinoamericano tan conocido en los Estados Unidos, apenas vislumbra la cuestión de los con­flictos entre Estados federados. En su manual, se confor­ma con decir que "la diferencia de legislaciones locales en un solo Estado político, da origen a problemas de Derecho interregional, muy parecidos a los de esta ciencia", lo que no es precisamente lo que buscamos.

Nuestro profesor local, Carlos M. Vico, recordando quizá inconcientemente a Jitta, nos habla del derecho americano en materia de transporte. Alude a la diversidad

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legislativa federal como algo característico del transporte, y llama sistema americano a su solución práctica. Dice: "... el transporte ofrece características típicas, como la de comprender contactos legislativos que no son interna­cionales, sino producidos —en virtud del federalismo le­gislativo— entre diferentes Estados o provincias autóno­mas de un mismo país". Esta forma de expresarse ha pasado de edición a edición, y no es raro que el autor de este artículo lo haya incorporado a su compendio en la pág. 218, así como los autores Argúas y Lazcano a su trabajo en la pág. 343.

He tenido oportunidad de señalar las deficiencias de estos conceptos (-). En efecto, los contactos legislativos

(2) Cabe reconocer que en la última edición del Curso del Profesor Vico, en el tomo primero, se enseña que en los orígenes nuestra materia no era internacional sino interprovincial o inter­municipal, pero que en la actualidad prevalece aquel aspecto sin po­der excluir los segundos. Vico se enrola entre quienes mantienen la unidad del problema internacional e interlocal, formulando la con­siguiente objeción a la designación Derecho Internacional Privado, así como años antes criticara Zeballos su definición insuficiente. Dice Vico:

"Echando una mirada de conjunto so'bre las denominaciones anteriores al siglo XIX, advertimos que carecen del vocablo interna­cional. Eran contactos legislativos de leyes de un mismo Estado, de una misma soberanía política, pero de distintas fuentes de dere­cho privado. Los autores no podían entonces llamar internacionales a las reglas que procuraban esas soluciones, porque eran interloca­les, intermunicipales, interprovinciales.

Quiere decir, entonces, que el problema del contacto legislativo puede ser intermunicipal, interprovincial o internacional, según la estructura legislativa de las sociedades.

Se desprende igualmente que el derecho internacional privado no ha nacido como internacional, sino como intermunicipal o Ínter-provincial. Los contactos intermunicipales o interprovinciales han disminuido, evidentemente, en virtud de esa obra de unificación le­gislativa, pero no han desaparecido, y basta que así sea para con­cluir que la palabra internacional es tan deficiente para deno­minar nuestra ciencia, como si empleáramos las de intermunicipal o

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nacidos del federalismo no son típicos del transporte, ni siquiera son aquí más frecuentes, como un ligero examen de las recopilaciones americanas demostraría. Estos con­tactos (Vico no acepta, al parecer, lo de conflictos) se ofrecen con igual carácter en materia de contratos en ge­neral, de divorcio y — en una palabra — .de toda la legisla­ción común, civil, comercial y penal, reservada a los Es­tados, contrariamente a lo que sucede en el inciso 11 de nuestro art. 67, o lo que sucede en otras federaciones, como la australiana, que reserva al poder central el de­recho de legislar sobre matrimonio y divorcio, letras de cambio, etc. (inc. XVI, XXI y XXII, art. 51, Constitution of tifie Commonwealth of Australia).

Es cierto que, en materia de transporte, se ha podido resolver el conflicto de leyes mediante el contrato único o el régimen de la ley única; pero el método no le es exclu-

interprovincial. Esos contactos legislativos, en nuestra opinión, son de la misma índole, faltando una denominación suficientemente exac­ta para comprenderlos a todos." (Curso de Derecho Internacional Privado, ed. Biblioteca Jurídica Argentina, Buenos Aires, 1934, págs. 29/31).

i

"Una parte de la doctrina sostiene que no es idéntico el caso cuando el contacto legislativo se produce entre leyes de una misma soberanía política del derecño internacional, que cuando se suscita entre Estados absolutamente independientes y soberanos.



Creemos que esa opinión es errónea y que los casos son idén­ticos, porque las diferencias no afectan la naturaleza del problema Jurídico que se trata de resolver.

La opinión que refutamos se origina, en nuestro entender, en la confusión entre las soberanías de derecho público o políticas y las de derecho privado o legislativas, suponiendo entre ambas una correlación que no existe necesariamente.

Debe distinguirse la jurisdicción o soberanía legislativa de de­recho privado, que es donde se mueve nuestra ciencia, de la juris­dicción o soberanía legislativa de derecho público, que es donde se mueve el derecho internacional público o cualquier otra rama del derecho público." (Id., págs. 46/47).

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sivo. También ha reducido el inconveniente de la legisla­ción múltiple la acción federal como la que resulta de la American Inter-State Commerce Act d.e 1887.

Por otra parte, precisamente, como lo hace notar el profesor de la Universidad de Yale, Ernest G. Lorenzen, el sistema práctico de obviar el conflicto en materia de transporte hace que su estudio ofrezca, posiblemente, me­nos interés que los conflictos en tanta otra relación jurí­dica. Por todas estas razones, es de lamentar que se limi­ten tales tratadistas a una solución pasajera, tratando de un contrato en especial, en vez de encarar de lleno el pro­blema entre las cuestiones generales de la materia, para fijar el alcance de los contactos legislativos interprovin­ciales o ínterestaduales.

Nuestra cuestión no se limita a los Estados Unidos, sino que puede concernir a todo país federal o toda fede­ración de naciones. En sus orígenes, nuestra ciencia se propuso resolver los conflictos de leyes intermunicipales e interprovinciales antes que los internacionales. Y hoy, la compleja distribución del poder legislativo entre las provincias en las repúblicas federales, los dominios en la confederación británica, las repúblicas soviéticas unidas, etc., ofrece un terreno anchuroso para la exploración cien­tífica, casi virgen, en materia de derecho público y priva­do internacional.

VI

En su evolución científica ulterior, el Derecho Inter­nacional Privado ha pasado del conflicto de leyes ínter-regional, interestadual o interprovincial al conflicto es-



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trictamente internacional, y este último aspecto le ha hecho olvidar el viejo problema de los comentaristas. Francia, Suiza y Alemania, Italia y Holanda conocieron el problema que hoy replanteamos, y la gradual codifica­ción y centralización le fue restando importancia, que la idea de la federación de Estados le irá devolviendo.

Ya en el siglo XII, los juristas italianos prestaron aten­ción a los conflictos de leyes; en el norte de Italia, cuer­pos independientes de derecho consuetudinario empezaron a oponerse al derecho común general y sólo se aplicaba este último faltando disposición local, surgiendo los con­flictos intermunicipales en seguida en virtud de tal auto­nomía, como lo señala Neumayer en su "Die Gemeinrecht-liche Entwickelung des Internationalen Privat-und-Straf-rechts bis Bartolus". Al admitirse la aplicación de otra ley en lugar de la lex fori en los conflictos interregiona-les italianos, ya está en germen nuestra ciencia compleja y sutil.

En Francia tienen carácter interprovincial los prime­ros conflictos de leyes. En el siglo XIII parece que tales conflictos fueron llevados ante el Parlamento de París y el Canciller de Normandía. En Alemania intereserá, más tarde, la divergencia legislativa entre los Estados ger­mánicos.

Recién para los escritores holandeses del siglo XVII dejan de ser primordialmente interprovinciales o intermu­nicipales los conflictos o contactos, para tornarse interna­cionales merced a la independencia recién conseguida y bravamente guardada de las provincias de los Países Bajos.

La multiplicidad de las legislaciones vigentes en un solo país, afirman Asser y Rivier, naturalmente ofrecía materia y ocasión de investigaciones científicas especiales. Estaban entonces en esa situación todos los países as



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Europa, y más que ninguno, las Provincias Unidas de los Países Bajos, en los cuales se mantenía robusta la auto­nomía municipal y floreciente la ciencia del derecho, a la vez que eran por extremo frecuentes las relaciones entre ciudadanos de importantes y numerosas poblaciones, muy próximas entre sí.

La centralización y creciente uniformidad legislativa fue desplazando gradualmente el problema. En Francia, donde en una época se cambiaba de ley o costumbre al cambiar de caballo de posta, vino la obra centralizadora de las ordenanzas reales, que culminaron después de la revolución en la codificación napoleónica. En Alemania de fines del siglo XVIII podemos hallar .conflictos entre el código bávaro (1756) y el de Prusia (1794), por ejem­plo, pero no termina el siglo XIX sin haberse acometido la codificación comercial y civil para todo el país. La Cons­titución de Weimar de 1919 incorpora el principio de que el derecho nacional deroga el derecho local (Reichsrecht bricht Landrecht, en su art. 13), completando la obra cen­tralizadora de la Confederación del Rhin de 1806 y ger­mánicas de 1815 y 1867 y, sobre todo, del Imperio a par­tir de 1871. No cabe duda que la tendencia a la unidad también se ha hecho sentir en España, y las excepciones o fueros locales pierden categoría (véase el "Derecho in­terprovincial" en el Manual de Derecho Catalán de Arturo Corbella, Reus -1906, o "Cataluña ante los tribunales na­cionales", de Palomeque).

Sin embargo, la guerra del 14 ha podido crear de nue­vo el problema, como señala un autor americano, al mudar las fronteras y al mutilar o rehacer ciertos Estados.



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VII


Frente a esta tendencia que lleva a la unidad legisla-lativa nacional, hay un movimiento opuesto que —no obs­tante tener por mira la unidad— trae la disparidad legal, ya que respeta la atitonomía o soberanía legislativa de las partes integrantes de las nuevas federaciones o con­federaciones.

Ejemplos de esta unidad en la variedad, o variedad del derecho común frente a la evolución hacia la unidad po­lítica, son los casos de Suiza y los Estados Unidos de Norte América; y, en plena elaboración, la Unión Rusa de los Soviets y la Confederación Británica de Naciones.

El conjunto de naciones británicas ofrecen hoy, y cada día ofrecerán más si salen airosas de la prueba en que esta hora las encuentra, grandes posibilidades de obser­vación en materia de contactos o conflictos de leyes entre naciones federadas.

La modalidad particular del régimen colonial británico hizo que quedaran subsistentes las costumbres aborígenes o nativas y el derecho local casi siempre, a veces en con­currencia con el derecho de la metrópoli; dentro de algu­nas colonias, las leyes locales eran varias por ser varias las razas o las religiones, y, con ello, la posibilidad del conflicto de leyes aumentaba. No era esto más que repe­tir en ultramar lo que acontecía en Gran Bretaña, donde, a ratos, un parlamento único legislaba diferentemente para Escocia, Irlanda e Inglaterra.

Pero, aparte de esta subsistencia de legislaciones va­rias en un mismo Estado político, existe el problema na­cido de las legislaciones diversas en cada Estado, ya que cada Estado federado se da sus propias leyes sin detri­mento de la unión, federación o confederación superior.

176 ANALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍOTCAS Y SOCIALES

Sabido es que, un tiempo, tres parlamentos, inglés, es­cocés e irlandés, tuvieron las Islas Británicas; que me­diante las leyes llamadas de "Unión" se refundieron en uno solo, persistiendo la diversidad legislativa debido a las necesidades y condiciones distintas de las tres regiones del Reino Unido. Como ilustración típica, sirven los ma­trimonios carentes de solemnidad de Gretna Green, y un caso de jurisprudencia que más adelante traeremos (3).

A la vez que los tres parlamentos se van fundiendo en uno, corre una tendencia opuesta que se concreta en las reivindicaciones de autonomía legislativa, que será la quintaesencia de la nueva comunidad (Commonwealth) e'n que se vinculan dominios y madre patria. Ya la declara­ción de independencia de aquellas trece colonias rebeldes de la América colonial inglesa, como la redactara Jeffer-son, enrostra al soberano inglés su pretensión de subver­tir el sistema liberal y constitucional en connivencia con otros: "Suspending our own legislatures, and declaring themselves invested with power to legislate for us in all cases whatsoever".

El afán del socio más fuerte de inmiscuirse en los ne­gocios propios del menos fuerte, llevó a la sanción de la famosa ley sexta de Jorge I (6th. of George I), de 1719, permitiendo al parlamento inglés legislar también para

(3) El Restatement usa la designación "Conflict oí Laws", y "States" (conflictos de leyes y Estados) obviando la dificultad, que nacería de hablar de un derecho internacional, cuando se refiere tanto a lo internacional como a lo interestadual (dentro de la nación norteamericana). Aclara en los primeros artículos que tal es la interpretación que debe darse a la palabra "Estados" en su código, y proporciona algunos ejemplos ilustrativos. En las islas británicas, Escocia, Inglaterra con Gales y ambas partes de Irlanda forman "Estados" en el sentido expresado, así como cada uno de los Do­minios 'británicos, y se reserva la. palabra nación "to desígnate a politically sovereign unit."



LOS CONFLICTOS INTEKESTADUALES 177

Irlanda con detrimento de la autonomía de esta última, que tenía su propio parlamento. Pero, el 16 de abril de 1782, el parlamento de Dublín, conducido por Grattan, de­claró que, siendo Irlanda un reino distinto, con corona imperial común pero parlamento propio, sólo el rey común con los pares y comunes propios de Irlanda tenían derecho a legislar para ella. A mediados del mes siguiente, a mo­ción del Earl of Shelburne en los Lores y de fox en los Comunes, se derogó formalmente, por la "Act of Repeal", la ley de 1719; pero la agitación irlandesa siguió —ins­pirada por Flood— hasta que el parlamento metropolita­no, en 1783, explícita y enfáticamente declaraba, en su "Act of Renunciation", que no sería en adelante cuestio­nable ni cuestionado jamás el derecho de Irlanda de ser gobernada por las leyes factura del rey y parlamento de Irlanda misma. Si bien esto no impidió que en 1800 el cuerpo legislativo irlandés renunciara voluntariamente (sin perjuicio del juicio que merezcan los métodos de Pitt en la emergencia) a su autonomía, convirtiendo a su país en parte integrante de un reino único, el principio de la autonomía se salvaba hasta en la circunstancia de ser su disolución acto legislativo del mismo poder suicida.

Señalo estos episodios en la evolución constitucional inglesa, porque son antecedente fecundo de movimientos que renovaron la reivindicación de "self government" de la revolución norteamericana, y cuyo eco precede a la cons­titución de los dominios, Canadá, Australia, Sud África, etc., que piden y logran la soberanía legislativa de hecho absoluta.

El Estatuto de Westminster (del 11 de diciembre de 1931) es la carta orgánica fundamental de la libre aso­ciación de los miembros de la "British Commonwealth of Nations", ratificada expresamente por Australia, Nueva



178 ANALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍtOCAS TT SOCIALES

Zelandia y Terranova (esta isla dejó de ser dominio pos­teriormente), y declara que la corona es el símbolo de su asociación y que ninguna ley del parlamento del Reino Unido habría de aplicarse en un Dominio sin su pedido y consentimiento, quedando sin efecto la "Colonial Laws Validity Act" de 1865, que permitía a las colonias darse leyes propias siempre que no repugnaran a la legislación emanada del poder legislativo de Londres.

Lo que es más aún, el Statute &f Westmimter deja en los parlamentos de los Dominios pleno poder para san­cionar leyes con fuerza extraterritorial; esto implica, co­menta Stephen Leacock en un libro reciente sobre la ma­teria, que el Imperio se expone a los conflictos de leyes entre sus varias partes integrantes

: "This means that the Empire must take a chance on the conflict of laws as between its component members".

No se oculta que, vueltos a la paz, con el fantástico incremento y rapidez en las relaciones entre sus pueblos, muy pronto las normas del Derecho Internacional Priva­do tendrán aplicación extremadamente frecuente entre in­gleses y escoceses, canadienses, australianos, sudafrica­nos, neozelandeses, irlandeses y aún con hindúes e indi­viduos de las colonias o países autónomos que conserven su vinculación dentro del grupo de las naciones de habla inglesa asociadas.

VIII


Campo interesante ofrecen al investigador las comple­jas relaciones nacidas de la distribución de la facultad legislativa entre las partes de la Unión Soviética. Sin en­trar en detalles que nos exigirían una dedicación especial ni referirnos a la última constitución por falta de biblio-
LOS CONFLICTOS JNTBBESTADUALES 179

grafía conveniente, nos limitaremos a recordar respecto al complejo sistema de relaciones federales emergente de la ley fundamental del 1 de julio de 1923, nacido del afán de conciliar la unidad de la Unión de las Repúblicas del Soviet con el de la soberanía de las Repúblicas de la Unión, siguiendo a Mirkine-Guetzevitch (Constitutiona-lité des lois soviétiques, Revue du Droit Public (Jeze), vol. 42, pág. 683), que la atribución de legislar estaba re­partida entre: 1) el congreso de los soviets; 2) el presi­dium del comité central ejecutivo; 3) el comité central ejecutivo; 4) el soviet de los comisarios del pueblo; 5) el soviet del trabajo y de la defensa; 6) los congresos de los soviets de las varias Repúblicas de la Unión; 7) el presidium del comité central ejecutivo de las Repúblicas, et sic de coeteris.

Esperemos que la paz nos depare el estudio detenido de la solución del doble problema, interno e internacional, nacional y federal, que la autonomía legislativa debe crear en Rusia, con la posibilidad de echar mano de las fuentes bibliográficas rusas que existan. Entretanto, llamamos la atención a la existencia de nuestro problema también allí.

IX

En los últimos cien años, más o menos, en Alemania se ha ido acentuando la unificación legislativa y política bajo la hegemonía más o menos aparente de Prusia. Los "Staaten" autónomos se transforman en Weimar en los "Laender" enteramente subordinados, y la absorción del gobierno central es casi completa, en forma tal, que des­aparece la importancia práctica de la norma destinada a regir los conflictos internos de leyes. El Reich se arroga



180 ANALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

la facultad exclusiva de legislar en materia de relaciones con el extranjero, nacionalidad, circulación, fuerza arma­da, correos y telégrafos, extradición, etc.; y los dieciséis incisos que bastaban en el art. 4° de la Constitución del 16 de abril de 1871, se han convertido en diez artículos, algunos de ellos más largos que aquel único, para la nueva ley fundamental del 11 de agosto de 1919. Y aun cuando se estipula que los países podrán dictar leyes en materia de competencia concurrente, el art. 13, en su primera lí­nea, define toda cuestión en favor de la ley imperial: el derecho imperial deroga (bricht) el derecho local.

No obstante esto, cabe sospechar que los jueces con cienzudos y los jurisconsultos que alientan inquietudes intelectuales se aprestarán a resolver los conflictos de leyes que forzosamente se presentarán a consecuencia del "anschluss" de regiones gobernadas por otra legislación hasta entonces. Quizá podamos algún día sacar fruto cien­tífico de su experiencia; pero, por el momento, por razo­nes obvias nos está vedado.

x

Señala Arthur K. Kuhn, en sus "Principios de Derecho Anglo-Americano" (traducido al francés en colaboración con Max Petitpierre), que "en el interior de los Estados el particularismo tiende a desaparecer y una fuerte ten­dencia a la centralización se manifiesta. El ejemplo más reciente de ello es la adopción, en 1912, por los veintidós cantones que componen la Confederación Helvética, de u a código civil único".



Así es, y para más, se ha ido muniendo al poder cen­tral de tales facultades, que la confederación se fue con-

LOS CONFLICTOS INTERESTADUALES 1S1

virtiendo en federación. Por el art. 87, secciones 1a y 2a de la ley de organización judicial de 1893, confirmada en 1911, se permite al tribunal federal rever buena parte de las decisiones cantonales en materia de Derecho Interna­cional Privado, facultad que no tiene expresamente la Corte norteamericana.

Pero, con anterioridad a esta unificación legislativa, se presentaba con frecuencia, en Suiza, el conflicto o con­tacto legislativo intercantonal. Ernesto Roguin, profesor de Lausanne, a fines del siglo pasado, en su "Conflits des lois suisses en matiére internationale et intercantonale", creía indispensable ocuparse especialmente de este último aspecto del problema. Decía: "Hemos consagrado el pre­sente trabajo a la exposición de las cuestiones que surgen en las relaciones entre los cantones suizos, y entre la Suiza y los Estados extranjeros, la diversidad de legislaciones civiles... el libro tiene, por lo tanto, una parte interna­cional y una parte intercantonal". Por eso procede luego al estudio separado del régimen intercantonal y del régi­men internacional del matrimonio, de la quiebra, tutela, sucesión, etc.

El art. 49 de la Constitución de 1848, que fue incor­porado a la Constitución de 1874 en el art. 61, permite a los tribunales lograr la unidad y armonía en el conflicto intercantonal: "Les jugements civils définitifs rendus dans un cantón son éxécutés dans toute la Suisse".

La tendencia a la centralización y unificación en Suiza también se observa en la gestión de los tratados. La Cons­titución de 1848 —por medio de sus arts. 7° y 9°— quita a los cantones el derecho a tratar con el extranjero, salvo en materia de economía pública, vecindad y policía, con­servándoles, sin embargo, la facultad de concluir conven­ciones relativas a materia legislativa. Sin tratarse de una



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muy clara división de funciones, la Confederación ha po­dido, como tal, desde entonces, concertar tratados como los que conciernen a la quiebra, en 1868 y 1869, con Italia y Francia, respectivamente, y se ha podido poner en tela de juicio la subsistencia de los celebrados con anteriori­dad, ya por cantones aislados, ya por la Confederación en nombre de algunos cantones. De esta clase es el fir­mado entre el reino de Wurtemberg y el Directorio fede­ral suizo en 1825 - 26, reconociendo recíprocamente la com­petencia del tribunal del domicilio para toda acción rela­tiva a la quiebra y colocando y tratando a los habitantes de cada una de las partes en un pie de igualdad con los nacionales de la otra; aquí el Directorio federal no repre­sentaba a la Confederación en su totalidad sino a los can­tones individuales de Lucerna, Zurich, Berna, Unterwald, Friburgo, Vaux, Valais, Ginebra, etc. Cabe aplicar lo mismo a los tratados suizo - bávaro de 1834 y suizo - sajón de 1837 (*).

(4) Ya terminado este articulo recibí por gentileza dé la autora, de la Universidad de Harvard, un estudio detenido sobre el problema de los conflictos de leyes en Suiza, antes de la Constitución federal de 1848, desde ésta hasta la de 1874, y por fin hasta la unificación general del derecho privado en dicha federación. Se trata del tra­bajo "Conflict of laws in a Federal State; the experience of Swit-zerland" por Magdalene Schoch, publicado en Harvard el año pa­sado. En las referencias que a continuación apunto tengo 'presente ests. síntesis.

De la unión inestable y poco armónica anterior, en 1848, Suiza da un paso más hacia una federación orgánica y en 1874 avanza aún más en el mismo sentido. La ley fundamental de este mencionado año autorizó la legislación federal única en relación con la capa­cidad de las personas, la propiedad intelectual y las marcas, las quiebras y el registro civil, y en particular, en materia de obliga­ciones inclusive el derecho comercial y las letras de cambio. En consecuencia se dictó en 1881 la ley federal de las obligaciones. Así Suiza va mostrando que es posible refundir la materia en lo civil y la materia en lo comercial, a la vez que unificar la ley de las

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XI

En los Estados Unidos de Norte América, a pesar de la base uniforme y común del Common Law en los Esta­dos de derecho fundamental y originariamente consuetu­dinario, a pesar de la labor encomiable de las comisiones oficiales interestaduales que desde 1890 han elaborado



obligaciones entre los varios cantones, por medio de las facultades delegadas en los organismos federales.

En 1891 la legislación federal se extiende a! campo de los con­flictos de leyes intercantonales, pero este intento de ofrecer normas uniformes de colisión va a perder interés luego de la enmienda constitucional de 1898 que deja a los poderes federales la legislación en lo que concierne al derecho penal y al privado en general. Su fruto es el Código Civil suizo preparado en 1907 y vigente desde 1912, al cual se incorpora como libro V el código de las obligaciones.

Este proceso claramente elimina los conflictos de leyes entre los cantones, pero deja subsistente lo que se refiere al procedimien­to. El artículo 64 de la Constitución reserva a los cantones el de­recho exclusivo de reglar la administración de justicia y el proce­dimiento, con lo que se vuelve sumamente importante separar el derecho substantivo del derecho procesal.

"La ley federal de las obligaciones de 1881 estableció como regla la ausencia de formalidad para los contratos; la validez de un contrato era independiente, en principio, de requisitos formales, salvo cuando la ley federal misma prescribiera algunos. Esta norma chocaba con la regla que prevalecía en los códigos de los cantones de habla francesa, que todos los contratos que importan más de cierta suma deben ser hechos por escrito, no admitiéndose ninguna prueba oral en su contra. Los tribunales cantonales interesados si­guieron aplicando esta regla por conceptuarla materia procesal. El Congreso de Juristas Suizos de 1883 haciéndose cargo de la falta de uniformidad resultante discutió detenidamente sin conciliar los criterios opuestos en cuanto a su naturaleza. La justicia federal decidió en favor de su carácter de reglas locales, manteniendo tra­tarse de reglas de prueba, y por lo tanto de procedimiento, sea que se hallaran en los códigos civiles o de procedimiento de los can­tones. Cupo a la Legislatura remediar esta situación. Asi lo hizo sancionando la sección décima del Código Civil federal que esta­blece que cuando la ley federal no exige una forma especial para la

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proyectos de leyes uniformes como la "Negotiable Instru­ments Law", la "Warehouse Receipts Law", "Sales Act", "Bills of Lading Act", "Stock Transfer Act", etc., los con­flictos de leyes entre los diversos Estados federados son extraordinariamente frecuentes y su estudio interesante y adelantado. A algunos de sus aspectos dedicaremos los

validez de un acto, no podrán las leyes cantonales establecer normas al respecto para su probanza en juicio. Alguna duda suscitóse con relación a la constitucionalidad de la solución, pero ya que la validez constitucional de una ley federal no puede discutirse en los tribuna­les suizos, el temperamento de la Legislatura Federal prevaleció."

Magdalene Sclioch continúa el examen de las cuestiones plan­teadas en los tribunales suizos en las cuales ha tenido que discutirse si la materia era de fondo o de forma, para establecer si corres­pondía reglarlas a la ley única federal o a la diversidad legislativa cantonal. Se ocupa de la fecha cierta de los documentos y su valor respecto a terceros (el Código de Valais, siguiendo al artículo 132S del código francés resultaba más exigente que la ley federal de las obligaciones); del cargo de la pmeba (en cierto caso la corte fede­ral sostuvo que el onus probandi no era puramente de resorte pro­cesal, como luego lo ratifica el art. 8 del Código Civil); de la apa­rente invasión del fuero local en lo atingente a la prueba en el divorcio (el art. 158 del Código Civil lijó reglas de criterio de apre­ciación para el juez procurando evitar abusos de fácil disolución matrimonial); de las normas relativas a juicios de filiación (giran­do alrededor de los artículos 307, 308, 310, 317, 319 y 323, recordando un caso en que el tribunal federal mantuvo que "pendente lite" sólo cabía exigir garantía del costo presupuesto de manutención del niño cuya paternidad se discutía, conforme a la ley de fondo, y no fijar alimentos provisorios fundados en la ley de forma del conda­do de Vaud); de las condiciones necesarias para que pueda recha­zarse total o parcialmente una demanda fundado en la compensación (set-off) como medio de extinción de las obligaciones (y por lo tanto pertinente al código civil y no a la legislación procesal, solución aceptada en materia Ínter-cantonal, Kaegi vs. Baumgartner, e inter­nacional, Banco Alemán Transatlántico vs. Sclrweizerischer Bank-verein, ambos en 1937).

La enunciación escueta precedente de tales temas basta como índice del interés que su planteo nos debe merecer, por tratarse de problemas nacidos de circunstancias federales semejantes, en los cuales el derecho privado parece entrar en confusión de límites con el derecho público.

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últimos parágrafos de esta colaboración, deteniéndonos en la difícil materia de las relaciones contractuales y en la candente cuestión del divorcio. Pero, antes echemos un vistazo a nuestro propio sistema federal.

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Se nos ocurre que cuando ha surgido aquí un proble­ma de conflicto o contacto de leyes, interprovinciales, ha sido resuelto empíricamente, sin haber advertido acaso la existencia del conflicto, sin acudir a doctrinas preestable­cidas ni a construcciones jurídicas ni a generalizaciones científicas, salvo por excepción.



A pesar de la uniformidad de la legislación sustantiva impuesta por el inciso 11 del art. 67 de la Constitución Nacional, dichos conflictos pueden presentarse, aunque no ofrezcan la frecuencia y complejidad de los sistemas nor­teamericano, hoy, y suizo, ayer. Pero, aunque poco fre­cuente, no es jurídico dejar librada su solución a tempe­ramentos casuistas y, por lo mismo, algún día hemos de intentar seriamente sistematizar su estudio.

El problema lógico, jurisdiccional y constitucional que involucra la multiplicidad de legislaciones, y que se re­suelve con declarar que de dos leyes en pugna, una es in­constitucional por haber invadido jurisdicción o atribu­ción ajena, no es nuestro problema. Por ejemplo, no in­teresa a este estudio saber si corresponde a la nación o a las provincias dictar leyes de salario mínimo o de con­curso civil de acreedores. Interesa, en cambio, la armonía de dos leyes provinciales dictadas dentro de sus atribu­ciones o jurisdicción pero que, siguiendo inspiraciones opuestas, disponen en forma opuesta y en cierta relación jurídica con algún elemento interprovincial parecieran

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pujar por aplicarse y gobernarla. Si son normas antagó­nicas, el juez, al aplicar una, debe forzosamente dejar de lado las soluciones de la otra,y no es científico que el juez aplique la que más le agrade, ni la lex fori porque sí no más; ha de apelar a un sistema racional de normas de colisión.

El art. 7° de nuestra ley fundamental, como la sección 1a del art. 4° del modelo yanqui, al hablar de la fe que merecen los actos públicos y procedimientos judiciales de una provincia en las demás, no menciona expresamente las leyes provinciales, pero no cabe argüir que las ha ex­cluido en el concepto de "actos públicos". Es innegable que toda provincia tiene la obligación de aceptar la vali­dez, dar crédito a y aplicar, en cuanto la competencia y jurisdicción lo permitan, las leyes de las demás dictadas en ejercicio de su legítimo poder; esta obligación no nace de una ventajosa reciprocidad como la que promete la ru­tina en los exhortes entre los jueces de diversos lugares, sino de una obligación constitucional. La negativa invo­lucraría un conflicto interprovincial, de índole pública o privada, y la Suprema Corte federal tendría que dirimir la diferencia. Así se ha entendido en los Estados Unidos, como más adelante veremos (3).

(5) Los textos constitucionales en que se apoyan los autores que atribuyen a la Corte federal jurisdicción para entender en los conflictos de leyes entre los Estados federados son el artículo IV de la Constitución Nacional y la enmienda XIV (sancionada en 1868). El primero, llamado el "Full faith and credit clause", similar y fuente de nuestro artículo 7, dice; "Se dará entera fe y crédito en cada Estado a los actos públicos, registros y actuaciones judiciales de los demás Estados, quedando facultado el Congreso para dis­poner por leyes generales la manera en que tales actos, registros y actuaciones deban probarse y los efectos que deban surtir."

La enmienda referida, llamada "Due process clause" en la parte pertinente reza:

"Los Estados no podrán dictar ni hacer cumplir ninguna ley



LOS CONFLICTOS INTEEESTADUALES 187

Merece destacar el art. 118 de la Constitución federal de Australia (1900), que al adoptar la cláusula "Full faith and credit" (fuente en la Constitución norteamericana de nuestro art. 7°), llena el vacío y, junto a los procedi­mientos judiciales y actos públicos (public acts and records and the judicial proceedings), expresamente hace gozar de entera fe en los demás Estados a las leyes de cada uno de ellos.

XIII

No pretendemos acometer el estudio detenido de los posibles contactos legislativos interprovinciales entre nos­otros, por ahora; lo dejamos para mejor oportunidad. Pero sí daremos algunos ejemplos que ilustren nuestra tesis.



Un abogado conviene tramitar un juicio sucesorio con bienes en varias provincias, estipulando honorarios del 15 % del valor de los mismos: ¿qué suerte corre su con­venio de honorarios si la provincia A anula todo aquel que supere el 12 %, la provincia B lo considera válido hasta la concurrencia del máximun admisible, en tanto que la tercera provincia, en la que ha de invocarse el contrato, no limita la libertad de contratar al respecto, ni legisla sobre ctiota litis? ¿Regirá la ley de la provincia en que se celebró el contrato, o la de la provincia en que se litiga (lex fori) por cumplimiento del mismo, o una tercera ley ? ¿ es nula o válida o parcialmente tal la cuota litis fijada? ¿y si hay menores interesados? ¿prevalece la autonomía de la voluntad ? ¿ es materia procesal aunque se trate de gestiones también extrajudiciales?

que restrinja las prerrogativas o inmunidades de los ciudadanos de los Estados Unidos; tampoco podrán privar a ninguna persona de la vida, sin el debido procedimiento legal, ni negar a nadie en su juris­dicción la igual protección de las leyes."



188 ANALES DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

En un juicio tramitado en la capital federal, se cita a absolver posiciones al demandado residente en la provin­cia, que no obstante haber pactado la competencia de los tribunales metropolitanos, las va a absolver por delega­ción ante un juez provincial (art. 136 del Cód. de Proc.), ¿debe citársele por segunda vez, cómo lo manda la ley provincial, antes de poder tenerlo por confeso?

El doctor Marienhoff, en su tesis laureada sobre régi­men y legislación de aguas, a propósito del uso de los ríos no navegables que atraviesan o limitan varias provincias, que pueden ser regulados independientemente por el go­bierno de cada provincia, dice que los conflictos de allí emanados han sido y son frecuentes. Como la jurisdicción nacional, para él, en materia fluvial, sólo y exclusivamente se refiere a los ríos navegables que sirvan al comercio exterior y de las provincias entre sí, cabe preguntar cómo se resuelve un conflicto de aquellos sobre ríos no navega­bles, ya que no basta que haya disparidad de criterio en­tre las provincias para que se les quite una jurisdicción que constitucionalmente les corresponde. Es natural que estos conflictos pueden concernir no sólo a las provincias como poderes públicos sino también a los particulares que pueden tener derechos en conflicto nacidos al amparo de leyes opuestas de provincias distintas. Este autor opina que corresponde a la Suprema Corte Nacional transar el conflicto en mérito del art. 109, y que para solucionarlo debe recurrir a las normas del Derecho Internacional, pues no hay razón para establecer un principio en materia in­ternacional y otro en materia interprovincial. Dice: "si esas normas se aceptan como expresión del derecho de gentes entre Estados soberanos y extraños entre sí, cons­tituidos por pueblos de diferentes nacionalidades y razas, ¿con cuánta mayor razón deberá aceptárselas como sin-

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tesis del derecho de gentes aplicable entre provincias her­manas, integrantes de una patria común?" En apoyo de su conclusión, cita a Merlin, para quien los ríos que sepa­ran a dos territorios de un mismo Estado, se rigen por los mismos principios que los que separan dos Estados, y a Schulthess, señalando que el tribunal federal suizo apli­ca al derecho de aguas intercantonal los mismos principios que a la misma materia en el orden internacional.

Es cierto que esta suerte de conflctos no siempre son de mero interés individual o particular y trascienden al campo del derecho público constitucional, y el conflicto puede llegar a ser un conflicto entre provincias o gobier­nos; no por eso decrece su interés.

Podríamos multiplicar los ejemplos de conflictos que emergen forzosamente de la disparidad de leyes provin­ciales en materias de jurisdicción local; así, con las leyes de impuestos a la herencia, con los códigos rurales, algu­nas materias procesales (p. ej.: excepciones admisibles en el juicio ejecutivo, etc.) y administrativas, y por el estilo. Aseguramos que el campo es grande e inexplorado entre nosotros.

De la forma improvisada en que se resuelven los pro­blemas prácticos que plantean tales conflictos interpro­vinciales, podemos decir lo que afirmaban los codificado­res del Common Law en materia de Derecho Internacional o Interestadual en los Estados Unidos de Norte América: "Ha tomado once años completar el Restatement of Con-flict of Laws en la forma presentada. La materia ofreció graves dificultades especiales. Aunque parezca extraordi­nario en un país con cuarenta y ocho Estados, cada uno con su ley propia, estas dificultades especiales se deben principalmente al hecho que los abogados han descuidado la enorme importancia práctica de la materia... la en­señanza en esta materia ha estado lejos de ser universal



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y ha carecido del continuado estudio crítico dedicado a los contratos, la propiedad y otras instituciones princi­pales del Common La>w". -vrd-

Obsérvese, incidentalmente, que no cabe desdeñar la importancia de los conflictos interprovinciales porque en su mayor número acaso son de índole procesal. El con­flicto de leyes en materia procesal entra también en el Derecho Internacional Privado, y si esta disciplina jurí­dica ha de cubrir los conflictos interestaduales, es menes­ter que junto al Derecho Procesal Internacional tenga ca­bida el Derecho Procesal Interestadual (6).

(6) Sin perjuicio de emplear la palabra "soberanía" tan dis­cutida, el 0r. Vico equipara resueltamente el problema interprovin­cial nuestro, a pesar de la unidad legislativa impuesta por el art. 67 inc. 11: "¿Las provincias tienen facultad de legislar sobre derechos privados? Según el art. 104 de la Constitución Nacional, las pro­vincias conservan el poder no delegado a la Nación. En aquellas facultades delegadas a ésta, conservan su ejercicio mientras no las haya ejercido la Nación. Fue así que antes de sancionarse los có­digos de fondo para toda la Nación, las provincias dictaron los suyos. Existía una amplísima soberanía legislativa de derecho privado.

Con posterioridad a la sanción de los códigos fundamentales, esas soberanías legislativas se han atenuado considerablemente, pero no han desaparecido. Tenemos, desde luego, la autonomía de la jurisdicción para la aplicación del derecho de fondo, y hemos de ver cuan íntima relación existe en derecho internacional privado entre el derecho de fondo y la. jurisdicción para aplicarlo. Las pro­vincias dictan sus códigos rurales y legislan sobre cercos, caminos, marcas, señales de ganado, propiedad mueble; materias todas de derecho privado. Leyes complementarias del código civil, como la de accidentes del trabajo, establecen que la nación y las provincias pueden dictar decretos reglamentarios de la misma, decretos que significan la posibilidad de nuevas normas que deben conformarse al espíritu de la legislación reglamentada, pero que pueden ser, y lo son, diferentes entre sí.

La soberanía provincial, en las materias de su jurisdicción, tam­bién es absoluta, porque no tiene otra autoridad superior. Cuando esa soberanía obra dentro de su esfera legítima de acción, recono­cida por la Constitución y leyes nacionales, no hay autoridad supe­rior que pueda invalidar sus decisiones." (Vico, ob. cit., tomo I1?, págs. 47/48).



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