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Condominio cenabastos de cúcuta propiedad horizontal


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República de Colombia



Corte Suprema de Justicia


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN LABORAL


Magistrado Ponente: Camilo Fernando Vásquez BoteroTarquino Gallego

Radicación No 1152503978458

Acta No 84
185

Bogotá, D.C., doce diecisiete cuatro (1217)4) de octubre marzo diciembre de dos mil cuatrodos (20042).


Resuelve la SalaCorte Se decide la impugnación formulada por el apoderado del CONDOMINIO CENABASTOS DE CÚCUTA PROPIEDAD HORIZONTAL y de ENRIQUE HERRERA VICTORIO, MARÍA DOLORES ROZO AYALA, CARMEN ALICIA ROLÓN VERGEL, VIRGINIA MOROS RODRÍGUEZ, SERGIO DÍAZ DÍAZ, LUIS ALFONSO ORTÍZ MARTÍNEZ, FERNANDO CAMACHO, PAULO ANTONIO GODOY LÓPEZ, JOSÉ TRIANA CORDERO, PAULINA GODOY LÓPEZ, OMAIRTA SILVA SILVA, ANA ELVIA MENESES ESCALANTE, YODAN TRIANA SILVA, JAVIER VILLAN CARRILLO, LUIS MARTÍN ACEVEDO JÁUREGUI, LUCY SERRANO CHACÓN, LUIS FERNANDO RANGEL MÉNDEZ, GERMÁN RIVERA PARADA, JAIRO MILLÁN SOTO, OSCAR HERNANDO RIVERA PARADA, JOSÉ DEL CARMEN NIETO ALBARRACÍN, CARMEN ELENA TELLEZ CARRASCAL, ANA GLADYS CÁCERES DE BALLESTEROS, BELARMINO ESLAVA, TULIO ENRIQUE RIVERA PARADA, HELVER RAÚL RODRÍGUEZ PUERTO, ALEYDA PUERTO IGLESIAS, MARÍA EUGENIA VARGAS CONTRERAS, HECTOR EMIRO PRADA ROJAS, JORGE ENRIQUE CHAPARRO RUIZ, LUIS FERNANDO GELVEZ BARROSO, ANA ISABEL SIERRA CARRASCAL, BELÉN GARCÍA CARRILLO, JOSÉ ANTONIO ARENAS SÁNCHEZ, ALFREDO QUINTERO, DAVID BONELLS ROVIRA, JOSÉ DE LA CRUZ FLÓREZ IBARRA, LUIS ANTONIO ROSALES GONZÁLEZ NIÑO, HEMERSON OMAÑA GÓMEZ, ALEX AYENDY PEÑA GÓMEZ, JUAN ENRIQUE SUÁREZ ESPARZO, DAVID TRIANA CORDERO, YOLANDA PÉREZ CENTENO, MOISÉS TRISTANCHO MUÑÓZ, ROBERTO LÓPEZ RAMÍREZ, RICARDO TOSCANO, LUIS DAVID VILLABONA CABRERA, HERIBERTO MORENO RÍOS, BELISARIO CADENA MEJÍA, OSCAR CÁRDENAS ALVAREZ, HENRY GUERRERO ARENAS, GUIDO ALVAREZ ARÉVALO, BENJAMÍN MONTERO RODRÍGUEZ, BERTHA MARÍA GUERRERO DE MONTEJO, ORLANDO TORRADO BAYONA, ORLANDO BONILLA, CARLOS JULIO CABALLERO GAMBOA, ANA RITA PAREDES DÁVILA, FERMÍN VEGA, VICENTE MENDOZA PRADA, LUIS JESÚS MIRANDA, PAULO ANTONIO RODRÍGUEZ, UBEIMAR PRADO CÁRDENAS, RODOLFO VILLAMIZAR ESPARZA, HERNÁN TRIANA CORDERO, MYRIAM VILLABONA PICÓN, TEÓFILA SILVA CUEVAS, BAUDILIO MÉNDEZ LOZANO, JESÚS PINILLOS, SAMUEL FERNÁNDEZ, EDUARDO TRIANA RINCÓN, JAIRO ENRIQUE DÍAZ PUERTO, MIGUEL ANGEL NIETO MONTES, JOSÉ ANTONIO GELVEZ ORDONEZ, VICTOR EMILIO ARCHILA CHAPETA, JORGE PORTILLA HERNÁNDEZ, JAIME FLÓREZ VILLAMIZAR, HUMBERTO FLÓREZ VILLAMIZAR, JOSÉ DOMINGO ORTÍZ, HONORIO MONSALVE SUÁREZ., MILCIADES PEÑA PEÑA, ORLANDO MENESES, HUGO ORTEGÓN PINILLA, CARLOS FERNANDO BONILLA GÓMEZ, BLANCA NUBIA PÉREZ MOLINA, ROSELBERT ALBA PÉREZ, ALIRIO ALFONSO SÁNCHEZ LÓPEZ, JORGE ELIÉCER SERRANO SERRANO, MARÍA ELENA ASCANIO YAÑEZ, DURLEY ALVAREZ ARÉVALO, GUILLERMO CÁCERES LEGUIZAMÓN, GONZALO HERRERA MUÑOZ, JAVIER ARTURO ALBA PÉREZ, JOSÉ ALVARO BOADA BAUTISTA, MILCÍADES ARENAS ROPERO, NUBIA CECILIA GALVIS GÓMEZ, ARCELY BARRIENTOS NIÑO, CARMEN TARAZONA TARAZONA, WALTER MUÑOZ CELIS, GEORGINA HERNÁNDEZ DE LANDINEZ, VÍCTOR DELGADO GÓMEZ, SAN CONRADO RÍOS DUQUE, BERTHA ROCÍO MONTERO GUERRERO, VICTORIA TRIANA CORDERO, DORIS JOAQUINA MALAVER NOY, MIGUEL ANGEL GONZÁLEZ ROJAS, NELSON SANGUINO y MARTHA ELENA ANGEL, el representante legal de la sociedad INVERSIONES AGROINDUSTRIALES CACHICAMOS S.A., en liquidación, contra el fallo deproferido el 1723 de de septiembre febrero de 2004, proferido AUGUSTO NARANJO GARCIA contra el fallo de 8 de noviembre de 2002, proferido por la Sala de Casación Civil de esta Corporación en de esta Corporación, en el trámite de la tutela que le siguen a la impugnante a la SALA CIVIL - FAMILIA - DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE CÚCUTA, a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE CÚCUTA y a la POLICÍA NACIONAL DISTRITO NORTE DE SANTANDER.la SALA CIVIL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA, integrada por los Magistrados Ariel Salazar Ramírez, Edgar Carlos Sanabria Melo y Luis Roberto Suárez González, el JUZGADO 21 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ y la sociedad FINANCIERA BERMUDEZ Y VALENZUELA S.A., EN LIQUIDACIÓN. que le sigue el impugnante a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá.

ANTECEDENTES


11.- Las personas antes referenciadas instauraron acción de tutela contra el Tribunal Superior de Cúcuta - Sala Civil Familia -, la Alcaldía Municipal de esa ciudad y la Policía Nacional Distrito Norte de Santander, por la supuesta violación de sus derechos fundamentales a la propiedad y al debido proceso, como consecuencia del fallo de 10 de marzo de 2004, proferido por la Sala accionada dentro de la tutela promovida por SHARON MELIXA HERRERA BOHORQUEZ y otros, contra la CENTRAL DE ABASTOS DE CÚCUTA CENABASTOS PROPIEDAD HORIZONTAL, al desatar la impugnación de la sentencia de primer grado dictada el 4 de febrero de 2004 por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cúcuta.

Fundan el ejercicio de esta acción en los hechos que se resumen a continuación:


Que en la providencia del Tribunal Superior de Cúcuta “se amplió el aspecto subjetivo de su decisión, para favorecer a quienes no fueron demandantes, esto es el resto de la comunidad genéricamente entendida”, amén de haber aplicado equivocadamente “el concepto de ‘inter - pares’ empleado con sentido y alcance preciso y distinto por su naturaleza, por la H. Corte Constitucional, en otro terreno jurídico para otorgar alcances a determinado tipo de sentencia”; que en dicho fallo, la Sala se remitió al Acuerdo 015 del Concejo Municipal de Cúcuta “dándole un alcance insólito de fundamento para la sentencia, liberándose entonces del deber legal de razonar y considerar para decidir. En esas condiciones decidió confirmar lo dispuesto por el a quo (…), así el H. Tribunal perdió el norte y para fallar la tutela instaurada por cuatro personas ‘resolvió’ declarar una vía pública dando por ‘finalizada’ la discusión sobre su naturaleza con la simple citación del Acuerdo 015”; que la Alcaldía de Cúcuta, que era la llamada a velar por la ejecución de la sentencia, le imprimió a ésta un alcance que no tiene, tomándose de hecho una vía privada “pretextando la sentencia de primera instancia y el Acuerdo 0083 de enero 7 de 2001 por el cual se aprueba y adopta el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de San José de Cúcuta…”; que a las vías de hecho en que incurrieron el Tribunal Superior y el Alcalde de Cúcuta, también concurrió posteriormente la Policía como ejecutora, impidiendo a los propietarios el ejercicio de su derecho a proteger su propiedad, la seguridad para su vida y bienes y cobrar el derecho al uso de una vía interna destinada al servicio de los usuarios que libremente acceden a ella, en cuanto ordenó mantener abiertas las puertas de acceso al condominio CENABASTOS PROPIEDAD HORIZONTAL, sin límite en el tiempo y con carácter general, “esto es para todo el público sin fundamento distinto del de cumplir una sentencia dictada respecto de sólo cuatro personas identificadas e identificables; y en cuanto su ejecución implica el retiro de la báscula construida y dispuesta en la vía interna para el servicio que demandan los particulares usuarios de Cenabastos P.H.” ; en síntesis agregaron, que las autoridades accionadas, con ocasión de sus actuaciones, incurrieron en vías de hecho con apariencia de legitimidad, afectando así gravemente al condominio y a todos y cada uno de los actores individualmente considerados.
Con base en los hechos descritos, manifestaron que no pretenden una indemnización ni reparación alguna “como pudiera intentarse mediante una acción de grupo”, sino la protección inmediata de los derechos fundamentales reseñados como violados por las autoridades accionadas (Fl. 3).
Aduciendo violación del derecho fundamental al debido proceso, la Sociedad Inversiones Agroindustriales Cachicamos S.A., en liquidación, promueve esta acción de tutela para que se deje sin efecto la sentencia de segunda instancia proferida el 20 de noviembre de 2003 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, y en su lugar, declarar probada la excepción de cobro de lo no debido, propuesta dentro del proceso ejecutivo que en su contra adelanta la sociedad Financiera Bermúdez y Valenzuela S.A., en liquidación.1-.Ante la Sala de Casación Civil de esta Corporación, AUGUSTO NARANJO GARCIA promovió acción de tutela contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá por la supuesta violación de sus derechos constitucionales fundamentales al trabajo y a la dignidad.
Pide que por vía de tutela se revoque el auto fechado el 4 de septiembre de 2002 proferido por la Sala accionada dentro del proceso ejecutivo mixto instaurado por la Asociación de Diarios Colombianos –ANDIARIOS- contra 5inco Publicidad & Mercadeo Ltda y, que en su lugar, “se ordene proferir uno en derecho”.
La solicitud de amparo la sustenta en los hechos que se resumen así:
Que inició el ejecutivo prementado con poder que le confirió la ejecutante, presentando la demanda, embargando inmuebles y logrando la ejecución de una de las ejecutadas. el 1º de octubre de 1995 se vinculó al Tribunal Superior de Bogotá, Sala Civil, en el cargo de Auxiliar de Servicios Judiciales Grado 03, siendo ascendida a Oficinista Judicial Grado 05 a partir del 1º de mayo de 1997, el cual desempeñó ininterrumpidamente hasta el 2 de octubre del año en curso; que la designación para el desempeño de tales cargos fue en provisionalidad; que el pasado 18 de junio comunicó a la Presidente de la Sala Civil su estado de embarazo, anexando los documentos de rigor; que en el mes de mayo esa corporación designó para ocupar dicho cargo en propiedad, a Diana Patricia Rodríguez Cubides, para lo cual tuvo en cuenta la lista enviada por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura, por lo que, ella quedó sin trabajo desde el 2 de octubre, cuando la Sala Civil le notificó que no existía fundamento legal para suspender o postergar la posesión de Rodríguez Cubides, dado que la comunicación del embarazo fue posterior al nombramiento de ésta y a su confirmación; que la Sala Civil elevó consulta a la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura en tal sentido, y ésta, mediante oficio de 15 de agosto pasado, conceptuó que la mujer embarazada goza de especiales privilegios y que por esa circunstancia se le debe proteger mientras se encuentre en dicho estado, por lo que, de acuerdo con dicho concepto, no podía posesionarse a Diana patricia hasta tanto cesara el estado de embarazo; que además tiene una hija de ocho años por la que debe velar materialmente y pagar arriendo, además de servicios médicos.
2-.
Para sustentar las pretensiones anteriores, su apoderado afirma, en síntesis, que en el proceso aludido el juzgado 21 Civil del Circuito de Bogotá libró mandamiento de pago con fundamento en un contrato de leasing inmobiliario, contra el cual la demandada propuso la excepción de “cobro de lo no debido”, que fue resuelta en sentencia de 18 de febrero de 2003, declarándola no probada y ordenando seguir adelante la ejecución, providencia que fue confirmada por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Civil - mediante sentencia dictada el 20 de noviembre pasado; que en el fallo del tribunal hubo violación del derecho al debido proceso por cuanto el proceso de marras no podía ser ejecutivo sino declarativo, ya que los documentos allegados como títulos ejecutivos no tienen el alcance para aceptarlos como tales; que por falta de motivación de la sentencia impugnada, los desarrollos argumentales presentados por el tribunal para sostener que “habría un enriquecimiento indebido” como justificación de la existencia de una obligación, son impertinentes, dado que se pretende aclarar lo que el título no contiene; que el fallo también excede facultades cuando interpreta y mejora la actividad de la parte, toda vez que se extiende en apreciaciones e interpretaciones fuera del contexto del proceso ejecutivo, en lo sustancial, porque le da el alcance de un contrato de arrendamiento, cuando su naturaleza es diferente, y en lo procesal, porque incumple el trámite obligatorio del proceso de ejecución al desconocer el mandato legal que ordena verificar que la obligación sea clara, expresa y exigible del documento en sí y a primera vista, y no por investigación o análisis que aporta el juzgador; que la sentencia acusada es además incongruente en su esencia, ya que no es menos cierto que la voluntad inicial al contratar trae que para la terminación antes del vencimiento, solo produce como obligación contractual para el locatario la restitución del bien y esta realidad fue desconocida por el fallador al desarrollar argumentos para dar validez a lo que el texto no contempla; que el desconocimiento de la realidad fáctica es especulativo por parte del tribunal al inferir que la parte pasiva del proceso tiene responsabilidad en la restitución tardía de los predios materia de los contratos, cuando ni siquiera la demandante lo afirma, puesto que le sería imposible probar lo que no es cierto y además, el contrato no fija plazo para la entrega, por lo que ese vacío no puede ser llenado por el juzgador considerándolo igual a un arriendo en mora y exponiéndolo a una sanción que no se plasmó en el contrato.

2.- Por medio de auto calendado el 7 de septiembre último, la Sala de Casación Civil avocó el conocimiento de la tutela; decretó algunas pruebas; vinculó al trámite a SHARON MELIXA HERRERA BOHORQUEZ, LIBIA MERCEDES BASTOS CEPEDA, GRACIELA NAVARRO y CARLOS EUGENIO BARRIGA IBAÑEZ y demás intervinientes en el proceso de tutela que promovieron contra la CENTRAL DE ABASTOS DE CÚCUTA S.A. y la CENTRAL DE ABASTOS DE CÚCUTA PROPIEDAD HORIZONTAL, en su condición de terceros interesados en el resultado, y ordenó notificar la admisión a los accionantes, a los accionados y a los demás intervinientes, a fin de que ejercitaran su derecho de defensa si lo estimaban pertinente (Fls. 452 al 454). auto de 11 de febrero del año que avanza, la Sala de Casación Civil asumió el trámite tutelar, ordenó comunicar tal decisión a los funcionarios judiciales accionados y a la Financiera Bermúdez y Valenzuela , así como a los intervinientes en la actuación judicial aquí cuestionada, con el fin de que puedan ejercer el derecho de defensa y contradicción (fl. 87, cuaderno de la Corte).


3.- En ejercicio del derecho de réplica, la Alcaldía del Municipio de Cúcuta a través de la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica se opuso a la prosperidad de las pretensiones de los actores, resaltando que el municipio no les violó ningún derecho fundamental, pues simplemente se limitó a dar cumplimiento al fallo de tutela proferido por el Tribunal el día 10 de marzo del año en curso (Fls. 475 al 482).
Por su parte, la Magistrada de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cúcuta, GISSELA BUENDÍA SAYAGO, en calidad de Ponente del fallo de tutela que aquí se acusa, después de hacer un análisis de la actuación de la Sala, señaló que de acuerdo con la Sentencia Unificadora No 1219 de 2001 de la Corte Constitucional “no procede la acción de tutela contra fallos de tutela”; que por ello, conforme con dicha cita jurisprudencial, es inviable la presente acción, ya que lo que con ella se intenta “es atacar dos fallos de tutela que cobraron ejecutoria y de los que además se está surtiendo la eventual revisión en la Corte Constitucional, siendo ésta la vía adecuada de revisar dichos fallos” (Fls. 484 al 488).
Por último, el Comandante del Departamento de Policía Norte de Santander, afirmó que esa Institución no cercenó ninguno de los derechos fundamentales reseñados por los quejosos; que el documento conciliatorio anexo (Fl. 492), demuestra que fue voluntad de la administradora de Cenabastos, doctora BERTHA LUCÍA RAMÍREZ “dar cumplimiento al fallo de tutela sin que hubiera sido necesario la utilización de la fuerza pública (Fls. 489 al 491).

LA SENTENCIA IMPUGNADA

La Sala de Casación Civil de esta Corte negó el amparo deprecado mediante sentencia dictada el 17 de septiembre último (Fls. 498 al 507).
Sostuvo, en síntesis, que la jurisprudencia constitucional definió, de tiempo atrás, “que la acción de tutela resulta inconducente para alegar la configuración de vías de hecho en una sentencia de igual naturaleza”. Para ello transcribió lo pertinente sobre el tema, de la Sentencia de Unificación 1219 de 2001(Fl. 503); luego, agregó, si la causa que originó la presente solicitud de amparo dimana de las decisiones adoptadas por la Sala accionada mediante sentencia de 10 de marzo de 2004, proferida a propósito de la impugnación formulada contra el fallo de 4 de febrero de 2004 del Juzgado 2º Civil del Circuito de Cúcuta, resulta clara la improcedencia de esta tutela, por lo dicho.
En lo que concierne a los presuntos atropellos en que se dice por parte de los quejosos, incurrieron la Alcaldía y la Policía con ocasión de la ejecución de la sentencia de tutela, consideró el fallo, que tal asunto debe resolverse en su escenario natural, que no es otro diferente al interior del proceso, a través del incidente que prevé el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, mecanismo de defensa previsto por el Legislador para el esclarecimiento de lo referente al incumplimiento de las sentencias de tutela, ya por defecto, ora por exceso.

3.- Solamente la Señora Juez 21 Civil del Circuito de Bogotá ejerció el derecho de réplica, indicando que a ese despacho correspondió el conocimiento del proceso ejecutivo al que alude el escrito de tutela, habiéndose librado mandamiento de pago por auto de 3 de noviembre de 1989, decisión de la cual la entidad demandada se notificó el 24 de mayo de 2000, y por medio de apoderado propuso excepciones de mérito; que agotado el trámite pertinente, el 28 de febrero del año próximo pasado el juzgado dictó sentencia declarando no probadas las excepciones propuestas y ordenando seguir adelante la ejecución, providencia contra la cual la parte demandada interpuso el recurso de apelación, siendo confirmada en su integridad por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá. Agrega, que de las actuaciones surtidas dentro del plenario no observa que se haya obrado en contra del debido proceso, ya que las mismas se han ceñido a la ley, por lo que solicita se deniegue el amparo pretendido (fls. 95 al 98). Anexó igualmente el original del proceso para conocimiento del juez constitucional. Iniciado el trámite, la Presidenta de la Sala accionada replicó señalando que por Acuerdo 03 de 18 de marzo de 2002 se designó a Diana Patricia Rodríguez en propiedad para ocupar el cargo que venía desempeñando en interinidad la accionante, nombramiento que se hizo teniendo en cuenta la lista remitida por el Consejo Seccional de la Judicatura; que la nombrada aceptó el cargo y presentó la documentación requerida para la confirmación, acto que se produjo en Sala de 27 de mayo; que el 18 de junio la actora pidió se le estudiara su situación por embarazo, y después de elevarse consulta al Consejo Seccional, la Sala Civil decidió que debía posesionar a la designada en propiedad, por cuanto después de proveer un empleo de conformidad con las normas constitucionales y legales, el nominador no goza de discrecionalidad para interrumpir el proceso (art. 133, ley 270 de 1996); que por lo expuesto, esa Corporación no desconoció los derechos fundamentales de la accionante, añadiendo que la designación de cargos en provisionalidad es temporal y la quejosa sabía desde junio de 2001 que debía hacerse el nombramiento en propiedad, por lo que la dejación del empleo no tuvo como causa el embarazo sino que obedeció al proceso ordenado por el legislador para los nominadores.


A su turno, la Presidenta de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca destacó que esa entidad no ejecutó ninguna acción u omisión contra los derechos de la demandante, ya que esa corporación se limitó a emitir, en los precisos términos del art. 25 del C.C.A., la respuesta a una consulta; que de acuerdo con las normas vigentes, la Sala envió la lista de elegibles desde junio de 2001; que las peticiones de la tutela son frente al Tribunal y que dada la prolongación del proceso de evacuación de la lista, el nombramiento recayó en la aspirante ubicada en cuarto lugar, a quien debió dársele posesión, sin tardanza, porque no requería confirmación según el artículo 162 de la ley 270 de 1996.

LA SENTENCIA IMPUGNADA

La Mediante sentencia de 31 de octubre de 2002, la Sala de Casación Civil de esta Corte Casación Civil de esta Corporación negó el amparo deprecado mediante sentencia dictada el 23 de febrero del año en curso.
Después de resumir los argumentos que sobre el tema expuso el tribunal en el fallo materia de tutela, consideró la Sala que es evidente que las reflexiones de la corporación accionada no son caprichosas, sino que tienen sustento objetivo en una interpretación de las respectivas normas aplicables y en los hechos del caso concreto, circunstancia que impide su desconocimiento por vía constitucional, toda vez que como se ha decantado por la jurisprudencia, la vía de hecho en los campos de la hermenéutica jurídica y de la evaluación probatoria, tan solo puede darse por establecida cuando el administrador de justicia incurre en una irrefutable y grosera arbitrariedad, lo que no se observa en la actuación objeto de esta queja constitucional (fls. 99 al 104). negó el amparo constitucional deprecado

.
Señaló que la actuación administrativa del Tribunal obedeció a una conducta legítima, cual era llenar la vacante de un cargo de carrera, de conformidad con las normas constitucionales y legales vigentes sobre la materia, hecho objetivo que no puede considerarse violatorio de los derechos de la actora, quien ocupaba ese mismo cargo en provisionalidad; que la situación de embarazo alegada por ésta no tiene ninguna incidencia en el resultado de esta acción, dado que no comunicó oportunamente esa circunstancia al tribunal, pues lo hizo luego de que la aspirante de la respectiva lista de elegibles fue designada y después de que se confirmó su nombramiento; que si no cumplió con notificar oportunamente el embarazo al empleador, requisito que la ley y la jurisprudencia exigen para que pueda tener lugar la protección especial de la maternidad, mal puede endilgarse a la actuación de la autoridad accionada, rasgos de arbitrariedad, circunstancia que veda la intervención del juez de tutela (folios 98-102).


LA IMPUGNACIÓN

Mediante escrito visible a Folios 519 y 520 del cdno de la Corte, la parte querellante impugnó el fallo de tutela. Adujo entre otras razones, que la providencia fue dictada por la Sala de Casación Civil sin que se hubiesen recaudado las pruebas oportunamente solicitadas y decretadas mediante auto de 7 de septiembre de 2004; que si bien la acción de tutela no procede contra sentencias dictadas en un proceso del mismo linaje, ello tiene su excepción cuando por simple olvido, u omisión involuntaria, se pueden conculcar derechos fundamentales, siendo posible enmendarlos por este mecanismo para no persistir en la situación impropia. Finalmente sostuvo, que la Alcaldía resultó protagonista de primera línea, asumiendo el papel de juez y parte, lo que dio origen a esta tutela, por lo que insiste, en nombre de sus representados en el amparo solicitado.El representante legal de la sociedad accionante impugnó el fallo de la Sala de Casación Civil, sin sustentarlo (fl. 110).La decisión de la Sala fue impugnada por

la accionante sin exponer razones (fl. 108).

SE CONSIDERA

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y los Decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento de trámite preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.
Se detecta la improcedencia del amparo constitucional solicitado, puesto que del

De acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Política y los decretos que reglamentaron su ejercicio, la acción de tutela fue establecida para reclamar, mediante un procedimiento de trámite preferente y sumario, la protección inmediata de los derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten lesionados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de los particulares en los casos expresamente previstos por la ley, siempre y cuando no exista otro medio de defensa judicial, a no ser que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

Desde que fue instituida esta figura en el artículo 86 de la Constitución Política, se ha sostenido que uno de sus caracteres esenciales es el de la subsidiariedad, lo que significa que la acción de tutela no constituye un dispositivo paralelo o alternativo, ni complementario, para alcanzar la protección de los derechos, existiendo otra vía judicial idónea para controvertirlos y hacerlos valer.



En este orden de ideas, la tutela presentada por SANDRA PATRICIA GARZON ROMERO esta llamada al fracaso y por eso, en esta instancia, la Sala comparte plenamente los argumentos esbozados en el fallo impugnado para negar el amparo solicitado.
No desconoce la Corporación que la mujer trabajadora en estado de gravidez tiene derecho a gozar de especial consideración por parte de su empleador; es por ello que el legislador en su afán de protegerla, creó normas que tienden a cumplir ese propósito, loable desde el punto de vista que se le mire; así lo tiene decantado igualmente la jurisprudencia. Empero, debe quedar claro, que tales normas corresponden a un rango eminentemente legal, no constitucional, así se les mire en el más amplio sentido, de las cuales, por su misma naturaleza, no puede valerse la quejosa para reclamar ante el juez constitucional los derechos que invoca, dada la prohibición que prevé el artículo 2º del Decreto Reglamentario 306 de 1992. En otras palabras, para controvertir los derechos a que se le reintegre al cargo que ocupaba en la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá, o en su defecto, al pago de la indemnización, salarios y demás prestaciones, indexados, debe accionar ante la justicia competente.
Y si lo que pretende la interesada es atacar la validez del acto administrativo del Tribunal accionado por medio del cual se nombró en propiedad a Diana Patricia Rodríguez Cubides para reemplazarla en el cargo que venía ocupando en provisionalidad, esa aspiración tampoco es del resorte del juez constitucional, debiendo hacerlo ante la jurisdicción contenciosa administrativa.

propio escrito introductorio del trámite que por razón de la impugnación ocupa la atención de la Sala, se infiere, sin lugar a equívocos, que lo pretendido por el actor, alude a que se revoque un fallo de la misma naturaleza, dictado por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior de Cúcuta el 10 de marzo de 2004.Las pretensiones de la sociedad Inversiones Agroindustriales Cachicamos S.A., en liquidación, persiguen que el juez constitucional deje sin efecto la sentencia de 20 de noviembre de 2003 dictada por el Tribunal Superior de Bogotá – Sala Civil – dentro del proceso ejecutivo que adelanta en su contra la sociedad Financiera Bermúdez y Valenzuela S.A., en liquidación, y que se declare probada la excepción de cobro de lo no debido.

En este orden, considera la Sala que las razones plasmadas en el fallo que se revisa, son suficientes para confirmarloAparte de las razones que esgrimió la Sala a quo en el fallo que se revisa, se dan otras que son suficientes para confirmarlo. Ellas son:
a) Tiene que ver con la legitimidad para interponer acciones de tutela, derecho que se radica en cabeza de las personas naturales, a quienes se les vulnere o amenace un derecho constitucional fundamental, las que pueden instaurar la acción directamente, por medio de apoderado, o a través de las demás personas a que alude el artículo 10 del Decreto 2591 de 1991.

Como puede observarse, la acción de tutela fue promovida por la sociedad Inversiones Agroindustriales Cachicamos S.A., en liquidación, siendo por este solo aspecto improcedente el amparo pretendido, pues ha sido criterio reiterado de esta Corporación, que tal categoría de personas no están legitimadas para ejercitar la acción referenciada.


Al respecto tiene dicho la Sala que:
1.- El reconocimiento de la “primacía de los derechos inalienables de la persona” dispuesto por el ar­tícu­lo 5oº de la Constitución debe entenderse referido y limitado a los seres huma­nos, sin que resulte admisible aceptar, a juicio de esta Sala de la Corte, que en el pen­samiento del Constituyente de 1.991 hubiese existido el propósito de extender esas garantías a los entes que el hombre crea para su uso y pro­vecho y que, por tanto, adquieren personería jurídica -– la pierden-— por la exclusiva voluntad humana. Toda la estructura de nuestra Carta de Derechos muestra como inequívoca in­tención de sus autores, la de colocar las cosas al servicio de los seres humanos y no la de poner éstos al servicio de aquellas.

Los derechos fundamentales que la Cons­ti­tu­ción ampara son los "inherentes a la persona humana" ”según lo indica su artículo 94 al advertir que las garantías que enuncia expresamen­te, así como las que consagran los Conve­nios Internacionales, no excluyen otras de la misma estir­pe.
2.- Preceptos de la Constitución como los contenidos en sus artículos 9º., 44, 53 y 93 conducen necesariamente a concluir que, en lo relaciona­do con las garan­tías fundamentales de las personas, el Constituyente de 1.991 tuvo el claro propósito de aco­modar nuestra Carta Po­lítica a los Tratados Internacionales que han veni­do regu­lan­do la protección de los derechos humanos.

La Declaración Universal de los Dere­chos Humanos (1.948) no se ocupó evi­dentemente de otorgar garan­tías a las personas jurídicas, pues de conformi­dad con su preámbulo, sólo pueden ser personas naturales los “miembros de la familia humana”, a quienes reconoce la “dignidad in­trín­seca" que determina la existencia de "derechos iguales e inalienables"” y es sin duda alguna para los "“eres humanos" para quienes debe procurarse el advenimiento de un mundo en el cual, liberados del temor y la miseria, disfruten de las liber­tades de palabra y de creencia.

Son los seres humanos y no las perso­nas jurí­dicas quie­nes nacen libres e iguales en dignidad y dere­chos, pues de conformidad con el artículo 1o.ºde la Decla­ración, son los únicos dotados de "razón y concien­cia". ”n conse­cuencia, los derechos a la vida, a la libertad, a la seguridad y a la integridad personal, a la fun­dación de una familia, a la par­ticipación en el gobier­no, a la seguridad social, al trabajo y al descanso, así como las libertades de pensamiento, de conciencia, de creencias, de opinión y de expre­sión que la Declaración consagra en sus artículos 3o., 4º., 5º., 1º, 18, 19, 20 y 24, sin discri­minación alguna por razones de raza, sexo, religión o convicción política, sólo pueden concebirse como propios de los seres huma­nos.
3.- En términos aun más precisos, la Decla­ra­ción Americana de los Derechos y Deberes del Hombre (1.948), identifi­ca los derechos a la vida, la liber­tad, la seguridad y la integridad de las personas como "inherentes a los seres humanos" (art. 10) y la Conven­ción Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica (1.969), luego de reconocer en su Preámbulo que los derechos esen­ciales del hombre se fundamentan en los atri­butos de la "persona humana", define en su artículo primero a la persona como "todo ser humano".
4º.- La Constitución Nacional (art. 14), la Declaración Universal de los Derechos Humanos (art. 6º.), la Decla­ración Americana de los Derechos y Deberes del Hom­bre (art. 17) y el Pacto de San José de Costa Rica (art. 3º.) garantizan a los seres humanos el derecho al recono­ci­miento de la perso­nalidad jurídica. Esta es, desde lue­go, una imposición al Estado dispuesta por normas imperativas de orden supe­rior. Además de carecer de lógica, afirmar que las personas jurídicas tienen derecho a la personalidad jurí­dica, no tiene sentido alguno atri­buirle esa garantía a en­tidades que surgen a la vida del derecho como personas mo­ra­les por exclusiva volun­tad de los seres humanos que las crean como resultado de sus negocios jurídi­cos, y que asi­mismo, desaparecen por ministerio de esa misma voluntad. No puede entonces afirmarse que las per­sonas jurídicas tengan el derecho fundamental a la vida del cual, es­trictamente, dependen todos los demás.
Con esta comprensión –ha sostenido esta Sala de la Corte—aparece claro que el artículo 86 de la Constitución Nacional debe ser interpretado como la consa­gración de un instrumento judi­cial enderezado a permitirle a los seres humanos reclamar la protección inmediata de los derechos que le son inherentes a su condición de personas, así consideradas por el sólo hecho de existir y sin que su personalidad jurídica ni la existencia de los dere­chos que le son esenciales dependa de un reconocimiento estatal"”(Rad. 991, Mag. Ponente Dr. Rafael Méndez Aran­go).
5.- La igualdad de las personas ante la ley, reconocida por la Constitución Nacional (Art. 13) y por los instru­mentos internacionales que ha revisado la Sala, sólo puede predicarse de los seres humanos. Equiparar los hom­bres a las cosas que ellos crean, para efecto de reco­no­cerles los mismos derechos fundamentales, constituye una afrenta a la condición y a los más altos valo­res de la es­pecie humana y una degra­dación del nivel que el Derecho Inter­na­cional le ha reconocido por medio de princi­pios y normas que, en buena parte, vinieron a ser acogidos por la Cons­titución Colombiana de 1.991. De ahí precisa­men­te que tam­bién el Decre­to 2591 de 1.991 haya dispuesto (art. 4o.) que los derechos protegidos por la acción de tutela deban in­ter­pretar­se de conformidad con los tratados internaciona­les sobre derechos huma­nos.
6.- La circunstancia de que el ar­tícu­lo 92 constitucional hubiera fa­cultado a las personas jurídicas para solici­tar la aplicación de sanciones penales o disci­plinarias derivadas del incum­plimiento de los deberes pro­pios de las autoridades públicas no signi­fica que esas per­sonas morales sean titula­res de los derechos fundamenta­les que la Carta y los Tratados Inter­naciona­les reconocen a los seres huma­nos. Bien al contrario, una adecuada herme­néutica de la disposición, permite concluir que el constituyente otorgó esa facultad --que–desde luego no es por sí misma un derecho fundamental—por igual a los seres humanos y a las personas jurídicas, mediante una exten­sión específica que no admite otras ampliaciones o analogías.
7.- El argumento planteado por la sociedad recurrente según el cual el derecho al debido proceso es común a los seres humanos y a las personas jurídicas, de modo que su desconoci­miento faculta por igual a unos y a otras para ejercitar la acción de tutela, no desvirtúa ni debilita las conclusiones que ha dejado expuestas la Sala, pues por no ser un fin en sí mismo, el dicho debido proceso sólo podrá considerarse como garantía fun­damental en la me­dida que constituya el medio idóneo de protección de los derechos inherentes a la persona huma­na. Así lo establece la propia Decla­ración Universal de los Derechos Huma­nos al disponer en su artículo 8oº que "toda persona tiene derecho a un re­curso efectivo ante los tribunales nacionales compe­tentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Cons­titución o por la Ley.
Debe sin embargo reiterar la Sala, su criterio en el sentido de que las personas jurídicas en general, y de manera específica los sindicatos de trabajadores, pueden valerse de la acción de tutela, no con el propósito de defender sus propios intereses patrimoniales, sino con la finalidad de amparar los derechos fundamentales de los seres humanos individualmente considerados, que integren dichas entidades o que estén representados por ellas” (Rad. 994).

b) Concierne al petitum principal de la tutela, que, como se dejó dicho, busca que se deje sin efecto la sentencia de 20 de noviembre de 2003, dictada en segunda instancia por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá dentro del proceso ejecutivo al que se ha venido haciendo alusión en esta providencia, y que en su lugar, se declare probada la excepción propuesta de “cobro de lo no debido”.


Al respecto cabe recordar, que por virtud de la declaratoria de inexequibilidad de los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, al juez de tutela no le es dado revisar las actuaciones judiciales, que, como se sabe, están cobijadas por la presunción de legalidad, sin que dicho funcionario esté revestido de facultades para inmiscuirse en decisiones adoptadas en un proceso judicial adelantado por una autoridad administrativa, como la que dio origen a esta acción, pues esto constituiría una incursión arbitraria en la órbita del juzgador natural, atentatoria de la seguridad jurídica y de los principios de independencia, autonomía y desconcentración que caracterizan a la administración de justicia.

Si se admitieran como válidas las razones que adujo la sociedad actora para atacar la providencia acusada y demandar ante los jueces constitucionales el derecho deprecado, se estaría convirtiendo la acción de tutela en dispositivo complementario y adicional de protección. En otras palabras, se erigiría ésta en un recurso más contra las providencias judiciales ejecutoriadas, y esa no fue, ni puede ser la teleología que inspiró al Constituyente cuando implantó esta novedosa institución de defensa de los derechos fundamentales; ni es ese el alcance que se desprende del artículo 86 de la Carta Política. , dado que este excepcional mecanismo no puede utilizarse para dejar sin validez providencias como la cuestionada por los accionantes, posición además acorde con la sentencia C-543 de 1º de octubre de 1992, proferida por la Corte Constitucional, que declaró inexequibles los artículos 11, 12 y 40 del Decreto 2591 de 1991, que eran los que admitían tutelas contra providencias o sentencias judiciales.


De igual manera, por imperativo legal, y como ha sido criterio reiterado de la Corte Constitucional sobre la materia, no es procedente la acción de tutela promovida contra tutela, o para que se revoquen decisiones proferidas en el trámite de otra tutela anterior, como ocurre en el caso que aquí se plantea.
En asuntos similares cuyo texto pertinente se trae a colación, esta corporación fijó su criterio en los siguientes términos:

Es indiscutible el carácter de decisión judicial que tiene el fallo que resuelve una solicitud de tutela, de manera entonces, que al igual que ocurre con cualquier otra sentencia, existirá siempre la posibilidad de un error, posibilidad de desacierto que es muchísimo más probable en un procedimiento cuyo trámite sumario no concede las debidas oportunidades de defensa; pero lo único que debe tomarse en cuenta, si se quiere decidir con arreglo a la Constitución Política y a las normas legales vigentes, es el hecho de haber declarado inconstitucional el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991, norma que daba una apariencia de legalidad al ejercicio de la acción de tutela contra sentencias judiciales.


Debe recordarse que el mencionado artículo 40 textualmente establecía en su parágrafo 4º lo siguiente:” No procederá la tutela contra fallos de tutela”.
Debido al efecto de cosa juzgada constitucional que el artículo 243 de la Constitución Política consagra expresamente para los fallos que la Corte Constitucional dicta en ejercicio del control jurisdiccional, se impone concluir que en su integridad el artículo 40 del Decreto 2591 de 1991 no podrá ser reproducido por ninguna autoridad “mientras subsistan en la Carta las disposiciones que sirvieron para hacer la comparación entre la norma ordinaria y la Constitución”.
Este es un aspecto que por su claridad no parece razonable que pueda ser puesto en discusión; y por ser dicho parágrafo una parte del artículo declarado inexequible, es obvio que en este momento no tiene existencia jurídica.
“A pesar de ello, conviene precisar que la improcedencia de la acción de tutela “contra fallos de tutela” no resulta de la específica e innecesaria previsión que traía el parágrafo de la norma legal declarada inexequible, sino que se deriva directamente de lo estatuido en el artículo 86 de la Constitución Política, que prevé la acción de tutela como un procedimiento preferente y sumario que únicamente procede cuando el afectado “ no disponga de otro medio de defensa judicial”…..”.


El funcionario judicial, acótase, goza de autonomía para interpretar la ley; esa, precisamente, es la razón de ser de su función.

Por lo dicho se confirmará el fallo impugnado.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE
PRIMERO.- CONFIRMAR el fallo de tutela impugnado, de fecha y procedencia precitadas.


SEGUNDO.- Notificar esta decisión a los interesados en la forma prevista por el artículo 320 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO.- Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE


Por último, queda claro que la acción de tutela que intenta Sandra Patricia no es viable, no solo por lo dicho, sino también por no obrar en el expediente elemento de juicio, distinto a su propia afirmación –que por ello no es prueba del hecho--, de que se está ante una situación que pudiera dar lugar a un “perjuicio irremediable” y por ende, a conceder el amparo temporal como mecanismo transitorio.

Las consideraciones anteriores son suficientes para hacer impróspera la impugnación. Por ello, se confirmará el fallo revisado.
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
RESUELVE

PRIMERO.- CONFIRMAR el fallo impugnado, de fecha y procedencia precitadas.
SEGUNDO.- Notificar esta decisión a los interesados en la forma prevista por el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO.- Enviar el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.


NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE


FERNANDO VÁSQUEZ BOTERO


CARLOS ISAAC NADER EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS

LUIS JAVIER OSORIO LOPEZ LUIS GONZALO TORO CORREA

GERMÁN G. VALDÉS SÁNCHEZ ISAURA VARGAS DIAZ

JESÚS ANTONIO PASTAS PERUGACHE

Secretario
FERNANDO VÁSQUEZ BOTERO
GUSTAVO J. GNECCO MENDOZA CARLOS ISAAC NADER

EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LOPEZ

LUIS GONZALO TORO CORREA ISAURA VARGAS DIAZ


MARIA ISMENIA GARCÍA MENDOZA

Secretaria


CAMILO TARQUINO GALLEGO
GUSTAVO JOSE GNECCO MENDOZA CARLOS ISAAC NADER
EDUARDO LÓPEZ VILLEGAS LUIS JAVIER OSORIO LOPEZ
FRANCISCO JAVIER RICAURTE GÓMEZ ISAURA VARGAS DIAZ

MARIA ISMENIA GARCIA MENDOZA

Secretaria




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