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Comité para el estudio de las finanzas institucionales de la universidad de puerto rico Informe parcial 1 de julio de 2005


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Comité para el estudio de las finanzas institucionales de la universidad de puerto rico
Informe parcial

1 de julio de 2005
COMITÉ PARA EL ESTUDIO DE LAS FINANZAS INSTITUCIONALES DE LA UNIVERSIDAD DE PUERTO RICO
INFORME PARCIAL
Sin escuela no hay orden social,

como no lo hay sin libertad,

como no lo hay sin moralidad pública,

como no lo hay sin trabajo organizado, como no lo hay sin administración pública.”


Eugenio María de Hostos
I. Introducción:
La Universidad de Puerto Rico por llevar a cabo un fin público del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por su obligación de servicio al pueblo y por su debida fidelidad a los ideales de una sociedad integralmente democrática, tiene como misión esencial alcanzar los siguientes objetivos, entre otros1:


  1. Cultivar el amor al conocimiento como vía de libertad a través de la búsqueda y discusión de la verdad, en actitud de respeto al diálogo creador.

  2. Procurar la formación plena del estudiante, en vista a su responsabilidad como servidor de la comunidad.

  3. Desarrollar a plenitud la riqueza intelectual y espiritual latente en nuestro pueblo, a fin de que los valores de la inteligencia y del espíritu de las personalidades excepcionales que surgen de todos sus sectores sociales, especialmente los menos favorecidos en recursos económicos, puedan ponerse al servicio de la sociedad puertorriqueña.

A la luz de lo anterior, el 6 de abril de 2005, el Consejo General de Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, en Asamblea General, decretó una huelga en contra de la Certificación Núm. 70 de la Junta de Síndicos, Año 2004-05, la cual establecía, entre otros aspectos, un aumento a las tarifas de matrículas y cargos por conceptos relacionados2. Dicha Certificación generó a su vez protestas, paros y huelgas a nivel del sistema universitario3. Entre los acuerdos de esa Asamblea se constituyó un comité de huelga compuesto por grupos de base por facultad para establecer la logística de ese proceso. A saber, un representante por facultad más nueve estudiantes a nivel de Recinto. Éste posteriormente se constituyó en el Comité de Universitarios Contra el Alza (CUCA). Igualmente se crea el Comité de Universitarios para el Diálogo (CUD) que lo constituyeron estudiantes candidatos a graduación de distintas facultades del Recinto de Río Piedras que interesaban que la administración universitaria atendiera los reclamos estudiantiles por la vía del diálogo. El 30 de abril de 2005 se culminó un acuerdo dirigido a poner fin al proceso huelgario en el Recinto de Río Piedras entre el Presidente de la Universidad de Puerto Rico, Lcdo. Antonio García Padilla, la Dra. Gladys Escalona de Motta, Rectora del Recinto de Río Piedras y representantes del Comité de Universitarios contra el Alza (CUCA)4, el Comité de Universitarios para el Diálogo5 (CUD), la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes (HEEND)6, la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios (APPU)7, y senadores académicos del Recinto de Río Piedras8. El mismo fue avalado por la Junta de Síndicos a través de la Resolución suscrita por el Secretario Ejecutivo de ese cuerpo, Lcdo. Luis M. Villaronga el pasado 30 de abril de 2005.


II. Comité para el Estudio de las Finanzas Institucionales de la UPR:
El 6 de mayo de 2005 y a tenor con el acuerdo suscrito entre la administración y los sectores universitarios se constituyó el Comité para el Estudio de las Finanzas Institucionales de la Universidad de Puerto Rico (CEFI). El mismo estaría compuesto por tres profesores de distintas unidades del sistema recomendados por la APPU de entre las diversas organizaciones docentes del sistema y los representantes claustrales ante la Junta Universitaria, un estudiante de cada uno de los organismos estudiantiles que firmaron el acuerdo y un representante de cada uno de los Consejos Generales de Estudiantes de cada unidad, tres empleados no docentes, y tres representantes del Presidente de la Universidad de Puerto Rico. Actualmente los miembros de este Comité son los siguientes: Prof. Waldemiro Vélez Cardona, Recinto de Río Piedras, Prof. Néstor J. Rodríguez Rivera, Recinto de Mayagüez y Prof. Wilson Ruiz Torres, UPR en Humacao; Alvin R. Couto de Jesús, del CUCA; Iván A. Rivera Reyes9, del CUD; Luis J. González Serrano, del CGE-UPR Arecibo y miembro de la Junta Universitaria; Aníbal Yariel López Correa10, representante estudiantil de la UPR-Cayey en la Junta Universitaria, Pramy S. García Bordillo11, representante estudiantil del Consejo General de Estudiantes de la UPR- Humacao y miembro de la Junta Universitaria; Carlos R. Matías12, del Sindicato de Trabajadores, Dr. Saúl J. Pratts Ponce de León13, Decano de Administración, Recinto de Río Piedras y Sr. José Juan Estrada14, Director de la Oficina de Presupuesto del Recinto de Río Piedras; Ana Milagros Santiago Meléndez, Sonia H. Reyes Cruz y Marisol Irizarry Pastrana, de la Hermandad de Empleados Exentos No Docentes. Ese día llevamos a cabo una reunión con el Presidente de la Universidad de Puerto Rico, Lcdo. Antonio García Padilla, para dar a conocer oficialmente a éste los miembros del Comité y a su vez dar inicio oficial a la encomienda asumida. El 13 de mayo de 2005 sostuvimos una segunda reunión con el señor Presidente para atender asuntos relativos a nuestra encomienda. Éste nos informó, entre otros asuntos, que en la próxima semana notificaría sus representantes ante el Comité.
III. Propósitos del Comité:
Entre los propósitos que habrá de atender y evaluar nuestro Comité están los siguientes:


  • Llevar a cabo un proceso amplio de análisis de las finanzas institucionales con el fin de emitir las recomendaciones que se estimen pertinentes relativas a tarifas de matrículas y cargos por conceptos relacionados

  • Llevar a cabo un proceso amplio de comunicación con los oficiales de la comunidad universitaria y con todos los sectores de la Institución, incluyendo vistas públicas

  • Someter un informe parcial para el 1ro. de julio de 2005 y un informe final no más tarde del 1ro. de diciembre del año en curso con recomendaciones para atender lo relativo al aumento en tarifas y las finanzas institucionales


IV. Funcionamiento:
El 16 de mayo del año en curso el Comité inició sus trabajos designando como Coordinadora de los mismos, a la Sa. Ana Milagros Santiago Meléndez, y como Secretaria a la Sa. Sonia H. Reyes Cruz. En términos del funcionamiento interno del Comité se reiteró que los miembros del Comité serán aquellos conforme al acuerdo suscrito entre la administración universitaria y la comunidad universitaria el 30 de abril de 2005. Sin embargo, se determinó que aquellas otras personas que interesen participar de los procesos de este Comité podrán hacerlo como observadores o integrantes de los subcomités que se creen, si alguno, y tendrán voz pero no voto en las decisiones de este Organismo. Igualmente determinó que todas las decisiones, incluyendo los informes que habrán de rendirse, se tomarán por consenso. También decidió reunirse por lo menos una vez a la semana en el Recinto de Río Piedras. Se seleccionó al Prof. Waldemiro Vélez Cardona como portavoz del Comité para hacer expresiones a la prensa sobre los consensos levantados por el grupo y como portavoz alterna a la cra. Ana Milagros Santiago Meléndez.
V. Trabajos del Comité:
De inicio es necesario señalar y aclarar que dado el limitado tiempo para rendir el Informe Parcial según el acuerdo suscrito entre las partes y el limitado acceso a los documentos solicitados a la administración universitaria nos ha dificultado someter unos análisis, conclusiones y recomendaciones concluyentes para cumplir con nuestra encomienda. Aún así, sometemos ante la consideración de la administración universitaria un Informe, que aún siendo parcial contiene importantes análisis y recomendaciones sustantivas que esperamos ampliar en los próximos meses.
A la fecha de este informe el CEFI ha llevado a cabo doce (12) reuniones. Las mismas se llevaron a cabo los días 13,16, 23 y 31 de mayo, 6, 13, 20, 22, 27, 28 y 29 de junio. Entre las primeras tareas que atendió este Organismo fue emitir una comunicación fechada el 23 de mayo del corriente a cada uno de los/as Presidentes de los Consejos de Estudiantes del Sistema con el propósito de invitarlos a participar en los trabajos del Comité15. Por otra parte, el Comité solicitó la creación de una Página Electrónica (Web) en el espacio de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, la misma se accede a través de www.uprrrp.edu. También se creó un correo electrónico que se accede a través de la siguiente dirección: cefi@uprrp.edu. El 17, 23 y 26 de mayo y el 9 y 16 de junio de 2005 se le cursaron comunicaciones al Presidente de la Universidad de Puerto Rico solicitándole documentos relativos a la encomienda16. El 26 de mayo de 2005 se emitió comunicación al Decano de Administración del Recinto de Río Piedras, Dr. Saúl J. Pratts, sugiriendo un mecanismo para la prórroga especial17. El 9 de junio de 2005 se cursó comunicación al Sr. Hernán Vazqueztell, Director de la Oficina de Asistencia Económica de la Administración Central18,solicitando un informe sobre el Perfil Socioeconómico del Estudiantado, por Recinto, que comprenda el período desde el año 2000 hasta el presente. El 21 de junio del año en curso se emitió comunicación al Dr. Juan Aponte del Comité para el Estudio de las Finanzas Institucionales de la UPR19, nombrado por el Lcdo. Antonio García Padilla, Presidente de la Universidad de Puerto Rico. En la misma se le extendió una invitación a dialogar y tener un intercambio sobre la encomienda de ambos Comités en cuanto a producir recomendaciones que puedan contemplar la revisión de los aumentos dispuestos en la Certificación 70, Año 2004-05 de la Junta de Síndicos, entre otros.
Para el 6 de junio del año en curso contamos con la presencia del Dr. Rafael Aragunde, Rector de la UPR en Cayey, donde nos manifestó su disposición a colaborar con este Comité con el propósito de ayudar a la culminación de nuestra encomienda, sirviendo de enlace entre la Presidencia y este Organismo. También se citaron a la Lcda. Elisa Vega, Decana Auxiliar de Estudiantes y la Dra. Sara E. Rivera, Directora del Departamento de Servicios Médicos, ambas del Recinto de Río Piedras, para dialogar sobre el plan médico estudiantil. Por otra parte, el Comité citó al Director de Presupuesto a nivel de la Oficina de Administración Central, Sr. Basilio Rivera y a la Directora Asociada de Finanzas de Administración Central, Sa. Nazeerah Elmadah para dialogar y discutir aspectos relacionados con el presupuesto y los estados financieros de la Universidad de Puerto Rico.
Como parte de los análisis realizados tuvimos la oportunidad de examinar los siguientes documentos, según titulados por la administración universitaria. Cabe señalar que algunos de ellos no correspondían necesariamente al título asignado y no responden a nuestra petición. Ejemplo de ello es la Lista Oficial de Puestos que sólo incluyeron a los empleados adscritos a la Presidencia, no así al resto del personal del sistema universitario:



  1. Certificación Núm. 70, Año 2004-05, Junta de Síndicos

  2. Resolución tomada por la Junta de Síndicos en su reunión extraordinaria del 30 de abril de 2005

  3. Resoluciones, Expresiones de Sectores de la Comunidad Universitaria sobre el Tema del Ajuste a la Matrícula (Senados Académicos, Organizaciones Sindicales y Junta Universitaria)

  4. Presupuesto 2005-06 presentado ante el Senado de Puerto Rico

  5. Estados Financieros Auditados Servicios Médicos Universitarios (SMU)

  6. Informe 2001-02 del 4 de septiembre de 2001 titulado Proyecto “Plaza Universitaria” de la Comisión Independiente de Ciudadanos para Evaluar Transacciones Gubernamentales (“Blue Ribbon”)

  7. Informe OAI-2003-08, Auditoría del Proyecto Plaza Universitaria del 28 de mayo del 2003 de la Oficina de Auditoría Interna de la Junta de Síndicos

  8. Lista Oficial de Puestos – Años Fiscales 2002-03, 2003-04 y 2004-05

  9. Recursos Provenientes de la Fórmula

  10. Desglose del Presupuesto por Programas y Líneas de Asignación – Fondo General UPR – Años Fiscales 2002-03, 2003-04 y 2004-05

  11. Resumen de recursos operacionales por fondo

  12. Tablas Comparativas para los años 2002-03 al 2004-05 relacionadas con áreas de Presidencia,

  13. Tablas Comparativas para los años 2002-03 al 2004-05 relacionadas con Seguridad y Vigilancia

  14. Tablas Comparativas para los años 2002-03 al 2004-05 relativas Oficina de los Rectores/as

  15. Tablas Comparativas para los años 2002-03 al 2004-05 relativas Plan Médico Estudiantil

  16. Tablas Comparativas para los años 2002-03 al 2004-05 relativas Asesoría Legal

  17. Tablas Comparativas para los años 2002-03 al 2004-05 relativas a Seguros

  18. Presupuesto 2005-06 presentado ante la Junta Universitaria

  19. Detalle del Presupuesto de la Administración del Sistema de la UPR

  20. Datos Presupuesto Operacional, Año Fiscal 2004-05

  21. Proyecto de la Cámara 1480 del 5 de mayo de 2005 que enmienda La Ley 221 del 15 de mayo de 1948, según enmendada, Ley Juego de Azar, a los fines de restablecer recursos fiscales a la Universidad de Puerto Rico

  22. Medidas Legislativas que han afectado las finanzas de la Universidad de Puerto Rico

  23. Estados Financieros Auditados por Ernst & Young, para los años que finalizan el 30 de junio de 2002-2003 y 2003-2004

  24. Memoriales del Presidente de la UPR, Lcdo. Antonio García Padilla sobre el Presupuesto Funcional de la UPR 2002-03 y 2005-06

  25. Memorial del Dr. Jorge L. Sánchez, exPresidente Interino de la UPR, sobre el Presupuesto Funcional de la UPR 2001-02

  26. Comentarios a la Propuesta del Comité Institucional sobre Finanzas sometido por la Dra. Gloria Oliver Vilella, Decana de Estudiantes Interina, el Sr. Juan M. Aponte Hernández, Registrador y el Dr. Edwin J. Martínez, Director de la División de Tecnología Académica y Administrativa, todos del recinto de Río Piedras

El 27 de junio de este año nos sometieron los siguientes documentos y/o información:




  1. Copias del libro titulado El Financiamiento de la Educación Superior en Puerto Rico por Waldemiro Vélez Cardona.

  2. Copias de los contratos de las compañías Exeter y Oracle

  3. Copia Certificación Núm. 175, Año 2002-03 de la Junta de Síndicos, donde se aprueba el Programa de Mejoras Permanentes para los años 2003-04 al 2006-07.

  4. Pagos por Sentencias en Exceso de la Cubierta de Seguro, años fiscales 2002-03 y 2004-05


VI. Limitaciones:
Desde el inicio del descargue de nuestra responsabilidad, el Comité ha confrontado varias limitaciones que no han permitido realizar la encomienda de la forma y manera que el ejercicio requiere. Entre las limitaciones experimentadas se encuentran las siguientes:


  1. La fecha establecida en el acuerdo suscrito entre las partes para la entrega del Informe Parcial no permitió hacer un análisis más concienzudo como lo requería la primera parte de esta encomienda. Cabe señalar que esta fecha fue establecida a insistencias de la administración universitaria.



  1. La lentitud con que se entregaron algunos documentos, la falta de documentación disponible y la falta de acceso a los documentos solicitados ha impedido que más de treinta y cinco (35) peticiones de documento aún no se hayan evaluado por no haberse recibido, afectando el análisis y las propuestas que pudieran generarse de la revisión de los mismos.




  1. El no cumplir con el envío digitalizado, o el recibir una sola copia de los documentos solicitados, obligó al Comité a tener que realizar estas funciones para poder cumplir con la divulgación de la información a la comunidad universitaria.




  1. Falta de recursos administrativos, espacio físico y recursos humanos.




  1. Falta de información fidedigna sobre el presupuesto universitario. Ejemplo de ello, los Memoriales presentados ante el Senado de Puerto Rico por los Presidentes de la UPR versus la información ofrecida por el Sr. Basilio Rivera, Director de Presupuesto.




  1. Reducida participación estudiantil, hasta el momento, por parte de la representación de los Consejos Generales de Estudiantes.




  1. Escasa participación por parte de los representantes de la administración universitaria en el Comité.




  1. No hubo comunicación recíproca entre el CEFI y la administración universitaria sobre la Prórroga Especial.




  1. No se proveyó ninguno de los informes financieros que recogen los cierres operacionales de la Universidad de Puerto Rico para los años del 2000 al 2004. Tampoco se proveyeron las auditorias internas solicitadas, la única recibida fue la de Plaza Universitaria.




  1. De los recursos citados por el Comité ninguno proveyó la información adicional que se le requirió a la luz de su presentación. Ej. Las acciones correctivas implantadas para atender las recomendaciones de los auditores internos relacionadas con Plaza Universitaria, Servicios Médicos Universitarios, los estados de los cierres operacionales por año de la UPR, las Resoluciones Conjuntas Núms. 557 del año 2000 y 5696 posterior a ese año, relacionadas con el Departamento de Salud.


VII. Análisis y Hallazgos Preliminares:
El Presidente de la Universidad de Puerto Rico, Lcdo. Antonio García Padilla, en su ponencia presentada ante el Senado de Puerto Rico el 15 de mayo de 2005, justificó la insuficiencia financiera tomando como base, entre otros aspectos, los siguientes:


  • Privación de fuentes de ingresos tradicionales

  • Deudas no reconocidas por servicios prestados

  • Incremento de las partidas principales de gasto por determinación extrauniversitaria

Con respecto a su análisis podemos señalar lo siguiente:


Privación de fuentes de ingresos tradicionales:
Los principales directivos de la Universidad de Puerto Rico han sido incapaces de impedir la continuada erosión de la base (el Fondo General del ELA) de la que se calcula la fórmula que le brinda ingresos a la Institución. A continuación presentaremos algunos ejemplos y en algunos casos el impacto presupuestario y estimado que representó para las finanzas de nuestra Universidad.


  1. La creación del Centro de Recaudaciones de los Ingresos Municipales (CRIM), por medio de la Ley 80 del 30 de agosto de 1991. Cabe señalar que el 6 de agosto de 1992, por medio de la Ley 46, se enmendó la Ley 2 del 20 de enero de 1966 para aumentar el por ciento que le corresponde a la UPR (Fórmula) del Fondo General del ELA. Dicho por ciento pasó de 9.0% a 9.33%, para compensar por la reducción en la base. El impacto actual de esta medida está por determinarse. Estamos haciendo las gestiones para conseguir la información que nos permita hacer los estimados, ya que la administración de la Universidad, según su Director de Presupuesto, el Sr. Basilio Rivera, no ha hecho esos análisis.




  1. La aplicación equivocada de las Leyes Núm. 34 del 16 de julio de 1997 (creando un fondo especial de hasta $120 millones al año para la Autoridad de Carreteras) y Núm. 39 del 19 de julio de 1997 (creando un fondo especial que ha rondado los $15 millones para la Autoridad Metropolitana de Autobuses), producto del Arbitrio Reductor del Petróleo Crudo. Dicha aplicación retiró del Fondo General del ELA la cantidad de cerca de $135 millones anuales a partir del año 1997-1998. El 9.6% de esa cantidad es lo que en virtud de la Ley 46 del 6 de agosto de 199220, le corresponde a la UPR, es decir, aproximadamente 13 millones por año. El estimado del dinero que le corresponde a la UPR y que ha dejado de recibir alcanza la cantidad de $104 millones ($13 millones x 8 años). Es decir, este es un dinero que se le adeuda a la Institución y que se le debe restituir inmediatamente, ya sea mediante un plan de pagos, como se hizo anteriormente21 o por medio de un pago con la totalidad de lo adeudado.




  1. La Ley de Oportunidades Educativas de 1999 (Ley 138 de 1999) derogó la Ley del Fondo Educacional (Ley Núm. 64 del 24 de junio de 1969) y redirigió los fondos provenientes de la Ley que regula los juegos de azar en Puerto Rico (Ley 221 de 15 de mayo de 1948, según enmendada) y los fondos provenientes de la ley que regula el deporte hípico (Ley Núm. 83 de 2 de julio de 1987, según enmendada) a un “Fondo Especial de Oportunidades Educativas”, creado por la Ley 138 de 1999. Estimados de la Cámara de Representantes de Puerto Rico (P. de la C. 1480 del 5 de mayo de 2005, para los años 2001-2002 y 2002-2003, junto a estimados conservadores22 que hemos hecho para los años 2003-2004 y 2004-2005 nos lleva a concluir preliminarmente que en el periodo 2001-2002 a 2004-2005 a la UPR dejó de devengar $88,040,971, de los fondos provenientes de los juegos de azar, aún después de considerar los $40 millones que se le restituyeron los años 2002-2003 a 2004-2005. Al momento no tenemos estimados de lo que se ha dejado de devengar por concepto de la Ley que regula el Deporte Hípico. Antes de la Ley de Oportunidades Educativas el 2.6% de lo recaudado por ese concepto iba al Fondo Educacional, del que la UPR, como dijéramos anteriormente, recibía cerca del 50%. Con la Ley Núm. 170 de 11 de agosto de 2002 se deroga la Ley de Oportunidades Educativas y se dirige el mencionado 2.6% al Fondo General del ELA. Es decir, antes obteníamos cerca del 50% de lo que generaba ese fondo y ahora recibimos meramente el 9.6%. Hasta el momento no hemos escuchado de iniciativas legislativas para restituir ingresos a la UPR de los recaudado por virtud de la mencionada Ley 83 de 1987 (Deporte Hípico).

Según expresara el Presidente de la UPR, Lcdo. Antonio García Padilla, en su Memorial Explicativo del Presupuesto del 4 de junio de 2003, el gobierno de la Sra. Sila María Calderón había entendido la necesidad de restituir el apoyo estatal del que había sido privada la UPR por varias medidas legislativas, principalmente por la Ley 138 de 1999 conocida como la Ley de Oportunidades Educativas. La ex Gobernadora le expresa al Presidente de la Junta de Síndicos en el año 2002, lo que se entiende como una “declaración de política pública”: “Daremos así por terminado el tiempo en que a la Universidad se le regateaban sus fondos y dejaremos atrás los años de imposición de responsabilidades nuevas sin el respaldo financiero 23”.



Después de esa “declaración de política pública”, por medio de la Ley Núm. 170 de 11 de agosto de 2002, se deroga la Ley de Oportunidades Educativas (Ley Núm. 138 de 1999) y se redirigen los fondos que antes iban a ésta, no al Fondo Educacional (Ley Núm. 64 del 24 de junio de 1969)24, el que había sido eliminado por la Ley de Oportunidades Educativas, sino al Fondo General del ELA. Se mantiene la eliminación del Fondo Educacional, lo que tiene importantes consecuencias presupuestarias para la UPR, que todavía no han sido aquilatadas adecuadamente. En síntesis, tal parece que las medidas legislativas fueron por lo menos tímidas y no le ofrecieron el respaldo financiero necesario a la UPR.
Ahora se nos vuelve a hablar de que el gobierno por fin entendió la importancia de apoyar económicamente a la UPR. Según el Lcdo. Antonio García Padilla en su Informe de Presupuesto presentado a la Junta Universitaria en mayo de 2005, pág. 5 informa: ”Finalmente, incidiendo en el presupuesto del año fiscal 2005-2006 en adelante, el gobierno articuló una nueva política pública que tiene implicaciones importantes para el futuro de la Universidad. Esta incluye lo siguiente: Devolver a la Universidad, con fuerza de ley, los fondos con los que históricamente contaba para el financiamiento de sus trabajos y que habían sido sustraídos de la fórmula de financiación.” Siendo esta la “nueva política pública” le toca ahora a la administración de la UPR reclamar el que se le devuelva a la Universidad los fondos con los que históricamente contaba, algunos de los cuales han sido estimados más arriba en este Informe. Le toca además, hacer los estimados y los reclamos pertinentes para allegar a la UPR todos los fondos que debió haber recibido en las pasadas décadas. Dentro de este análisis sería necesario evaluar la conveniencia de aumentar la Fórmula. Sólo de esta manera podremos garantizar la salud fiscal que nuestra Institución necesita.
Deudas no reconocidas por servicios prestados:
La Universidad de Puerto Rico reiteradamente ha estado ofreciendo servicios a las agencias del gobierno central a sabiendas de que la recuperación o recobro de los pagos a los que se compromete la agencia solicitante es muy difícil de lograr. Sin embargo, continúa dando el ofrecimiento sin utilizar todos los recursos a su haber disponibles para recuperar la deuda o para lograr arreglos que la minimicen. De hecho, en ocasiones ha tirado a pérdida millones de dólares o negociado por una fracción de lo que es el monto de la deuda total, eso sin incluir los intereses. Ejemplo de esto último son las deudas reconocidas tanto con el Departamento de Salud como con el Departamento de Educación. La deuda de esta última agencia con la UPR se estima entre $7 y $12 millones actualmente, según la Directora Asociada de Finanzas de la UPR, Sra. Nazeerah Elmadah.
El Comité ha tratado infructuosamente de tener acceso a los acuerdos realizados para la negociación de tales deudas, ya sea mediante el envío de copias de la Resolución Conjunta 557 del año 2000 como de la Resolución Conjunta 5696, de un año posterior (negociación con Departamento de Salud), y otros documentos pertinentes. Esperamos contar con toda esa información a la brevedad posible para poder incorporarla en nuestro informe final a ser sometido antes del 1ro de diciembre del año en curso.
Del estudio de los Estados Financieros Auditados de la UPR se desprende que la administración universitaria no ha sido eficiente en sus mecanismos de recaudaciones y cobro de deudas. Según se desglosa en dichos informes, al final del año fiscal 2003-2004 el cincuenta y dos por ciento (52%) de los activos corrientes de la Universidad, que ascienden a $183,788,282, son cuentas por cobrar netas. La provisión de cuentas incobrables acumuladas para el mismo período es de $75,841,858 que representan el treinta por ciento (30%) del total de las cuentas por cobrar ($259,630,140). También se destaca el hecho de que tenemos $13,559,376 de deudas incobrables más que en el periodo auditado anterior25, pasando de los $62,282,484 en 2003 a los $75,841,858, como deuda acumulada que mencionáramos más arriba.
Incremento de las partidas principales de gasto por determinación extrauniversitaria:
Como resultado de los compromisos programáticos y políticos de los distintos gobernantes se aprobó la reestructuración interna de lo que se conocía como los Colegios Regionales para ofrecerles autonomía en el año 1998. Esta determinación implica que en vez de tener tres recintos y dos colegios universitarios a nivel de sistema universitario, en la práctica contamos ahora con once recintos que han duplicado y creado estructuras administrativas que absorben un gran por ciento de los ingresos de la UPR. Y no sólo esto, sino que se ampliaron las instalaciones universitarias, hubo un incremento en el número de estudiantes y se crearon nuevos bachilleratos en ocasiones duplicando los ya existentes. Sin embargo, cuando la Legislatura tomó esta determinación no equiparó a esta decisión la asignación por concepto de Ingresos de la Fórmula.
Ineficiencia Administrativa:
La administración universitaria continúa tomando decisiones que afectan la situación fiscal. Veamos algunos ejemplos:



  1. Creación de nuevas oficinas y divisiones en la estructura universitaria que conllevan una mayor erogación de fondos, tales como las Vicepresidencias a nivel de la Oficina del Presidente, la División de Tecnología Académica y Administrativa y el Decanato Auxiliar de Gestión y Obtención de Fondos Externos, ambos del Recinto de Río Piedras, entre otros.




  1. Pagos de salarios exorbitantes a funcionarios a nivel central, ejemplo de esto es el Director de la Editorial, quien devenga un salario de $120,000 anuales.




  1. Gastos operacionales desproporcionados, ejemplo de ello la residencia del Presidente ($92,108 anuales).




  1. Pago de asesores legales externos y sentencias en exceso a la cubierta de seguro. Ejemplo del pago de sentencias, año 2002-03 ascendente a $1,910,732 y para el 2004-05, $1,804,989. En términos de asesoría legal externa, para los mismos años, $1,270,000 anuales. Eso sin contar los asesores legales internos. Para el presupuesto del 2005-06 se proyecta para estos renglones lo siguiente: $1,270,000 y para Pago de Sentencias $3,500,100.




  1. Al momento de este informe, aunque tenemos conocimiento de la existencia de asesores y consultores externos, desconocemos la cuantía que se paga por sus servicios. Pero existen específicamente unos asesores para atender lo relativo a los sistemas de información donde se han separado aproximadamente $7 millones para el pago de los mismos.




  1. Adquisición de nuevos compromisos institucionales que sangran el presupuesto institucional tales como: Plaza Universitaria, el Hospital de la Universidad de Puerto Rico en Carolina, el CDT en Trujillo Alto y Canóvanas y el Centro Virtual en Arroyo, entre otros.




  1. El por ciento establecido para aumentar las tarifas de matrícula y costos relacionados se hizo solamente para cuadrar el presupuesto 2005-06 de la Institución, según expresiones hechas por el propio Director de Presupuesto a nivel central, Sr. Basilio Rivera.




  1. La administración universitaria no ha sido eficiente en sus mecanismos de recaudaciones y cobro de deudas según lo hemos indicado anteriormente.




  1. La centralización de los recursos universitarios ha permitido que algunos de los ingresos de la Institución se retengan a nivel de la Presidencia y la Junta de Síndicos privando a los Recintos de estos recaudos.




  1. El manejo inadecuado de los Fondos de Inversiones (Fondo Dotal) demuestra una reducción proyectada. Para el año 2004-05 se recibieron $1,800,000, pero para el 2005-06 se proyecta obtener $600,000. Esto implica una reducción de a $1,200,000 dólares.




  1. Las Empresas Universitarias también reflejan una reducción significativa en los ingresos para el año 2005-06. Para el 2004-05 éstas ingresaron $1,300,000, pero para el 2005-06 se proyecta solamente ingresos ascendentes a $500,000.

Por otra parte, en algunos documentos y de acuerdo a información presentada al Comité, se tiende a comparar los costos de las universidades privadas con los de la Universidad de Puerto Rico. Entendemos que este análisis comparativo no procede ya que la función de la Universidad es una pública y no una privada, a pesar de que algunos funcionarios quisieran administrarla como privada. También el utilizar solamente las comparaciones sobre las tasas de crecimiento de costos por servicio que provee la Universidad versus el aumento en los ingresos nuevos, no nos brinda una base adecuada para justificar un alza en la matrícula. Al ser la UPR una pública este tipo de análisis debe conjugarse con el aumento de las fuentes de ingresos que realmente responden por los servicios que provee la Universidad, es decir, las aportaciones del Estado.


Otro dato que nos ha llamado la atención es la determinación de establecer una Cuota de Tecnologías. Para diciembre del 2000, bajo la presidencia del entonces Presidente de la UPR, Dr. Norman Maldonado, se refirió al Comité de Asuntos Estudiantiles de la Junta Universitaria la petición de establecer una Cuota de Tecnologías. No es hasta el 2002 que el Comité antes mencionado rinde un informe donde no recomienda la misma. Ante dicha recomendación la Junta Universitaria la adopta como suya. Sin embargo, en el 2005 la administración, sin previa consulta a la Junta ni a la comunidad universitaria, impone la Cuota de Tecnologías como parte del cuadre de caja. No existe garantía de que la Cuota antes mencionada se utilice para mejoras tecnológicas en las Facultades y/o Recintos. Igualmente nos llama la atención el gasto proyectado por concepto del Estímulo de la Gestión de Fondos Externos el cual asciende a $10,251,77826. De acuerdo a información ofrecida por el Director de la Oficina de Presupuesto a nivel central, son fondos discrecionales que los distribuye la Presidencia de acuerdo a su criterio y a las peticiones que reciba.
Cabe señalar, que como parte de los acuerdos suscritos entre la administración y los sectores universitarios se estableció que:
“… para el primer semestre del año académico 2005-2006, se reconoce el derecho de cada estudiante a solicitar una prórroga especial en el pago del aumento y de cualquier nueva tarifa”. (Énfasis suplido)
Con el propósito de implantar el mismo el CEFI recomendó a la administración universitaria a través del enlace con la Presidencia de la UPR, el Dr. Saúl J. Pratts, Decano de Administración del Recinto de Río Piedras, que se instruyera al personal correspondiente de atender estos aspectos para que establezcan los mecanismos administrativos con el fin implantar la prórroga especial.
Se sugirió que, “como alternativa para la prórroga especial se cree un campo en la o las pantallas correspondientes donde si el estudiante solicita acogerse a este mecanismo se registre su petición e intención. Una vez identificado el estudiante, todas las oficinas que intervienen en el proceso de matrícula tomarán conocimiento de la petición de éste y sólo se le cobrará de acuerdo a las tarifas del año 2004-2005 relativas a la matrícula y cargos por conceptos relacionados. Este estudiante, entonces, aparecerá como deudor y deberá pagar el total de la deuda por concepto del aumento en diciembre de 2005, si es que la recomendación del Comité es mantener el alza en la matrícula y en los otros costos de estudio”.
Se solicitó que a la mayor brevedad se nos informara en cuanto a las acciones tomadas y las instrucciones impartidas al personal -a nivel de sistema- que labora con los procesos de matrícula sobre el mecanismo implantado para operacionalizar la prórroga especial. Sin embargo, a esta fecha no hemos recibido comunicación oficial alguna a ese respecto.
VIII. Conclusiones Preliminares:
Quisiéramos comenzar por señalar que cualquier aumento de matrícula y cuotas en una universidad pública es una decisión de política institucional demasiado importante como para ser tomada a la ligera, sin los análisis correspondientes y sin el concurso de la comunidad universitaria. Dicha decisión no puede tomarse con el fin primordial de “cuadrar la caja” del presupuesto del año fiscal próximo. Lo que corresponde aportar a los estudiantes para cubrir los costos de la educación universitaria es un asunto de extraordinaria importancia y viene discutiéndose extensamente en casi todos los países del mundo en las pasadas décadas. Se han escrito decenas de libros y cientos de artículos sobre este particular27.
Luego de un análisis de alguno de los documentos que han sido entregados al Comité podemos concluir lo siguiente:


  1. Como parte de lo solicitado por este Comité la administración no ha presentado estudio, análisis o auditoría exhaustiva que justifique la necesidad del alza en las matrículas. La única justificación presentada fue el cuadre del presupuesto del año 2005-06.




  1. El déficit de $23.8 millones que se utilizó como pretexto para el alza en los costos de matrícula y cargos relacionados es uno proyectado y no real según el presupuesto para el próximo año.




  1. La administración universitaria no ha presentado ninguna investigación sobre los efectos del aumento en la matrícula en los estudiantes y las familias de escasos recursos ni en la clase trabajadora. Por otro lado, tampoco se ha realizado un estudio sobre el efecto del alza en la demanda por estudios en la UPR (“Student Price Response Coefficient”, entre otros).




  1. Los administradores no reconocen la capacidad y fuerza que la comunidad universitaria genera en defensa de su patrimonio y de los recursos que por ley y derecho le corresponden. La ausencia de dicho reconocimiento ha impedido el recobro y mantenimiento de las fuentes de ingresos Institucionales.




  1. Un estimado de cuentas incobrables de un 30% es considerablemente alto dando la impresión que la Universidad no esta siendo agresiva en el cobro de sus cuentas ni eficiente en la evaluación de la capacidad económica de sus futuros deudores.




  1. La Universidad ha sido incapaz de recobrar completamente las deudas del Departamento de Salud y otras agencias.




  1. La excesiva centralización de los recursos universitarios dificulta que cualquier aumento en los recaudos se reciba en las facultades, departamentos y programas en los momentos en que éstos lo requieren.


IX. Recomendaciones Preliminares:
Luego evaluar los limitados documentos suplidos por la Presidencia, este Comité somete las siguientes recomendaciones para mejorar las finanzas institucionales, entre otros aspectos, tomando en consideración que están basadas en un análisis preliminar realizado en el breve período en que asumimos esta encomienda:


  1. Mantener la función pública de la Universidad del Pueblo de Puerto Rico de optimizar los servicios. Las medidas neoliberales de mercado con relación a la educación no pueden implantarse sin tomar en cuenta la responsabilidad social de la institución con el pueblo requiriendo de la administración universitaria decisiones de avanzada conservando los mejores elementos de la tradición y la cultura puertorriqueña.




  1. Reiterar el establecimiento de una Prórroga Especial para atender lo relativo al alza en la matrícula y costos relacionados, conforme al acuerdo suscrito entre la administración y la comunidad universitaria el 30 de abril del 2005. En reunión celebrada con el Director de Presupuesto y la Directora Asociada de Finanzas el Comité recomendó que para facilitar el procedimiento administrativo la Prórroga Especial debería ser automática, excepto para aquellos que no interesen acogerse a la misma.




  1. Iniciar de inmediato las gestiones para el recobro de las deudas, tales como, la del Departamento de Salud y el Departamento de Educación.




  1. Gestionar el reembolso de $1,554,716.31 de pagos indebidos a funcionarios relacionados con el proyecto Plaza Universitaria28.




  1. Gestionar los dineros dejados de devengar por concepto de: Juegos de Azar, $88,040,971; Arbitrio Reductor de Petróleo, $104,000,000.




  1. Se revise el uso del Fondo Dotal para obtener mayores ingresos.




  1. Evaluar la posible aplicación de un recorte de hasta un 33% del presupuesto en las siguientes áreas: Residencia del Presidente, asesoría legal externa, teléfonos celulares, ayudantes especiales, consultores y asesores, Proyecto de Actualización de Tecnologías (PATSI), entre otras que no impacten los aspectos más importantes de la gestión académica.




  1. Desarrollar mecanismos eficientes para el cobro por los servicios prestados a las distintas entidades que contrata la UPR de manera que la Institución no subvencione estos servicios.




  1. Transferir a las unidades el 100% del Estímulo de la Gestión de Fondos Externos.




  1. Realizar una evaluación sobre el impacto que han tenido las leyes que han afectado las finanzas de la UPR, según sea el caso, e implantar las recomendaciones para garantizar la salud fiscal de la Institución.




  1. Aumentar y mejorar los mecanismos fiscalizadores internos para garantizar el uso adecuado de los fondos institucionales.




  1. La Universidad deberá gestionar y ser activa en lograr que toda labor que pueda ser realizada por la Institución como parte del adiestramiento práctico de estudiantes graduados y subgraduados, supervisados por personal docente, sea realizada por éstos y no por entidades privadas. Crear un mecanismo para que la Universidad identifique las destrezas y capacidades de sus recursos humanos y los utilice para su propio beneficio.




  1. Tomar las acciones correctivas que se requieran para atemperar los sueldos de los empleados de confianza, asesores y consultores a la situación fiscal de la Universidad de Puerto Rico. Por ejemplo, se debe investigar el nombramiento del Director de la Editorial.




  1. Los asesores legales que utiliza la Universidad serán aquellos que trabajan para la Institución. Los servicios legales externos sólo deberán utilizarse en situaciones de conflicto de interés o situaciones extraordinarias.




  1. Realizar un estudio socio-económico a nivel de sistema para evaluar el perfil del estudiantado y el impacto que podrían tener en éste las diversas decisiones futuras afecten las finanzas universitarias. Proveer más ayudas de becas suplementarias a las federales y más ayudas económicas a los estudiantes, particularmente a los graduados.




  1. Reevaluar los horarios de clases y la oferta académica con el propósito de optimizar la utilización de los recursos físicos y la demanda de cursos por parte de los estudiantes. Esto a tenor con la realidad de que muchos estudiantes actualmente ejercen la función dual de trabajador y estudiante.




  1. Toda certificación que emita la Junta de Síndicos sobre cualquier asunto deben ser claras en su redacción y contenido. Como ejemplo, la Certificación #70 de la Junta de Síndicos no especificó realmente los costos relacionados a las tarifas de matrículas. Prácticamente se limitó a establecer un por ciento sin arrojar luz a los estudiantes sobre lo que costarían realmente los estudios universitarios.




  1. Cuando se perciba la necesidad de allegar fondos adicionales a la Institución, deberá llevarse a cabo una evaluación donde representantes de todos los sectores universitarios participen junto a la administración universitaria. El Presidente y la Junta de Síndicos deberá desarrollar los mecanismos para la más amplia participación de los sectores que componen la comunidad universitaria en los asuntos fundamentales de la Universidad, como lo es la situación financiera de la misma.




  1. Realizar un estudio en los próximos seis meses sobre la gestión y administración de las Empresas Universitarias con el fin de hacer más efectiva su funcionamiento fiscal.

En resumen, las recomendaciones antes mencionadas proveen alternativas viables para incrementar los recaudos, lograr economías en los gastos y hacer un uso más efectivo del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico. Este Comité entiende que al implantar las mismas se hace innecesario un aumento en los costos de matrícula para cuadrar el presupuesto proyectado para el año fiscal 2005-06.


X. Reflexión Final:
Nos parece sumamente importante el que se haya creado este espacio, producto de los acuerdos del 30 de abril, para que los diferentes sectores de la comunidad universitaria evalúen y hagan recomendaciones sobre las finanzas institucionales de la UPR. Esta participación, sin duda, fortalece a nuestra Institución y sienta las bases para reconstruir la confianza y el compromiso entre todos los integrantes de nuestra comunidad, así como entre éstos y el país en su conjunto. Considerando lo anterior, estimamos que es de vital importancia que el proceso de consideración e implantación de las recomendaciones cuente en todo momento con una comunicación recíproca entre el Comité que hace las recomendaciones y el Presidente de la Universidad, quién las considerará y sugerirá su implantación a la Junta de Síndicos. Eso precisamente es lo que quedó plasmado en el acuerdo firmado el 30 de abril de 2005.
Estamos seguros de que cualquier gestión que promueva la transparencia y la rendición de cuentas a nuestro País va a ser aplaudida por todos. Esto, a su vez, permitirá que el pueblo de Puerto Rico y sus representantes, tanto al nivel legislativo como al nivel ejecutivo, entiendan la necesidad y conveniencia de proveer el respaldo financiero que nuestra Institución necesita.
Las recomendaciones preliminares que hemos presentado, con todas las limitaciones que hemos señalado, son el producto del esfuerzo conjunto de los diversos sectores de la comunidad universitaria. Ese hecho de por sí es un gran logro para los universitarios y no debe subestimarse su importancia para el futuro de la UPR. En el proceso hemos puesto no sólo nuestro conocimiento y capacidades intelectuales, sino también toda la pasión y el amor que sentimos por nuestra querida Alma Máter. Es dentro de este compromiso que esperamos contar con toda la documentación solicitada, y que en el futuro solicitemos, y con la información completa y fidedigna de los funcionarios de la Universidad en lo relativo a las finanzas institucionales para poder cumplir a cabalidad y con el rigor que requiere la encomienda asignada al Comité.
Estamos seguros de que nuestras recomendaciones serán recibidas y adoptadas con el mismo compromiso y amor por la Institución con el que son ofrecidas. Al así hacerlo se engrandecerá y fortalecerá la Institución más importante para el futuro de nuestro país, la Universidad de Puerto Rico.
Finalmente, entendemos que las decisiones tomadas tanto por la Junta de Síndicos como por el Presidente de la Universidad de Puerto Rico que conllevó la aprobación de la Certificación Núm. 70, de la Junta de Síndicos, Año 2004-05 y que provocó la paralización del sistema universitario en distintas instancias no puede volver a ocurrir. Cualquier determinación que impacte o afecte a uno o todos los sectores universitarios deberá ser auscultada, dialogada, discutida y compartida la decisión con la comunidad universitaria.



1 Ley 1, del 20 de enero de 1966, Ley de la Universidad de Puerto Rico.

2 Esto incluye aumento en el costo de los laboratorios, graduación, traslados, readmisión, transferencias, transcripciones de créditos, duplicados de documentos, matrícula tardía, cambio de facultad, curso de oyente, entre otros.

3 Ver Anejo I.

4 Scott Barbés Caminero, Hugo Delgado Martí, Eva Prados Rodríguez, Alvin Couto de Jesús, Jorge Farinacci Fernós, Ernesto Chévere Hernández y Chamira Santiago

5 Iván Antonio Rivera Reyes

6 Ángel Santos Rosa, Presidente HEEND

7 Dr. Carlos Rodríguez Fraticelli, Presidente APPU

8 Dr. Waldemiro Vélez Cardona, Dr. Rubén Ríos Ávila y el Lcdo. Guillermo Figueroa Prieto

9 El CUD asistió a cinco reuniones.

10 Asistió a la reunión del 6 de junio del 2005

11 Se integra a los trabajos el 20 de junio de 2005

12 Asistió a dos reuniones.

13 Se integra a los trabajos el 31 de mayo de 2005

14 Ibid

15 Ver Anejo II

16 Ver Anejo III

17 Ver Anejo IV

18 Ibid

19 Ibid

20Esa Ley aclara la base, o lo que se debe incluir en el cálculo de la fórmula, para determinar los ingresos que le corresponden a la UPR. Citamos de la Ley lo que se debe incluir en el cálculo mencionado: el promedio del monto total de las rentas anuales obtenidas de acuerdo a las disposiciones de las Leyes del Estado Libre Asociado e ingresadas al Fondo General del Tesoro Estatal en los dos (2) años económicos inmediatamente anteriores del año económico corriente y de lo ingresado en cualesquiera fondos especiales creados mediante legislación a partir del 1 de julio de 1993, que se nutran de recursos generados por imposiciones contributivas. (Las negritas fueron añadidas por nosotros)



21 Recordemos que en 1992 se estipularon tres pagos retroactivos por este concepto de $14.0, $16.0 y $16.0 millones a partir del año fiscal 1994, para pagar los ingresos dejados de recibir por la UPR desde que el Arbitrio Reductor del Petróleo Crudo vino a ser parte del Fondo General del ELA. (Véase el Memorial Explicativo del Presidente de la UPR en el 2002, p.15).

22 Hemos supuesto un 6% de crecimiento en los ingresos provenientes de los Juegos de Azar. Nos parece recordar que el Director de Presupuesto, el Sr. Basilio Rivera mencionó que estos crecían a un promedio de entre 6 y 8 por ciento al año.


23 Carta de la Sra. Sila Calderón al Lcdo. Salvador Antonetti, Presidente de la Junta de Síndicos el 24 de mayo de 2002, citada en el Memorial Explicativo del Presupuesto del Lcdo. Antonio García Padilla el 4 de junio de 2003.

24 El 50% de los dineros que se destinaban al Fondo Educacional iban a la UPR.

25 El monto total de las cuentas por cobrar de la UPR para el año fiscal 2003-2004 asciende $259,630,140 millones. Véase, University of Puerto Rico. Audited Financial Statements 2002-2003; 2003-2004. Ernest & Young, pág. 28.

26 Presupuesto presentado ante la Junta Universitaria, Año Fiscal 2005-06.

27 Ver las referencias que aparecen en Vélez Cardona, W. (2002). El Financiamiento de la Educación Superior en Puerto Rico, Ediciones Educación Superior, San Juan, Puerto Rico.

28 Informe OAI 2003-08, Auditoría del Proyecto Plaza Universitaria,, Junta de Síndicos, UPR, Oficina Auditoría Interna



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