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Comisiones de la Verdad y el Estado, un trabajo conjunto a favor de las víctimas Resumen


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Comisiones de la Verdad y el Estado, un trabajo conjunto a favor de las víctimas

Resumen: América Latina vivió desde la época de los 80 uno de los periodos más violentos de su historia. Entre las dictaduras militares del cono sur y conflictos armados en el norte de Sudamérica y Centroamérica, los pobladores de estos países quedaron en el medio de enfrentamientos y fuertes represiones estatales que dejaron como resultado cientos y miles de desaparecidos y muertos y otra suma similar de víctimas de violaciones de derechos humanos. La Justicia Transicional es un término reciente del que se empezó hablar en la Argentina, después de finalizada la dictadura militar, con la creación de la primera Comisión de la Verdad, modelo que fue copiado por varios países latinoamericanos. Este artículo pretende analizar cómo estas Comisiones de la Verdad han buscado esclarecer los hechos ocurridos durante el periodo de violación sistemática de derechos humanos y han sido una guía en el proceso de reparación a las víctimas.
Palabras Claves: Justicia Transicional, Comisión de la Verdad, América Latina, Derechos Humanos.

I Introducción
Después de un periodo largo de conflicto o de un tiempo prolongado de violación sistemática de derechos humanos, las victimas y la sociedad civil quedan con una necesidad imperiosa de saber lo qué pasó, por qué, cómo y quiénes fueron los afectados y perpetradores. Durante el tiempo en conflicto, la verdad es tergiversada por los actores estatales como una forma de respaldar las acciones de su gobierno o para no mostrar la realidad a la opinión pública. Como resultado, hay un vacio histórico que si no se llena, deja al Estado sin raíces, con un agujero negro en su formación, que por más reformas que se hagan, no lograrán subsanar tan fácilmente. Por eso, en el proceso de transición hacia la paz es necesario crear una comisión que se encargue de investigar todo lo que sucedió durante este periodo de tiempo y revelarlo a la ciudadanía y así, no sólo tapar ese vacío de la historia, sino dejar un legado de las atrocidades que se cometieron y que no pueden volver a repetirse en el futuro.
El presente trabajo tiene como finalidad explicar la importancia de las Comisiones de la Verdad en el proceso de la Justicia Transicional como medio de expresión libre de impunidad y corrupción de las víctimas y cómo su informe final se vuelve un documento vital para iniciar las reparaciones necesarias con el fin de garantizar un periodo de estabilidad democrática. Además estudiaremos la relación entre el Estado, las Comisiones de la Verdad y las reparaciones y cómo nuestro foco de estudio ayuda al desarrollo de las reparaciones estatales.

II Definiendo a las Comisiones de la Verdad
En muchos países, por no decir que todos, el conflicto y las violaciones sistemáticas de los derechos humanos se dieron en puntos focalizados, en zonas rurales, municipios específicos, en algunos activistas, partidos políticos, sectores de la sociedad civil, tan alejados los unos de los otros, como es el caso peruano, que la ciudadanía no conocía los hechos. Además, durante este periodo de tiempo todo este accionar fue camuflado por el gobierno, los medios de comunicación fueron coartados, no se les permitió transmitir este tipo de información o fueron manipulados para publicar las noticias que le eran favorables. Además hubo una ley del silencio que nadie se atrevió a quebrantar ya que las personas que hablaron o denunciaron fueron torturadas, violadas o desaparecidas, así que entre la sociedad se creó en forma tácita una ley en la que nadie hablaba del tema y se prefirió ignorar lo sucedido. Después que se acaba el periodo, en mucho de los casos en donde hubo una violación sistemática de Derechos Humanos, se empezó a conocer lo que realmente sucedió, la sociedad se enteró de la dimensión de los hechos que le fueron ocultados por mucho tiempo y que en su mente nunca se imaginaron que pudiera ser realidad.
Ruti G. Teitel en su libro “Transitional Justice Genealogy” define a las Comisiones de la Verdad como “un organismo oficial, habitualmente creado por un gobierno nacional para investigar, documentar y divulgar públicamente abusos a los derechos humanos en un país durante un período de tiempo específico”1. El organismo, implementado por primera vez en la historia en la Argentina después de la última dictadura militar, es preferido, según el autor, en “donde el régimen predecesor hizo desaparecer personas u ocultó información sobre su política persecutoria, como fue el caso típico en Latinoamérica”2.
El mecanismo, que hace parte de los cuatro instrumentos de la Justicia Transicional – reformas institucionales, judicialización, reparaciones y, en especial, la verdad-, para Pablo De Greiff sirve para conocer qué pasó durante ese tiempo de violencia sistémica, además de crear un registro histórico del pasado. Los informes elaborados por estas comisiones, indica Capellà i Roig, “ayudan a establecer o aclarar la verdad sobre actos del pasado, promueven la responsabilidad de los autores de violaciones, proporcionan una plataforma pública a las víctimas, catalizan el debate público y, en la mayoría de los casos, recomiendan reparaciones para las víctimas y reformas institucionales y legales necesarias”3.
Generalmente, las Comisiones son creadas por el estado en donde hubo la confrontación o la violación sistemática de los derechos del hombre, sin embargo, como veremos más adelante, pueden ser creadas por otros organismos no estatales. Los integrantes, que son elegidos para desempeñar las funciones de recolección de testimonios de las víctimas, familiares y testigos, procesarlos y hacer un registro documental de lo ocurrido, tienden a representar a diferentes sectores de la sociedad civil sin ninguna alienación política, como médicos, filósofos, sicólogos, periodistas, miembros de ONG y escritores, tal es el caso de la participación de Ernesto Sábato en la CONADEP, la Comisión de la Verdad implementada en la Argentina, que debido a su no intervención política pueden trabajar de forma autónoma y dar un informe final sin inclinaciones partidistas, ni beneficiando algún sector estatal.
Las Comisiones de la Verdad en los procesos transicionales juegan un papel clave, no solo pueden hacer recomendaciones en reparaciones para las víctimas y sus familiares, también es un espacio de terapia para los afectados por la violencia actuando como catalizadores, en esto, vale la pena remarcar la lista que realizó Carlos Martín Beristaín, en su ensayo “Las comisiones de verdad en América Latina. Una valoración de su impacto”: para él, las Comisiones de la Verdad se encargan de establecer la verdad sobre el pasado, además es una plataforma pública para las víctimas, concentrar el debate público sobre el pasado, promueven que los perpetradores de las violaciones asuman la responsabilidad, además cambian las narrativas sobre lo sucedido4.
Enfocados en el pasado con el fin de mejorar la situación de las víctimas del presente, las comisiones tienden a reconstruir los hechos, a través de entrevistas y testimonios voluntarios, contrastar las declaraciones y reconstruir los hechos, además, alguno de estos organismos, en sus conclusiones finales dan una serie de recomendaciones al estado de cómo es la mejor forma de reparar a las víctimas y qué se debe hacer para garantizar la estabilidad del sistema por un tiempo prolongado. No obstante, no todas las Comisiones tienen estas funciones, algunas son formadas sólo para reconstruir los hechos y narrar qué pasó, tales son los casos de las Comisión de la Verdad Oficial de la Argentina y las No Oficiales como la de Brasil y Uruguay5.
Estos organismos son creados por un periodo de tiempo determinado, establecido por el Estado o por la entidad que lo cree, generalmente su duración va de 9 meses a un año, pero puede ser extendida por más tiempo a petición del Estado u organismos internacionales.
III Las Comisiones de la Verdad y los tratados internacionales
A pesar de no tener un documento oficial específico, la verdad ha sido incluida en textos de índole internacional como protocolos, tratados, convenios, entre otros, como una forma de reivindicar la dignidad humana y como un derecho para saber lo ocurrido, poder recordar y con ello garantizar no solo la memoria, también la no repetición de los hechos. Un ejemplo de un documento que habla sobre la importancia de la verdad como derecho fundamental de las víctimas es la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. El tratado adoptado el 9 de junio de 1999 y que entró en vigor el 28 de marzo de 1996 establece en su principio tercero el deber de recordar lo ocurrido, entre el párrafo vale la pena destacar:
“El conocimiento por un pueblo de la historia de su opresión forma parte de su patrimonio y, por ello, se debe conservar adoptando medidas adecuadas en aras del deber de recordar que incumbe al Estado para preservar los archivos y otras pruebas relativas a violaciones de los derechos humanos y el derecho humanitario y para facilitar el conocimiento de tales violaciones. Estas medidas deben estar encaminadas a preservar del olvido la memoria colectiva y, en particular, evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas”.6
Un punto que vale la pena remarcar en este fragmento es la responsabilidad que se le asigna al estado como único responsable de esclarecer los hechos, preservar toda la información que pueda contener violaciones de derechos humanos, revelar la verdad, hacerla pública y evitar que caiga en el olvido. En el caso peruano, el estado no inició directamente el enfrentamiento armado, el conflicto, como tal, inició por iniciativa del Partido Comunista Sendero Luminoso, PCP - SL, sin embargo, una causa estructural de la problemática fue las profundas desigualdades sociales que fueron ocasionadas por el mal manejo estatal. A pesar de ello, el estado decidió esclarecer los hechos, una vez acabado el conflicto y es así que estableció la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, una vez que sale de la presidencia Alberto Fujimori y Valentín Paniagua asume las labores gobernativas.
En el artículo tercero de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas se habla del derecho de las víctimas a saber las circunstancias en las que sucedieron los hechos, conocer por qué pasó y, en caso de desapariciones, conocer qué pasó con la víctima y reconstruir los últimos momentos de vida de la persona. Finalmente, en el Principio 19, el documento de la Organización de los Estados Americanos, OEA, le asigna la obligación al estado de realizar investigaciones, como las que están dentro de las funciones de las Comisiones de la Verdad, “rápidas, minuciosas, independientes e imparciales de las violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y adoptarán las medidas apropiadas respecto de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia penal, para que sean procesados, juzgados y condenados debidamente”7.
Con la creación de una Comisión de la Verdad un estado cumple estos 3 principios: investigar los hechos, recordándolos y siendo un documento base que puede servir como prueba para juicios contra los perpetradores.
Enfocado en este contexto, las Comisiones de la Verdad, no sólo se fundamentan en la legislación nacional, también se cimentan en los tratados y entidades internacionales que buscan preservar los Derechos Humanos como el Derecho Internacional Humanitario, la Corte Penal Internacional, el Estatuto de Roma y los Convenios de Ginebra, ya que la violación de los derechos del hombre hacen parte de los delitos de lesa humanidad que no solo deben ser contemplados y penalizados en las cortes nacionales, también son uno de los temas de los organismos internacionales, y más cuando el estado agresor o en el que se cometieron los hechos carece de la estructura institucional para preservar los derechos del hombre.
La Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú en el capítulo 4 de su documento final da el marco jurídico internacional en el cual se basó para estructurar el organismo y en el que fundamentó sus herramientas necesarias para su investigación y presentación de los hechos estos fueron la Corte Penal Internacional, los Convenios de Ginebra y el Estatuto de Roma. Con la Corte Penal Internacional, el organismo delimitó las definiciones de los términos con los que definió a los actores, acciones y violaciones. Con el Convenio de Ginebra, en especial en el Artículo 3 que habla de los conflictos armados nacionales, delimitó su marco normativo, con el Protocolo II del citado convenio estableció los derechos fundamentales de la persona humana no derogables, incluso, durante los conflictos armados; y en el Estatuto de Roma, estableció su carácter judicial, ya que a pesar de ser un organismo no judicial, se planteó como objetivo proporcionarle a las autoridades locales el marco jurídico nacional e internacional por el cual se podría procesar a los victimarios.
“La Comisión de la Verdad y Reconciliación considera imprescindible, para la calificación de ciertos actos como crímenes y violaciones a los derechos humanos, la aplicación concurrente del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario. En efecto, los hechos examinados —decenas de miles de personas muertas en un contexto de violencia armada y varios otros miles de heridos o mutilados— no pueden explicarse sino por la existencia de un conflicto armado interno regido sin duda alguna por el artículo 3 común precitado…La CVR en consecuencia, no siendo un órgano que debe resolver una tal cuestión, ha considerado que el artículo 3 común a los Convenios de Ginebra constituye el marco normativo adecuado para la determinación del núcleo inderogable de derechos vigentes durante un conflicto armado interno. Ello no será en modo alguno obstáculo para aplicar las disposiciones del Protocolo II, en lo que resulte compatible y pertinente”.8
Cuando hay una violación sistemática de derechos humanos o un conflicto interno, el estado carece de una estructura institucional que protege a los derechos fundamentales del hombre, con la creación de la Comisión de la Verdad, es necesario que el organismo busque un marco jurídico que le permita delimitar los derechos de las víctimas y la judicialización de los victimarios, si la ley nacional no proporciona esas herramientas, la Comisión puede recurrir a los tratados internacionales para que su informe final logre una recopilación completa de los hechos y proporcione herramientas jurídicas eficaces para la judicialización.

IV. El Estado y la Comisión de la Verdad, entre amores y desamores

Después de definir qué es una Comisión de la Verdad de analizar su conexión con las víctimas y la legislación internacional, es importante plantearse ¿Cuál debe ser el apoyo del Estado a la Comisión?, ¿Debe hacer parte de ella?, ¿Debe financiarla?


El derecho a la verdad, dice Margalida Capellà i Roig, “se configura como derecho individual pero también como un derecho de cada pueblo a conocer la verdad sobre su pasado, comportando a la vez el deber de recordar porque se entiende que la historia de la opresión forma parte del patrimonio de un pueblo. En consecuencia, los Estados tienen la obligación de preservar archivos y pruebas que preserven del olvido la memoria colectiva. El reconocimiento de este derecho tiene como objetivo evitar que surjan tesis revisionistas y negacionistas, asegurar el derecho de las víctimas y de sus familias a conocer las circunstancias en que se cometieron las violaciones de derechos humanos de que fueron objeto y, asimismo, la obligación del Estado de hacer efectivo el derecho a saber con procesos no judiciales que complementen la función del poder judicial, como por ejemplo con el establecimiento de comisiones de la verdad”9.
A pesar de que es importante que el estado establezca una Comisión de la Verdad y cree el mecanismo de su financiación, es necesario que se mantenga al margen de sus investigaciones y no incida en su libre ejecución, ya que al ser una entidad que estudia todas las partes del conflicto, muchas veces desde el estado se cometen delitos de lesa humanidad que deben ser expuestos al público y que deben ser reparados, lo cual puede ser ignorado y negado por el Estado, tal es el caso de Guatemala, en donde el gobierno se negó a reconocer su participación en la violación sistemática de los derechos humanos, dificultando el éxito de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad implantada en ese país.
Además esa relación de amor y desamor, apoyo y rechazo del estado con la Comisión de la Verdad se ve reflejado en las reparaciones a las víctimas y familiares de la violación sistemática de derechos humanos.
En alguno de los casos en donde se ha presentado fallas en las reparaciones post conflicto, el Estado no ha aplicado las propuestas planteadas en el texto final de la Comisión de la Verdad establecida, restándole legitimidad al proceso de Justicia Transicional e invalidando los meses de investigación que realizó el grupo que integraba la Comisión, lo cual incidió en la violencia que se presenta en varios países después del periodo de conflicto, tal es el caso de Guatemala, que debido a la falta de voluntad de sectores privados, industriales y estatales no se han aplicado de manera eficiente las recomendaciones de la Comisión Del Esclarecimiento Histórico, es más, el día en que el texto final fue entregado, el presidente de turno se negó a subir al escenario a recibirlo, lo cual le restó legitimidad al texto que buscaba recapitular los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno.
Helen Mack en su ensayo titulado: "Justicia transicional en Guatemala: la confrontación política y la crisis de gobernabilidad diluyen las opciones para examinar el pasado", comenta: “En Guatemala, la justicia transicional y la democracia no tienen vínculos entre sí. Son procesos que se gestaron en forma separada, en décadas diferentes, e infortunadamente la sociedad guatemalteca no los ha visto como esfuerzos complementarios”.10
Sobre la falta de avances en el proceso de Justicia Transicional acota: “Mi análisis sobre los efectos políticos, legales y culturales de la justicia transicional en el proceso de democratización en Guatemala, va en la línea de afirmar que no ha habido impacto, precisamente porque muy pocos establecemos una conexión entre ambos procesos. Los procesos de democratización y de la justicia transicional se gestaron en forma separada, en décadas diferentes, e infortunadamente la sociedad guatemalteca no ha logrado convertirlos en procesos complementarios. Y lo que es más complejo: el proceso de democratización está crujiendo bajo la presión de la crisis de gobernabilidad y las nuevas amenazas que han surgido en el postconflicto, como la delincuencia organizada y la narcoactividad y su influjo en las estructuras del Estado. Mientras tanto, los componentes de verdad, justicia y reparación, entre otros, no han logrado ni siquiera un desarrollo mínimo”.11
La autora resalta la falta de interés por parte del estado en el texto final de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico haciendo poco caso a sus recomendaciones: “Con un mandato bastante limitado por el Gobierno y las fuerzas insurgentes, la Comisión para el Esclarecimiento Histórico - CEH presentó, en 1999, el Informe ‘Guatemala Memoria del Silencio’. Éste incluyó una serie de recomendaciones que aún hoy siguen siendo incumplidas. Pese a la importancia del documento que recoge tanto como puede la historia reciente del país, en lo personal siento que hizo falta darle la Comisión facultades adicionales a la mera recopilación y análisis histórico. Sobre todo, hizo falta voluntad política para establecer mecanismos que abrieran las compuertas a un establecimiento judicial de responsabilidades y sanciones penales por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante los años de enfrentamiento armado, dictadura militar y política contrainsurgente”12.
Sin embargo, es interesante estudiar otros países en América en donde a pesar que las Comisiones de la Verdad entregaron un informe final, sus recomendaciones no fueron acatadas. En algunos países como Brasil y Uruguay los gobiernos decidieron ignorar el pasado quedando con una deuda histórica pendiente y El Salvador, en donde la falta de un proceso de reparación eficiente ha complicado los problemas sociales del país centroamericano.
“De la locura a la esperanza”, fue el nombre del informe final realizado por la Comisión de la Verdad en El Salvador y presentado el 15 de marzo de 1993. La entidad, integrada por expertos internacionales y dirigida por el entonces presidente colombiano Belisario Betancur, Reinaldo Figueredo Planchart y Thomas Buergenthal, tenía la tarea de: “Recomendar las disposiciones de orden legal, político o administrativo que pudiesen derivarse de los resultados de la investigación incluir medidas destinadas a prevenir la repetición de tales hechos, así como iniciativas orientadas hacia la reconciliación nacional. Tanto el gobierno salvadoreño como el FMLN se comprometieron a cooperar para el acceso a las fuentes de información a su alcance y cumplir con las recomendaciones de la Comisión”.13
Para Benjamín Cuéllar Martínez, “A la hora del balance general, cabe afirmar que el valioso aporte de la Comisión de la Verdad se ha visto opacado en parte por dos razones. La primera: omitir datos y valoraciones sobre la violencia contra las mujeres, la cual tiene características propias e incuestionables en el marco de un conflicto político y armado. En la práctica, estos hechos fueron invisibles a los ojos de la Comisión de la Verdad, que se limitó a brindar sólo el número de víctimas femeninas en el conflicto. Además de la anterior, existe una segunda crítica a la labor de la Comisión de la Verdad: no haber administrado en forma debida su ‘posición de fuerza’ derivada del mandato que le dio origen y del compromiso de las Partes arriba señalado. Una postura más firme quizás habría contribuido a garantizar el posterior acatamiento serio y cabal de sus recomendaciones. Pero no ocurrió como debía ser, tal vez porque no contó con el respaldo suficiente de la ONU en momentos claves, como cuando se dio la inevitable negociación política de ‘alto nivel’, antes de la publicación del informe mencionado”.14
Por su parte, Brasil vivió durante dos décadas un régimen militar en el que un número indeterminado de personas fueron víctimas de torturas sistemáticas y otros crímenes de lesa humanidad. En 2001, una vez acabado el periodo de tensión y debido a la falta de una Comisión de la Verdad Oficial, la ONG brasileña Tortura Nunca Mais presentó ante el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura el informe “Brasil Nunca Mais” en el que se recopilaba 23 casos de presunta tortura realizada por el ejército brasileño15. Según, Louis Bickford, “El gobierno del Brasil prometió investigar el asunto, pero no se tomó ninguna acción oficial, ni siquiera cuando se redujo la lista para que incluyera solamente a aquellos que seguían desempeñando altos cargos estatales”.16 El proyecto, añade, “no ha logrado obligar a un reconocimiento oficial de los abusos, y los torturadores nunca han sido responsabilizados directamente de dichos abusos”.17
Pasemos a otro país latinoamericano, en 1985, después que el nuevo gobierno civil del Uruguay diera claras señales de no estar interesado en realizar una Comisión de la Verdad, la ONG SERPAJ, rama del Servicio de Paz y Justicia, realizó una ardua investigación que dio como resultado el libro: “¡Uruguay, Nunca Más!”.18 Según Bickford, “Frustrados por la falta de cooperación del gobierno, los integrantes de SERPAJ iniciaron su propio esfuerzo de narración de la verdad, encaminado explícitamente a contarle claramente al mundo lo que había sucedido en su país y a producir información que apoyara el enjuiciamiento penal de los perpetradores”.19
A pesar que el gobierno uruguayo no reconociera las recomendaciones del informe, en 2000 el presidente de turno, Jorge Batlle Ibáñez, anunció la creación de una Comisión de la Verdad Oficial, pero, como reseña Bickford, “aunque los perpetradores aún se hallan protegidos por la ley de amnistía de 1986, los esfuerzos por localizar a los desaparecidos lograron establecer que varias de las víctimas murieron en prisión como resultado de las torturas”20.
Después de estudiar estos casos en donde el Estado no hizo caso o anuló la legitimidad de las Comisiones de la Verdad, vale plantearnos este interrogante ¿Puede el Estado reparar sin Comisiones de la verdad?
Para Pablo De Greiff, las reparaciones sin una Comisión de la Verdad quedarían sin una base que las sustentara, en donde el estado sólo se interesaría por asumir las indemnizaciones económicas pero negaría el derecho histórico de los ciudadanos: “Las reparaciones sin esclarecimiento histórico pueden ser vistas como un intento, por parte de las autoridades, de comprar el silencio de las víctimas. Pero esta relación de complementariedad entre las reparaciones y el esclarecimiento se cumple en la dirección opuesta también: el esclarecimiento sin reparaciones fácilmente es visto como un gesto vacío, como mera palabrería. Una relación similar, y similarmente bi-direccional ata a la justicia penal con las reparaciones: especialmente después de un período inicial de entusiasmo por parte de las víctimas al ver a sus antiguos violadores bajo castigo, si no hay ningún otro cambio en sus vidas, esas mismas víctimas podrían ver la justicia penal como una forma de revanchismo un poco inconsecuente”.21
Sobre el tema, Louis Bickford destaca la relación de complemento entre las Aomisiones de la vVrdad y las reparaciones, “Dado que forman parte de una estrategia general de justicia transicional, las comisiones de la verdad, funcionan a menudo de manera simultánea y en directa interacción con otros mecanismos para enfrentar el pasado, tales como los juicios penales o los programas de reparación. Por ejemplo, en el caso de varias comisiones de la verdad, entre ellas las de Argentina y Perú, ha habido una relación directa entre el trabajo de la comisión y el de las autoridades encargadas del proceso de enjuiciamiento. Con frecuencia, el diseño de paquetes de reparaciones ha sido el resultado directo del trabajo de una comisión de la verdad”.22
Acerca de las reparaciones sin una Comisión de la Verdad, Lisa Magarrell, las señala como una forma de ocultar la verdad de lo ocurrido siendo una forma de negar los hechos, “Las reparaciones desprovistas de medidas para determinar la verdad acerca de las violaciones pasadas, por ejemplo, pueden ser percibidas como un esfuerzo por comprar el silencio de las víctimas – y, por lo tanto, es posible no sólo que ofendan a las víctimas, sino que permitan también que prevalezca la negación de estos hechos. Análogamente, las reparaciones exentas de reformas u otras medidas dirigidas a garantizar la no repetición de futuros abusos, pueden convertir esta iniciativa en una farsa, haciendo que la promesa de no recurrencia implícita en las reparaciones resulte vacía. Asimismo, un programa de reparaciones que no esté acompañado de medidas para garantizar que sea reconocida la responsabilidad de los autores de los crímenes, pide a las víctimas en los hechos que entreguen su derecho a la justicia a cambio de recibir un apoyo al que tienen derecho”.23
En la implementación de las reparaciones también el estado enfrentaría un problema, al no tener una Comisión de la Verdad que trabaje con la comunidad, se dificulta la tarea de seleccionar a la población a la cual se le debe entregar la ayuda, ya que se desconoce si fue víctima o no del conflicto: “La implementación es también un problema en aquellos lugares donde no se ha establecido una comisión de la verdad. Es posible que la ausencia de un proceso de búsqueda de la verdad exija varios pasos preliminares adicionales en un programa de reparaciones – identificar quiénes son las víctimas, por ejemplo, y qué tipo de daños debe ser atendido. Una implementación efectiva requiere una evaluación temprana y realista de la situación de las víctimas, y la formulación de maneras de garantizar su acceso a las reparaciones – por ejemplo, a través de un proceso descentralizado, lo suficientemente flexible en lo que respecta a las evidencias que deban presentar las víctimas para hacer un reclamo válido. La implementación de las reparaciones debe ser sensible y evitar deliberadamente someter a los beneficiarios a una nueva victimización, o reforzar desigualdades y discriminaciones anteriormente existentes”.24
Durante el proceso investigativo se realizó entrevistas a especialistas del proceso transicional de Guatemala y Perú, en las dos últimas preguntas, después de preguntar cómo fue la relación de la Comisión de la Verdad con el estado en cada uno de estos países, se cuestionó si se podía reparar o no y así mismo conocer la verdad sin una Comisión de la Verdad. Según Eduardo González del Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ) en el caso peruano no se hubiera podido reparar sin la Comisión de la Verdad y Reconciliación porque, como él lo señala, “para poder enfrentar la cantidad atroz de casos, patrones de violencia ocurridos durante una guerra de 20 años hubiera sido absolutamente imposible por el poder judicial, es decir el órgano normal del Estado hacer una investigación, además hubiera sido imposible para el poder judicial enfrentarse a esa magnitud de casos. Ni en los sueños más utópicos se podría, ni porque Alemania, Canadá y Estados Unidos hubieran prestado sus jueces y aprendieran el código penal peruano y aprendieran español, hubiera sido imposible juzgar a todos los casos ocurridos durante la guerra. Es una imposibilidad técnica y el sistema judicial peruano es muy básico, hubiera sido absolutamente imposible para el sistema judicial encargarse de más de un puñado de casos, no creo que hubiera sido capaz de hacer una investigación interdisciplinaria más allá de lo legal que apuntase a los temas históricos, sociológicos, antropológicos que explicaran la violencia, hubiera sido imposible. Sin duda, el gobierno peruano no habría podido crear la imagen amplía que creó después de la violencia en el Perú”.
Por su parte Silvia Barreno de la Fundacion Myrna Mack al hablar del caso guatemalteco comenta: “Si no hubiera estado la Comisión nunca se hubiera tocado el tema porque los sectores interesados especialmente el Ejército y el empresariado no tenían la más mínima intención de ver lo que había pasado, más bien está el discurso de para qué tenemos que volver a recordar esto, es volver a abrir las heridas, eso ya pasó, ya es un tiempo superado. Si no se hubiera dado (La Comisión del Esclarecimiento Histórico), seguiríamos con el vacío y seríamos una sociedad todavía más polarizada ideológicamente, ahora por lo menos hay otro nivel de abertura en organizaciones que han surgido después de los acuerdos, no se estigmatiza tanto a las personas que pertenecieron a los grupos guerrilleros, por ejemplo, ahora hay una fundación que vela por todos los que fueron militantes, es una forma que tienen también de rescatar documentos, pero esto no se hubiera dado si no hubieran existido los procesos de los acuerdos de paz con todo lo que implican y dentro de ellos la comisión”.
V. La Verdad revelada, el Estado comprometido y las Víctimas dignificadas
Finalmente, podemos concluir que las Comisiones de la Verdad son un componente clave, por no decir que fundamental en el proceso de Justicia Transicional, después de un conflicto armado o una violación sistemática de derechos humanos, ya que no solo se encarga de esclarecer la verdad, propone una estructura de reparación que busca ser acorde a las necesidades de la población afectada y subsane los errores y faltas del Estado que causaron el los hechos de violencia.
Un buen informe de una Comisión de la Verdad debe no solo proponer un esquema de reparaciones sino que debe proponer una estructura completa: objetivos, financiamiento, ejecución, población beneficiada, etc, y debe proponer y estructurar los mecanismos de ejecución, implementación y vigilancia del cumplimiento de las reparaciones ya que con esto le da herramientas al Estado para ejecutar con mayor facilidad el informe y no evite el tema no reparando de forma integral a las víctimas. El Estado, después de un periodo de violencia sistemática, vive un proceso de reconstrucción en todos los campos por eso es importante que la Comisión estructure de la forma más completa posible sus medidas y así ayude a su cumplimiento.
La relación del Estado con una Comisión de la Verdad tiene tres etapas. La primera la podemos evidenciar en su parte constitutiva, desde la legalización y oficialización de la Comisión con el fin de esclarecer los hechos. La segunda, inicia con la puesta en marcha de la Comisión de la Verdad, en donde el Estado es garante de la independencia del organismo durante toda su investigación, proporcionándole los medios físicos y económicos que le permitan sus labores, además es importante que en este periodo de tiempo proporcione la información requerida por el organismo para esclarecer los hechos y poder entregar un informe completo y estructurado que no tenga vacíos investigativos. La tercera fase, comprende la entrega del informe y la aplicación de las recomendaciones hechas por la Comisión de la Verdad. La relación del Estado con la Comisión de la Verdad debe ser integral y enfocada en las tres etapas, no solo en una o dos de ellas, deben ser en las tres, puede que el Estado implemente la Comisión de la Verdad pero si niega la información, como es el caso de Guatemala, el texto final no podrá esclarecer la verdad, objetivo principal del organismo, además si no reconoce las recomendaciones, como también es el caso de Guatemala, estamos hablando de una Comisión de la Verdad débil que desde sus inicios se creó sin un fin claro ni con un interés claro. Es una voz no escuchada, es la voz de los miles de muertos y desaparecidos en el enfrentamiento armado que necesitan hablar pero que el Estado crea un teatro en el cual dice oírlos, pero no escucharlos. Como vimos, las Comisiones de la Verdad dan una estructura de reparación, proporcionando una guía con parámetros delimitados hacia quiénes reparar, qué reparar y cómo reparar, no seguir estas recomendaciones hace que las reparaciones carezcan de una estructura delimitada y estructurada, causando pocos resultados.
Si bien es muy difícil, casi imposible aplicar todas las recomendaciones del informe, es necesario que el Estado aplique la mayor cantidad posible para así subsanar los focos de violencia y las brechas que causaron y pueden causar conflictos mayores en un futuro. Al implementar las recomendaciones no solo se está dando a las víctimas su dignidad, también el Estado fortalece su capacidad democrática e institucional y sienta las bases económicas y sociales para el progreso del país.
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Ruti G. Teitel. Título original: “Transitional Justice Genealogy”. Artículo traducido al castellano por el Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Chile.

1 Ruti G. Teitel. Título original: “Transitional Justice Genealogy”. Artículo traducido al castellano por el Centro de Derechos Humanos, Facultad de Derecho, Universidad de Chile. Pág 11.

2 Ruti G. Teitel. Loc. Cit.

3 Capellà i Roig, Margalida. 2008. La recuperación de la memoria histórica desde la perspectiva jurídica e internacional. Entelequia. Revista Interdisciplinar: Monográfico, nº 7. Pág. 277.

4 Beristain, Carlos Martín. Las comisiones de verdad en américa latina una valoración de su impacto. El legado de la verdad: Impacto de la justicia transicional en la construcción de la democracia en América Latina. Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).

5 Las Comisiones de la Verdad se han dividido en dos grupos las Oficiales y las No Oficiales. Las Comisiones de la Verdad Oficiales son creadas por el Estado con el fin de esclarecer la verdad y en algunos casos realizar recomendaciones de reparaciones. Por su parte, las Comisiones de la Verdad No Oficiales son creadas por organizaciones de la sociedad civil, ONG, o grupos religiosos con la finalidad de crear un documento que logre hacer una reconstrucción del periodo de violencia, a través de testimonios, entrevistas y documentos oficiales y no oficiales.

6 Matarrollo, Rodolfo. 2010. La Comunidad Internacional y la temática de la impunidad. En: Noche y Niebla y Otros escritos sobre derechos humanos. Pág.: 128.

7 Artículo 3. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Organización de Estados Americanos. Consultado en: http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/a-60.html

8 La Dimensión Jurídica de los Hechos. Comisión de la Verdad y la Reconciliación del Perú. Capítulo 4. Pág 205.

9 Capellà i Roig, Margalida. 2008. La recuperación de la memoria histórica desde la perspectiva jurídica e internacional. Entelequia. Revista Interdisciplinar: Monográfico, nº 7. Pág. 278.

10 Mack, Helen. 2007. Justicia transicional en Guatemala: la confrontación política y la crisis de gobernabilidad diluyen las opciones para examinar el pasado. Memorias - conference paper. El legado de la verdad: Impacto de la justicia transicional en la construcción de la democracia en América Latina. Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ). Capítulo 1. Pág. 51.

11 Ibid.

12Mack, Helen. 2007. Justicia transicional en Guatemala: la confrontación política y la crisis de gobernabilidad diluyen las opciones para examinar el pasado. Memorias - conference paper. El legado de la verdad: Impacto de la justicia transicional en la construcción de la democracia en América Latina. Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ). Capítulo 1. Pág. 55.

13 Cuéllar Martínez, Benjamín. 2005. Los dos rostros de la sociedad salvadoreña. Verdad, justicia y reparación. Desafíos para la democracia y la convivencia social. Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Pág 153.

14 Cuéllar Martínez, Benjamín. Loc Cit. 154.

15 Bickford, Louis. 2008. Proyectos de verdad no oficiales. Verdad, memoria y reconstrucción, Estudios de caso y análisis comparado. Serie justicia transicional - Memoria histórica Verdad, memoria y reconstrucción Estudios de caso y análisis comparado. Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).

16 Bickford, Louis. 1998. Loc. Cit. 97

17 Ibid.

18 Bickford, Louis. 2008. Proyectos de verdad no oficiales. Verdad, memoria y reconstrucción, Estudios de caso y análisis comparado. Serie justicia transicional - Memoria histórica Verdad, memoria y reconstrucción Estudios de caso y análisis comparado. Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).

19 Bickford, Louis. Loc Cit. 99

20 Bickford, Louis. Loc Cit. 101

21 De Greiff, Pablo. (2007). La contribución de la justicia transicional a la construcción y consolidación de la democracia. El legado de la verdad: Impacto de la justicia transicional en la construcción de la democracia en América Latina. Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ). Capítulo 1. Pág 27.

22 Bickford, Louis. 2008. Proyectos de verdad no oficiales. Verdad, memoria y reconstrucción, Estudios de caso y análisis comparado. Serie justicia transicional - Memoria histórica Verdad, memoria y reconstrucción Estudios de caso y análisis comparado. Centro Internacional para la Justicia Transicional (ICTJ).Pág. 82

23 Magarrell, Lisa con aportes de los Asociados Senior Rubén Carranza y Cristian Correa y de las Asociadas del Programa Virginie Ladisch y Julie Guillerot. Las reparaciones en la teoría y la práctica. Centro Internacional de Justicia Transicional. Pág. 2.

24 Magarrell, Lisa con aportes de los Asociados Senior Rubén Carranza y Cristian Correa y de las Asociadas del Programa Virginie Ladisch y Julie Guillerot. Loc Cit 12.


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