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Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato (cvhnt)


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Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato (CVHNT)
Fue creada el año 2001 para asesorar al Presidente de la República en el conocimiento de la visión de los pueblos indígenas sobre los hechos históricos de nuestro país y efectuar recomendaciones para una nueva política hacia ellos.
La CVHNT sostiene que la nación chilena se conformó a partir del intento de asimilar a estos pueblos y de apropiarse de sus territorios, y que su identidad se ha constituido en relación y conflicto con el proyecto de construcción del Estado nacional; que el Estado y la sociedad chilena están en deuda, y que la reparación y el nuevo trato supone escucharlos en sus propias voces, y reconocerles el derecho a vivir y desarrollarse de conformidad a sus propias identidades y sistemas culturales.
Se propone modificar y perfeccionar el ordenamiento legal recociéndoles a nivel constitucional y normativo derechos colectivos de tipo político, territorial y cultural, en consonancia con lo establecido en el Convenio 169 de la OIT.
Los derechos políticos refieren a la capacidad de los pueblos indígenas para participar e incidir en cuestiones relacionadas con los asuntos que les conciernen. Los territoriales aluden a su capacidad para gestionar, utilizar, gozar, disponer y contribuir a la conservación de sus territorios, tierras y recursos naturales que albergan, entregando lo relativo a la propiedad superficial al derecho común.
Los derechos culturales refieren a su capacidad de ejercer los bienes asociados a su identidad histórica y cultural, tales como la lengua, el derecho consuetudinario, formas de resolución de conflictos, pautas culturales largo tiempo asentadas en el manejo de territorios, tierras y recursos, religión, conocimientos tradicionales.
En materia institucional se recomienda la creación de un órgano de participación y representación indígena con capítulos en regiones; aumentar los recursos para los indígenas y concentrarlos en un fondo general y de asignación flexible, de acuerdo a las áreas priorizadas por los propios indígenas; incorporar a individuos o grupos indígenas en la ejecución de los programas públicos que les están dirigidos (agentes de salud indígenas, sostenedores de escuelas indígenas), entre otros.
Los comisionados que manifestaron opiniones divergentes en relación a las propuestas y recomendaciones para todos los pueblos indígenas, argumentan que el reconocimiento de derechos colectivos y territorios indígenas supone una lógica de separación más que de integración, lo que puede exacerbar las tensiones existentes, o ir en contra de la preservación de su propia cultura. También que la tarea del Estado es evitar la discriminación y aceptar la diversidad cultural a todo nivel, y no imponer un cierto tipo de vida a sus ciudadanos con la meta de preservar una cultura. En materia de desarrollo económico y social sugieren enfatizar en mejoramiento del acceso a la educación y capacitación laboral de calidad para los indígenas, así como generar mejores oportunidades y condiciones laborales.
Tabla de Contenido


Elaborado para la Comisión Especial de Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados. 1

Introducción 2

I. Participantes, materias examinadas y trabajo realizado 2

II. Principales conclusiones y recomendaciones 3

1.1. Verdad histórica, principios generales y bases para un nuevo trato 3

1.2. Reconocimiento constitucional 4

1.3. Derechos colectivos 4

3.1 Derechos políticos 4

3.2 Derechos territoriales 4

3.3 Derechos culturales 5

1.4. Institucionalidad y políticas públicas 6

1.5. Consolidación de una sociedad que reconozca y valore su diversidad cultural 7

III. Opiniones divergentes 7

1. Comisionado Felipe Larraín 7

2. Comisionado Ricardo Rivadeneira 8

Anexo: Integrantes de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato 9





Introducción

Este documento informa del trabajo realizado por la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato, y las principales conclusiones y propuestas realizadas para el conjunto de los pueblos indígenas de Chile. Lo relativo a la relación histórica y las propuestas y recomendaciones particulares a cada pueblo indígena, a las tierras mapuches, y los indígenas urbanos, no son desarrollados en este trabajo..


En el primer capítulo, se da cuenta del objetivo de la Comisión, los participantes, y el trabajo realizado; el segundo capítulo desarrolla las principales conclusiones y recomendaciones efectuadas por esta comisión para el conjunto de los pueblos indígenas de Chile, y el tercer y último capítulo expone las posiciones divergentes de los Comisionados Felipe Larraín y Ricardo Rivadeneira, que fueron incorporadas al informe final de la Comisión como anexo1.

I.Participantes, materias examinadas y trabajo realizado

La CVHNT fue creada el año 20012 con el objeto de considerar la situación de los pueblos indígenas, con un sentido histórico, y a la luz de esa consideración, sugerir las bases de un nuevo trato institucional para esos pueblos3.

Fue presidida por el ex Presidente de la República, Sr. Patricio Aylwin A., y la integraron veinticinco comisionados de diversos sectores sociales4.
Para cumplir con su cometido, se constituyeron subcomisiones o grupos de trabajo temáticos (3) y territoriales (7); los grupos de trabajo temáticos se abocaron al estudio de la relación histórica, legislación e institucionalidad, y desarrollo económico y social, y fueron integrados por expertos indígenas y no indígenas.
Los Grupos de trabajo territoriales tuvieron como finalidad informar de la visión de los propios pueblos indígenas respecto de la historia de la relación con el Estado, como también sus propuestas y planteamientos para un nuevo trato. Se constituyeron grupos de trabajo para los pueblos aymara, atacameño, quechua, colla, rapa nui, indígenas urbanos, y un grupo de trabajo autónomo mapuche (COTAM), todos integrados por autoridades, dirigentes, y expertos pertenecientes a los respectivos pueblos indígenas.
El informe final se organiza en dos partes; la primera, que refiere a la historia de cada uno de los pueblos indígenas y de su relación con el Estado de Chile hasta avanzado el siglo XX, y la segunda contiene las conclusiones y recomendaciones para un nuevo trato para los pueblos indígenas en general, y para cada pueblos indígena en particular.
Para emitir su informe final (noviembre 2003), la comisión realizó varias deliberaciones con el conjunto de sus miembros, procurando “considerar todos los intereses y puntos de vista en juego (…), hasta donde ello es posible”5. En este sentido, las opiniones divergentes fueron incorporadas al informe como anexo, y se sintetizan en el tercer capítulo de este trabajo.

II.Principales conclusiones y recomendaciones




    1. Verdad histórica, principios generales y bases para un nuevo trato

La CVHNT, considerando los antecedentes históricos expuestos en la Primera Parte del informe, y luego de examinar un conjunto amplio de información de índole histórica, jurídica, social y económica, que le fue reportada por los grupos de trabajo temáticos y territoriales, sostiene que:




  • Los pueblos indígenas de Chile son los descendientes de los primeros habitantes del territorio, por lo que preexisten al del Estado de Chile.




  • La nación chilena se constituye sobre la base del intento por asimilarlos y de apropiarse de sus territorios, lo que fue exitoso en el objetivo de servir a la formación del Estado Nación chileno, pero que tuvo consecuencias para esos pueblos que se arrastran hasta el presente6.

  • La identidad de estos pueblos se ha constituido en relación y conflicto con el proyecto de construcción del Estado nacional, correspondiendo dar cabida a una nueva oportunidad histórica y un nuevo trato para el entendimiento7.




  • Lo anterior supone admitir que el Estado y la sociedad chilena están en deuda con los Pueblos Indígenas, y que la reparación supone escuchar a estos pueblos en sus propias voces, que han sido silenciadas, y reconocerles el derecho a vivir y desarrollarse de conformidad a sus propias identidades y sistemas culturales8.




  • Para esto se plantea definir y poner en vigencia un estatuto jurídico especial, que comprenda un conjunto de derechos cuya titularidad corresponde a los Pueblos Indígenas. Lo anterior supone modificar y perfeccionar el ordenamiento legal, a través del conjunto de propuestas y recomendaciones que se desarrollan a continuación.



    1. Reconocimiento constitucional

De acuerdo a la comisión, se debe establecer una regla constitucional que declare la existencia de los Pueblos Indígenas que forman parte de la nación chilena, que reconozca que son descendientes de las sociedades pre-coloniales, y que reconozca que poseen culturas e identidades propias. Asimismo, que establezca el deber del Estado de garantizar la preservación y el ejercicio de su cultura y su la identidad, y que reconozca y garantice el ejercicio de sus derechos colectivos que tienen en tanto pueblos9.



    1. Derechos colectivos




      3.1 Derechos políticos

La comisión señala, que referidos a la capacidad de los Pueblos Indígenas para participar e incidir en cuestiones relacionadas con los asuntos que les conciernen, en especial en los siguientes niveles y ámbitos:




  • Elección de sus propios representantes en el Senado y la Cámara de Diputados.




  • Integración y gestión de gobierno a nivel comunal y regional (Concejo Municipal y Consejo Regional - CORE).




  • Reconocimiento de sus instituciones e instancias organizativas propias de cada uno de los pueblos indígenas.




  • Participación en la discusión, formulación, ejecución y evaluación de leyes, políticas y programas de desarrollo o de cualquier otra naturaleza, que los afecten.



        3.2 Derechos territoriales

Las conclusiones de la comisión aluden fundamentalmente a la capacidad de estos pueblos para gestionar, utilizar, gozar, disponer y contribuir a la conservación de sus territorios, tierras y de los recursos naturales que éstos albergan, en consonancia con lo que establece el Convenio 169 de la OIT. Lo relativo a la propiedad superficial se entrega al derecho común.


3.2.1 Territorios indígenas


  • Reemplazar la noción de Área de Desarrollo Indígena de la Ley Indígena por la de “territorio indígena”, reconociendo e integrando en éstos la cosmovisión indígena, demarcándolos con las categorías vernáculas (por ej.: Lof, rewe, Ayllarewe) y estableciendo en consulta con los pueblos, instancias y mecanismos para su gestión, de modo de que éstos puedan ejercer en su interior los demás derechos colectivos.




  • Generar instrumentos de ordenamiento y desarrollo territorial (planes reguladores regionales) que promuevan procesos de desarrollo adecuados a las particularidades de uso y significación de los espacios, y que consideren conservar la ruralidad.

3.2.2. Tierras indígenas




  • Mantener y perfeccionar el régimen de protección actual (inalienabilidad, inembargabilidad e imprescriptibilidad).




  • Demarcación, titulación y protección de tierras sobre las que se demuestre propiedad ancestral indígena y establecer/perfeccionar mecanismos formales de reclamación para aquellas tierras cuya propiedad esté en manos de particulares no indígenas.

3.2.3. Recursos naturales




  • Derecho de preferencia para la obtención de concesiones del Estado para la explotación de recursos naturales localizados en territorios y tierras indígenas10, otorgando financiamiento para estudios y pagos11.




  • Derechos de protección del los ecosistemas, bellezas escénicas y otros recursos patrimoniales relevantes para el desarrollo económico y cultural de los Pueblos Indígenas, promoviendo su declaración bajo las categorías ya existentes12, y/o estableciendo una categoría de protección específica.




  • Derechos de uso, gestión y conservación de los recursos naturales localizados en Áreas Silvestres Protegidas del Estado, ya que la actual regulación en la ley indígena en esta materia no es específica13.




  • Regular mecanismos de consulta, derecho a participación en los beneficios, compensación por daños, situación de traslado, acuerdos de impacto- beneficio, y certificación de actividades productivas, en la implementación de proyectos de inversión pública y privada en territorios y tierras indígenas.



        3.3 Derechos culturales

Refieren a “la capacidad de los pueblos indígenas de ejercer los bienes asociados a su identidad histórica y cultural, tales como la lengua, el derecho consuetudinario, formas de resolución de conflictos, pautas culturales largo tiempo asentadas en el manejo de territorios, tierras y recursos, religión”14, la comisión considera al menos:




  • Derecho a incidir en la educación de sus miembros (educación autogestionada por esos pueblos)15.




  • Promover la educación intercultural a todos los estudiantes en regiones con una importante concentración de población indígena, favoreciendo el mutuo reconocimiento y aceptación.




  • Adecuar la legislación nacional en ciertos ámbitos, de manera de dar cabida a las prácticas económicas, sociales, culturales y religiosas de los pueblos indígenas16.




  • Reconocer el derecho consuetudinario indígena y el derecho propio.



  • Otorgar una mayor protección a los conocimientos tradicionales indígenas relativos al medio ambiente y la diversidad biológica, a las lenguas, patrimonio histórico, arqueológico, y sitios sagrados17.




  • Mejorar el acceso a mayores niveles de educación, en particular la educación superior.



    1. Institucionalidad y políticas públicas

Supone complementar la institucionalidad vigente de modo de garantizar el efectivo ejercicio de los derechos colectivos y de participación:




  • En materia de participación y consulta, se propone crear un Consejo de Pueblos Indígenas, generado independientemente y distinto de las instancias gubernamentales encargadas de la definición y ejecución de las políticas dirigidas a los indígenas, y que podrá tener capítulos regionales18.




  • Se propone la creación de un instituto de investigación y promoción de los pueblos indígenas, que colabore en el proceso de definición, seguimiento y evaluación de las políticas, planes y programas dirigidos a los Pueblos Indígenas19.




  • En materia de mecanismos de financiamiento, se recomienda, entre otros, crear un Fondo General Indígena que concentre todos los recursos destinados a estos pueblos, que tenga una asignación flexible, de acuerdo a las áreas que los mismos pueblos indígenas prioricen; aumentar el monto de recursos asignados a estos pueblos.




  • Para mejorar la pertinencia e impacto de las políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas, se recomienda incorporar a individuos o grupos indígenas en la ejecución de los programas públicos que les están dirigidos20, discriminar positivamente en el contrato de prestadores de servicios de origen indígena21, capacitar y sensibilizar a funcionarios públicos y privados en la realidad indígena, y considerar el financiamiento de la “pertinencia cultural” de las políticas públicas dirigidas a estos pueblos.


    1. Consolidación de una sociedad que reconozca y valore su diversidad cultural

Con el objeto de avanzar en la erradicación de los rasgos de intolerancia, racismo y discriminación aún presentes en la sociedad chilena, la Comisión además propone poner a consideración los antecedentes historiográficos del informe para que sean editados de tal forma de poder difundirlos a un público más masivo, e incorporados en los contenidos curriculares escolares, no como “verdad” o “Historia Oficial”, sino que como material para alentar un proceso de reflexión amplio que involucre a los más amplios sectores de la vida nacional.



III.Opiniones divergentes




      1. Comisionado Felipe Larraín



De acuerdo al Comisionado Felipe Larraín, pese a que el informe contiene muchas propuestas positivas para mejorar la condición de los pueblos originarios, también contiene una serie de ideas y propuestas que no comparte, ya sea porque estima que “pueden exacerbar las tensiones entre los pueblos indígenas y el resto del país, porque propenden a una visión de separación más que de integración, porque pueden ir en contra de la preservación de su propia cultura, o porque comprometen el desarrollo económico y social de los miembros de las etnias originarias”22. A continuación se sintetizan sus principales argumentos y propuestas:


  • Los principios generales y bases para un nuevo están dominados por el reconocimiento de derechos colectivos y territorios indígenas, lo que supone una lógica de separación, con el riesgo de que el resultado final no sea la preservación de las culturas indígenas sino su ahogo y final muerte a causa de la pobreza y el inmovilismo23.




  • Si por territorio se entiende un área exclusiva de propiedad colectiva indígena, la experiencia indica que estas comunidades no han llegado a ser autosustentables económicamente y viven de los subsidios estatales24.




  • En materia de Reconocimiento constitucional, no comparte el reconocimiento de “pueblos”, ya que pueblo es la ciudadanía, o la nación en función política. Tampoco comparte que sea tarea del Estado preservar las culturas, ya que su tarea es evitar la discriminación y aceptar la diversidad cultural a todo nivel, pero no imponer un cierto tipo de vida a sus ciudadanos con la meta de preservar una cultura25.




  • Le preocupa la acumulación de demandas que plantea el Informe, en el sentido de que el costo de éstas no se ha cuantificado, y porque un nuevo trato debiera establecer límites, y las partes debieran establecer compromisos y responsabilidades.




  • En materia e desarrollo económico y social, coloca el énfasis en mejorar el acceso a la educación y capacitación laboral de calidad para los indígenas, así como generar mejores oportunidades y condiciones laborales. Asimismo, que las actividades económicas intensivas en recursos naturales y con fuerte influencia en el mundo rural se comprometan en un plan de certificación social, ambiental y productivo que cautele los intereses de las comunidades locales.



      2. Comisionado Ricardo Rivadeneira

El comisionado no concuerda con la que estima una inclinación a separar -y aún a confrontar-, los intereses de los pueblos indígenas respecto de los intereses del resto del pueblo chileno. Señala que “tal separación y confrontación sólo puede entenderse en la medida que lo que se persiga sea la independencia política de esos pueblos y el reconocimiento de su soberanía sobre un determinado territorio actualmente bajo soberanía de de Chile26.


Estima que la propia democratización, la descentralización territorial y funcional orientada a dispersar poderes y funciones hasta ahora concentrados en el Estado, y la globalización del mundo, son tendencias universales que de por sí influirán en el futuro de los pueblos indígenas, en el sentido de que se beneficiará lo regional y lo local, y por lo tanto, a las comunidades humanas que comparten tradiciones y costumbres culturales propias, entre éstas los pueblos indígenas.
Con todo, señala que existen medidas que el Estado chileno puede y debe adoptar en beneficio de los pueblos indígenas, siendo la primera apuntar a la preservación y promoción de su cultura vernácula, y también implementar rápidas medidas encaminadas a igualar sus oportunidades de desarrollo cultural y material, y en particular, mejorar el accesos de los indígenas jóvenes a la educación, incluyendo la superior, no debiendo ser ésta más dificultosa para los indígenas que para los sectores más privilegiados del país27.

Anexo: Integrantes de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato


1. Patricio Aylwin Azócar, quien la presidió

2. Antonio Alcafuz Canquil

3. José Bengoa Cabello

4. Sandra Berna Martínez

5. Juan Claro González

6. Obispo Sergio Contreras Navia

7. Enrique Correa Ríos

8. Armando de Ramón Folch

9. Alberto Hotus Chávez

10. Francisco Huenchumilla Jaramillo

11. Aucán Huilcamán Paillán

12. Carlos Inquiltupa Tito

13. Felipe Larraín Bascuñán

14. José Llancapán Calfucura

15. Adolfo Millabur Ñancuil

16. José Santos Millao Palacios

17. Sonia Montecino Aguirre

18. Samuel Palma Manríquez

19. Carlos Peña González

20. Ivonne Quispe Osorio28

21. Galvarino Raimán Huilcamán

22. Ricardo Rivadeneira Monreal

23. Víctor Caniullán Coliñir

24. José Quidel Lincoleo



25. Rosamel Millamán Reinao


1 No se incluye en este trabajo la posición divergente presentada por los comisionados José Llancapán Calfucura, Aucán Huilcamán Paillama y Galvarino Reimán Huilcamán, ya que refiere de manera particular al pueblo mapuche, y no a los pueblos indígenas en general, que constituye el marco de trabajo de este documento.

2 Decreto Supremo Nº 19 del 18 de enero del año 2001

3 La comisión se crea para “asesorar al Presidente de la República, en el conocimiento de la visión de nuestros pueblos indígenas sobre los hechos históricos de nuestro país y a efectuar recomendaciones para una nueva política de estado, que permita avanzar hacia el nuevo trato de la sociedad chilena y su reencuentro con los pueblos originarios” (Art. 1).

4 Se presenta el listado de integrantes en el anexo.

5 Informe de la Comisión de Verdad Histórica y Nuevo Trato. Presentación. Pp 26

6 Algunas de ellas son reducción territorial, fragmentación social, pérdida patrimonial, pérdida de vigencia de sistemas normativos propios, pérdida de sus idiomas por políticas de castellanización forzosa, y hasta la muerte y desaparición de pueblos indígenas enteros como los Aónikenk y Selk’nam. Op. Cit. Segunda parte. Propuestas y recomendaciones para un nuevo trato entre el Estado, los Pueblos Indígenas y la Sociedad chilena. Pp. 531-532.

7 Op. Cit. Pp. 533.

8 Op. Cit. Pp. 533- 534

9 Op. Cit. Pp. 535-536.

10 Concierne especialmente a los recursos naturales sobre los cuales el Estado tienen el derecho eminente, independiente de los derechos del dueño del suelo superficial, tales como recursos del subsuelo, las aguas (incluidas las subterráneas), borde costero, recursos marinos, terrenos de playa, porciones de mar, lagos, lagunas, fuentes termales y acuíferos en general.

11 Estudios de factibilidad técnica, de mercado, pago de costos de constitución /regularización correspondientes.

12 Áreas Silvestres Protegidas, Santuario de la Naturaleza, Sitio Ramsar, sitio Patrimonio Mundial, etc.

13 El artículo 35 de la ley 19. 253 establece la participación de las comunidades indígenas insertas en ADIS en las respectivas Áreas Silvestres Protegidas, mas no especifica la modalidad de participación

14 Op. Cit. Pp. 546

15 Alentar formas que favorezcan la educación autogestionada por esos pueblos tales como franquicias tributarias a donantes que permitan la implementación y gestión de establecimientos propios; subvenciones directa del Estado para alentar a sostenedores colectivos pertenecientes a esos pueblos; becas asignadas en razón de la motivación al logro más que en atención al rendimiento, u otras. Op. Cit. Pp. 547

16 Por ejemplo, liberar del pago de impuestos las prácticas comerciales de intercambio propias de estos pueblos; reconocer a los agentes de salud indígenas para efectos del otorgamiento de licencias médicas; reconocer los cementerios indígenas, reconocer el uso de la coca para fines ceremoniales, aceptar sus ritos matrimoniales y darles validez jurídica, entre otros. Pp. 547-548.

17 Op. Cit. Pp. 449-550

18 Op. Cit. Pp. 551-552

19 Op. Cit. Pp. 552-553

20 Por ejemplo contar con sostenedores de escuelas de origen indígena, reconocer a los agentes de salud indígena, incentivar y apoyar a pequeñas empresas constructoras indígenas, entre otros. Pp 556.

21 Entregar por ejemplo un puntaje adicional a esos grupos en los procesos de postulación de servicios.

22 Opinión de minoría expresada por el Comisionado don Felipe Larraín B. En: Informe de la CVHNT. Op. Cit. Pp. 627

23 Op. Cit. Pp. 630

24 La demarcación de territorios indígenas de propiedad colectiva indígena puede crear ghettos, que finalmente más que preservar una cultura la condenan a su estancamiento y ahogo en la pobreza. Op. Cit. Pp. 632.

25 Ibídem.

26 Documento presentado por el comisionado don Ricardo Rivadeneira Monreal. Informe de la Comisión de Verdad Histórica….Op. Cit. Pp. 637.

27 Op. Cit. Pp. 644.

28 Deja el cargo de Presidenta del Consejo Aymara y renuncia a la Comisión, y es reemplazada en enero de 2003, por el Sr. Juan Carlos Mamani, nuevo Presidente del Consejo Nacional Aymara.

Elaborado para la Comisión Especial de Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados.


Biblioteca del Congreso Nacional. Contacto: Francisca Greene Silva, Asesoría Técnica Parlamentaria. fgreene@bcn.cl, anexo 1843-3094. 12/07/2011.


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