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Colombia 2001/12/1


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COLOMBIA


2001/12/1

 El canciller del Perú, Diego García-Sayán, dijo en Bogotá que su gobierno apoya, de manera "firme e invariable", los esfuerzos por hacer del proceso de paz colombiano una política de Estado. En diálogo con el diario "El Tiempo", al término de una visita oficial de dos días, García-Sayán señaló que el Perú "quiere ayudar, en lugar de perturbar, el proceso de paz colombiano". En su opinión, los grupos alzados en armas deben cesar las violaciones al derecho internacional humanitario y las FARC cumplir el acuerdo de San Francisco de la Sombra. Cuando se le preguntó por la militarización peruana en algunos sectores de la frontera de más de 1.000 kilómetros con Colombia, dijo que "es una presencia básicamente para poder detectar eventuales desembalses del conflicto colombiano, que hasta el momento no se han producido". "Tampoco hemos tenido desplazamientos importantes de grupos de personas", precisó. Sin embargo, reconoció que al tiempo que continúa la erradicación de cultivos de coca en el sur de Colombia y en el Putumayo, los precios de la base de coca se han cuadruplicado en la zona peruana limítrofe. El canciller dijo que Perú enviará expertos en desarrollo alternativo para que cooperen con Colombia.

 Un grupo de congresistas colombianos, en representación de distintos partidos políticos, denunció entre lunes y miércoles en Washington el caos en el que han sumido al país las FARC y los paramilitares. Ante funcionarios de la administración Bush, colegas del legislativo y académicos demócratas y republicanos, los legisladores colombianos presentaron vídeos y estadísticas recientes. La delegación estaba integrada por los representantes a la Cámara Álvaro Araújo, del Cesar, Miguel De La Espriella, de Córdoba, y Santiago Castro, del Valle.

 El Gobierno rechazó la propuesta de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de canjear a un guerrillero enfermo encarcelado por un cabo de policía secuestrado, padre del niño Andrés Felipe Pérez, que padece cáncer y expresó públicamente su último deseo de ver a su progenitor. Las FARC habían pedido "al gobierno nacional conceder la libertad del camarada Ignacio González Perdomo, que padece una penosa enfermedad, para dejar en libertad al cabo, padre del niño Andrés Felipe Pérez''. El ministro del Interior Armando Estrada aseguró que el gobierno "no puede aceptar'' la propuesta de los rebeldes. "El cabo Pérez fue secuestrado cuando estaba cumpliendo su deber y defendiendo la Constitución. En cambio, el guerrillero que está detenido y condenado por los jueces, está allí porque cometió delitos'', dijo Estrada a la cadena "Radionet". El caso de Andrés Felipe Pérez, un menor de 12 años que padece cáncer renal con metástasis ósea y pulmonar, conmueve a los colombianos a tal punto que centenares de personas de todas las edades y condiciones sociales se ofrecieron a tomar el lugar de su padre, el cabo de policía Norberto Pérez, que permanece en poder de las FARC desde hace 20 meses.

 Pese a la negativa oficial de las FARC para liberar al cabo de la Policía José Norberto Pérez, el alto comisionado para la paz, Camilo Gómez, viajó al Caguán para insistir ante el grupo guerrillero en la urgencia de devolver a casa al suboficial, padre del niño Andrés Felipe Pérez. Gómez se reunió en un sitio indeterminado de la zona de distensión con el jefe guerrillero 'Iván Ríos', coordinador del Comité Temático de las audiencias públicas.

 La Policía antinarcóticos anunció el descubrimiento del más grande laboratorio para el procesamiento de droga en lo que va del año. El complejo fue localizado en zona rural del municipio de Cimitarra (Santander). El director de la Policía Antinarcóticos, general Gustavo Socha Salamanca, reveló que en el lugar encontraron 90 toneladas de insumos para el procesamiento de coca, la mayor cantidad decomisada este año. Socha Salamanca dijo que por las dimensiones, los insumos y los equipos encontrados, el complejo estaba en capacidad de producir cuatro toneladas semanales de cocaína. Los agentes también hallaron 350 kilos de coca y 250 kilos de base del alcaloide. El director antinarcóticos dijo que el laboratorio está en una zona de influencia de los grupos paramilitares. Advierte que muy seguramente esos grupos lo custodiaban y obtenían ganancias por las grandes cantidades de droga que se procesaba.



2001/12/2

 Se calcula que en todo El Catatumbo hay 35.000 hectáreas cultivadas con coca, que anualmente convocan a 'batallones' enteros de desocupados, entre 17 y 30 años, para las tareas de recolección y procesamiento de la hoja, mano de obra que se la disputan las Autodefensas y las FARC desde principio de año. Pero la preocupación de las familias de los retenidos también es compartida en por lo menos tres mil hogares de esta localidad que tienen a por lo menos uno de sus miembros trabajando en las selvas del Catatumbo, de acuerdo a los estimativos de las autoridades municipales. Los habitantes de las zonas marginadas de Ocaña cuentan que la gente se va a raspar hoja de coca por falta de empleo. Las fincas cocaleras están llenas de gente de Belén y otros sectores marginales de Ocaña, donde según estudios de la Cámara de Comercio y la universidad Francisco de Paula Santander, el desempleo llega al 33,6%, es decir, más de 13.000 personas, una tasa de desocupación que nunca se había registrado.



2001/12/3

 Carlos Castaño, jefe político de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), admitió que su organización tuvo encuentros con el Gobierno y confesó haber ordenado el asesinato de Carlos Pizarro, en revelaciones contenidas en un libro próximo a aparecer. Pese a que la administración Pastrana lo ha negado en reiteradas oportunidades, Castaño asegura que los paramilitares sostuvieron encuentros secretos con personas enviadas por el Presidente. Dice que su fin era lograr el despeje del sur de Bolívar para los diálogos con el ELN bajo la promesa de que en algún momento, cuando los procesos de paz estuvieran adelantados, también negociaría con ellos. Las revelaciones están contenidas en el libro 'Mi confesión. De ser cierto lo que dice, el Gobierno tendría que explicar sus pactos secretos con los 'paras'. En el libro, Castaño dice que cuando notó que el Gobierno incumplía su palabra decidió secuestrar a siete congresistas y exigió que el Ministro del Interior dialogara con ellos. Castaño dice que desde el segundo piso del aeropuerto El Dorado de Bogotá siguió los detalles del asesinato del candidato presidencial del M-19, Carlos Pizarro, el 26 de abril de 1990. Reconoce que el crimen fue ordenado por él y que entrenó al sicario que ejecutó a Pizarro, a quien señaló como receptor de dineros del extinto jefe del cartel de Medellín Pablo Escobar.



2001/12/4

 El alto comisionado para la paz, Camilo Gómez, exigió la liberación del sindicalista Aury Sara Marrugo, secuestrado por las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y rechazó la pretensión de esta organización de someterlo a juicio al afirmar que "son sólo las autoridades legítimas las que tienen potestad para juzgar a cualquier persona". Gómez respondió así a una carta divulgada por el "estado mayor" de las AUC, en la que se atribuye el secuestro del dirigente sindical petrolero y presidente de la Unión Sindical Obrera (USO) en Cartagena, de quien indican que es un jefe guerrillero. Las AUC, además, señalaron que el líder sindical sólo será entregado "personalmente" al alto comisionado de Paz "en uno de los campamentos de selva". La carta, suscrita por el "estado mayor de las AUC", indica que Sará Marrugo "ha sido encontrado culpable por el tribunal que lo juzgó de múltiples delitos, entre ellos, secuestro, robo de ganado, extorsión y terrorismo". Las AUC, sin embargo, agregan que están dispuestas a liberar al dirigente "para que sea juzgado y pague su condena ante el Estado colombiano".

 A un debate de sanción presidencial quedó el proyecto que elimina la rebaja de penas, la prisión domiciliaria y la libertad condicional para quienes sean hallados responsables penalmente de secuestro, extorsión y otros delitos graves. La iniciativa, aprobada en tercer debate en la Comisión Primera de Senado, también endurece las penas para los autores de esas modalidades delincuenciales y precisa que quienes incurran en secuestro simple serán castigados con prisión de 12 a 20 años y tendrán que cancelar una multa entre 170 y 286 millones de pesos. Igualmente, dispone que quienes sean responsables de secuestro extorsivo incurrirán en prisión de 20 a 28 años y pagarán una multa entre 572 y 1.114 millones de pesos. "Si el delito se comete en persona discapacitada o enfermo grave, la pena menor será de 18 años de cárcel y la mayor se fijará en 65 años", se precisa en el proyecto. Según la propuesta aprobada, quienes sean culpables de extorsión serán sancionados con cárcel entre 12 y 16 años.

2001/12/5

 El Gobierno notificó a las FARC que no acepta la propuesta de realizar un canje de un comandante de la guerrilla que está preso por un cabo de la policía cuyo hijo está agonizando por un cáncer. La posición oficial fue fijada por el Alto Comisionado para la Paz, Camilo Gómez, quien en declaraciones a "Caracol" dijo que el gobierno considera que el caso del policía y si hijo es netamente humanitario y no puede dar lugar a negociaciones. El niño Andrés Felipe Pérez fue recibido en Buga, su tierra natal, como un verdadero héroe. Los médicos han dicho que el menor no podrá ser salvado, pero que su caso se ha agravado por el impacto sicológico que le produjo el hecho de no poder ver a su padre.

 Como parte de los convenios de cooperación con Estados Unidos en el marco del Plan Colombia, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (Usaid) emprendió un programa de prevención de la corrupción en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, que posteriormente se extenderá a ciudades medianas y pequeñas. El programa, ejecutado por la multinacional Casals & Asociados, cuenta con un presupuesto inicial de US $119 millones provenientes del Plan Colombia. En los próximos cinco años se invertirán, en total, US $435 millones. En Medellín se firmaron dos convenios de cooperación para participar en el programa.

 La Cámara de Representantes determinó que las personas que consuman narcóticos en lugares públicos como escuelas y parques o en presencia de menores de edad serán sancionadas con multas de hasta de cuatro salarios mínimos. La Cámara aprobó en último debate el proyecto que convierte en contravención esta conducta. La iniciativa, que pasa a sanción presidencial, dice que quienes reincidan en el consumo de drogas en lugares públicos, podrán ser castigados hasta con ocho salarios mínimos. Según cifras oficiales, en Colombia hay más de dos millones de personas que consumen estupefacientes. De otra parte, la Cámara aprobó el proyecto de Acto Legislativo mediante el cual se reconoce en Colombia la jurisdicción del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Después de que el Presidente sancione la reforma, el Gobierno debe presentar el proyecto de ley a través del cual se ratifique el Estatuto de Roma.



2001/12/6

 El alcalde del municipio de Riosucio, Ricardo Azael Victoria denunció que entre 150 y 200 muertos dejarían los combates que libran en una zona selvática de Riosucio (Chocó) facciones paramilitares y guerrilleros de las FARC. Los combates entre los frentes 34 y 57 de las FARC y fuerzas especiales de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que comenzaron el pasado sábado, han provocado el desplazamiento de centenares de personas de zonas rurales y la retención de decenas de indígenas. Según el alcalde, "y por aproximación de la gente que ha logrado salir de la zona, huyendo del enfrentamiento, se cree que está retenido un grupo grande de indígenas" (de la etnia emberá-katíos). El alcalde no logró precisar si las víctimas mortales son sólo combatientes o si entre ellas hay habitantes de la zona, indígenas y comunidades de raza negra.

 La representante para Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), Leila Lima, hizo un llamado al Gobierno para que aumente los programas de protección a desplazados, y a la guerrilla y a los paramilitares a no desarraigar a los civiles. Un informe de Acnur dice que Colombia, con cerca de dos millones de desplazados en la última década, ocupa el cuarto lugar a nivel mundial por ese problema después de Afganistán, Sri Lanka y Azerbaiyán. Lima reveló que sólo en los primeros seis meses de este año 200 mil colombianos se vieron obligados a abandonar sus parcelas por amenazas o ataques de la guerrilla o de los grupos de autodefensa. La funcionaria afirmó que el conflicto colombiano desbordó el drama de los desplazados, algunos de los cuales pasaron las fronteras nacionales y se refugiaron en países como Ecuador, Venezuela y Panamá, lo que se percibió como una "internacionalización" de la guerra interna.

 El presidente de la Unión Sindical Obrera (USO) de Cartagena, Aury Sará Marrugo, y su escolta, Enrique Arellano, fueron encontrados muertos en la vía que de esta capital conduce al municipio de Turbaco, en Bolívar. Las autoridades indicaron que las dos personas fueron asesinadas, al parecer, por miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Aury Sará Marrugo había sido secuestrado el pasado viernes cuando se encontraba en el sector de Plaza Colón, en Cartagena, por un comando de las AUC. El pasado lunes ese mismo grupo ilegal se adjudicó el hecho, afirmando que Sará Marrugo era un miembro del ELN y que sería juzgado por ellos. El general Fernando Tapias, comandante de las Fuerzas Militares, indicó que "fue un vil asesinato, que no tiene perdón". La Fiscalía advirtió que el caso del sindicalista será llevado por un fiscal especializado de la Unidad de Derechos Humanos y que se investigará hasta las últimas consecuencias. Entre tanto, los trabajadores de Ecopetrol declararon un paro general de carácter indefinido en protesta por el asesinato de Aury Sará Marrugo, mientras que las centrales obreras decretaron una jornada nacional de anormalidad laboral en solidaridad con el sector petrolero.

 El Presidente Andrés Pastrana Arango, consideró que las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) quieren sembrar el terror y amedrentar a los colombianos mediante acciones atroces como el asesinato del Presidente de la Unión Sindical Obrera (USO), en Cartagena, Aury Sará Marrugo, y su escolta Enrique Arellano. En un discurso pronunciado en la ceremonia de ascenso de oficiales del Ejército y la Policía, el Primer Mandatario insistió en que este crimen y la masacre cometida el fin de semana pasado, en Boyacá, son hechos cobardes y sádicos, que en nada contribuyen a salvar al país y mucho menos constituyen un acto de justicia, como lo han querido presentar las autodefensas. "Esa supuesta justicia no es más que terrorismo de la peor especie: terrorismo contra sus propios compatriotas. Son estos los actos que el mundo entero condena hoy de la peor manera", aseguró.

2001/12/8

 La Unión Europea (UE) definió su política frente a Colombia, tras respaldar la solución negociada como única salida al conflicto armado, pero al condicionar su relación con los grupos armados, en especial con la guerrilla, al cese de actos que infrinjan las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH). En un comunicado público, los quince miembros de la UE oficializaron su decisión de restringir los visados y permisos de residencia para miembros de la guerrilla y las autodefensas mientras estas organizaciones continúen con prácticas como el secuestro, las masacres y los ataques a la infraestructura económica del país. Esa condición, según el pronunciamiento, no impedirá que el bloque de naciones apoye la solución negociada al conflicto colombiano, siempre que se base en una política de Estado. El documento, firmado en Bruselas, Bélgica, manifestó también la inconformidad de esos gobiernos con las actividades que violen las garantías fundamentales de ciudadanos colombianos o extranjeros o que infrinjan la normativa humanitaria.

 En total hermetismo, el Gobierno entregó, de manera oficial, la respuesta a las FARC a la propuesta del grupo guerrillero de realizar una "cumbre" de poderes en San Vicente del Caguán, el próximo 15 de enero para definir el futuro del proceso de negociación, cinco días antes de que expire la vigencia de la zona de distensión. El alto comisionado de Paz, Camilo Gómez Alzate, viajó a Caquetá con la misión de entregar la carta a las FARC. La respuesta del Presidente Pastrana se preparó durante los últimos días, luego de que el Gobierno consultara a todos los sectores de la sociedad sobre la conveniencia o inconveniencia del encuentro propuesto por el máximo jefe de las FARC, Manuel Marulanda Vélez. Marulanda Vélez pidió la cumbre por considerar que allí se definirían qué cosas está dispuesto a negociar el establecimiento con la guerrilla, toda vez que para las FARC hay temas vedados como el Plan Colombia, el Presupuesto Nacional y la fumigación aérea de cultivos ilícitos, entre otro.

2001/12/10

 Al conmemorarse 53 años de la declaración de los Derechos Humanos en el mundo, diferentes analistas y organizaciones que trabajan en este tema sostienen que Colombia se sigue rajando en esta materia, pues el degradamiento de la guerra es progresivo y casi imparable, según afirman. Según datos del Centro de Investigación y Educación Popular, (Cinep) la crisis humanitaria de los derechos humanos no da tregua, pese a los diálogos de paz que sostienen el Gobierno y las FARC. De acuerdo con estadísticas entregadas por la ONG Paz Colombia, en el país cada día 20 personas son asesinadas en desarrollo del conflicto armado, de las cuales quince resultaron muertas en su casa, en la calle o sitio de trabajo y cinco durante enfrentamientos armados. Una de las situaciones más preocupantes es el incremento de las acciones de algunos grupos armados contra los sindicalistas. En lo que va corrido del año, por lo menos 147 miembros de agremiaciones sindicalistas, entre ellos algunos pertenecientes a la rama Judicial, han sido asesinados por grupos armados. La Consultoría de Derechos Humanos y Desplazamiento Forzado (Codhes) y la Defensoría, aseguran que por lo menos 1.025 personas son desplazadas diariamente en Colombia en medio de la degradación de la guerra.

 José María Ballestas, presunto miembro del ELN y una de las personas sindicadas por la justicia colombiana de participar en el secuestro del avión Focker de Avianca, con 52 personas a bordo, ocurrido el 19 de abril de 1999, será investigado por cuatro delitos, una vez se haga efectiva la orden de extradición que impartió el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, una vez Ballesta pise suelo colombiano quedará de inmediato vinculado a un proceso penal por su presunta participación en los delitos de secuestro extorsivo, secuestro de aeronave, porte ilegal de armas y homicidio culposo, pues uno de los pasajeros murió en cautiverio. La decisión se tomó en una breve audiencia pública, de cuya discusión poco se informó a los medios de comunicación, salvo que la orden estaba dada y que Ballestas regresaría a Colombia en calidad de extraditado luego de que se cumplieran unos requisitos de ley.

2001/12/11

 Cuatro de las once personas que permanecían en cautiverio luego del secuestro ejecutado por las FARC el pasado sábado en un centro recreacional de Jardín, Antioquia, fueron encontradas muertas en el sitio conocido como Las Palmas, zona rural de Riosucio, Caldas. Según confirmó el Ejército, las personas asesinadas fueron identificadas como Javier Vélez Buitrago, Germán Jaramillo Cañaverales, Carlos Hoyos y Jorge Alberto Marín. Con ellas, ya son cinco las personas muertas en el desarrollo del secuestro. El secuestro masivo fue perpetrado por miembros del frente Aurelio Arboleda de las FARC, en el Hotel Hacienda 'Balandú', ubicado en el municipio de El Jardín, Antioquia. Por las características del hecho, el portavoz de la IV Brigada del Ejército, mayor Oscar Anzola, aseguró que el múltiple plagio tiene móviles extorsivos. El mayor Anzola señaló también que, con el secuestro masivo, las FARC violaron un convenio suscrito con el Gobierno Nacional el 5 de octubre pasado. Con el acuerdo de San Francisco, el Gobierno se comprometió a iniciar un estudio "inmediato" de una eventual tregua y el cese al fuego y de hostilidades, en tanto que la organización guerrillera se comprometió a no realizar más secuestros masivos en ninguna región del país.

 Según estadísticas recopiladas por el Ejército, los grupos armados al margen de la ley le han causado la muerte violenta a 5.800 colombianos, en estado de indefensión, en los tres últimos años. La guerrilla ha provocado 3.030 crímenes entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de noviembre de este año. A las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) las autoridades les atribuyen 2.770 muertes violentas de ciudadanos inermes. Las estadísticas muestran un dramático aumento entre un año y otro de los homicidios causados por esos grupos ilegales, recrudeciéndose los fenómenos de violencia en las zonas campesinas, principalmente. En 1999 fueron asesinadas 1,653 personas. En el año 2000 se perpetraron 2.087 crímenes de colombianos inermes, según las mismas estadísticas. En los once meses del 2001, han sido muertas 2.060 personas. El aumento en estos doce meses de las acciones criminales atribuidas a esos grupos fue del 26,2%. Comparadas las cifras, se demuestra que las Autodefensas aumentaron sus actividades criminales en un 36,2%.

 El Gobierno confirmó que hubo informaciones de inteligencia que indicaban que el candidato presidencial del Frente Social y Político, Luis Eduardo Garzón, iba a ser víctima de un atentado durante el acto de lanzamiento de su campaña, el pasado viernes en Bogotá, y sindicó del intento a los grupos ilegales de autodefensa. El ministro del Interior, Armando Estrada Villa, dijo que tras detectar este hecho, y con el propósito de garantizar que el proceso democrático sea óptimo en las elecciones del próximo año, el Gobierno reforzará los mecanismos de seguridad de los candidatos presidenciales. Sobre el hecho, en diálogo con el diario "El Colombiano", Garzón aseguró que el Gobierno en ningún momento le avisó el viernes, lo que sí hizo el sábado, ya después del acto político. Según la información que le brindaron, se trató de la presunta llegada a Bogotá de un grupo de sicarios, identificados como pertenecientes a la banda La Terraza, si bien no le aclararon los autores intelectuales del plan ni si hubo capturas u otras acciones. Sobre la presunta autoría, aseguró el ministro Estrada Villa que "se tiene alguna percepción preliminar de que el atentado lo iban a ejecutar los grupos de autodefensa". En su página en internet, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desmintieron ese intento de su parte.

 Preocupación por algunos alcances de la ley de Seguridad y Defensa Nacional, expresó ante el Congreso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, que realiza una visita al país. Según el vicepresidente de la CIDH, Juan Méndez, con el llamado teatro de operaciones, plasmado en la Ley de Seguridad, se crea un nuevo estado de excepción, "cuando la Constitución habla sólo de tres (estado de guerra exterior, de conmoción interior y de emergencia económica). Por legislación no se pueden consagrar nuevos estados de excepción". Méndez también hizo reparos a la norma que le otorga facultades de policía judicial a las Fuerzas Militares. Por su parte, Claudio Grossman, Presidente de la CIDH, dijo que durante su visita, la comisión ha recibido quejas y denuncias sobre la tolerancia hacia los paramilitares. Los siete integrantes de la CIDH se reunieron con las comisiones primeras de Senado y Cámara. Durante el encuentro, varios congresistas hicieron fuertes críticas a las autoridades estatales, a las que cuestionaron por no actuar en zonas de influencia de los paramilitares y la subversión.

2001/12/13

 Un total de 69 iniciativas entre proyectos de ley y actos legislativos tramitó la Comisión Primera del Senado, durante el periodo de sesiones comprendido entre el 20 de julio pasado hasta la fecha, según un informe entregado por las directivas de esa célula legislativa. El balance precisa que se analizaron y definieron 50 proyectos de ley y 10 actos legislativos en 23 sesiones ordinarias convocadas oficialmente por la mesa directiva de la Comisión compuesta por José Renán Trujillo, Roberto Gerlein y Eduardo López. De acuerdo con el reporte parcial entregado, de la totalidad de propuestas radicadas 50 fueron de iniciativa parlamentaria y 9 de autoría gubernamental. De ese total, 13 fueron aprobadas, 7 archivadas y una fue retirada. Igualmente se establece que 20 iniciativas no tuvieron informe para primer debate, el estudio de una más fue aplazado y 15 adicionales quedaron en lista de espera para ser consideradas en el 2002.

 El Procurador General de la República, Edgardo Maya, afirmó que Colombia necesita contar con una legislación que le permita declarar un estado de guerra interna ante la gravedad que ha adquirido el conflicto armado. "Aquí hay que hacer una legislación de guerra y declarar un estado de guerra", dijo Maya. El Procurador aseguró que la Carta Magna de 1991 impide esa situación porque fue pensada para un país en paz y sólo contempla tal posibilidad en caso de una amenaza externa. "Primero hay que modificar la Constitución porque está hecha para un estado social de derecho al que aspiran todos los colombianos", aseguró Maya. La propuesta será dada a conocer a delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se encuentra de visita en Colombia, afirmó el procurador.

 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, recomendó al Gobierno adoptar una política agresiva contra las acciones de las autodefensas que lleve al desmantelamiento de esos grupos armados. En una conferencia de prensa, Claudio Grossman, presidente de la CIDH, expresó su preocupación por la violencia desatada por los grupos de autodefensas, reflejada en la comisión de masacres, asesinatos selectivos, actos de extorsión y desplazamiento masivo, como consecuencia de las llamadas limpiezas sociales y motivos políticos, entre otros. Si bien, la Comisión reconoce que el Gobierno ha adoptado medidas contra las autodefensas, reflejadas en capturas y judicialización de procesos contra varios de sus miembros, se afirma que el fenómeno paramilitar sigue creciendo y las acciones contra éste no han sido suficientes. Según Grossman, testimonios recogidos por la Comisión señalan que subsisten indicios graves que dan cuenta de la cooperación con los grupos de autodefensas por parte de agentes del Estado, y destacó la falta de judicialización contra muchos actos de violencia, pues en muchos casos no se hacen efectivas las órdenes de captura contra violadores de derechos humanos.


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