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Chihuahua y el estado de derecho


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Punto de Vista
CHIHUAHUA Y EL ESTADO DE DERECHO
Jesús Martínez Álvarez
Para quienes demandan justicia, fuego. Esta es la modalidad que se ha impuesto en Chihuahua.
El martes 15 fue incendiada la casa de la señora Sara Salazar, quien permanece a las afueras de la Fiscalía General de Chihuahua.
Su historia es la de un dolor inimaginable. En enero de 2010, su hija Josefina, activista, fue asesinada. Por temor a ser agredida, la señora Salazar abandonó su casa. En agosto de ese año, otro de sus hijos, Rubén, voluntario empeñado en causas sociales, también fue ejecutado.
Sin justicia que al menos resarciera el ámbito de la tranquilidad de que los homicidas no gozaran de impunidad, Sara Salazar enfrenta ahora otro dolor: sus hijos Magdalena y Elías y su nuera Luis Ornelas fueron secuestrados.
Ahora, acompañada de sus hijas Marisela y Claudia Reyes, quienes mantienen huelga de hambre, Sara está frente a la Fiscalía estatal. Allí recibió la noticia de que su casa había sido quemada.
Será que ante tantas ejecuciones, que se cuentan por decenas de miles en el país y miles en Chihuahua, las autoridades han perdido sensibilidad. Nada se aclara. El caso, por sí mismo, habría merecido la mayor atención en cualquier parte del mundo, incluido en nuestro país si éste no se encontrara en medio de una violencia que hace parecer anécdota cualquier tragedia.
Pero hay que recuperar nuestra capacidad de asombro. Debieran hacerlo las autoridades locales y asumir su responsabilidad con prontitud y eficacia. Debo decir que desconozco si hay investigación en curso y, desde luego, su avance. Lo que todos sabemos es que no hay resultados.
La señora Sara Salazar ha perdido a dos hijos y ahora vive la zozobra de no saber de otros dos más y de su nuera. Ella misma dice no saber de dónde saca fuerzas, pero allí está, ahora sin patrimonio, sin casa, sin muebles, “todo se acabó”.
Es inevitable recordar el caso de la señora Escobedo, quien también hacía una guardia, frente al propio Palacio del Gobierno de Chihuahua, demandando justicia por la muerte de su hija Rubí, cuando un sicario la persiguió y la asesinó. El hecho de que el homicidio haya sido captado por una cámara y repetido una y otra vez por televisión y subido a Internet apenas despertó conciencias y acaso, ese día, la policía de Chihuahua se movilizó un poco. Son cosas que pasan. Días después fue incendiada la maderería de un hombre con la que ella, al parecer, tenía o había tenido una relación sentimental.
El pasado miércoles 16, en Ciudad Juárez, fue incendiada la casa de Malú García Andrade, integrante de la organización Nuestras hijas de regreso a casa.
Malú García tiene en común con Sara Salazar y Marisela Escobedo su lucha por la justicia: en 2001 fue asesinada su hermana Lilia Alejandra. Desde entonces dedica el tiempo que puede a demandar justicia por casos de feminicidios y desaparición de mujeres.
El día del incendio, ella había ido a solidarizarse con la señora Sara Salazar. Por la noche su casa ardió. Nada pasa. Las autoridades van, revisan, se llevan evidencias. Supongo que capturan datos en computadoras y abren expedientes. De resultados, nada se sabe.
El hombre que impidió un asalto en su casa y mató a dos de los ladrones, fue asesinado unos días después. Todo ocurre sin que haya autoridades que impidan la sucesión de tragedias. La misma tragedia envuelve a todas estas víctimas: la indefensión. El estado de derecho convertido en polvo.
En el mismo Chihuahua, el gobernador César Duarte se indigna porque el defensor de oficio Joel Meneses solicite un amparo contra la sentencia dictada en contra de Sergio Rafael Barraza, presunto homicida de la joven Rubí, hija de la señora Marisela Escobedo. El defensor de oficio hacía su trabajo, pero el gobernador, cansado del caso, le da lecciones al abogado de cómo cumplir su responsabilidad. Esta es la lección, dictada por el ejecutivo estatal: “Ha hecho de la función de defensoría de oficio una función equivocada. No quiere decir que se constituya a ultranza en defensor de un asesino, sino que la función es garantizar un juicio justo”.
Por “equivocar” su función, ahora el abogado podría enfrentar una suspensión temporal o definitiva de su empleo en la Dirección de la Defensoría Pública del gobierno de Chihuahua.
No es que se abogue aquí por Rafael Barraza. Pero su defensor de oficio no puede ser castigado por hacer su trabajo, mientras la Procuraduría estatal y docenas de sus agentes no hacen el suyo.
Quizá esta colección de absurdos sean producto del absurdo: un país al que la violencia ha tomado como rehén, un justicia adormecida y rebasada, y amplios márgenes de libertad para quienes deciden asesinar seres humanos e incendiar las casas de quienes demandan justicia. Parece una pesadilla, una broma de humor negro, una novela extrema.
Estas son otras “consecuencias” o “daños colaterales” de la “estúpida guerra” que se vive en todo el territorio nacional.
Pero es sólo la realidad. El mundo de revés.
jema444@gmail.com

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