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Certificación Normas ISO 9001


Legislativas

H. Senado de la Naición / Diputados

Martes 18 de noviembre de 2014.-










EL PRO BUSCA SUMAR PODER EN LA MAGISTRATURA PORTEÑA

Los abogados eligen tres representantes para controlar a los jueces. El PRO reeditó su alianza con el Colegio de Abogados. Advertencias y denuncias desde la UCR


por MARTÍN TORINO Buenos Aires
La alianza entre el PRO y el Colegio de Abogados porteño, que conduce Jorge Rizzo, buscará hoy la mayoría de los tres cargos que representan a los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad, en una elección que también renueva el jurado de enjuiciamiento por los próximos cuatro años. Con denuncias respecto a que el oficialismo porteño busca controlar la Justicia a través del órgano que regula a los jueces, compiten "Abogados Pluralistas" (radicalismo) y la lista "Abogados de Pie", que apoya el constitucionalista Daniel Sabsay.
El 15 de diciembre asumirán quienes resulten electos hoy por los abogados en el Consejo de la Magistratura. Completan su mandato Daniel Fábregas y Jorge Enríquez, de "Gente de Derecho", y Alejandra García, de "Cambio Pluralista".
El Consejo se completa con un tercio elegido por la Legislatura y otro de magistrados.
Al igual que en abril –en las elecciones para conducir el Colegio de Abogados– el PRO se alió a Rizzo, quien irá como candidato para el jurado de enjuiciamiento, por "Gente de Derecho". Incluso ayer, el propio jefe de Gobierno porteño, Mauricio Macri, apuntaló a esta lista con una foto suya junto a los candidatos.
Según las estimaciones, ingresarían los principales candidatos de "Gente de Derecho": Juan Pablo Godoy Vélez, del ala de Rizzo; y Marcela Basterra, que responde al jefe de Gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta. Mas Velez cuestionó la alianza por temor a que "Gente de Derecho" sea "cómplice" del oficialismo porteño.
"Nuestra independencia no la vamos a ceder", se defendió antes El Cronista Godoy Vélez, aunque reconoció que su compañera, la macrista Basterra, votará "según sus intereses".
Sin embargo desde "Abogados Pluralistas" el ex titular de la UCR Capital, Mas Velez, denunció que "está en discusión una lista que quiere garantizar un poder judicial dócil al Poder Ejecutivo". De entrar, Mas Velez integraría el Consejo por dos años y (según el acuerdo previo) luego lo reemplazaría Javier Roncero, cercano al diputado Ricardo Alfonsín. Esta lista hizo campaña con el apoyo de referentes radicales como el titular de la Auditoría General de la Nación, Leandro Despouy y el ex fiscal del Juicio a las Juntas, Julio César Strassera.
También compite la lista de "Abogados de Pie" que lleva como primer candidato a Jorge Martín Irigoyen. Para Sabsay, es la "única lista independiente" y añadió que el Consejo debe guardar una "despolitización y despartidización".
Entre las 8 y las 18 horas, los abogados de la Ciudad, podrán votar en el Colegio Público de Abogados porteño.


ASUMEN HOY LOS NUEVOS INTEGRANTES DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

Con la nueva integración se mantiene la paridad de fuerzas, ya que ni el oficialismo ni la oposición tendrán por sí solos los nueve votos que se requieren para enviar a juicio político a un juez o para aprobar una terna de candidatos a magistrados


Ese estado de situación requiere la negociación entre ambos espacios, lo que los consejeros salientes no lograron durante los últimos años y eso generó una parálisis en el funcionamiento del cuerpo.
El tema más trascendente desde el punto de vista político que tendrá el nuevo Consejo en lo inmediato es la elección del juez subrogante del juzgado federal 1 de La Plata, que estaba a cargo de Manuel Blanco, quien falleció a principios de septiembre pasado.
Se trata de un juzgado estratégico porque es el que tiene competencia electoral en la provincia de Buenos Aires.
La nueva composición tiene la particularidad que por primera vez uno de sus integrantes no es abogado, ya que así lo permite la reforma que se le hizo a la ley del Consejo. Se trata del senador nacional del Frente para la Victoria por San Juan Ruperto Godoy.
La ley original establecía que para ser integrante del Consejo se debían reunir los requisitos de los jueces de la Corte, entre ellos ser abogados, pero el año pasado se reformó la norma y se fijó como nuevas condiciones las que se tienen para ser diputado nacional, que no requiere haber pasado por la Facultad de Derecho.
Por el Senado nacional, junto con Godoy, asumirán Pablo González (Frente para la Victoria-Santa Cruz) y Angel Rozas (UCR -Chaco), quienes reemplazarán a los kirchneristas Marcelo Fuentes y Ada Iturrez y al radical Mario Cimadevilla.
Por Diputados llegan al Consejo el radical Gustavo Valdés, el oficialista Héctor Recalde (se van Oscar Aguad y Carlos Moreno) y se mantiene el legislador de La Cámpora Eduardo "Wado" de Pedro.
El resto de los nuevos integrantes son: los jueces Luis María Cabral, Gabriela Vázquez y Leónidas Moldes; los abogados Adriana Donato y Miguel Piedecasas, y el representante de los académicos Jorge Daniel Candis.
En tanto, el representante del Poder Ejecutivo, el viceministro de Justicia Julián Alvarez, continuará en el Consejo.


POR PRIMERA VEZ EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA TENDRÁ UN INTEGRANTE QUE NO ES ABOGADO

Se trata de Ruperto Godoy, senador kirchnerista por San Juan. Hoy asumirá con el resto de los nuevos miembros del órgano encargado de la selección y la acusación de los jueces nacionales y federales


Hoy al mediodía el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, tomará juramento a los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura. El dato destacado es que por primera vez uno de ellos no será abogado, ya que así lo permite la reforma que se le hizo a la ley del Consejo el año pasado. Se trata del senador nacional del Frente para la Victoria por San Juan, Ruperto Godoy. El legislador kirchnerista cursó la carrera de Abogacía en una universidad cuyana, pero no la terminó.
La ley original establecía que para ser integrante del Consejo –órgano encargado de seleccionar y eventualmente acusar a jueces nacionales y federales– se debían reunir los requisitos de los jueces de la Corte, entre ellos ser abogado, pero el año pasado se reformó la norma y se fijó como nuevas condiciones las que se tienen para ser diputado nacional, que no incluyen haber pasado por la Facultad de Derecho.
Por el Senado nacional, junto con Godoy, asumirán Pablo González (Frente para la Victoria-Santa Cruz) y Ángel Rozas (UCR -Chaco), quienes reemplazarán a los kirchneristas Marcelo Fuentes y Ada Iturrez y al radical Mario Cimadevilla.
Por Diputados llegan al Consejo el radical Gustavo Valdés, el oficialista Héctor Recalde (se van Oscar Aguad y Carlos Moreno) y se mantiene el legislador de La Cámpora Eduardo "Wado" de Pedro. El resto de los nuevos integrantes son: los jueces Luis María Cabral, Gabriela Vázquez y Leónidas Moldes; los abogados Adriana Donato y Miguel Piedecasas, y el representante de los académicos Jorge Daniel Candis.
En tanto, el representante del Poder Ejecutivo, el viceministro de Justicia Julián Álvarez, continuará en el Consejo.
Con la nueva integración se mantiene la paridad de fuerzas, ya que ni el oficialismo ni la oposición tendrán por sí solos los nueve votos que se requieren para enviar a juicio político a un juez o para aprobar una terna de candidatos a magistrados.
Ese estado de situación requiere la negociación entre ambos espacios, lo que los consejeros salientes no lograron durante los últimos años, y eso generó una parálisis en el funcionamiento del cuerpo.
El tema más trascendente desde el punto de vista político que tendrá el nuevo Consejo en lo inmediato es la elección del juez subrogante del Juzgado Federal 1 de La Plata, que estaba a cargo de Manuel Blanco, quien falleció a principios de septiembre pasado.
Se trata de un juzgado estratégico porque es el que tiene competencia electoral en la provincia de Buenos Aires.


Telecomunicaciones

LAS TELEFÓNICAS NO PODRÁN PARTICIPAR DE LA TV SATELITAL

El oficialismo admitió que se harán cambios al proyecto original


Por Gustavo Ybarra

Los reclamos de los senadores oficialistas y de los empresarios de cooperativas de telefonía y de TV por cable serán escuchados y el proyecto de ley de telecomunicaciones del Poder Ejecutivo sufrirá importantes modificaciones antes de su debate en el recinto del Senado, previsto para el miércoles de la semana próxima.


Uno de los cambios más importantes será la prohibición a las compañías telefónicas de ofrecer televisión satelital directa. La medida favorecerá a las pequeñas operadoras del interior, pero también le permitirá a DirecTV mantener la exclusividad del servicio.
También se espera la inclusión de un mecanismo de gradualidad para la apertura de las redes domiciliarias. En las conversaciones que los senadores mantienen con el Gobierno todavía se discuten los parámetros (número de abonados, de habitantes, un cronograma a cinco años) que se utilizarán para evitar que las telefónicas tengan acceso a redes ajenas en el interior del país.
La introducción de cambios fue confirmada por Liliana Fellner (FpV-Jujuy), presidenta de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, ámbito en el que desde hace dos semanas senadores, especialistas y empresarios vienen advirtiendo del impacto negativo que tendrá el proyecto para las pymes y cooperativas del interior del país el ingreso de las grandes telefónicas (Telecom y Telefónica de Argentina) sin restricciones a las redes de fibra óptica y de cable desarrolladas por esas empresas.
Fellner confirmó los cambios ante una nueva ronda de reclamos que pequeños operadores de telefonía y TV por cable lanzaron ayer durante una reunión en el Senado con legisladores integrantes de la Red Nacional de Parlamentarios Cooperativistas.
En un ambiente de amplio consenso con la necesidad de modernizar el marco regulatorio de las denominadas tecnologías de la información y la comunicación, los empresarios volvieron a machacar con su temor a sucumbir ante el poder de las empresas más poderosas del sector.
"Nos preocupa la posibilidad de que las grandes telefónicas usen las redes de las cooperativas y mucho más aún la instalación de TV directa por satélite en los hogares", planteó Luis Costanzo, de una cooperativa de Cutral-Có (Neuquén).
Por su parte, Raúl Parodi, ingeniero en telecomunicaciones que acompañó a la delegación de la Federación de Cooperativas Telefónicas (Fecotel), pidió tener en cuenta "el timing para la apertura de las redes, para no terminar en medio de la selva y víctimas del león". Se refirió así a las telefónicas que, dijo, "tienen una capacidad predatoria que puede destruir a todas las cooperativas".
El reclamo de los empresarios encontró eco en la senadora ultraoficialista María Esther Labado (Santa Cruz). "Es necesaria la reforma de la ley (por el proyecto), porque el Frente para la Victoria de Santa Cruz lo que ha buscado siempre ha sido incluir, y no excluir", afirmó.
Ante los pedidos, Fellner destacó el "paso fundamental" que implica el proyecto en la democratización de las comunicaciones, pero también admitió que en las audiencias se escucharon "muchas voces que alertaron de que esto (por el proyecto) no estaba bien redactado".
"TEMA ESTRUCTURAL"
Ahí fue cuando confirmó la prohibición a las telefónicas de ofrecer TV satelital. "Es un tema estructural y estamos totalmente de acuerdo en que no podemos permitir que tengan servicio de TV directa por satélite al hogar", dijo Fellner.
Sobre la apertura de redes, la senadora dijo a LA NACION que se encuentra trabajando con el secretario de Comunicaciones, Norberto Berner, "en los parámetros que se usarán para establecer un sistema de gradualidad".
No obstante, Fellner rechazó el pedido para que se diera marcha atrás con la eliminación de la larga distancia en las comunicaciones telefónicas, pero dijo que también se trabaja en volver a la declaración de servicio público de la telefonía fija (que el proyecto elimina al derogar la ley vigente) y en la introducción en el proyecto de una definición más clara del concepto de neutralidad de la red.
El texto definitivo se conocerá mañana, a las 9.30, cuando el oficialismo tiene decidido firmar dictamen al proyecto.




JURAN HOY ONCE INTEGRANTES DEL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

CON UNA NUEVA COMPOSICIÓN

El oficialismo seguirá teniendo seis consejeros propios del total de trece y apostará a lograr alianzas con los representantes de los jueces. Las grandes decisiones se deberán tomar luego de la negociación política.


Por Irina Hauser
El Consejo de la Magistratura será otro a partir de hoy cuando presten juramento once nuevos integrantes. El oficialismo seguirá teniendo seis consejeros propios del total de trece y apostará a lograr alianzas con los representantes de los jueces. Todo indica que, tal como viene sucediendo, las grandes decisiones de designación y remoción de magistrados seguirán sujetas a la negociación política. El primer plenario del cuerpo renovado será este jueves: ahí mismo se elegirán las autoridades y se definirá quién comandará cada comisión.
El último período del consejo fue de gran parálisis y votaciones empantanadas, que solía destrabar un representante de los jueces (Mario Fera), no siempre en el mismo sentido. El kirchnerismo seguirá teniendo como representantes propios al delegado del Poder Ejecutivo, Julián Alvarez, y al diputado Eduardo “Wado” De Pedro, a quienes se sumarán el diputado Héctor Recalde y los senadores Ruperto Godoy y Pablo González, más el académico Jorge Candis. Por el radicalismo asumirán el senador chaqueño Angel Rozas y el diputado Eduardo Valdés. Los nuevos consejeros abogados también son de raíz opositora: Adriana Donato, quien llegó fogoneada por el PRO, y Miguel Piedecasas, un santafesino en quien confluyeron avales del presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, del radicalismo y del massismo.
El grupo de los tres consejeros jueces se perfila como el más enigmático en sus futuros alineamientos. A diferencia de otros tiempos en que constituían un núcleo más homogéneo, esta vez provienen de tres listas distintas y sólo uno de ellos, Leónidas Moldes, se ha mostrado como antikirchnerista. La camarista laboral Gabriela Vázquez, peronista de origen, tiene afinidad con el Gobierno, y el juez Luis Cabral, actual titular de la Asociación de Magistrados y subrogante en la Cámara de Casación, tiene buen diálogo con el Ministerio de Justicia aunque en la corporación judicial representa a la lista más conservadora. El kirchnerismo apuesta a tejer alianzas con estos dos últimos jueces, a las puertas de un año en que promovería decenas de designaciones en el Poder Judicial.
La asunción de los nuevos consejeros será en la sala de audiencias de la Corte Suprema, ya que Lorenzetti les tomará juramento. Recalde será titular interino del consejo (por ser el de más edad) por lo menos hasta el jueves, cuando se hará el primer plenario. Lo más probable es que otra vez presida el cuerpo algún juez: la mayoría de las especulaciones apuntan a Vázquez (del ala más progresista de la Asociación de Magistrados) y como alternativa a Cabral, quien ya comandó el consejo en 2010. Aun sin haber empezado, los consejeros ya tejen negociaciones. Las elecciones en la Asociación de Magistrados, que son la semana próxima, condicionan las discusiones.
El reparto de las comisiones será otro tema de negociación clave. Otro capítulo que es candidato a las discusiones de los primeros plenarios es la continuidad (o no) del administrador general, Germán Krieguer, un santafesino que responde a Lorenzetti y cuya gestión ha generado descontento dentro de la propia familia judicial. Krieguer, además, está salpicado por cinco denuncias penales en trámite: una por presuntos desvíos de fondos para un edificio para la Justicia civil, que motivó un procedimiento del juez Rodolfo Canicoba Corral en el consejo; otras dos por la locación de inmuebles que no pudieron ser utilizados para los fines previstos; otras por contrataciones “poco claras” en servicios de todo tipo, desde limpieza hasta informáticos, y se analiza si cumplía las condiciones para ser nombrado en el cargo de administrador.


EL KIRCHNERISMO BUSCARÁ ESTE MIÉRCOLES LA MEDIA SANCIÓN DEL NUEVO CÓDIGO PROCESAL PENAL

El Senado tratará el proyecto en una sesión especial, tras siete meses de discusión en comisión. Hubo 42 modificaciones al texto que mandó el Ejecutivo.



Concluida una extensa ronda de consultas, la Cámara de Senadores tratará este miércoles en el recinto el proyecto enviado por la Casa Rosada que reforma de manera integral el Código Procesal Penal.
La iniciativa se propone el reemplazo del actual sistema inquisitivo, donde el juez investiga y juzga, a otro acusatorio adversarial donde toda la investigación corre a cuenta del fiscal.
El objetivo del Frente para la Victoria es darle media sanción al proyecto, para que la Cámara de Diputados lo sancione antes de fin de año. Por ahora tiene garantizado su aprobación con votos propios, mientras que los bloques opositores evalúan las 42 modificaciones al texto que mandó el Ejecutivo.
Por su parte, la UCR presentó un dictamen en minoría proponiendo otras enmiendas, como la reforma del Ministerio Público Fiscal y la implementación de juicios por jurados.
El Senado debatió siete meses sobre la reforma al Código Procesal Penal, primero en base a proyectos de legisladores y luego a partir de la propuesta del Poder Ejecutivo.
Ante las comisiones de Justicia y Asuntos Penales y de Presupuesto expusieron procuradores, fiscales, jueces, abogados, funcionarios del Poder Ejecutivo y empleados municipales.
Ejes del proyecto
El nuevo Código Procesal Penal establece un sistema acusatorio -en reemplazo del sistema mixto actual- en el que se fortalece el poder del Ministerio Público Fiscal, hoy en manos de Alejandra Gils Carbó.
Así, los fiscales quedarán a cargo de la investigación y la recolección de pruebas –que hoy realizan los jueces- y podrán elegir qué causas investigar, salvo en los casos de corrupción de funcionarios, discriminación o violencia de género, que deberán tomar sí o sí.
El texto original otorgaba amplias facultades a Gils Carbó, como la de reasignar causas a los fiscales de manera discrecional a partir de la entrada en vigencia del nuevo código. Pero esta atribución fue morigerada de modo que “las causas que ingresen con posterioridad a la puesta en funcionamiento de los nuevos órganos serán asignadas por sorteo entre todos los órganos del Ministerio Público Fiscal y de la Defensa ante cada Cámara”.
El proyecto fija un plazo máximo de tres años para la duración de un proceso judicial y además establece sanciones si los jueces demoran los casos –por ejemplo, someterse a un jury de enjuiciamiento-, aunque las causas no prescriben.
Por otra parte, se le dará más participación de las víctimas en los procesos aunque no sean querellantes: son protegidas, pueden intervenir en el proceso y pueden seguir con una acción privada si el fiscal desiste en la investigación.
Todo el proceso será oral y, para decidir si se dicta la prisión preventiva, el Senado decidió eliminar el criterio de “conmoción social”, que estaba contemplado en el texto original.
Otro de los cambios dispuestos en el plenario de comisiones fue para atenuar las causales de expulsión de extranjeros, que se podrá realizar cuando sean sorprendidos delinquiendo “in fraganti” y si el delito tiene una pena mínima de tres años.
La implementación del juicio por jurados, un instituto que ya funciona en algunas provincias, quedará librada a una ley especial.
El nuevo Código Procesal Penal crea además, en el ámbito del Congreso Nacional, una comisión bicameral ad hoc, integrada por representantes de todos los partidos políticos, que estará encargada de monitorear la aplicación de la reforma.


EL MIÉRCOLES HABRÁ DICTAMEN SOBRE LA LEY DE ARGENTINA DIGITAL

La Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión se reunirá a las 9.30; el oficialismo le haría cambios al proyecto originial.

El Frente para la Victoria en el Senado buscará firmar este miércoles el dictamen favorable sobre el proyecto de ley de Argentina Digital, que podría sufrir algunos cambios luego de las rondas de exposiciones.
La iniciativa será debatida a partir de las 9.30 en la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión, que preside la jujeña Liliana Fellner (FpV), en una reunión en el Salón Illia.
El texto declara como servicio público el uso y acceso a las redes de telecomunicaciones para licenciatarios de servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), lo que habilita la regulación de tarifas en el mercado mayorista.
Otro punto clave de la ley es la autorización para que las telefónicas brinden servicio de televisión, lo que les sumará competencia a las cableras.
El objetivo de ambas medidas es incrementar la competencia para tratar de que eso derive en mejores precios para los clientes minoristas.
A su vez, la norma introduce cambios en el régimen del servicio universal, elimina la larga distancia nacional y prevé velocidades mínimas de transmisión que deberá fijar la autoridad de aplicación.
El proyecto delega en la autoridad de aplicación la definición de varios puntos clave, pero no explicita cuál será el organismo a cargo, pues el Poder Ejecutivo va a ser el encargado de designarlo, tal como lo ordena el Digesto Jurídico. Actualmente es la Secretaría de Comunicaciones la responsable de regular al sector.


FUERTE CRÍTICA DE NEGRI A DE LA SOTA

El jefe del bloque radical en Diputados sostuvo que el gobernador mediterráneo ha hecho de su provincia “una de las más caras de Argentina”.

“De la Sota llevó a Córdoba a ser una provincia en franco retroceso, fundida y cara”, afirmó el presidente del bloque radical de diputados nacionales, Mario Negri. Agregó que viene sosteniendo desde su implementación que “la tasa vial es inconstitucional y confiscatoria”.
Agregó que “el Gobierno provincial pone a Córdoba como una de las provincias más caras de Argentina, con menos oferta para invertir y con los impuestos más altos”, agregó.
Negri afirmó que “De la Sota llevó a Córdoba de una oportunidad a una provincia en franco retroceso, fundida y cara, el agua de tarifas mas altas, sin energía, sin infraestructura y con una deuda de 35.0000millones de pesos”.
“Chocolate por la noticia para los que recién ahora se dan cuenta del falso ‘cordobesismo’ y de la promesa de mejorar cualquier oferta”, finalizó Negri.




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