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Centro de Derechos Humanos


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Centro de Derechos Humanos

Fray Bartolomé de Las Casas, AC




San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, a 22 de abril de 2008

AU 05


Acción Urgente




Represión a presos indígenas en el CERESO 5



  • Los presos políticos indígenas de la Voz de los Llanos y tres presos solidarios, son reprimidos a golpes por un grupo de presos que actúan con la aquiescencia de las autoridades penitenciarias.

  • Los presos agredidos han sido aislados y los responsables se encuentran impunes.

Este Centro de Derechos Humanos el pasado lunes 21 de abril a las 12:30 horas acudió al interior del Centro de Readaptación Social Número 5 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas en atención a la solicitud de intervención por parte de los presos políticos indígenas de La Voz de los Llanos y tres presos solidarios con las demandas de este grupo, que nos comentaron vía telefónica lo siguiente: “...fuimos brutalmente golpeados en los baños por un grupo de veinte presos, quienes realizaron las agresiones en compañía y bajo la dirección de cuatro precisos que actúan bajo las órdenes de la dirección del cereso”. Los afectados manifestaron también que: “este acto en contra de su dignidad, es una medida de represión por la lucha de resistencia política y pacífica que han sostenido en demanda de su liberación, por las denuncias públicas sobre la corrupción y la violencia racial que impera en el sistema penitenciario en Chiapas hacia ellos como indígenas”.



Los presos políticos indígenas de la Voz de los Llanos, son los siguientes: Antonio Díaz Pérez, Tiburcio Gómez Pérez, Juan Díaz López, Miguel Díaz López, Diego Rodríguez Hernández, Nicolás Pérez Núñez y Agustín Rodríguez Jiménez. Los tres presos solidarios con el grupo de presos políticos son: Mateo Gómez Santis, Agustín Díaz Gómez y el señor Orlando Santizo Castillo.
Hechos


  1. De acuerdo con el testimonio recabado a los agraviados, por este Centro de Derechos Humanos en el interior del Cereso 5, se obtiene que: “Siendo las 11:40 horas del día 21 de abril de 2008, nosotros como presos políticos indígenas de La Voz de los Llanos y otros tres presos compañeros simpatizantes con nuestra lucha, fuimos golpeados por ordenes del “preciso general” Bartolo García Suárez y otros tres precisos de nombres: Elias Domínguez Trejo, Damián Gutiérrez García y Eleuterio de la Cruz Martínez todos ellos de origen mestizo, en compañía de 20 presos más, entre ellos: Héctor de Jesús Bautista Hernández, José Luis Urbina Gamboa, Próspero Gonzalo Flores, Darinel Alfaro Gallego, Juan Cristóbal Magdaleno, Iván Estrada, José Capuino, Rigoberto López Alza, Juan Diaz Meléndez, Carlos Rodrigo, Tomas de la Cruz Martínez, Manuel López Pérez, Juan Trejo, el “Loco”, el “Disco” y el “Zorro”, quienes fueron pagadas con $100 pesos para cometer la agresión hacia nosotros”.




  1. Asimismo, señalaron que: “Los precisos y malandrines contratados para golpearnos, llegaron a nuestro lugar de trabajo donde laboramos hamacas, para decirnos que no teníamos derecho a trabajar en ese lugar y que no tenemos derecho a nada. Cuando comenzó la agresión, los custodios que se encontraban en el lugar de los hechos, no intervinieron para resguardar el orden y nuestra integridad física, sino que solamente presenciaron la golpiza que nos dieron los precisos y los 20 presos armados con palos, siendo notoria su complicidad con ellos”.




  1. De acuerdo con su dicho, los presos indígenas de La Voz de los Llanos y los tres presos solidarios, fueron golpeados en diversas partes de su cuerpo, mediante palos de escoba, puñetazos y patadas. Mateo Gómez Santiz, manifestó que lo zambulleron en un contenedor de agua intentando asfixiarlo. Juan Díaz López, presenta rasguños en el pecho y dificultad para respirar y con dolor en las costillas. Agustín Rodríguez Jiménez, presenta dolor en la mano derecha, dolor en todo su cuerpo y en su estomago, Antonio Díaz Pérez, manifiesta dolor en su costillas y espalda. Tiburcio Gómez Pérez, refiere presentar dolor de la frente, del cuello, de espalda, de estomago, de pecho lado derecho y dificultades de respirar, dolor los ojos y las orejas del lado derecho. Miguel Díaz López, muestra visiblemente una herida ceja izquierda y su ropa con restos de sangre. Diego Rodríguez Hernández, Nicolás Pérez Núñez, Agustín Díaz Gómez y el señor Orlando Santizo Castillo, manifiestan dolor en diversas partes de su anatomía al tacto.




  1. Los afectados, indican que se percataron que después de transcurrir treinta minutos de la agresión, los cuatro precisos mencionados en compañía del alcaide Sergio Lázaro Vicente del centro penitenciario, empezaron a recoger firmas de la población carcelaria, en la que solicitaban su traslado a otro centro de detención del Estado. Los propios presos políticos indígenas de la Voz de los Llanos, manifiestan que esto es una intervención directa de la autoridad máxima del CERESO 5 para coaccionar a la población carcelaria como un intento de callar su voz por las denuncias realizadas públicamente respecto de las anomalías y corrupción que rigen la vida interna de este centro de reclusión, ya que la relación que el grupo de presos políticos mantiene con el resto de la población es de normalidad y respeto.




  1. Los presos afectados, señalan que no es la primera vez que las autoridades penitenciarias permiten una agresión en contra del grupo de presos políticos indígenas La Voz de los Llanos. Manifiesta que hace un año, cuando se inició el grupo de La Voz de los Llanos les fabricaron un delito por intento de fuga y amotinamiento, por lo cual estuvieron castigados 5 días. En ese entonces, las acciones de represión eran por iniciativa del ex director del CERESO 5 Rodolfo del Pino Estrada y su alcalde de apellido Lester. Estos ex funcionarios ya fueron relevados, sin embargo, los precisos siguen sosteniendo la red de complicidades, extorsión y corrupción en perjuicio de la población carcelaria que ha tenido que someterse por la violencia y las amenazas de parte de este grupo de presos, protegidos por las autoridades penitenciarias, para realizar cualquier tipo de trabajo forzoso durante lapsos indeterminados en caso de no pagar tarifas ilegales establecidas por ellos, así como el vivir en espacios físicos indignos en caso de no someterse al pago de dichas “cuotas”.




  1. Los miembros de la Voz de los Llanos y los tres presos indígenas solidarios al grupo, manifiestan que esta política de violencia y sometimiento practicada por los “precisos” que mantienen el control del CERESO 5 bajo la connivencia de las autoridades del centro de detención, está apoyada en actos y prácticas de discriminación racial hacia los presos indígenas, la cual representa un alto porcentaje de la población penitenciaria, con quienes lucran y realizan cualquier tipo de trato inhumano y degradante.



  1. En este momento, los afectados se encuentran aislados del resto de la población, con temor a ser agredidos nuevamente por los precisos y los custodios o ser trasladados a otro centro penitenciario. Los agraviados manifiestan que no les están brindando la valoración y atención médica adecuada que permita establecer la magnitud de las lesiones que presentan.


Consideraciones

Este Centro de Derechos Humanos ha documentado patrones violatorios de los derechos humanos, especialmente en contra de la población indígena de los Centro de Readaptación del Estado Chiapas, en el que son mantenidos en situación de esclavitud mediante el sometimiento a trabajos forzados y obligados a vivir en espacios físicos sin las mínimas garantías de dignidad. Estas prácticas de discriminación y violencia racial son toleradas por las autoridades penitenciarias, las cuales son ejecutadas directamente por presos de origen mestizo conocidos como “precisos” que mantienen el control de la población carcelaria, en este caso del CERESO 5 de San Cristóbal de Las Casas, pero que es práctica generalizada en el Estado de Chiapas y en el país.


De acuerdo, con la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 5, toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. Asimismo, nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Además, toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
En este orden de ideas, el Estado Mexicano de acuerdo con el artículo 1 y 2 de la Convención Americana tiene la obligación de respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de raza, color sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición social.

Por lo anterior, el Estado Mexicano tiene la obligación internacional de garantizar no solamente mediante disposiciones legislativas los derechos y libertades consagrados en la Convención Americana y otros tratados de derechos humanos, sino también mediante recursos plenamente efectivos y adecuados en la práctica, para garantizar de verdad el goce y ejercicio de los derechos.


En la resolución 01/08 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, la Comisión señala en el Principio I que toda persona privada de libertad que esté sujeta a la jurisdicción de cualquiera de los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos serpa tratada humanamente, con irrestricto respeto a su dignidad inherente, a sus derechos y garantías fundamentales, y con estricto apego a los instrumentos internacionales sobre derechos humanos.
Asimismo, señala la Comisión Interamericana en el mismo precepto que tomando en cuenta la posición especial de garante de los Estados frente a las personas privadas de libertad, se les respetará y garantizará su vida e integridad personal, y se asegurarán condiciones mínimas que sean compatibles con su dignidad.
La responsabilidad del Estado Mexicano, en lo que respecta a la integridad de las personas a su custodia no se limita a la obligación negativa de abstenerse de torturar o maltratar a dichas personas. Siendo la cárcel y la prisión, lugares donde el Estado tiene control total sobre la vida de los detenidos y reclusos, sus obligaciones hacia estos, en particular sus obligaciones positivas, también son mayores. Las obligaciones del Estado Mexicano en esta circunstancia incluyen, entre otras, la de proteger a los reclusos contra hechos de violencia provenientes de cualquier fuente.

De acuerdo con la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura en su artículo 6, establece la obligación del Estado de tomar medidas efectivas para prevenir y sancionar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes en el ámbito de su jurisdicción. Si bien es cierto que existe a nivel interno la Ley Estatal para Prevenir y Sancionar la Tortura de Chiapas, no basta la existencia formal de una norma o recurso legal para considerar que se está protegiendo de manera efectiva un derecho sino que este debe ser efectivo en la práctica.


La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de las Naciones Unidas, en su artículo 2.1 a) señala que los Estados partes se comprometen a no incurrir en ningún acto o práctica de discriminación racial contra personas, grupos de personas o instituciones y a velar por que todas las autoridades públicas e instituciones públicas, nacionales y locales, actúen en conformidad con esta obligación. De esta manera, el Estado Mexicano está obligado a prohibir y hacer cesar por todos los medios apropiados, incluso, si lo exigieran las circunstancias, medidas legislativas, la discriminación racial practicada por personas, grupos u organizaciones.
Consideramos que el Estado Mexicano, está incumpliendo sus compromisos en materia de derechos humanos al no garantizar efectivamente las garantías previstas tanto en su propia Legislación así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial de las Naciones Unidas, los Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad en las Américas, entre otros instrumentos internacionales, con lo cual es responsable no sólo de la tortura, de los tratos crueles inhumanos o degradantes y de su consecuente falta de adecuación de su norma interna a la internacional, sino además resulta responsable de tolerar la discriminación y la violencia racial a las personas pertenecientes a los pueblos indígenas que deciden organizarse en contra de la represión y la violencia en la prisión de San Cristóbal de Las Casas “CERESO 5” en Chiapas.
Tomando en cuenta los hechos y consideraciones antes mencionados, y debido al riesgo inminente que existe de que las agresiones inferidas al grupo de presos políticos y presos solidarios queden impunes por la ausencia de una investigación adecuada y efectiva, así como la posibilidad de que vuelvan a cometerse, este Centro de Derechos Humanos solicita:


  • Al Gobierno del Estado de Chiapas y al Gobierno Federal, que adopte sin dilación, las medidas necesarias para garantizar la salud, la integridad física y psicológica del grupo de presos políticos La Voz de los Llanos y de los presos que se han solidarizado en sus demandas, quienes han sido víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Asimismo, a que se garantice que los presos indígenas afectados no sean trasladados a ningún otro centro penitenciario.




  • Iniciar las investigaciones que deslinden las responsabilidades de carácter administrativo, ya sea por acción y/o comisión por omisión, de los servidores públicos del CERESO 5 involucrados en el evento. En el entendido de que por su naturaleza jurídica de Estado, tiene la obligación tanto nacional como internacional de garantizar a las personas privadas de libertad que se encuentran bajo su custodia, de que se respeten y garanticen su vida e integridad personal, así como protegerlas contra todo tipo de tortura, tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, castigos corporales, castigos colectivos inferidas por los demás presos como de los servidores públicos de los centros de detención.




  • Que el Ministerio de Justicia del Estado de Chiapas realice las investigaciones serias, exhaustivas, imparciales y sin dilación alguna, para esclarecer y deslindar las responsabilidades de carácter penal de todos los involucrados en la agresión física tumultuaria hacia los miembros de la Voz de los Llanos y los tres presos solidarios, para imponer las sanciones legales correspondientes.




  • Que las autoridades penitenciarias del CERESO 5 garanticen la vida y la seguridad personal de los presos políticos de la Voz de los Llanos, de los tres presos solidarios a este grupo y de todos aquellos presos que se ven amenazados y extorsionados por los grupos de presos denominados “precisos” que siguen sometiendo a la población carcelaria bajo reglas extralegales y bajo el manto de la impunidad, mediante la ejecución de trabajos forzados y obligándolos a habitar espacios físicos indignos en caso de no cubrir el pago de sus “cuotas”. Es contrario a los principios y los derechos humanos de las personas privadas de libertad, que las autoridades de los centros de detención permitan que las personas privadas de libertad tengan bajo su responsabilidad la ejecución de medidas disciplinarias o la realización de actividades de custodia y vigilancia, asimismo el consentir que las personas privadas de libertad realicen trabajos forzados en condiciones de esclavitud y vivan en espacios sin las mínimas garantías de dignidad, por razones de origen étnico o posición económica.




  • El Estado Mexicano debe asumir su responsabilidad internacional derivada de los compromisos adquiridos, para tomar medidas especiales y concretas, en las esferas social, económica, cultural, para asegurar la adecuada protección de los presos indígenas recluidos en los centros penitenciarios del país, con el fin de garantizarles en condiciones de igualdad el pleno disfrute de sus derechos humanos y de las libertades fundamentales.


Atentamente
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, A.C

ENVÍE SUS LLAMAMIENTOS A:
Felipe de Jesús Calderón Hinojosa

Presidente de la República


Residencia Oficial de los Pinos Casa Miguel Alemán

Col. San Miguel Chapultepec, C.P. 11850, DISTRITO FEDERAL, México

(55) 27891100 (55) 52772376

Correo-electrónico: felipe.calderon@presidencia.gob.mx


Lic. Juan José Sabines Guerrero
Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas

Palacio de Gobierno del Estado de Chiapas
Av. Central y Primera Oriente, Colonia Centro, C.P. 29009
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

Correo-electrónico: secparticular@chiapas.gob.mx

Fax: +52 961 61 88088 – + 52 961 6188056


Lic. Juan Jesús Mora Mora

Secretario Ejecutivo del


Consejo de Ejecución Sanciones Penales y Medidas de Seguridad

Teléfono: (961) 61 1-18-29, 61 2-18-21 Fax: 61 3-31-54

Email: jmora@secesp.chiapas.gob.mx



Lic. Sonia Siman Morales

Presidente de la Magistratura Superior del Estado de Chiapas y Consejera Presidente del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial del Estado de Chiapas

Palacio de Justicia

Libramiento Norte Oriente no. 2100. Fracc. El Bosque. C.P. 29047.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Conmutador (01-961) 61 7-87-00 o a los siguientes números:

01 (961) 61 65 350 o al 01 (961) 65 354


Lic. Amador Rodríguez Lozano

Ministro de Justicia del Estado de Chiapas

Libramiento norte oriente y Rosa de Oriente #2010, Col. El Bosque, C.P. 29049

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México

Fax: + 52 (961) 6-17-23-00

Correo-electrónico: arodriguez@mje.chiapas.gob.mx
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