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Cecilio bonilla


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Rad. 25759. REVISIÓN

CECILIO BONILLA

República de Colombia




Corte Suprema de Justicia



Proceso No 25759

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL

Magistrado Ponente



JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS

Aprobado acta N° 266


Bogotá, D. C., dieciseis (16) de septiembre de dos mil ocho (2008).
V I S T O S

La Sala resuelve la admisibilidad formal de la demanda de revisión presentada por el apoderado de CECILIO BONILLA contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Cartagena, el 27 de mayo de 2005, mediante la cual confirmó en lo fundamental la dictada por el Juzgado Treinta y Nueve Penal del Circuito de Bogotá del 6 de julio de 2004, y lo condenó a las penas principales de 98 meses de prisión y multa de cien mil pesos ($100.000.00) y a las accesorias de interdicción de derechos y funciones públicas y suspensión para el ejercicio de la profesión de abogado por el mismo lapso de la pena privativa, como autor de las conductas punibles de falsedad material de particular en documento público agravada por el uso, estafa en grado de tentativa, fraude procesal y uso de documento público falso.

Vale indicar que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia mediante providencia del 2 de mayo de 2006, inadmitió la demanda de casación y declaró la extinción de la acción penal por razón de la prescripción respecto de las conductas punibles de falsedad en documento público agravada por el uso, fraude procesal y estafa en grado de tentativa dentro del proceso radicado bajo el número 398357 y, por lo mismo, determinó nuevamente la sanción privativa de la libertad como se expondrá a continuación.
H E C H O S
Fueron sintetizados por la segunda instancia de la siguiente manera:
La presente investigación se inició en virtud de denuncia instaurada el 16 de febrero del año 1999 por el Grupo Especial de Delitos contra la Administración Pública del DAS, en contra de MARÍA PAULA VENTÉ OROBIO y CECILIO BONILLA ya que éste último presentó solicitud de pensión de jubilación a favor de VENTÉ OROBIO ante CAJANAL, aportando para ello certificaciones de tiempo de servicios y factores salariales supuestamente expedidos por la Contraloría General de la República, documentos que a la postre resultaron falsos pues la referida entidad certificó que la señora MARÍA PAULA VENTÉ OROBIO no laboró el tiempo a que se referían los certificados con esa entidad, siendo el abogado CECILIO BONILLA la persona que entregó la documentación apócrifa”.

Enviado el asunto a los Juzgados Penales del Circuito, para el desarrollo de la etapa del juicio, su conocimiento correspondió al treinta y nueve de dicha categoría, funcionario que le imprimió el trámite del juicio, recibiéndose en el desarrollo de esta etapa otros procesos seguidos contra el mismo procesado por haber presentado otras reclamaciones pensionales con base en documentación falsa esta vez actuando en nombre y representación de los señores ROSA MARGARITA LEDESMA DE CASTRO, ARNULFA VALENZUELA CASTILLO, y MANUEL JOSÉ BONILLA, procediéndose a la acumulación de las referidas causas”.


Con base en los anteriores hechos, se dispuso la apertura de cuatro investigaciones penales (sumarios 398357, 366665, 389103 y 340257) en cuyo desarrollo se vinculó formalmente a CECILIO BONILLA, mediante diligencia de indagatoria y a los mencionados María Paula Venté Orobio, Margarita Ledesma de Castro, Arnulfa Valenzuela Castillo y MANUEL JOSÉ BONILLA”.

A C T U A C I Ó N P R O C E S A L
Como quiera que de los hechos se desprendieron cuatro procesos, declarándose la extinción de la acción penal respecto del expediente radicado bajo el número 398357 en contra de Cecilio Bonilla y María Paula Venté Orobio, la Sala se abstendrá de hacer mención a la misma, por sustracción de materia.
1. Aclarado lo anterior, se procederá a reseñar los puntos relevantes de los demás procesos acumulados y que tienen que ver con la petición de revisión, así:
a) Proceso radicado bajo el número 366665

De acuerdo con la constancia fáctica en precedencia reseñada, la Fiscalía 181 Seccional de Bogotá, el 23 de abril de 2001, dictó resolución de acusación contra Cecilio Bonilla por los delitos de falsedad en documento privado, falsedad material de particular en documento público agravada por el uso, estafa en grado de tentativa y fraude procesal, providencia que cobró ejecutoria el 14 de mayo de esa anualidad.


Así mismo, vale destacar que en esta misma decisión se precluyó la investigación a favor de Margarita Ledesma de Castro.
b) Proceso radicado bajo el número 389103

En virtud de los hechos narrados en precedencia, la Fiscalía 68 Seccional de Bogotá, el 14 de junio de 2001, profirió resolución de acusación contra Cecilio Bonilla por los delitos de falsedad material de particular en documento público agravada por el uso y fraude procesal. En esta misma decisión, se precluyó investigación a favor de Arnulfa Valenzuela Castillo, providencia que cobró ejecutoria el 29 de junio de 2001.



c) Proceso radicado bajo el número 340257

Por último, como consecuencia de los hechos narrados en precedencia la Fiscalía 115 Seccional de Bogotá, el 8 de noviembre de 2000, profirió resolución de acusación en contra de Cecilio Bonilla por los delitos de uso de documento público falso y estafa en grado de tentativa, providencia que cobró ejecutoria el 19 de mayo de 2001.


A nivel de información, de igual manera, se destaca que en la misma decisión se acusó a Manuel José Bonilla por los punibles de falsedad material de particular en documento público agravada por el uso y estafa en grado de tentativa.
2. La etapa del juicio la tramitó el Juzgado Treinta y Nueve Penal del Circuito de Bogotá que, luego de decretar la acumulación de los procesos en precedencia reseñados, el 6 de julio de 2004, dictó sentencia de primera instancia, así:
a) Condenó a Cecilio Bonilla a las penas principales de 98 meses de prisión y multa de $100.000.00 pesos, a las accesorias de interdicción de derechos y funciones públicas y suspensión para el ejercicio de la profesión de abogado por el mismo lapso de la pena privativa y al pago de perjuicios materiales por la suma de $5.000.000.00 de pesos, como “autor” de las conductas punibles de falsedad material de particular en documento público agravada por el uso, estafa en grado de tentativa, fraude procesal y uso de documento público falso.

Así mismo, lo absolvió del punible de falsedad en documento privado atribuido en el proceso radicado bajo el número 366665.


b) Condenó a Manuel José Bonilla a las penas principales de 45 meses de prisión y multa de $50.000.00 pesos, a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el mismo término de la principal y al pago de perjuicios por la suma de $1.250.000.00 pesos, como “autor” de los delitos de falsedad material de particular en documento público y estafa en grado de tentativa, atribuidos en el proceso radicado bajo el número 340257.
4. Apelado el fallo por los defensores de los procesados y por Cecilio Bonilla, el Tribunal Superior de Cartagena, el 27 de mayo de 2005, al desatar el recurso, lo confirmó en lo fundamental, habida cuenta que revocó la condena en perjuicios impuesta a los procesados, en tanto que consideró que no estaban debidamente acreditados.
5. Contra la anterior decisión los defensores de Cecilio Bonilla y Manuel José Bonilla Erazo interpusieron recurso de casación.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 2 de mayo de 2006, adoptó las siguientes decisiones:

a) Declaró la extinción de la acción penal por razón de la prescripción de las conductas punibles de falsedad en documento público agravada por el uso, fraude procesal y estafa en grado de tentativa imputados dentro del proceso radicado bajo el número 398357 seguido en contra de Cecilio Bonilla y María Paula Venté Orobio. En consecuencia, ordenó cesar todo procedimiento a favor de los mencionados procesados.


Así mismo, condenó a Cecilio Bonilla a las penas principales de “setenta y ocho (78) meses de prisión y multa por valor de $ 66.666,66 y la accesoria de interdicción en el ejercicio de derechos y funciones públicas al mismo lapso de la pena privativa de la libertad”, como autor de las conductas punibles de falsedad material de particular en documento público agravada por el uso, estafa en grado de tentativa, fraude procesal y uso de documento público falso, de acuerdo con los procesos radicados bajos los números 366665, 389103 y 340257.
b) Inadmitió las demandas de casación presentadas por el defensor de Cecilio Bonilla, por este mismo y por el defensor de Manuel José Bonilla Erazo.
L A D E M A N D A D E R E V I S I Ó N
El defensor de Bonilla, con base en la causal 2ª consagrada en el artículo 220 de la Ley 600 de 2000, pretende la revisión de la sentencia de segunda instancia por extinción de la acción penal por razón de la prescripción.

Luego de relacionar la actuación procesal, de identificar los despachos que profirieron las decisiones de primera y segunda instancia, enuncia las consideraciones que tuvo la Corte para inadmitir la demanda de casación mediante auto del 2 de mayo de 2006, destacando que no comparte “el rechazo a las peticiones”.


De acuerdo con lo anteriormente expuesto, el apoderado de Bonilla argumenta que en la demanda de revisión hace una relación ordenada de las causas acumuladas y las fechas de los hechos objeto de los procesos, así como también la denuncia, la resolución de acusación y su ejecutoria.
Después de realizar un análisis sobre la prescripción, dice que la Sala, al declarar la extinción de la acción penal por razón de la prescripción e inadmitir la demanda, en decisión del 2 de mayo de 2006, se quedó “corta”, en tanto que no declaró la prescripción con relación a las otras causas acumuladas y, por ello, solicita que se revisen todas las decisiones judiciales de instancia, haciendo extensiva ésta a los demás procesos acumulados, en aplicación al artículo 531 de la Ley 906 de 2004 por el principio de favorabilidad, normatividad que gobierna el nuevo sistema penal acusatorio y que es de obligatoria selección.
A continuación reseña jurisprudencia de la Sala y solicita que en caso de ser admitida la demanda, se disponga que “provisionalmente CESEN LOS EFECTOS DE LOS FALLOS CONDENATORIOS expedidos en primera y segunda instancia hasta cuando se produzca el fallo definitivo”.

De la misma manera, solicita que “se sirva tener en cuenta el impedimento legal a que se refiere el artículo 228 del C. de P. Penal”, en alusión a la Ley 600 de 2000.


En el acápite que llamó “MEDIOS DE PRUEBA”, se permite anunciar que allegó copias autenticadas de las sentencias de primera y segunda instancia y la providencia del 2 de mayo de 2006 por medio de la cual la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia declaró la extinción penal por razón de la prescripción de la causa radicada bajo el número 398357.
Asimismo, manifiesta que una vez que se admita la demanda, “se servirá disponer que se oficie al JUZGADO TREINTA NUEVE PENAL DEL CIRCUITO situado en la Carrera 29 N-18-45 Complejo judicial de Paloquemao tercer (3) piso bloque B de esta ciudad Capital, para que se sirvan remitir la causa 2000-114 en contra de CECILIO BONILLA y MANUEL JOSÉ BONILLA ERAZO conforme a lo dispuesto en el artículo 223 deI C. de P. Penal”.
También anota que aporta “copias informales de algunas Resoluciones de Preclusión, unas expedidas por darse ese fenómeno jurídico de la Prescripción, ésto con el fin de que se corrobore como los hechos que generaron las diferentes acciones en contra de Cecilio Bonilla fueron en la misma época simultáneamente es que si se verifica en el caso concreto las causas que la H Corte se abstuvo de invalidar, las decisiones de fondo se ejecutoriaron en la misma fecha o antes que la causa invalidadita (sic) oficiosamente; también allego dos (2) sentencias judiciales donde el sentenciado es absuelto; son elementos de juicio que allego apoyado en el artículo 83 de la C. Nacional; pero si los señores Magistrados lo consideran necesario bien pueden disponer que se oficie a las autoridades que expiden tales decisiones para corroboren o informen sobre la autenticidad de su contenido; así como de su ejecutoria”.
De otro lado, manifiesta que el procedimiento a seguir es el establecido en los artículos 223 a 225 de la ley procesal penal.
Sostiene que las conductas punibles que motivaron la actuación procesal y la decisión que intenta que sea revisada mediante la presente acción de revisión, tuvieron ocurrencia en vigencia del Decreto 100 de 1980.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE
1. La acción de revisión fue concebida por el legislador como un mecanismo excepcional a través del cual se busca la invalidación de una decisión ejecutoriada, cuando ésta entraña un contenido de injusticia material porque la verdad histórica de los acontecimientos resulta diversa de la obtenida procesalmente y se torna necesario hacer prevalecer la verdad material.

Esta acción sólo procede frente a la demostración de alguna de las causales taxativamente señaladas en la ley, siempre y cuando se colmen las exigencias específicas previstas en el artículo 222 de la Ley 600 de 2000 para la admisibilidad de la demanda.


2. La causal planteada en el presente caso, es la prevista en el numeral segundo del artículo 220 del estatuto procesal penal y consiste en que para el momento de proferir el fallo de condena, el Estado había perdido la oportunidad de ejercitar la acción penal, dado que operó el fenómeno jurídico de la prescripción.
La discusión que se propone en este evento es objetiva y, por ello, es necesario que se acrediten dos presupuestos básicos:
a) que la acción se dirija contra una sentencia condenatoria ejecutoriada y,
b) que el fenómeno prescriptivo se consolide antes de la ejecutoria de la sentencia que pone fin al proceso1.
Así, la remoción de la cosa juzgada sólo es posible cuando frente a la demostración de alguna de las causales taxativamente señaladas en la ley, se evidencia que se cometió una injusticia.
3. Ahora bien, recuérdese que el instituto de la extinción de la acción penal por razón de la prescripción está previsto en el Código Penal y es precisamente sobre ese punto donde radica el fundamento de la acción de revisión que emprende el defensor del sentenciado Cecilio Bonilla.
La Corte advierte que la demanda presentada por el apoderado de Cecilio Bonilla contra el fallo de condena no reúne los requisitos consagrados en el artículo 222 de la Ley 600 de 2000 para su admisibilidad, en tanto que no da los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya su solicitud.
En efecto, la labor argumentativa del accionante consistió en referenciar la providencia del 2 de mayo de 2006 dictada por la Sala al inadmitir las demandas de casación, manifestando que la Corporación se quedó “corta” al no haber declarado la extinción de la acción penal con relación a las otras causas acumuladas, máxime cuando, en su criterio, ha debido aplicarse el contenido del artículo 531 de la Ley 906 de 2004, en virtud del principio de favorabilidad.
Dicho de otra manera, en lo que se podría entender como los supuestos de hecho y de derecho sustento de la causal de revisión, el accionante no presenta argumento alguno que permita colegir a la Sala que debe admitir la demanda y, consecuentemente, ordenar la revisión de la sentencia.
Mírese como el accionante no ofrece ninguna razón de la cual se infiera que desde la fecha en que ocurrieron los hechos hasta el momento en que la resolución de acusación cobró ejecutoria, había transcurrido el plazo que señala la ley para declarar la extinción de la acción penal por razón de la prescripción.
Frente a este punto, el accionante sólo insiste en que la Corte se quedó “corta” cuando en la providencia que inadmitió las demandas de casación no declaró la extinción de la acción penal respecto de las conductas punibles referenciadas en el fallo que hoy se pretende revisar.
Del mismo modo, tampoco dio las razones jurídicas por las cuales considera que la Sala para efecto de verificar si efectivamente la acción penal de las conductas punibles por las que fue condenado Cecilio Bonilla se han extinguido por razón de la prescripción, se debe aplicar el artículo 531 de la Ley 906 de 2004, en virtud del reclamado principio de favorabilidad.
En síntesis, el escrito con el cual se pretende la revisión de la sentencia de segundo grado no es más que un simple alegato de instancia, por demás fallido, en la medida en que no contiene los fundamentos de hecho y de derecho soporte de la causal argüida.
No obstante, considera la Sala oportuno reiterar que en este asunto y en lo atinente al delito de fraude procesal, el actor desconoce que es un delito que la doctrina denomina de mera conducta (o de resultado no separado a la acción que lo configura) y de ejecución permanente.

Es decir, en primer lugar, para la consumación de dicho delito es suficiente con que el actor, así no obtenga el resultado perseguido, proceda con el propósito de alcanzar un indebido provecho mediante la inducción en error del funcionario y, en segundo lugar, que la acción se prolongue durante el tiempo en que el servidor público permanezca bajo influencia del error, o pueda estarlo potencialmente.


En ese orden de ideas, resulta fácil advertir que en la conducta punible de fraude procesal imputada al procesado Cecilio Bonilla en los procesos radicados bajo los números 366665 y 389103, no basta para predicar su consumación la sola presentación de los documentos adjuntos cuando se elevó la petición ante la Caja Nacional de Previsión para la obtención de la pensión de jubilación.
De ahí que en lo atinente al proceso radicado bajo el número 366665, de acuerdo con los datos que obran en la demanda de revisión y teniendo como soporte la afirmación del accionante consistente en que los documentos fueron entregados a la Caja Nacional de Previsión el 31 de octubre de 1995, de todos modos dicha fecha no se debe tener como el día en que se agotó descriptivamente la conducta de fraude procesal.
Frente a este aspecto, vale insistir en que el delito de fraude procesal es de conducta permanente “y que es cometido mientras la inducción en error continúa produciendo efecto, hasta que sea descubierta y máximo hasta el cierre de la investigación penal”2, en tratándose de la instrucción se entenderá que dicho punible se consumó en dicho plazo.
Ahora bien, de acuerdo con las anteriores apreciaciones, surge evidente que el actor no enseñó a la Sala, como era su deber, el día en que la Caja Nacional de Previsión advirtió que con los documentos presentados para la obtención de la pensión se le estaba haciendo incurrir en error, en tanto que constituye esa fecha el inicio para contabilizar el término a que se contrae el artículo 83 de la Ley 599 de 2000.
De otro lado, de acuerdo con la providencia que inadmitió las demandas de casación presentadas a nombre de los procesados, se advertirá que la Corte estudió lo referido a la extinción de la acción penal por razón de la prescripción respecto de todos los procesos acumulados.
Así, también la Corte advierte que el actor desconoce el alcance del artículo 531 de la Ley 906 de 2004 que establece que los términos de prescripción y caducidad de las acciones que hubiesen tenido ocurrencia antes de la entrada en vigencia del mencionado artículo (primero de septiembre de 2004) serán reducidos en una cuarta parte que se restará de los términos fijados en la ley, lo cierto es que la norma expresamente establece que estarán por fuera de proceso de descongestión, depuración y liquidación de procesos “las actuaciones en las que se haya emitido resolución de cierre de investigación”, como en efecto ha sido reconocido por esta Sala, y con mayor razón quedan excluidos aquéllos diligenciamientos en los cuales para la mencionada fecha se hubiere proferido resolución de acusación.
En el supuesto que ocupa la atención de la Sala, dicho presupuesto no se cumple, en la medida en que en el proceso radicado bajo el número 366665, el 23 de abril de 2001, se dictó la resolución de acusación, pieza procesal que cobró ejecutoria el 14 de mayo siguiente.

En lo atinente al trámite radicado bajo el número 389103, además de que se advierte que los hechos fueron denunciados el 30 de noviembre de 1998, el mérito del sumario se calificó el 14 de junio de 2001, resolución que adquirió firmeza el 29 de junio del mismo año.

Y, respecto del proceso radicado bajo el número 340257, también se advierte que los hechos denunciados, el 14 de noviembre de 1997, ocurrieron el 20 de septiembre de 1995 y que se calificó el mérito del sumario el 8 de noviembre de 2000, providencia que cobró ejecutoria el 18 de mayo de 2001.

De los anteriores datos, se deduce en sana lógica que los cierres de investigación en los citados procesados acontecieron con anterioridad a las fechas en que fueron calificados. Siendo así mismo evidente que se trataron de actos realizados mucho antes de entrar en vigencia la Ley 906 de 2004.


Por último, con estricto apegó en lo reglado por el artículo 83 de la Ley 599 de 2000, recuérdese que la acción penal prescribe, en la etapa de instrucción, en un tiempo igual al máximo de la pena fijada en la ley, si fuere privativa de la libertad, pero en ningún caso será inferior de cinco años ni excederá de veinte años. Por manera que ninguna de las conductas punibles por la que fue acusado el citado procesado en las distintas resoluciones de acusación cumplieron dicho plazo.
En efecto, en cuanto al proceso radicado bajo el número 366665, se sabe que los documentos espurios se presentaron el 31 de octubre de 1995, y que Cecilio Bonilla fue acusado por las conductas punibles de falsedad en documento privado que contiene una pena máxima de prisión de seis años según el artículo 221 del Decreto 100 de 1980 (hoy artículo 289 de la Ley 599 de 2000, también con una pena máxima de seis años); falsedad material de particular en documento público agravada por el uso, según los artículos 220 y 222.2 del Decreto 100 de 1980, contempla como pena máxima de prisión doce años (hoy artículos 287 y 290 de la Ley 599 de 2000 que tiene como pena máxima nueve años); estafa en grado de tentativa, según los artículos 22 y 356 del Decreto 100 de 1980 comporta una pena máxima de diez años guarismo al que hay que adecuarlo sobre las tres cuartas partes de la pena máxima por tratarse de tentativa, dicha sanción queda en siete años y seis meses (hoy artículos 27 y 246 de la Ley 599 de 2000, la pena máxima es de seis años, norma esta que sería aplicable en razón al principio de favorabilidad); y el fraude procesal, de acuerdo con el artículo 182 del Decreto 100 de 1980 cuya pena máxima es de cinco años (hoy artículo 453 de la Ley 599 de 2000 que tiene como pena máxima ocho años); sin embargo, frente a esta última conducta punible, el libelista, como se dijo anteriormente, no dio los argumentos de hecho y de derecho sustento de la causal de revisión, aunque se reitera que dicho punto fue objeto de examen por la Corte cuando se inadmitió las demandas de casación presentadas contra el fallo con el cual se pretende la revisión y se declaró la extinción de la acción penal por razón de la prescripción respecto de un proceso acumulado.
En cuanto al trámite radicado bajo el número 389103, se tiene conocimiento que los hechos fueron denunciados el 30 de noviembre de 1998, fecha en la cual se advirtió de las irregularidades cometidas con los documentos presentados el 20 de noviembre de 1995, motivo por el cual el 14 de junio de 2001 (providencia que cobró ejecutoria el 29 de junio del mismo año) se acusó a Cecilio Bonilla por los delitos de falsedad material de particular en documento público agravado por el uso, según los artículos 220 y 222.2 del Decreto 100 de 1980 que contempla como pena máxima de prisión doce años (hoy artículos 287 y 290 de la Ley 599 de 2000 que tiene como pena máxima nueve años); y fraude procesal, de acuerdo con el artículo 182 del Decreto 100 de 1980 cuya pena máxima es de cinco años (hoy artículo 453 de la Ley 599 de 2000 que tiene como pena máxima ocho años).

Y, por último, en el proceso radicado bajo el número 340257, por hechos ocurridos el 20 de septiembre de 1995 y denunciados el 14 de noviembre de 1997, se acusó a Cecilio Bonilla, el 8 de noviembre de 2000 (providencia que cobró ejecutoria el 19 de mayo de 2001), por los delitos de uso de documento público falso que tiene una pena máxima de ocho años, según el artículo 222 del Decreto 100 de 1980 (hoy artículo 291 de la Ley 599 de 2000 que tiene una sanción máxima de ocho años); y estafa en grado de tentativa, según los artículos 22 y 356 del Decreto 100 de 1980 comporta una pena máxima de diez años guarismo al que hay que adecuarlo sobre las tres cuartas partes de la pena máxima por tratarse de tentativa, dicha sanción queda en siete años y seis meses (hoy artículos 27 y 246 de la Ley 599 de 2000, la pena máxima es de seis años, norma esta que sería aplicable en razón al principio de favorabilidad).


Dicho de otra manera, ninguna de las conductas punibles por las que fue acusado el procesado cuando cobró ejecutoria la resolución de acusación, había transcurrido el plazo contemplado en el artículo 83 de la Ley 599 de 2000 para declarar la extinción de la acción penal por razón de la prescripción en la etapa de instrucción.
Y, de la misma manera, tampoco la acción penal se extinguió por razón de la prescripción en la etapa del juicio, en tanto que los artículos 83 y 86 de la Ley 599 de 2000 estatuyen que el plazo en esta etapa procesal no podrá ser inferior a cinco años ni superior a diez años, contados a partir de la resolución de acusación debidamente ejecutoriada y destacando que comenzará a correr de nuevo por un tiempo igual a la mitad del señalado por el artículo 83. Aquí la sentencia cobró ejecutoria el 2 de mayo de 2006.
En tales condiciones, como quiera que la demanda con la cual se pretende ejercer la revisión contra la sentencia de segunda instancia no cumple con los presupuestos formales, habida cuenta que no se dieron las razones de hecho y de derecho sustento de la causal, se impone su inadmisión.
En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL
R E S U E L V E
INADMITIR la demanda de revisión contra el fallo proferido por el Tribunal Superior de Cartagena el 27 de mayo de 2005, mediante el cual se confirmó en lo fundamental la sentencia condenatoria dictada en contra de CECILIO BONILLA.
Contra la presente decisión no procede recurso alguno.

Notifíquese y cúmplase.



JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS


JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS


AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA

TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria

1 Sala de Casación Penal. Revisión 11519 de 29 de julio de 1997.

2 Auto del 23 de enero de 2008. Radicación 28873



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