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Código Tributario – Artículo 97 N°s 8 y 9 – Código Penal – Artículo 456 bis A. Comercio clandestino – comercio ilegal – receptacióN – querella – tribunal de juicio oral en lo penal de san felipe – sentencia absolutoria


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Código Tributario – Artículo 97 N°s 8 y 9 – Código Penal – Artículo 456 bis A.

COMERCIO CLANDESTINO – COMERCIO ILEGAL – RECEPTACIÓN – QUERELLA – TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE SAN FELIPE – SENTENCIA ABSOLUTORIA.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Felipe absolvió a dos acusados de los delitos de comercio ilegal y comercio clandestino, previstos y sancionados, respectivamente, en los números 8 y 9 del artículo 97 del Código Tributario.

El falló señaló que la simple tenencia del material de cobre de origen ilícito por los acusados, conociendo éstos el origen ilícito de dicho material, no puede considerarse un acto de comercio que pueda ser calificado de ilegal o clandestino, pues no estamos en presencia de ninguno de los actos de comercio a que alude el artículo 3 del Código de Comercio. Incluso, señaló el Tribunal, que ni siquiera puede presumirse que haya estado destinado a la venta.

Agregó el Tribunal que, aún cuando el cobre de origen ilícito incautado en poder de los acusados, hubiese estado destinado a la venta (cosa que, como se dijo, no se comprobó fehacientemente ni puede presumirse por estos jueces con el mérito de la prueba de cargo), igualmente no pueden pretender los acusadores que se configure alguno de los delitos de comercio ilegal y comercio clandestino por tener dicho material un origen ilícito, ya que había sido objeto de un hurto o robo previo, conforme lo que se ha razonado precedentemente.

En efecto, en concepto del Tribunal, no se configura el delito de comercio ilegal del numeral 8 del artículo 97 del Código Tributario porque no puede entenderse que constituye un acto de comercio que obligue a declarar y pagar el impuesto correspondiente la venta de una cosa por parte de quien la tiene en su poder si ésta tiene un origen ilícito que es conocido por quien la tiene, al haber sido objeto de un robo o hurto y que, por ende constituiría el específico tipo penal de receptación y consecuencialmente convertiría también en ilícita la finalidad u objetivo de esa “transacción comercial”. En tales circunstancias no puede el Servicio de Impuestos Internos exigir el cumplimiento de obligaciones de declaración y pago de impuestos que sólo pueden entenderse razonablemente exigibles a propósito de actividades comerciales lícitas.

En lo referente al comercio clandestino, el Tribunal señaló que, tampoco puede considerarse que los acusados ejercieron un comercio clandestino desde el momento que el carácter oculto con que los encartados mantenían los sacos con cobre en la camioneta y vehículo ya señalados, es uno de los elementos que ya ha considerado el tribunal para entender que los acusados no podían menos que conocer el origen ilícito del material receptado. Además, el número 9 del artículo 97 del Código Tributario sanciona a quien comercializa en forma secreta y al margen de de la fiscalización del Servicio de Impuestos Internos cosas que están dentro del comercio humano de carácter legal o conforme a derecho y que no constituyen objetos ilícitos, en relación a los cuales, estos últimos, ni el Servicio de Impuestos Internos ni otra autoridad puede exigir mantener a su respecto control ni fiscalización alguna ni exigir el entero en arcas fiscales de impuestos que respecto de tales objetos ilícitos son improcedentes. Lo contrario, como ya se ha señalado en alguna oportunidad por parte de tribunales, sería validar la tributación de ingresos por parte del Estado sin importar su origen, lo que escapa a toda concepción de un orden público económico que se erige conforme a derecho, siendo más importante el cumplimiento de la “obligación tributaria” la que justificaría cualquiera actividad para exigir el cumplimiento de la misma, incluso una de origen ilícito, que actuar respetando el ordenamiento jurídico.

El texto de la sentencia es el siguiente:

“San Felipe, veintiuno de diciembre de dos mil diez.



VISTO, OIDO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que con fechas trece, catorce, quince y dieciséis de diciembre del presente año, ante este Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Felipe, constituido por sus magistrados titulares Constanza Olsen Tapia, en calidad de presidente de sala, Marlys Welsch Chahuán y Williams Vilches Flores, se llevó a efecto la audiencia del juicio oral de la causa rit n° 46-2010, seguida por los delitos de receptación y comercio ilegal y clandestino en contra de los acusados, ENRIQUE DE LA CRUZ VARAS FRE, run n° 10.102.378-8, apodado “Chulato”, comerciante, soltero, nacido el 08 de agosto de 1966 en San Felipe, cuarenta y cuatro años de edad, domiciliado en Villa Departamental, Block 1495, departamento 11, San Felipe y LUIS ALBERTO VARAS PULIDO, run n° 16.702.179-4, apodado “Chulato chico”, operador de maquinaria pesada, soltero, nacido el 17 de junio de 1987 en San Felipe, veintitrés años de edad, también domiciliado en Villa Departamental, Block 1495, departamento 11, San Felipe.

Sostuvo la acusación el Ministerio Público representado por el fiscal don Jorge Alfaro Figueroa, domiciliado en calle San Martín n° 1311 de la ciudad de San Felipe. Por la parte querellante del Servicio de Impuestos Internos comparecieron los abogados Pablo Bustos Sánchez y María Elena Quintana Oyarzo con domicilio en Melgarejo n° 667, 5° piso, Valparaíso. Por su parte, la defensa de los imputados estuvo a cargo del abogado Defensor Penal Público don Nicolás Olivares Moreno, domiciliado en Salinas N° 1373, oficina 103, San Felipe.



SEGUNDO: Que la acusación del Ministerio Público tuvo por fundamento la siguiente relación de hechos:

“El día 24 de septiembre de 2007 los imputados Enrique de la Cruz Varas Fre y Luis Alberto Varas Pulido, fueron sorprendidos en posesión de 1778 kilos 500 gramos de cobre dispuestos en sacos distribuidos en dos vehículos de la siguiente forma: a) en la camioneta placa patente única AL.831 3 ubicada en calle Manso de Velasco esquina Las Heras de la ciudad de San Felipe mantenían 1190 kilos 200 gramos de cobre y b) en el camión placa patente única BH3470 ubicado en el sector Industrial de la Villa Departamental mantenían 588 kilos 400 gramos de cobre. El referido material de cobre era destinado por los imputados a la venta, ejerciendo de esta manera el comercio de material de cobre sin cumplir con las exigencias legales relativas a declaración y pago de los impuestos que gravan su producción y comercio, como asimismo, sin contar con las debidas autorizaciones, encontrándose al margen de la autoridad fiscalizadora de los mismos. El perjuicio fiscal por la actividad desarrollada por los imputados asciende a un valor de $1.013.802 considerado al valor histórico del IVA al mes de septiembre de 2007.

Parte del cobre que se encontraba en poder de los imputados, correspondía, además a especies ajenas sustraídas, de propiedad de las empresas Telefónica S.A. CGE Compañía Generadora de Electricidad, Empresa de Ferrocarriles del Estado y Chilquinta conociendo o no pudiendo menos que conocer el origen ilícito de dichas especies.”

A juicio de fiscalía, los delitos antes señalados se encuentran en grado de desarrollo de consumados y en ellos los imputados Varas Fre y Varas Pulido han tenido participación en calidad de autores ejecutores en conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 n° 1 del Código Penal, sin que concurran en la especie circunstancias modificatorias de responsabilidad penal.

Termina solicitando fiscalía que se imponga a los imputados Varas Pulido y Varas Fre, las siguientes penas: por su participación en calidad de autores ejecutores del delito consumado de comercio ilegal contemplado en el artículo 97 n° 8 del Código Tributario, la de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio más multa de 50% de los impuestos eludidos; por su participación en calidad de autores ejecutores del delito consumado de comercio clandestino previsto y sancionado en el artículo 97 n° 9 del Código Tributario, la pena de multa de 30% de una unidad tributaria anual más la pena de quinientos cuarenta y un días de presidio menor en su grado medio más el comiso de los productos que no sean objeto de receptación; por su participación en calidad de autores ejecutores del delito consumado de receptación del artículo 456 bis A del Código Penal la pena de doscientos días de presidio menor en su grado mínimo y multa de 5 UTM, además del comiso de los instrumentos y efectos del delito, más las penas accesorias del artículo 30 del Código Penal, y se les condene al pago de las costas según lo prescrito en el artículo 45 y siguientes del Código Procesal Penal.

TERCERO: Que la parte querellante del Servicio de Impuestos Internos presentó acusación particular en contra de los señalados imputados por los siguientes hechos:

“El día 24 de septiembre de 2007 los imputados Enrique de la Cruz Varas Fre y Luis Alberto Varas Pulido fueron sorprendidos en posesión de 1.778 kilos 500 gramos de cobre dispuestos en sacos distribuidos en dos vehículos de la siguiente forma: a) 1.190 kilos 200 gramos de cobre en la camioneta PPU AL 8313 ubicada en calle Manso de Velasco esquina Las Heras de la ciudad de San Felipe, y b) 588 kilos 400 gramos de cobre en el camión PPU BH 3470 ubicado en el sector industrial de la Villa Departamental de esta ciudad. El referido material de cobre era destinado por los imputados a la venta, ejerciendo de esta manera el comercio de material de cobre sin cumplir con las exigencias legales relativas a declaración y pago de los impuestos que gravan su producción y comercio, como asimismo, sin cantar con las debidas autorizaciones, encontrándose al margen de la autoridad fiscalizadora de los mismos. El perjuicio fiscal por la actividad desarrollada por los imputados asciende a un valor de $1.01.802, considerado al valor histórico del IVA al mes de septiembre de 2007.

Parte del cobre que se encontraba en poder de los imputados, correspondía a especies ajenas sustraídas, de propiedad de las empresas Telefónica S.A., CGE Compañía Generadora de Electricidad, Empresa de Ferrocarriles del Estado S.A. y Chilquinta S.A. y aquéllos no podían sino conocer el origen ilícito de dichas especies.”

A juicio de la parte querellante, independientemente del delito de receptación previsto y sancionado en el artículo 456 bis A del Código Penal, objeto de la acusación fiscal, los hechos descritos configuran también los delitos tributarios del artículo 97 números 8 y 9 del Código Tributado que sancionan el comercio ilegal y el comercio clandestino, respectivamente, correspondiéndole a los acusados la calidad de autores en los delitos materia de la presente acusación, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 15 n° 1 del Código Penal, por cuanto han participado de forma inmediata y directa en la ejecución de los hechos, encontrándose los ilícitos en grado consumado.

En opinión de la parte querellante concurre respecto de los acusados la agravante contemplada en el artículo 111, inciso segundo del Código Tributario, esto es, que para la comisión del hecho punible, se hayan concertado para realizarlo y respecto del acusado Enrique de la Cruz Varas Fre, existiendo condena en su contra como autor de delito tributario del artículo 97 N° 4 inciso 2 en causa Rol 42.608-C seguida ante el Primer Juzgado de Letras de San Felipe, concurre a su respecto la circunstancia agravante de responsabilidad penal contemplada en el articulo 12 n° 16 del Código Penal.

Termina solicitando la parte querellante solicita se imponga a los acusados, como autores del delito tributario de comercio irregular, previsto y sancionado en el artículo 97 N° 8 del Código Tributario, las siguientes penas: a Enrique de la Cruz Varas Fre la de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, multa de 100% de los impuestos eludidos y demás accesorias legales; a Luis Alberto Varas Pulido la de ochocientos diecinueve días de presidio menor en su grado medio, multa de 100% de los impuestos eludidos y demás accesorias legales. Asimismo, solicita se imponga a los acusados, como autores del delito tributario de comercio clandestino, previsto y sancionado en el artículo 97 N° 9 del Código Tributario, las siguientes penas: a Enrique de la Cruz Varas Fre la de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, multa de 2 UTA y demás accesorias legales; a Luis Alberto Varas Pulido la de ochocientos diecinueve días de presidio menor en su grado medio, multa de de 2 UTA y demás accesorias legales. Existiendo concurso ideal entre ambos delitos, corresponderá aplicar la pena mayor asignada al delito más grave, de conformidad al artículo 75 del Código Penal.



CUARTO: Que en estrados al momento de efectuar su alegato de apertura el Ministerio Público manifestó que esta causa se origina en hechos del pasado 24 de septiembre del año 2007, fecha en la cual y a partir de diligencias que efectúa la Sección de Investigación Policial de San Felipe, se logró la incautación de aproximadamente 1.778 kilos y medio de cobre que provenía en su gran mayoría de cables de tendido y postación eléctrica, tanto de la Empresa Telefónica, de la Compañía General de Electricidad y la Empresa de Ferrocarriles del Estado, no pudiendo los imputados sino menos que conocer el origen ilícito de dichas especies; que el cobre se encuentra en dos vehículos, en una camioneta estacionada por los imputados en una estación de servicio, placa patente única AL 8313 que estaba estacionada en Manso de Velasco con Las Heras y el resto se ubica en un camión placa patente única BH 3470 que el mismo día había sido cargado por los imputados en el taller que tenían a esa fecha en que se dedicaban a actividades de chatarrería y que había sido trasladado por el señor Bruna, que declarará en juicio, una vez cargado por los imputados con el cobre referido; que hay un ilícito de receptación porque la mayoría del cobre corresponde a cables del tendido telefónico y eléctrico, tanto de la CGE como de la Empresa de Ferrocarriles del Estado y Chilquinta, para lo cual fiscalía va a traer a declarar a funcionarios que eran a la época de dichas empresas de ferrocarriles y CG, quienes declararán que efectivamente parte del cobre incautado correspondía a propiedad de dichas empresas y cuya posesión por los imputados era irregular en términos que correspondían a especies que habían sido sustraídas; que en segundo término se acompañará como parte de prueba la declaración de funcionarios de carabineros que efectuaron las diligencias, que tomaron declaración a los choferes de los vehículos, al propietario de la camioneta, quien señalará además cuál es la participación de los imputados y las circunstancias en las cuales las tenían y se acreditará el valor de las especies sustraídas, primera parte que configura el perjuicio fiscal en términos que han sido calificados también estos hechos como ilícitos del Código Tributario, ejercicio de comercio clandestino y un perito va a poder determinar cuál fue el perjuicio fiscal, toda vez que no fueron declaradas dichas especies como parte del ejercicio comercial de los imputados a la fecha de los hechos; que declarará también un funcionario de la PDI, inspector Fuentes, quien realiza diligencias y logra determinar que no hay registro de ingreso de las especies que fueron incautadas a los imputados. Terminó señalando fiscalía que con la prueba que rendirá se acreditarán más allá de toda duda razonables los delitos materia de la acusación para la dictación de una sentencia condenatoria y la imposición de las penas solicitadas en la acusación o las que el tribunal estime corresponder conforme a derecho.

Por su parte, en su alegato de clausura señaló el Ministerio Público que interpuso acusación en contra de los acusados por los hechos que se descubren el 24 de septiembre de 2007 en que se les atribuye la posesión de 1.778 kilos 500 gramos de cobre que estaban distribuidos en dos vehículos, uno en una camioneta placa patente AL 8313 ubicada en la intersección de Manso de Velasco con esquina Las Heras de San Felipe, en el estacionamiento del servicentro que se encuentra en ese lugar y en un segundo vehículo camión placa patente única BH 3470 que estaba en el sector industrial de Villa Departamental donde además habían sacos con aproximadamente 558 kilos de cobre; que estos vehículos habían sido cargados por los imputados y era un material de cobre que estaba destinado a la venta, toda vez que se dedican precisamente como actividad comercial informal a la compraventa de chatarra y como señala el timbre del formato de declaración de la PDI, siendo el nombre de “Excedentes Industriales Chulato” que es precisamente el apodo del señor Varas Fre; que efectivamente hubo un perjuicio fiscal a propósito del no pago ni declaración de los impuestos que gravan la producción y comercio respecto del material que fuera incautado, perjuicio que fue de aproximadamente de $1.013.802 por no pago del impuesto al valor agregado; que las especies correspondían a especies de propiedad de las empresas Telefónica, Empresa Generadora de Electricidad, Empresa de Ferrocarriles del Estado y Chilquinta. Agregó fiscalía que estos hechos han sido acreditados a través de la prueba rendida por fiscalía y querellante, en particular a través del testimonio que hace Manuel Celedón quien declara que él tomó conocimiento que se encontraba la camioneta con material ilícito en su interior, correspondiente a cobre de propiedad de terceros, que empieza a hacer las diligencias y toma contacto con el señor Varas Fre en horas de la mañana del día 24 de septiembre de 2007, quien le señala que la camioneta no era de él, sino que pertenecía a un socio de nombre Luis Torrejón a quien ubica el testigo y a cuyo nombre estaba la camioneta inscrita, quien le dice que no y la había cambiado por cuatro máquinas pin ball al señor Varas Fre y que éste era su propietario. Señaló Celedón que entrevistaron al personal de la bomba YPF en esa época y que le señalaron que era Varas Fre y sus hijos quienes eran los encargados de ir a estacionar el vehículo hasta ese lugar; que efectivamente el vehículo mantenía en el interior sacos con alambre de cobre objeto de receptación, razón por la cual incautan dicho material y en el transcurso de dichas diligencias toma conocimiento que había otro camión que tenía material de cobre, el que había conducido don Carlos Bruna y que había dejado en el lugar cercano a su domicilio estacionado, luego que el imputado Varas Fre lo cargara con material quedando ocultos bajo la carga, bajo bandejas plásticas y latas de zinc, como señaló José Arancibia, los sacos de cobre que mantenían el material objeto de receptación; que este testimonio del sargento Celedón se apoya en lo que señala Luis Torrejón quien dijo que efectivamente le había cambiado la camioneta al señor Varas Fre y que era él el encargado de la misma y en la información que recibe a través de la declaración de Luis Varas Pulido ante Carabineros y que da cuenta Celedón en el juicio oral al señalar él que efectivamente él era el encargado y dueño de la camioneta, y debe entenderse que era él junto con su padre, de acuerdo con el testimonio de Luis Torrejón, y el señalamiento que les hace de ser dueño de la carga que había cargado Enrique Varas Fre en un arriendo de camión y de transporte de material que él había efectuado, tal como lo declaran el señor Bruna, el señor Celedón y el testigo Arancibia; que además son ellos coincidentes, en particular en señalar que el camión cuando era trasladado hasta la unidad policial queda en pana, el señor Bruna hace una descripción precisa sobre el desperfecto mecánico del camión y que en esas circunstancias había llegado el imputado Luis Varas Pulido señalando que la carga del camión era de él, lo cual era coincidente con lo que señalaba Bruna en términos que la carga y el encargo había sido hecho por Enrique Varas Fre del transporte de ese material y que él estaba esperando que le señalara a qué lugar lo llevaba; que los testigos tanto como Julio Reyes Ponce señalan que efectivamente la carga fue reconocida por las respectivas empresas que eran sus propietarios, declarando de esto el señor Osses quien reconoció el material qu era de propiedad de Ferrocarriles y el señor Aladino Ormeño, ambos inspectores de terreno que se dedican al reconocimiento de especies que son objeto de sustracción o hurto o receptación que era precisamente la solicitud a la cual concurren a la Segunda Comisaría de Carabineros y logran desde un punto de vista técnico reconocer los materiales que son objeto de receptación por parte de los imputados, acreditándose así el origen ilícito de los mismos, ambos lo señalan, pero particularmente el señor Ormeño hace un avalúo del material en la suma aproximada de $10.000 ó más, señalando que ese es el valor de reposición que tiene considerando el material en si mismo que tiene un valor superior al precio de venta de chatarra y al costo que tiene, además, la reposición en términos de horas hombre y lo que significan los cortes y suministros de electricidad. Añadió fiscalía que tanto Celedón como Reyes hacen mención que este fue el mayor decomiso de material de cobre que se había hecho en la ciudad de San Felipe, al menos durante le época que fue comisario el señor Reyes y desde que él está en San Felipe según Celedón; que se incautan casi dos toneladas de cobre que estaba cortado y que pertenecía a terceras personas, no pudiendo menos que saber los imputados que eran objeto de hurto o robo porque como lo declaran tanto el policía como los inspectores de la empresa, no es material que esté a la venta del público; que la prueba es coherente para acreditar la posesión del material por parte de ambos imputados, hay receptación y participan en calidad de ejecutores; que también hay infracción a lo dispuesto en los números 8 y 9 del artículo 97 del Código Tributario en términos que además aquí había un ejercicio clandestino de una actividad comercial por parte de los imputados; que el perjuicio se acredita a través de la declaración del perito y todos los testigos señalan que efectivamente los imputados se dedicaban a actividades comerciales de chatarrería que no estaban legalizadas como señala el testigo Fuentes Cueto; que solicita se dicte sentencia condenatoria respecto de ambos acusados y se les impongan las penas solicitadas o las que el tribunal estime conforme a derecho.

Finalmente, replicando a la defensa manifestó la fiscalía que hay indicadores que señalan la posesión de los imputados del material incautado, no sólo Torrejón señala que efectivamente estaba a cargo de la camioneta el señor Varas Fre que se la había comprado, sino que es el propio hijo el que le declara a Carabineros esa misma circunstancia, según lo que relata Celedón y según lo que relata José Arancibia es el propio hijo quien le señala que él era el dueño de la camioneta y entiende por tanto fiscalía también de la carga; que declara el bombero, conocía a la señora del imputado y quien empieza a señalar una serie de cosas de que no recordaba, pero recordaba con particular nitidez el tipo de bencina que echaban hace tres años en un vehículo y frente a las contradicciones fue necesario refrescar memoria respecto de las declaraciones que prestó en su oportunidad, para reconocer ante las preguntas de fiscalía que la camioneta que se encontraba ahí era de los imputados y que ellos dos eran parte de las personas que la estacionaban en el lugar; que coincide con los antecedentes que recaba la policía en el sentido que ellos eran los que habían dejado el vehículo en ese lugar, tal como señala Celedón por la declaración que presta ante él de Luis Varas Pulido. Agregó fiscalía que respecto del camión y carga del camión, respecto de la posesión y así lo declara Carlos Bruna, no cabe duda que efectivamente es el señor Varas Fre quien contrata el flete del material y quien además pone la carga, la que, en términos de los sacos de cobre, iba oculta, según declara el propio chofer y los policías, debajo de otras cosas y tapada de manera que no se viera; que respecto del conocimiento, se detiene en lo que dice Carlos Bruna al declarar que “yo no me metería en un tipo de negocio de estos si hubiese sabido lo de los sacos de cobre” con lo cual está diciendo claramente que no se prestaría al transporte de especies que claramente corresponden a hurto; que fueron objeto de hurto y receptación lo dice Julio Reyes quien señaló que habían habido muchos hurtos de cobre con los perjuicio que traía de corte de suministro eléctrico a personas particulares y en ese sentido sí habían delitos asociados a esto; que Celedón no dijo que no hubieran denuncias previas de hurto o de robo, sino que señaló que los imputados no tenían denuncias previas por este delito según lo que él conocía; que parte del material no pudo ser reconocido y no se logró determinar su origen; que ratifica su solicitud de condena.


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