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Cauquenes, a veintitrés de diciembre de dos mil catorce


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DECISION

Cauquenes, a veintitrés de diciembre de dos mil catorce.

Los jueces de la Sala Única del Tribunal Oral en lo Penal de Cauquenes Víctor Manuel Rojas Oyarce, quien preside, Mauricio Leyton Salas y Claudia Mora Cuadra, todos subrogando legalmente, reunidos después del debate de rigor, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 339, 340 y 343 del Código Procesal Penal en que expresamente se nos convoca a formar nuestra convicción en estricto apego a la prueba producida durante la audiencia de este juicio y luego de apreciar cada uno de los elementos aportados con libertad, pero sin contradecir los principios de la lógica, las máximas de la experiencia y los conocimientos científicamente afianzados, conforme a lo ordenado en el artículo 297 del mencionado cuerpo legal, han dado por acreditado lo siguiente:

I.- RESPECTO A LOS PRESUPUESTOS FÁCTICOS:

Que en la comuna de Pelluhue, con fecha 18 de septiembre de 2013, aproximadamente a las 05:30 AM, MARTÍN JOSÉ LARRAÍN HURTADO, conduciendo su vehículo tipo jeep, marca Toyota, modelo Lan Cruiser, color amarillo, placa patente única FE-9053, por la ruta M-80-N, al llegar al cruce con Quinta Chile, después de una curva, atropelló, en algún punto de la Ruta, a don Hernán del Carmen Canales Canales, quien transitaba en estado de ebriedad, con 2,43 gramos de alcohol en su sangre, provocándole la muerte por politraumatismo, a escasos minutos del impacto.

Luego de lo anterior, LARRAÍN HURTADO, tras detener la marcha de su vehículo a unos metros del lugar del impacto, y efectuarse llamados desde los teléfonos de dos de sus acompañantes, específicamente de Sebastián Edward Gres y Sofía Gaete Ramírez, a los números de emergencia, se va del lugar, no dando cuenta a la autoridad policial de lo ocurrido.

Que aproximadamente a las 06:45 horas, en el servicio de guardia del Retén de Carabineros de Curanipe, se presentaron SOFÍA FERNANDA GAETE RAMÍREZ y SEBASTIÁN EDWARDS GREZ, pasajeros del jeep conducido por MARTÍN LARRAÍN HURTADO al momento del atropello, quienes denunciaron y declararon a Carabineros de guardia en la Unidad, que encontrándose en la ruta M-80-N, en el Cruce Quinta Chile de Curanipe, comuna de Pelluhue, escucharon un fuerte ruido, percatándose que un peatón había sido atropellado, sindicando la participación de una camioneta blanca que huyó del lugar, información que llevó a la policía a realizar diversas diligencias de investigación, con la finalidad de ubicar al vehículo y su conductor, ocultando la intervención de LARRAÍN HURTADO y de su vehículo.

II.- RESPECTO AL PRIMER PRESUPUESTO FÁCTICO:

Cabe hacer presente, explicativamente, tal como lo señala la doctrina y nuestra jurisprudencia, que la regla general es que la ley castigue al autor cuando su acción está dirigida a la realización final del hecho típico, y sólo excepcionalmente, junto al tipo doloso, se castiga a quien realiza una acción que en sí misma no es típica, pero a la que no se le imprimió la dirección de que era capaz con el objeto de evitar el resultado que lesione un bien jurídico protegido. De esta forma obra culposamente quien omite imprimir a su acción la dirección final de que era capaz, permitiendo la desviación del curso causal hacia resultados no deseados.

No existiendo norma expresa que establezca en forma alguna la dirección final que se debe imprimir a una acción, esta debe ser determinada fácticamente, siendo la tarea fundamental de este tribunal determinar si en el hecho existió la posibilidad de manejar las cosas con mayor cuidado por el sujeto imputado, analizando su capacidad para controlar la situación, debiendo prever lo que era previsible, siempre contando, dentro de los límites razonables, con que los demás observarán una conducta correcta.

El tipo legal establecido en el artículo 490 N° 1, castiga al que por imprudencia temeraria ejecuta un hecho, que si mediara malicia constituiría un crimen o simple delito contra las personas, y por su parte el tipo establecido en el artículo 492 del Código Penal, lo hace al que con infracción de los reglamentos y por mera imprudencia o negligencia ejecutara un hecho o incurriere en una omisión que si mediara malicia constituiría un crimen o simple delito contra las personas.

Conforme a lo indicado, cabe hacer presente que el concepto de imprudencia temeraria importa un alto grado de irreflexión o descuido, y por su parte, la mera imprudencia o negligencia sólo es punible cuando el resultado se produce, además con infracción a reglamento, siendo ambas circunstancias autónomas, toda vez que comprobar que se ha violado un reglamento no constituye una presunción de culpa o viceversa, ya que en los dos casos debe ser probado en el hecho el cuidado debido o la falta de este, siendo menester la existencia de una relación de causalidad entre ésta infracción y el resultado.

De ésta forma, como se desprende de los presupuestos fácticos asentados en el numeral primero precedente, respecto a las imputaciones efectuadas en contra al encartado Larraín Hurtado, concluimos que la prueba de cargo no ha sido suficiente para establecer con el debido estándar que el resultado de muerte del señor Hernán Canales Canales, haya sido provocado como resultado de la conducción en estado de ebriedad como asentó el fiscal en su acusación primitiva, y de la cual renunció a su persecución, o bajo la modalidad de un cuasidelito justificado en facultades psicomotoras disminuidas por la ingesta alcohólica o producto del trasnoche motivado en un largo viaje, como se expresa taxativamente el cargo.

Asimismo, sobre la aseveración de que el conductor haya “perdido el control del móvil, saliéndose de su pista de circulación e ingresando a la berma”, debemos decir, que si bien se estableció durante el juicio ese hecho con cierta probabilidad, también hay antecedentes para concluir con la misma probabilidad, que pudo haber sido en la calzada, lo que conlleva a estimar que tampoco se pudo completar con el estándar de reproche penal el asentamiento de ésta propuesta.

Para esto último el Ministerio Público ha incorporado como prueba fundamental, la pericia efectuada por el Capitán de la SIAT, Cristian Norambuena Conejeros, la que si bien concluye que el impacto al peatón se produce en la berma, no logra sustentarse en antecedentes objetivos y contundentes que logren que éste tribunal pueda arribar a dicha afirmación con el estándar legal requerido.

Cabe adelantar, que los indicios encontrados en el lugar, exhibidos dentro de su pericia y la línea proyectiva dibujada, base de sus conclusiones, se ven enturbiados por varios antecedentes también establecidos probatoriamente. En primer término, se ha acreditado que la línea que separa la berma de la ruta existente en el lugar del accidente, se encuentra insuficientemente demarcada y tapada con tierra; que la proyección indicada por el perito respecto del cuerpo del afectado, producto del impacto, se ve intervenida por la caída del mismo en la malla donde fue encontrado, razón por la que se vio impedido el experto para determinar la velocidad del móvil; que se encuentra una huella de vehículo a 40 centímetros de la barrera de contención y a 80 centímetros de la línea tapada de la berma; y, que por otra parte, se establece un área de la zona de impacto de 2 metros por 2 metros.

De esta forma, incluso aceptando que la huella de vehículo levantada fotográficamente en el lugar fuera del móvil que conducía Martín Larraín Hurtado, a 80 centímetros de la línea divisoria de la berma con la calzada, toda vez que la extensión total de la berma es de 1 metro 20 centímetros, según los dichos del experto, y teniendo en consideración que el mismo informó un espacio probable de impacto de dos metros por dos metros, no podemos colegir en forma contundente que el impacto haya sido dentro de la extensión de dicha berma, siendo así, su conclusión se valora como una mera probabilidad.

Por otra parte, con respecto a la misma huella de vehículo hallada, consideramos que no existen elementos probatorios suficientes que permitan a éste Tribunal concluir que efectivamente haya sido impresa por el vehículo del señor Larraín Hurtado, toda vez no se encontraron elementos concretos que logren conectar indefectiblemente, con identidad o características particulares, a dicha huella con la rueda delantera derecha del móvil, como lo afirma la pericia evacuada.

A lo anterior, se suma el hecho de que la berma -como anotamos- estaba cubierta de tierra, en la que también -como advertimos en las fotografías- se podían estampar las huellas del vehículo del Servicio Médico Legal y las huellas plantares, por lo que resulta razonablemente extraño la ausencia alegada por la defensa en torno a no evidenciarse huellas de salida y entrada del móvil que pudo ocasionarla.

De la misma manera, no satisface a estos sentenciadores compartir la conclusión anotada por el perito en cuanto a que el impacto se haya producido en esa zona usando como sustento, entre otros, el haber hallado sobre esta huella restos de mica de un intermitente, por varios ordenes de razones. En primer lugar, concluir que el hallazgo de dichos restos en el mismo lugar del impacto, se contradice con lo que el mismo experto anota en cuanto a que la dinámica del impacto proyectaría estos restos en la misma dirección que el vehículo transitaba y por otro lado, no se hallaron en ese preciso sito restos del vidrio del foco delantero derecho que se advierte roto y que por posición en el móvil (ubicado en la parte frontal) debió ser la parte de la estructura que cobija el primer impacto.

Parece desprenderse de lo anterior, que si esos objetos están sobre la huella, asumiendo en el mejor de los casos que sea la huella del vehículo impactante, que el impacto se produjo más atrás de la misma, más si tenemos presente que además del impacto frontal con el foco derecho el cuerpo del occiso se encaramó sobre el vehículo periciado, afectado su parachoques y parte del capot, lo que implica por algunos segundos un traslado de la victima sobre el jeep en movimiento, lo que lleva a concluir que el atropello debió producirse más atrás– por el área de dos metros por dos metros, que el mismo perito informa sobre zona de contacto- todo cuanto conduce a hipotetizar, con posibilidad cierta y razonada, que el impacto se haya provocado antes de dicha huella, no desechándose la posibilidad que esto haya ocurrido en la calzada.

Ya visto las inconsistencias de los fundamentos en que se basan las conclusiones del perito, piedra angular de la prueba de cargo traída a fin de decantar que el accidente se haya provocado dentro de la berma, y no en la calzada, como lo afirma la defensa del acusado, también cabe hacer referencia a los antecedentes allegados en cuento a las condiciones en que el peatón se desplazaba en la zona.

Al respecto, se ha acreditado que don Hernán Canales Canales se desplazaba por la ruta como peatón con 2,43 % de alcohol en su sangre, gramaje que conforme a lo informado por la perito legista Viviana Bustos Baquerizo, produce en una persona descoordinación motora, marcha vacilante, menos segura y dificultad para desplazarse. Tenemos entonces a un peatón con dicho gramaje de alcohol, desplazándose por una berma de 1 metro con 20 centímetros de ancho y con un desnivel hacia el sentido de la ruta, siendo su necesario zigzagueo al caminar hacia la misma. Por otro lado, tenemos una testigo, Camila Andrea Meza Toloza, que lo sitúa transitando, haciendo “dedo”, por la berma opuesta y en dirección al sur, observación que resulta compatible con lo señalado por el testigo Jorge José Hurtado Velasco, quien fue percibido también como un testigo creíble y que otorga antecedentes que se condicen con los demás elementos de convicción allegados, tales como las vestimentas del occiso, su desplazamiento, la forma de su caminar de manera zigzagueante y su estado de ebriedad, conforme a la prueba científica de concentración de alcohol en la sangre del mismo, sin existir por lo demás pruebas concretas que desacrediten su testimonio.

Todo lo señalado, hace concluir al Tribunal que el hecho de que el accidente se haya producido en la berma es una mera posibilidad, tal como también lo es que haya sido en la pista de circulación de los vehículos y con responsabilidad directa del peatón.

De esta forma, no establecido probatoriamente una negligencia o infracción a reglamento especifica por parte del conductor del vehículo y aún menos un nexo causal entre ésta y el resultado de muerte del señor Canales Canales, no completándose el estándar legal exigido a estos magistrados de acreditación fáctica de más allá de toda duda razonable, necesariamente debemos absolver a Martín Larraín Hurtado en lo que se refiere a este primer ilícito imputado y recalificación peticionada.



III.- CON RESPECTO AL SEGUNDO PRESUPUESTO FACTICO ASENTADO:

Que la fiscalía durante el juicio, pero no en su libelo acusatorio, ha alegado la concurrencia del ilícito establecido en el artículo 176 en relación al 195 ambos de la Ley del Tránsito, los que sancionan al conductor que participe en todo accidente del tránsito en que se produzcan lesiones, obligándolo a detener su marcha, prestar la ayuda que fuere necesaria y dar cuenta a la autoridad policial más inmediata.

Sobre el particular, conforme se lee de la acusación fiscal, las condiciones de huida, de no prestar la ayuda necesaria y de dar aviso a la autoridad policial subyace en la acusación como antecedentes meramente circunstanciales al hecho medular que lo fue una conducción en estado de ebriedad causando muerte, antecedentes que al tenor de los artículo 5º parte final, 259 letra b) y el inciso segundo del artículo 341 del Código Procesal Penal, sólo permiten asentar recalificación penal en cuanto a los “hechos” del cargo, más no a sus circunstancias accesorias de las que por ciento en el caso que se analiza, el persecutor no formuló cargo alguno.

Asimismo, y a mayor abundamiento, consideramos que conforme al mérito de las probanzas allegadas al juicio no se dan las dos primeras exigencias típicas de la normativa legal del tránsito aludida. Para concluir lo referido, hemos tenido presente los antecedentes proporcionados por la testigo Yamilet del Carmen Leal Valdevenito, quien fue clara al referir, que al pasar por el lugar en el espacio temporal acotado como la hora del accidente, ve un jeep estacionado al final de la barrera de contención, con sus luces apagadas, a orilla de carretera, en la berma y a pocos metros del accidente, vehículo que de igual modo se encontraba cuando pasa de vuelta a su domicilio y después de haber concurrido a las fondas de Curanipe a buscar a unos familiares.

Corrobora la presencia del vehículo implicado, y por ende la detención de la marcha del mismo, los antecedentes aportados por el testigos Jorge José Hurtado Velasco, quien afirma que el vehículo después de que atropella al afectado, se detiene unos 15 metros más adelante, y se mantuvo en el lugar por el tiempo necesario, a fin de efectuar un llamado telefónico a unos amigos para que lo fueran a buscar desde la casa en que se encontraban y hasta el lugar en que se hallaban, estando aún en dicho lugar en el momento en que se retiran del mismo.

De ésta forma, se descarta la huida exigida en la disposición legal aludida, huida que contempla el alejamiento de un lugar o una situación, especialmente con rapidez y en forma inmediata.



En segundo término, concluimos también que sí se prestó la ayuda necesaria dentro del contexto factico acotado, existiendo elementos probatorios suficientes para decantar que el conductor del vehículo, solicitó ayuda a través de sus acompañantes, quienes realizaron reiteradas llamadas a los teléfonos de emergencia 133 y 131, a instantes de acaecidos los hechos, conforme se desprende de los registro de tráfico de llamados realizadas desde sus teléfonos celulares incautados y de los registros incorporados por el Ministerio Público, estimando que dichas alertas telefónicas eran lo necesario, atendido el lugar y condición en que el afectado se encontraba tras el impacto.

Finalmente, queda solo entonces, el tercer requerimiento, de dar cuenta a la autoridad policial, el que si entendemos que no se da por parte del conductor del vehículo.

Conforme a lo precedente, se entiende que no se alcanza a completar los requisitos típicos de la disposición legal establecida, requerimientos que deben ser entendidos de manera copulativa, razón por la cual también se debe absolver por dicha imputación fáctica al señor Larraín Hurtado.

IV.- RESPECTO AL TERCER PRESUPUESTO FACTICO RELATIVO AL DELITO DE OBTRUCCION A LA INVESTIGACION:

Sobre el particular, cabe plasmar que la ley penal sanciona a quien, a sabiendas, obstaculice gravemente el esclarecimiento de un hecho punible o la determinación de sus responsables, mediante la aportación de antecedentes falsos que condujere al Ministerio Publico a realizar u omitir actuaciones de la investigación.

Conforme al mérito de las pruebas aportadas, queda de manifiesto que los acusados Sofía Fernanda Gaete Ramírez y Sebastián Edwards Grez, una vez ocurrido el accidente, se quedaron en el lugar, hablaron con los testigos Jorge Enesto Lizana Flores y con Juan Sebastian Concha Díaz, luego concurrieron al Retén de Carabineros más cercano, donde aportan antecedentes sobre el hecho, del todo falsos, ocultando la determinación del responsable, refiriendo haber estados como peatones en la garita aledaña al lugar del hecho, desde donde vieron pasar a una camioneta blanca, sienten un golpe, ven que dicha camioneta baja su velocidad y luego la aumenta retirándose del lugar, percatándose que una persona había sido atropellada.

Dichos antecedentes, deben catalogarse como falsos, toda vez que conforme también se ha acreditado, los mismos denunciantes venían dentro del vehículo del señor Larraín Hurtado percatándose que fue éste quien atropelló a la persona que se encontraba en el lugar lesionado y luego, muerto.

Considerando que el ilícito en comento es uno de los llamados delitos de resultado, y se entiende que para su configuración es menester que se aporte dolosamente una información falsa y que de dicha información resulte la obstaculización grave de la investigación de un hecho punible o la determinación de sus responsables. Así las cosas, la falsedad aportada dolosamente es la acción y la obstaculización grave a la investigación, el resultado.

Como se anota en la historia fidedigna de la ley “la descripción de la figura penal torna inocuo quien sea el que reciba los antecedentes, porque no dice a quién tienen que entregarse” pudiendo ser – como ocurre en el caso que se analiza- la policía.

Sabido, es que es el Ministerio Público es – por regla general- el exclusivo encargado de la investigación penal, pero no se puede dejar de considerar que hay situaciones especiales en que la policía, actuando autónomamente, puede y debe ejecutar actos de investigación, convirtiéndose así también en sujetos pasivos del delito.

Precisamente aquello sucede en el caso que nos ocupa, puesto que al acaecimiento del hecho investigado ocurre en un “sector rural” y los antecedentes falsos aportados por los acusados en unidad policial como testigos presenciales del hecho, hacen que el devenir de la actuación policial, en una hipótesis de flagrancia, pueda y deba ser investigada autónoma y legítimamente por la policía en virtud de lo establecido en la letra c) parte final del artículo 83 del Código Procesal Penal, constituyendo las horas y diligencias invertidas en la búsqueda de una camioneta blanca un distorsionador del propósito de dar con el responsable del hecho investido que provoca grave perjuicio y que evidencia el resultado lesivo y consumado perseguido por el delito.

Dicho esto, corresponde precisar que la expresión aludida en el artículo 269 bis del Código Penal que refiere condujere al Ministerio Publico a realizar u omitir actuaciones de la investigación”, sólo da cuenta de una calibración de gravedad del antecedente falaz, constituyéndose, más que en el resultado típico que complementa la consumación del delito, en parte del agotamiento del mismo.

Son dos órdenes de razones que llevan a la mayoría de estos jueces a considerarlo de tal manera, la primera es de orden sistemático y coherencia interna de la norma, puesto que ella misma contempla para el caso de “retractación oportuna” -que sólo podría tener cabida antes que se llevaran a efecto las diligencias investigativas o se omitieren estas- un tratamiento punitivo revestido de una simple circunstancia atenuante, abandonando toda posibilidad de estar en presencia de un delito de ejecución imperfecta o ineficaz y, la otra, de orden gramatical (lege stricta) ya que cuando el legislador ocupa la voz “condujere”, hace referencia a una conjunción de futuro del verbo conducir, verbo que no es otra cosa que “guiar o dirigir hacia un sitio” (RAE), esto es, una falsedad de tal gravedad que pueda llevar al Ministerio Público a realizar actos de investigación inconducentes o a omitir otros que resultasen relevantes, y no, necesariamente que los haya efectuado o concretamente omitido, porque de haber sido esa la voluntad legislativa, en vez de ocupar la conjunción futura “condujere”, habría dicho “haya conducido”, “haya llevado” o expresiones pretéritas análogas que dieran cuenta de un requisito necesariamente complementario a la consumación del tipo penal.

Las Policías, conforme lo establece el artículo 83 del Código Procesal Penal se encuentra facultadas para investigar en forma autónoma en sectores rurales y en caso de hipótesis de flagrancia. De esa forma las actuaciones realizadas por ésta, tendientes a buscar al conductor de la camioneta blanca que sindicaban falsamente los acusados como testigos directos, obstaculización gravemente el ejercicio legítimo del proceder investigativo policial, satisfaciendo, según se ha venido razonando las exigencias típicas del delito materia del cargo, sin que obste a esta conclusión la falta de acreditación de una orden emanada del fiscal.

Cabe insistir, que en la especie el necesario dolo de sus autores se encuentra radicado en la falsedad de la información aportada y el resultado lesivo en la obstrucción grave a la investigación legítimamente llevada, en este caso por la policía, en contexto de la facultad autónoma del artículo 83 del CPP

Finalmente huelga decir, que tratándose de un ilícito distinto y autónomo al imputado al señor Larraín, malamente podríamos considerarlo como accesorio al mismo, teniendo presente que estamos en presencia de afectación de bienes jurídicos diferentes.

Conforme a todo lo precedentemente referido, la decisión de este Tribunal es, ABSOLVER a MARTIN JOSÈ LARRAÍN HURTADO de los cargos formulados en su contra como autor del delito de Manejo en estado de ebriedad con resultado de muerte y de cuasidelito de homicidio, en perjuicio don Hernán del Carmen Canales Canales, y de la infracción contemplada en el artículo 176 de la Ley del Tránsito, por el hecho acaecido con fecha 18 de septiembre de 2013, en la ruta M-80-N, al llegar al cruce con Quinta Chile, de la comuna de Pelluhue.

Asimismo, se ha decidido CONDENAR a SOFÍA FERNANDA GAETE RAMÍREZ y SEBASTIÁN EDWARDS GREZ, por el delito consumado de OBSTRUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN, prescrito y sancionado en el artículo del artículo 269 Bis del Código Penal, en grado consumado.

Acordada con la prevención del Magistrado Rojas Oyarce, quien estuvo por calificar los hechos que empecen a los acusados Gaete y Edwards como delito TENTADO de obstrucción a la investigación, habida consideración de los siguientes argumentos:

1.- Si estamos de acuerdo en que este ilícito en su clasificación dogmática es un delito de resultado y no de mera actividad, tendremos que colegir que no basta con la simple aportación de antecedentes falsos para tener el delito como consumado, en primer término porque para que ellos devengan en “falsos”, es necesario que previamente se haya desarrollado una actividad indagatoria que haya sacado a relucir lo verdadero y que, por contraste, permita colegir que los aportados originalmente eran falsos. Ni siquiera inexactos, difusos, imprecisos, equívocos, sino que radicalmente mendaces o falsos.

2.- Ahora bien, incluso antes de esa contrastación de antecedentes –entre el aportado y el descubierto- debe el Ministerio Público, él y sólo él, realizar un juicio de mérito con el antecedente recabado –cuya “recepción” puede ser por la policía- que lo lleve o conduzca a decretar u omitir ACTUACIONES de investigación, actuaciones que deben registrarse para garantizar la integridad y fidelidad de la información, conforme previenen los artículos 227 y 228 del Código Procesal Penal, único modo de no hacer ilusorio el derecho a defensa y de librarnos de cualquier arbitrio.

3.- Que, a criterio de este voto de prevención, sin estos pasos previos e ineludibles, es imposible entender que se ha obstaculizado gravemente el esclarecimiento de los hechos, pues la sola información aportada es un antecedente inocuo o neutro sin una decisión y dirección investigativa. Y esto es así, pues –a modo de ejemplo- se puede tener la finalidad de obstaculizar, pero esgrimiendo un antecedente extravagante y poco creíble, de modo tal que el persecutor lo desestime inmediatamente como inoficioso para fundar diligencias de investigación.

4.- Que, la dirección investigativa y el previo juicio de mérito conferido a la información recabada, para los efectos precisos y estrictos del tipo legal que nos convoca, el art. 269 bis del Código Penal, sólo es dada al ente persecutor fiscal. De ahí que, extender tales supuestos a la policía, que si bien recabó legítimamente el antecedente, es conferirle por vía de integración analógica, en este caso una suerte de analogía in malam partem, un rol que la descripción legal no les consagra ni consulta. Entiende este voto minoritario que esta opinión apunta en el sentido hermenéutico que fluye de la historia fidedigna del establecimiento de la ley, se condice con la propuesta acusatoria y se conforma con el mérito de lo realmente debatido y probado en este juicio.

5.- Que, en el anterior contexto, es innegable que los aludidos encartados, que se movilizaban en el mismo vehículo de Martín Larraín, alcanzaron a proporcionar una información que horas más tarde se colegiría como falsa, pero a cuyo respecto no se demostró con el estándar legal, es decir, más allá de toda duda razonable, que hubiere pasado por el tamiz legitimador del Ministerio Público. En ese estado de cosas, la conducta ilícita quedó en los albores de su camino delictivo, sólo en un principio de ejecución según fluye del mérito de este juicio, que es el que nos obliga.

Se fija para la comunicación de la sentencia, la audiencia del próximo miércoles 31 de diciembre del presente año, a las 11:30 horas, quedando desde ya debidamente emplazados los intervinientes.

Redactará la sentencia la magistrada Claudia Mora Cuadra y el voto de prevención su autor.

RIT : 26-2012

RUC : 1300913937-5

Veredicto acordado por los jueces de la Sala Única del Tribunal Oral en lo Penal de Cauquenes, Víctor Manuel Rojas Oyarce, Mauricio Leyton Salas y Claudia Mora Cuadra, todos subrogando legalmente.


Individualización de Audiencia de Juicio Oral TOP.

Fecha Cauquenes, veintitrés de diciembre de dos mil catorce

Magistrado VÍCTOR ROJAS –CLAUDIA MORA –MAURICIO LEYTON

Fiscal JUAN PABLO PEREIRA RUBIO y FRANCISCO AVILA

Defensor Privado RODRIGO ÁVILA O. por don MARTÍN LARRAÍN HURTADO

Defensor Privado CRISTOBAL BONACIC MIDANE por doña SOFÍA GAETE

Defensor Privado JAIME CARRASCO MOLINA por don SEBASTIÁN EDWARDS

Hora inicio 08:49 AM (09-12-2014)

Hora termino 10:43 AM

Sala PRIMERA SALA

Tribunal Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Cauquenes.

Acta Jeannette Rojas Alvarado

RUC 1300913937-5

RIT 26 - 2014



NOMBRE IMPUTADO

RUT

DIRECCION

ASISTENCIA

MARTÍN JOSÉ LARRAÍN HURTADO

0017086892-7

Calle LO FONTECILLA N° 801, COMUNA LAS CONDES, Santiago.

ASISTEN ACUSADOS LIBRES



SOFÍA FERNANDA GAETE RAMÍREZ

0017270831-5

Calle SANTA BRÍGIDA DEPARTAMENTO 162 COMUNA DE LAS CONDES Nº 421 Santiago.

SEBASTIÁN EDWARDS GREZ

0017596986-1

Calle AUGUSTO GERONA DEPARTAMENTO 34 COMUNA DE LAS CONDES Nº 1580, Santiago.


ABSOLUCIÓN O CONDENA:

RUC

RIT

Ámbito afectado

Detalle del Hito

Valor

1300913937-5

26-2014

CAUSA.: R.U.C=1300913937-5 R.U.I.=26-2014

Juez redactor

CLAUDIA ANDREA MORA CUADRA






Lectura de Sentencia

Hora

11:30

Fecha

31/12/2014







MARTÍN JOSÉ LARRAÍN HURTADO / MANEJO ESTADO EBRIEDAD CAUSANDO MUERTE

Resultado

ABSUELTO







SOFÍA FERNANDA GAETE RAMÍREZ /Obstrucción a la investigación.

Resultado

CONDENADA







SEBASTIÁN EDWARDS GREZ / Obstrucción a la investigación.

Resultado

CONDENADO


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