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Caso puerto cisnes


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Poder Judicial

CASO PUERTO CISNES






CASO PUERTO CISNES

Coyhaique, treinta de Octubre de dos mil diez.



VISTOS:

Se ha ordenado instruir sumario en la causa criminal Rol 16.996-AyB, a la que se le acumularon las roles Nº 16.209 del Segundo Juzgado del Crimen de Coyhaique, Nº 2.182-98, y Nº 16.996-B, del Primer Juzgado del Crimen de Coyhaique, con el fin de investigar la existencia del delito de Homicidio Calificado de Jorge Orlando Vilugrón Reyes y la responsabilidad que les pudiera corresponder a los procesados Eladio Rodolfo Zárate Mora, cédula nacional de identidad Nº 4.209.579-6, chileno, nacido el 23 de Octubre de 1939 en San Javier, 66 años, casado, estudios medios, jubilado, sin antecedentes anteriores, con domicilio en Villa Nocedal Uno, Pasaje El Roble Nº 311, San Bernardo, Santiago; José Carlos Tocol Navarro, cédula nacional de identidad Nº 5.727.699-1, chileno, casado, nacido el 19 de Diciembre de 1946 en Puerto Aysén, 59 años, estudios medios, jubilado de Carabineros, sin antecedentes anteriores, con domicilio en Población Teniente Merino, calle Lago Malleco Nº 0530, Valdivia; Luis Segundo Oyarzo Villegas, cédula nacional de identidad Nº 5.369.822-0, chileno, casado, nacido en Cochamó el 25 de Septiembre de 1945, 60 años, lee y escribe, agricultor, sin antecedentes anteriores, domiciliado en Séptimo de Línea Nº 274, Puerto Cisnes; Héctor Leoncio Andrade Calderón, cédula nacional de identidad Nº 4.257.896-7, chileno, casado, nacido el 20 de Mayo de 1940 en Puerto Aysén, 66 años, estudios básicos, funcionario de Carabineros en retiro, sin antecedentes anteriores, con domicilio en calle Nueva 5, Nº 3125, Villa Cau-Cau, Valdivia; Luis Alberto Pineda Muñoz, cédula nacional de identidad Nº 3.327.050-K, chileno, casado, nacido el 30 de Noviembre de 1933 en Lanco, 72 años, estudios medios, pensionado, sin antecedentes anteriores, domiciliado en calle Bombero Hernández Nº 132, Las Ánimas, Valdivia; Pablo Enrique Leiva Orellana, cédula nacional de identidad Nº 5.585.731-8, chileno, nacido el 15 de Abril de 1946 en Balmaceda, 60 años, casado, estudios medios, jubilado de Carabineros, sin antecedentes anteriores, con domicilio en calle Rosini Nº 10590, Villa Santa Raquel, La Florida, Santiago; José Erwin Maricahuin Carrasco, cédula nacional de identidad Nº 8.412.043-K, chileno, nacido el 05 de Enero de 1954 en Colaco, 52 años, casado, estudios medios, soldador, sin antecedentes anteriores, domiciliado en Sector Los Calafates, Pargua Alto sin número; Cesar Humberto Henríquez Reuquén, cédula nacional de identidad Nº 3.699.107-0, chileno, casado, lee y escribe, nacido en Queilen, Chiloé, el 26 de Enero de 1935, 71 años, pensionado, sin antecedentes anteriores, domiciliado en calle Joaquín real Nº 576, Puerto Aysén; y Ramón Hernán Cárcamo Pérez, chileno, casado, nacido en Quellón el 27 de Enero de 1947, 59 años, estudios medios, sin antecedentes anteriores, con domicilio en calle Doctor Steffens Nº 203, Cochrane.

Se inició la investigación con el oficio Nº 2171, de fecha 11 de Diciembre de 2002, de la Iltma. Corte de Apelaciones de Coyhaique, referido a presentación que hiciera en su oportunidad el Ministro del Interior don José Miguel Insulza Salinas, respecto de siete detenidos desaparecidos en la XI Región, entre los cuales se encuentra Jorge Orlando Vilugrón Reyes, documento agregado de fojas 1993 a 1995, constando de los antecedentes agregados lo siguiente:

1.- Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, en lo pertinente, donde se señala que respecto a los casos de la XI Región de Aysén existen 10 casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 11 de Septiembre de 1973 y fines de ese mismo año, todas ellas con resultado de muerte o desaparición y donde la Comisión adquirió la convicción de que existió responsabilidad del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio. Que, en lo que interesa, expone dicho informe, que el mando superior de la XI Región fue asumido desde el 11 de Septiembre por efectivos del Ejército y de Carabineros. La primera de esas ramas tuvo bajo su cargo las ciudades de Coyhaique y Cochrane, en tanto que Carabineros ejerció una presencia más activa en Puerto Aysén y en localidades más pequeñas como Puyuhuapi, Chile-Chico y Puerto Cisnes. Que los principales centros de detención fueron Las Bandurrias, el gimnasio del Regimiento N° 14 Aysén, ambos lugares a cargo del Ejército y la Cárcel Pública de Coyhaique, a cargo de Gendarmería. Que el día 08 de Octubre de 1973 fue fusilado en Puerto Cisnes, por efectivos del Ejército y Carabineros, Jorge Orlando Vilugrón Reyes, 27 años, profesor, simpatizante de izquierda. Agrega el indicado informe que, el 31 de septiembre, había llegado a la localidad de La Junta una patrulla de Carabineros y Militares conscriptos, que detuvieron a todos los varones adultos del pueblo quedando en libertad la mayoría de ellos, permaneciendo arrestados Vilugrón Reyes con otras tres personas que fueron trasladados a Puerto Cisnes en una lancha. En esta última localidad el afectado fue mantenido en esa embarcación mientras el resto de los detenidos era llevado a la Tenencia de Carabineros del lugar. El oficial a cargo de la operación, que provenía de Puerto Aysén, comunicó a los funcionarios públicos de esa localidad que dos personas serían fusiladas. El día 8 de Octubre un pelotón fusiló a Jorge Vilugrón Reyes, previo a atarlo a un poste de electricidad cerca del muelle y tras la ejecución, el cuerpo de la víctima fue arrojado al mar dentro de un ataúd, habiendo numerosos testigos de este hecho que entregaron su testimonio a la Comisión. Que el certificado de defunción respectivo señala como causa de muerte: “fusilado” y por su parte, el acta de inscripción de la defunción indica como causa, el fusilamiento y señala, “será sepultado en el mar”.

2.- Orden de investigar cumplida por la Brigada de Homicidios metropolitana y agregada de fojas 1446 a 1469, con su anexo de fojas 1470 a 1499, croquis de fojas 1500, set de fotografías de fojas 1501 a 1503 y documentos agregados de fojas 1504 a 1568, que contiene una relación circunstanciada de los hechos ordenados investigar.

3.- Causa Rol Nº 1493-92 del Séptimo Juzgado Militar de Coyhaique, ordenada tener a la vista, a fojas 458.

4.- Atestado de Guido Arnoldo Gómez Muñoz, rolante a fojas 44 de la causa Rol Nº 1.493-92, del VII Juzgado Militar de Coyhaique, que se tiene a la vista.

5.- Testimonial de Pedro Conrado Gómez Goio, rolante a fojas 105 de la causa Rol Nº 1.493-92, del VII Juzgado Militar de Coyhaique, que se tiene a la vista.

6.- Declaración de Jorge Claudio Mera Beltrán, rolante a fojas 137 de la causa Rol Nº 1.493-92, del VII Juzgado Militar de Coyhaique, que se tiene a la vista.

7.- Atestado de Tirso Apolo Cerda Gaete, rolante a fojas 145 de la causa Rol Nº 1.493-92, del VII Juzgado Militar de Coyhaique, que se tiene a la vista.

8.- Testimonial de Héctor Guillermo Olmedo González, rolante a fojas 258 de la causa Rol Nº 1.493-92, del VII Juzgado Militar de Coyhaique, que se tiene a la vista.

9.- Atestado de Luis Alberto Adasme Román de fojas 1580 a 1581 vuelta.

10.- Deposición, en lo pertinente, de Froilán Rigoberto Granadino Mayorga, de fojas 1582 a 1584 vuelta.

11.- Atestado de Cecilia Del Carmen Altamirano Monjes, de fojas 1585 a 1587 vuelta.

12.- Declaración de Ramón Hernán Cárcamo Pérez, de fojas 1715, 2219, 2227, 2633 y 2713.

13.- Indagatoria de Alfredo Enrique Adolfo Stange Dietz, de fojas 1805, de fojas 2424 a 2426 y de fojas 5253.

14.- Declaración de Héctor Leoncio Andrade Calderón, de fojas 1879 y de fojas 2417 a 2419 vuelta.

15.- Indagatoria de José Carlos Tocol Navarro, de fojas 1882 y de fojas 2420 a 2421.

16.- Declaración de Eladio Rodolfo Zárate Mora, de fojas 1917 y de fojas 4055 a 4058.

17.- Testimonial de Rolando Riffo Díaz, de fojas 1922 y de fojas 2201 a 2203.

18.- Declaración de Sergio Belisario Ríos Letelier, de fojas 1929 y de fojas 2404 a 2408 vuelta.

19.- Indagatoria de Luis Alberto Pineda Muñoz, de fojas 1956 y de fojas 2412 a 2415 vuelta.

20.- Declaración de César Humberto Henríquez Reuquén, de fojas 2187.

21.- Testimonial de Hermes Andrade Calderón, de fojas 2195.

22.- Acta de inspección ocular del Tribunal a la lancha INDAP VI, agregada de fojas 2198, complementada con el Informe Pericial Fotográfico evacuado por peritos de la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fojas de fojas 2521 a 2536.

23.- Testifical de Froilán Granadino Mayorga, de fojas 2204.

24.- Declaración de Luis Segundo Oyarzo Villegas, de fojas 2206 a 2209, 2226 y 2492.

25.- Testimonial de Gueseita Mansilla Wichman, de fojas 2211.

26.- Inspecciones oculares realizadas por el tribunal en la localidad de La Junta, de fojas 2212 a 2212 vuelta, y a Puerto Raúl Marín Balmaceda, de fojas 2213 a 2214, complementada con el Informe Pericial Fotográfico evacuado por peritos de la Policía de Investigaciones de Chile, rolante de fojas 2550 a 2558.

27.- Deposición de Heriberto Helmut Klein Wellmann de fojas 2215.

28.- Diligencias de inspecciones oculares del tribunal y reconstituciones de escena en las localidades de Puerto Raúl Marín Balmaceda y Puerto Cisnes agregadas de fojas 2218 a 2218 vuelta, complementada con los Informes Periciales Fotográficos evacuados por peritos de la Policía de Investigaciones de Chile y agregados de fojas 2559 a 2567 y de fojas 2568 a 2577.

29.- Diligencia de inspección ocular efectuada en Puerto Cisnes al lugar del antiguo muelle de esa localidad, de fojas 2221.

30.- Fotocopia autorizada de certificado de defunción, de fojas 2240, de Jorge Orlando Vilugrón Reyes.

31.- Acta de Inscripción de la defunción de Jorge Vilugrón Reyes, de fojas 2241 a 2242.

32.- Orden de Investigar de fojas 2264 a 2272, y anexo de fojas 2273 a 2275.

33.- Testimonial de Ninfa Del Carmen Vilugrón Reyes, de fojas 2314 a 2315.

34.- Atestado de Erna De La Cruz Vilugrón Reyes, de fojas 2316 a 2317.

35.- Declaración de Juan Alberto Pradel Arce, de fojas 2318.

36.- Testifical de Gabriel Clodomiro Carrasco Carrasco, de fojas 2326 a 2328.

37.- Atestado de Reinaldo Eliecer Carrasco Carrasco de fojas 2335 a 2340.

38.- Testimonial de Pedro Vilugrón Reyes, de fojas 2347.

39.- Testifical de Graciela Vilugrón Reyes, de fojas 2348.

40.- Atestado de Guillermo Alfonso Urra Jara, de fojas 2349 a 2351.

41.- Certificado de Defunción de Jorge Orlando Vilugrón Reyes, de fojas 2396 vuelta.

42.- Declaración de Pablo Orellana Leiva, de fojas 2431 a 2432.

43.- Informe pericial fotográfico de la lancha INDAP VI, del Registro Civil, casa de La Junta, muelle de Puerto Raúl Marín Balmaceda, muelle de Puerto Cisnes y recreación de lanzamiento de ataúd al mar.

44.- Informe Pericial Fotográfico, evacuado por peritos de la Policía de Investigaciones de Chile, practicado a la oficina del Registro Civil de Puerto Cisnes, agregado de fojas de fojas 2537 a 2549.

45.- Atestado de Fernando Sotomayor Becker, de fojas 2662 a 2662 vuelta.

46.- Actas de reconstitución de escena practicadas en Puerto Puyuhuapi, La Junta, Puerto Raúl Marín Balmaceda y Puerto Cisnes, de fojas 2798 a 2799 vuelta, 2801 a 2802, 2820 y de fojas 2820 vuelta a 2821 vuelta, complementadas con los Informes Periciales Fotográficos evacuados por la Policía de Investigaciones de Chile, agregados de fojas 3037 a 3045, 3046 a 3053, 3087 a 3105, 3320 a 3336, 3337 a 3377 y de fojas 3378 a 3384.

47.- Testifical de Sergio Bustamante Ojeda, de fojas 2800.

48.- Testimonial de Bernardo del Rosario Flores González, de fojas 2906 a 2908.

49.- Indagatoria de José Erwin Maricahuin Carrasco, de fojas 2991 a 2993.

50.- Oficio N° 5385 del Coordinador de la Unidad Especial de Identificación de Detenidos Desaparecidos del Servicio Médico Legal de Santiago, mediante el cual se remite ficha antropométrica de Vilugrón Reyes, de fojas 3134 a 3144.

51.- Testimonial de Marcos Segundo Lagos Rodríguez, de fojas 3515 a 3515 vuelta.

52.- Querella criminal presentada de fojas 3913 a 3925, por Erna, Graciela, Ninfa del Carmen y Pedro, todos Vilugrón Reyes, por el delito de secuestro calificado, en contra de los procesados de autos y contra todos aquellos que resulten responsables de los hechos investigados en la causa.

53.- De fojas 5162 a 5174 vuelta, rola auto de procesamiento dictado en contra de Sergio Belisario Ríos Letelier (sobreseido por encontrarse fallecido), Eladio Rodolfo Zárate Mora, José Carlos Tocol Navarro, Luis Segundo Oyarzo Villegas, Héctor Leoncio Andrade Calderón, Luis Alberto Pineda Muñoz, Pablo Enrique Leiva Orellana, José Erwin Maricahuin Carrasco, Cesar Humberto Henríquez Neuquén y Ramón Hernán Cárcamo Pérez, por el delito de Homicidio Calificado Jorge Orlando Vilugrón Reyes.

54.- Informe Policial Nº 04, evacuado por la Policía de Investigaciones de Chile, de fojas 5495 a 5502, respecto de la incautación del revolver marca Rossi, calibre .32, serie N° C-147325.

55.- Informe Pericial Balístico evacuado por el Laboratorio Criminalístico de la Policía de Investigaciones de Chile, agregado de fojas 5503 a 5505.

56.- Informe de Estado operacional de armamento, evacuado por la Comandancia General de Guarnición de Ejército, XI Región, de fojas 5550 a 5551.

57.- A fojas 5720, rola extracto de filiación y antecedentes del encausado José Carlos Tocol Navarro.

58.- Extracto de filiación y antecedentes del procesado Luis Alberto Pineda Muñoz, que rola a fojas 5721 vuelta.

59.- A fojas 5722 vuelta, rola extracto de filiación y antecedentes del encausado Héctor Leoncio Andrade Calderón.

60.- Extracto de filiación y antecedentes del procesado José Erwin Maricahuin Carrasco, agregado a fojas 5808.

61.- A fojas 5928 vuelta, rola extracto de filiación y antecedentes del encausado Eladio Rodolfo Zárate Mora.

62.- Extracto de filiación y antecedentes del procesado César Humberto Henríquez Neuquén, que rola a fojas 5929 vuelta.

63.- A fojas 5930 vuelta, rola extracto de filiación y antecedentes del encausado Ramón Hernán Cárcamo Pérez.

64.- Extracto de filiación y antecedentes del procesado Luis Segundo Oyarzo Villegas, agregado a fojas 5933 vuelta.

65.- Declaración extrajudicial del sacerdote Pietro Vigano Cattaneo, de fojas 6150 a 6151.

66.- Deposición del funcionario de la Policía de Investigaciones, Inspector Oscar Alejandro Alvarado Toledo, de fojas 6154 a 6154 vuelta.

67.- Atestado del funcionario de la Policía de Investigaciones, Inspector Juan Antonio Orellana Campos, de fojas 6158 a 6158 vuelta.

68.- De fojas 6171 a 6183, corre Acusación Fiscal dictada en contra de los procesados ya mencionados, por el delito de Homicidio Calificado de Jorge Orlando Vilugrón Reyes.

69.- A fojas 6201, corre adhesión a la Acusación Fiscal por parte del Ministerio del Interior.

70.- Adhesión a la Acusación Fiscal por parte de la defensa de los querellantes Vilugrón Reyes, a fojas 6212.

71.- De fojas 8647 a 8647 vuelta, corre, en lo pertinente, adhesión a la Acusación Fiscal por parte del Fiscal Judicial no Inhabilitado de la Iltma. Corte de Apelaciones de Coyhaique.

72.- Contestación a la Acusación Fiscal y Adhesiones por parte de la defensa del procesado César Humberto Henríquez Reuquén, de fojas 8672 a 8678.

73.- De fojas 9021 a 9025, rola contestación a la Acusación Fiscal y Adhesiones por parte de la defensa de los procesados Pablo Enrique Leiva Orellana, Eladio Rodolfo Zárate Mora y Luis Segundo Oyarzo Villegas.

74.- De fojas 9112 a 9119, rola contestación a la Acusación Fiscal y Adhesiones por parte de la defensa del procesado Ramón Hernán Cárcamo Pérez, deduciendo excepciones de previo y especial pronunciamiento de los números 4, 6 y 7 del artículo 433 del Código de Procedimiento Penal, confiriéndose traslado a fojas 9186.

75.- De fojas 9121 a 9126, rola contestación a la Acusación Fiscal y Adhesiones por parte de la defensa del procesado José Erwin Maricahuin carrasco, deduciendo excepciones de previo y especial pronunciamiento de los números 4, 6 y 7 del artículo 433 del Código de Procedimiento Penal, confiriéndose traslado a fojas 9186.

76.- De fojas 9138 a 9151, rola contestación a la Acusación Fiscal y Adhesiones por parte de la defensa de los procesados Luis Alberto Pineda Muñoz, Héctor Leoncio Andrade Calderón y José Carlos Navarro Tocol, deduciendo excepciones de previo y especial pronunciamiento de los números 6 y 7 del artículo 433 del Código de Procedimiento Penal, confiriéndose traslado a fojas 9186.

77.- A fojas 9192 y siguientes, rola contestación al traslado conferido a fojas 9186, por parte del Ministerio del Interior.

78.- De fojas 9201 y siguientes, rola contestación al traslado conferido a fojas 9186, por parte de la defensa de los querellantes Hermanos Vilugrón Reyes.

79.- A fojas 9249 se recibió la causa a prueba.

80.- A fojas 9352 vuelta, se certificó el término del probatorio.

81.- De fojas 9354 a 9355, se decretó medida para mejor resolver.

82.- De fojas 9770 y siguientes, rola informe pre-sentencial del encausado Ramón Hernán Cárcamo Pérez.

83.- A fojas 9774 y siguientes, rola informe pre-sentencial del encausado Luis Segundo Oyarzo Villegas.

84.- A fojas 9776 y siguientes, rola informe pre-sentencial del encausado César Humberto Henríquez Reuquén.

85.- De fojas 9857 y siguientes, rola informe pre-sentencial del encausado Eladio Rodolfo Zárate Mora.

86.- De fojas 9935 a 9937, rola informe pre-sentencial del encausado José Erwin Maricahuin Carrasco.

87.- De fojas 9981 y siguientes, rola informe pre-sentencial del encausado José Carlos Tocol Navarro.

88.- De fojas 9984 y siguientes, rola informe pre-sentencial del encausado Luis Alberto Pineda Muñoz.

89.- De fojas 9986 y siguientes, rola informe pre-sentencial del encausado Héctor Leoncio Andrade Calderón.

90.- De fojas 10082 a 10084, rola informe pre-sentencial del encausado Pablo Enrique Leiva Orellana.

91.- A fojas 10085, se trajo los autos para la dictación del fallo.



CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

I.- EN CUANTO A LAS EXCEPCIONES DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO:

COSA JUZGADA

PRIMERO: Que, en lo principal de las contestaciones de la acusación fiscal, de fojas 9112 a 9119, y de fojas 9121 a 9126, la defensa de los procesados Ramón Hernán Cárcamo Pérez y José Erwin Maricahuin Carrasco, abogado don Patricio Blanche Sepúlveda, dedujo excepciones de previo y especial pronunciamiento de los números 4, 6 y 7 del artículo 433 del Código de Procedimiento Penal, relativas a cosa juzgada, amnistía y la prescripción de la acción penal, confiriéndose traslado a fojas 9186 y dejándose su resolución para la definitiva.

Respecto a la primera, la cosa juzgada, manifiesta que en los autos Rol 20.219, del Primer Juzgado del Crimen de Coyhaique, fue sometido a proceso José Tocol Navarro y José Maricahuin Carrasco, entre otros, por el delito de secuestro permanente de Jorge Vilugrón Reyes, y la Corte de Apelaciones de Coyhaique revocó dicho auto de procesamiento sosteniendo que esos hechos habían sido investigados en la Rol N° 7.210 por homicidio calificado e inhumación ilegal de Vilugrón Reyes, remitiéndose el expediente al Séptimo Juzgado Militar de Coyhaique, que aceptó la competencia y dictó sobreseimiento total y definitivo, y elevada en consulta la resolución fue confirmada por la Corte Marcial, por lo que en este caso dicha resolución tiene autoridad de cosa juzgada, y ese sobreseimiento equivale a una sentencia absolutoria. Agrega que incluso hubo un recurso de Amparo Rol 7-2003, a favor de Ramón Cárcamo Pérez que fue acogido por el Tribunal de Alzada, precisamente porque en la causa existía cosa juzgada, aún cuando posteriormente el mismo Tribunal de Alzada dispuso que se continuara con la investigación.



SEGUNDO: Que, el abogado Cristian Cruz, por el Programa de Derechos Humanos Continuación de la Ley N° 19.123, del Ministerio del Interior, al contestar el traslado, en lo pertinente, sobre el artículo de la cosa juzgada, en su presentación que corre de fojas 9191 y siguientes, pide su rechazo sosteniendo que si bien la cosa juzgada como institución en el juicio criminal no se encuentra claramente reglamentada, como en el Código de Procedimiento Civil, no cabe duda que las reglas del proceso civil acerca de la triple identidad no le son aplicables. Que, para que pueda aplicarse la cosa juzgada en materia penal, tiene que producirse una doble identidad, del hecho punible y del actual procesado, y que si en ambos procesos el hecho investigado es el mismo pero el actual procesado no es el de aquella causa, no cabe sostener que aquella sentencia produzca excepción de cosa juzgada en el nuevo juicio, y con mayor razón si en la primera causa no hay un procesado, y que por ello, en el caso de autos, no existe cosa juzgada, y que si bien puede cumplirse el primer requisito, no se cumple la identidad de partes, porque el derecho penal afecta a personas determinadas, por lo que se requiere que exista una identidad física, es decir, debe estar totalmente determinada la persona respecto de la cual se aplicó el sobreseimiento, y para ello es indispensable que haya sido parte en el juicio, es decir que a lo menos se haya dictado auto de procesamiento en su contra.

A modo de ilustración, refiere jurisprudencia para señalar que la Excma. Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que para que pueda aplicarse la cosa juzgada en materia penal, tiene que producirse esa doble identidad, y cita las rol N° 4.622-02, la rol N° 2.626-2001, la rol N° 2097-98, todas sentencias de casación y en las cuales la Excma. Corte Suprema se ha pronunciado acerca de la cosa juzgada en materia penal, en el sentido expuesto por dicho letrado, el cual en definitiva pide que se rechace la excepción de cosa juzgada que solicitan los encausados Ramón Hernán Cárcamo Pérez y José Erwin Maricahuin Carrasco.



TERCERO: Que, el abogado Cristian Cruz, esta vez en representación de los querellantes hermanos Vilugrón Reyes, al contestar el traslado, en lo pertinente, sobre el artículo de la cosa juzgada, en su presentación que corre de fojas 9201 y siguientes, pide su rechazo sosteniendo que si bien la cosa juzgada como institución en el juicio criminal no se encuentra claramente reglamentada, como en el Código de Procedimiento Civil, no cabe duda que las reglas del proceso civil acerca de la triple identidad no le son aplicables. Que, para que pueda aplicarse la cosa juzgada en materia penal, tiene que producirse una doble identidad, del hecho punible y del actual procesado, y que si en ambos procesos el hecho investigado es el mismo pero el actual procesado no es el de aquella causa, no cabe sostener que aquella sentencia produzca excepción de cosa juzgada en el nuevo juicio, y con mayor razón si en la primera causa no hay un procesado, y que por ello, en el caso de autos, no existe cosa juzgada, y que si bien puede cumplirse el primer requisito, no se cumple la identidad de partes, porque el derecho penal afecta a personas determinadas, por lo que se requiere que exista una identidad física, es decir, debe estar totalmente determinada la persona respecto de la cual se aplicó el sobreseimiento, y para ello es indispensable que haya sido parte en el juicio, es decir que a lo menos se haya dictado auto de procesamiento en su contra.

A modo de ilustración, refiere jurisprudencia para señalar que la Excma. Corte Suprema ha sostenido reiteradamente que para que pueda aplicarse la cosa juzgada en materia penal, tiene que producirse esa doble identidad, y cita las rol N° 4.622-02, la rol N° 2.626-2001, la rol N° 2097-98, todas sentencias de casación y en las cuales la Excma. Corte Suprema se ha pronunciado acerca de la cosa juzgada en materia penal, en el sentido expuesto por dicho letrado, el cual en definitiva pide que se rechace la excepción de cosa juzgada que solicitan los encausados Ramón Hernán Cárcamo Pérez y José Erwin Maricahuin Carrasco.



CUARTO: Que, en lo que atañe a la excepción de la cosa juzgada, la Corte Suprema en reiterados fallos, ha declarado que a esta institución en materia criminal no le es aplicable la triple identidad proclamada en el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil.

Que, de otro lado, las normas de los artículos 76, 108, 110 y 274 del Código de Procedimiento Penal, giran en torno a dos ideas únicas, centrales y fundamentales en el juicio penal, y son, por un lado, la acreditación de los hechos que constituyen el ilícito penal, y por el otro, la determinación del o los autores responsables del mismo. Sobre estos dos hechos fuerza la ley la atención investigativa y probatoria del juez, y cuando ello se logra, es permitido el sometimiento a proceso.

A su turno, el tratadista Rafael Fontecilla, al comentar los hechos referidos anteriormente sostiene que surgen dos elementos relevantes, que constituyen la médula de la decisión que el juez debe hacer en la sentencia, el hecho punible y la persona a quien se le atribuye la ejecución o participación de ese hecho, y que sobre esos extremos versa el juzgamiento y determinan, por ende, la cosa juzgada, respecto de la cual indica lo siguiente: “por lo tanto, el concepto de identidad, del cual no podemos desprendernos, porque es de la esencia de la institución de la cosa juzgada que tiene por objeto evitar la repetición procesal, de lo que es idéntico, sólo puede surgir de la comparación del hecho y de la persona del procesado en el enfrentamiento de dos procesos. De modo que la excepción de cosa juzgada puede ser declarada de oficio por el juez o hacerse valer cuando entre el nuevo juicio y el anterior haya: a) Identidad de hechos punibles, técnicamente tipos, y b) Identidad entre los sujetos activos del delito” (Tratado de Derecho Procesal Penal, Editorial Jurídica, 1978, III Tomo, página 231).

Que, por su parte, el profesor Fernando Gómez de Liaño, sostiene que “para que se produzca la cosa juzgada penal, no es necesario acudir a la tesis de las tres identidades del artículo 1251 del Código Civil, que es sólo de aplicación al proceso civil, pues sólo exige la concurrencia de dos identidades, la del sujeto activo y de los hechos, no influyendo en este sentido las partes acusadoras, por su carácter instrumental, y eventual en muchos casos” (El Proceso Penal Español, Editorial Jurídica Forum S.A., Oviedo, Quinta Edición, página 242).



QUINTO: Que, el artículo 408 N° 7 del Código de Procedimiento Penal, recoge los principios doctrinarios consignados anteriormente, cuando autoriza el sobreseimiento definitivo sólo “cuando el hecho punible de que se trata haya sido materia de un proceso en que haya recaído sentencia firme que afecte al actual procesado”.

Que, en consecuencia, de lo expuesto puede concluirse que en materia penal sólo puede aplicarse la cosa juzgada cuando se haya producido la doble identidad: del hecho punible y del actual procesado, porque si entre ambos procesos si bien el hecho investigado puede ser el mismo, pero el actual procesado no es el de aquella causa, entonces no cabe sostener que aquella sentencia produzca la excepción de cosa juzgada en el nuevo juicio, y con mayor razón si en la primera causa no hubiera habido reo, que es precisamente lo que ocurre en el caso en análisis, según se dirá enseguida:

Que, en efecto, de los antecedentes existentes consta que efectivamente ante Juzgado del Crimen de Puerto Aysén se tramitó la causa Rol Nº 7.210, la que se inició por querella de fecha 23 de julio de 1990, interpuesta por el abogado don Mario Alarcón Mardones, en representación de don Pedro Segundo Vilugrón Reyes, hermano de la víctima, deducida por los delitos homicidio de calificado e inhumación ilegal de Jorge Orlando Vilugrón Reyes, según los artículos 391 Nº 1 del Código Penal y artículo 320 del mismo código, en relación con el artículo 135 del Código Sanitario, la que fue dirigida en contra de un tal sargento de carabineros de apellido Egaña y en contra del contingente a su mando.

Que, en la mencionada causa, con fecha 20 de febrero de 1992, el juez que conocía de la causa, se declaró incompetente para seguir conociendo de la misma, por estimar que en los hechos investigados tuvieron participación funcionarios de Carabineros y del Ejército de Chile, durante el cumplimiento de una comisión de servicios, simples delitos que caen dentro de la competencia de un tribunal militar, remitiéndose los antecedentes al 7° Juzgado Militar de Coyhaique, iniciándose en este último tribunal la causa Rol Nº 1.493-92, en la que luego de tomarse declaración a una persona, que no tenía relación con los hechos, sin decretarse ninguna diligencia y sin tomar declaración indagatoria, en este última causa, a ninguno de los actuales procesados, y tampoco llevarse adelante alguna gestión o diligencia para esclarecer los hechos, se procedió a declarar cerrado el sumario con fecha 10 de mayo de 1993 y con fecha 15 de julio del mismo año, a fojas 1451, previo informe de la Fiscalía Militar, el 7° Juzgado Militar, estimando que los hechos delictuosos denunciados en la querella e investigados ocurrieron dentro del ámbito temporal que establece el Decreto Ley Nº 2.191, de 1978, que concede amnistía a todas las personas que, en calidad de autores, cómplices o encubridores, hayan incurridos en hechos delictuosos durante la vigencia de la situación de estado de sitio comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, sobreseyó total y definitivamente dicha causa Rol Nº 1.493-92 por encontrarse extinguida la responsabilidad penal de las personas presuntamente inculpadas de los hechos investigados en ella. Que la mencionada resolución fue aprobada por la Iltma. Corte Marcial por resolución de fecha 16 de agosto de 1994, según consta a fojas 456, procediéndose al archivo de la misma con fecha 10 de octubre del mismo año.



Que, de acuerdo a lo razonado y como ya se señaló, no cabe considerar como concurrente la excepción de previo y especial pronunciamiento de existir cosa juzgada puesto que, para que esta institución jurídica opere y sea aplicable, debe producirse una doble identidad entre la presente causa y la anterior, signada con el Rol Nº 1.493-92, situación que en la especie no existe. Se ha señalado reiteradamente por la jurisprudencia que esta institución, en el orden penal, tiene como objetivo evitar una doble decisión sobre la misma materia, por lo que corresponde a los jueces velar porque ello no ocurra, verificándose si entre ambos procesos existe doble identidad, tanto del hecho punible como de los procesados, tanto anteriores como actuales, pudiéndose constatar, de acuerdo a lo ya expuesto, que en la causa Rol Nº 1.493-92, del 7° Juzgado Militar ya citado y también en la Rol Nº 7.210 del Juzgado del Crimen de Puerto Aysén, que la antecedió, no existen procesados y consta del claro tenor de la resolución de sobreseimiento total y definitivo que fuera pronunciada en la Rol Nº 1.493-92 del Juzgado Militar, que dicho sobreseimiento fue dictado en términos generales, sin especificarse, determinarse ni individualizarse ningún responsable en los hechos investigados, a diferencia de lo que ocurre en la presente causa. Que aún cuando algunos de los actuales procesados prestaron declaración con anterioridad - en la causa Rol Nº 7.210 del Juzgado del Crimen de Puerto Aysén - dichas declaraciones adolecen de notorias imprecisiones, siendo además incompletas y fuera de ello, éstos no fueron objeto de procesamiento ni persecución y, por ende, no fueron parte, como lo exige el artículo 278 del Código de Procedimiento Penal, disposición esta última que, en forma clara, indica que la calidad de parte la tiene el procesado, norma de derecho público que debe ser interpretada restrictivamente estableciéndose, asimismo, diversas formalidades que sólo son exigibles a partir del procesamiento.

SEXTO: Que, por tanto, de acuerdo a los antecedentes existentes en la presente causa, a juicio de este sentenciador, no aparece como concurrente la doble identidad que legalmente se requiere para hacer procedente la excepción de cosa juzgada a que se hizo referencia con antelación; además que tampoco se agotó la investigación como lo exige nuestra normativa, no habiéndose realizado diligencias que eran absolutamente necesarias para llegar a tal fin y al haberse decretado el sobreseimiento definitivo por la Justicia Militar, en términos generales, sin señalarse o especificarse el caso concreto sobre el que incidía, pero más aún sin haberse atribuido algún tipo de responsabilidad penal a algún encausado en forma particular, preciso e individualizado, mediante las formas procedimentales que, inequívocamente permitan dar por sentado el enjuiciamiento de alguno de ellos, y no habiéndose sometido a proceso a persona alguna en las causas anteladas, no se ha adquirido la certeza jurídica plena de concurrir los dos presupuestos necesarios para que opere la institución de que se trata, que son los fundamentos de ésta - imposibilitar nuevos juzgamientos en virtud de la misma - por lo que no cabe sino desechar la excepción de cosa juzgada planteada por las defensas a favor de los encartados Ramón Hernán Cárcamo Pérez y José Erwin Maricahuin Carrasco.

AMNISTÍA

SÉPTIMO: Que, la misma defensa, abogado Patricio Blanche Sepúlveda, en representación de los encausados Ramón Hernán Cárcamo Pérez y José Erwin Maricahuin Carrasco y previo a contestar la acusación fiscal y sus adhesiones, opuso como artículo de previo y especial pronunciamiento el contemplado en el numeral 6° del artículo 433 del Código de Procedimiento Penal, esto es, la amnistía, sosteniendo que el Decreto Ley 2191 de 1978, en su artículo 1° dispuso: “Concédese amnistía a todas las personas que, en calidad de autores, cómplices o encubridores, hayan incurrido en hechos delictivos durante la vigencia de la situación de Estado de Sitio comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978, siempre que no se encuentren actualmente sometidos a proceso o condenados” y que como se expresó al planter la excepción previa del nuneral 4° del artículo 433 del Código de Procedimiento Penal, y según consta en autos, en la causa Rol N° 7210 de 1990, incoada por una querella patrocinada por el abogado mario Alarcón Mardones en el Juzgado del Crimen de Puerto Aysén, por el homicidio calificado e inhumación ilegal de Jorge Orlando Vilugrón Reyes y cuya tramitación continuó en el Séptimo Juzgado Militar de Coyhaique bajo el Rol N° 1493 de 1992, se sobreseyó definitiva y totalmente por el referido tribunal militar por estar extinguida la responsabilidad epnal de las personas presuntamente inculpadas en los hechos investigados, conforme a la amnistía prevista en el Decreto Ley 2191 de 1973, criterio que fue explícitamente aceptado por la Iltma. Corte de Apelaciones en la sentencia de 12 de febrero de 2003, que hizo lugar al Recurso de Amparo Rol 07-2003.

Sostiene, que existen criterios e interpretaciones que impugnan la aplicación y procedencia de la amnistía dispuesta por el Decreto Ley 2191 de 1978, tesis fundada en las disposiciones de la Convención de Ginebra de 1949 y su Protocolo II, la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto de Costa Rica) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, lo que a su concepto resultan improcedentes de aplicar, ya que se argumenta que los hechos ilícitos acaecidos con posterioridad al 11 de septiembre de 1973 – en la especie en el mes de octubre del mismo año - deben entenderse, según lo dispuesto en el artículo 1° del decreto Ley N° 5 de 1973, ocurridos en un Estado de Guerra y por lo tanto bajo la vigencia y aplicación de las disposiciones de la Convención de Ginebra, lo que haría inaplicable la amnistía del Decreto Ley 2191 de 1978, tesis que resulta objetable e insostenible, ya que la calificación que hizo el artículo 1° del Decreto Ley N° 5 de 1973, asimilando la situación general existente en el territorio nacional a un estado de Guerra luego del pronunciamiento militar –tal como lo ha sostenido la propia Corte Suprema al abordar la materia en diversoso fallos – fue sólo una ficción legal que no refleja en lo absoluto la realidad de aquella época que no permite sostener la existencia de cuerpos armados antagónicos que a través de una organización bélica se hubieran enfrentado, teniendo cada bando en conflicto bajo su dominio una parte del territorio nacional, exigencias y/o elementos que establece la Convención de Ginebra deben concurrir para considerar la existencia de un Estado de Guerra aludido y la aplicación respectiva de sus normas.



Agrega, que sólo a partir del 17 de agosto de 1989, fecha de vigencia de la ley 18.825, que aprobó la modificación al artículo 5° de la Constitución Política, subordinando a los tratados internacionales la legislación chilena en materia de derechos humanos ratificados por Chile, los tratados internacionales pasaron a primar sobre lo establecido en la legislación chilena solamente una vez publicados en el Diario Oficial, puesto que con anterioridad la legislación interna y muy especialmente la de orden público -calidad que tienen las disposiciones sobre la amnistía según explícitamente lo señala la Excma. Corte Suprema- (Rev. D° y Juris. 1932, 11ª Parte, Sección 1ª, pág.247, prima sobre las normas contenidas en los tratados internacionales, por lo que habiendo sido publicada la ley 18.825 el 17 de agosto de 1989, en tanto que la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto San José de Costa Rica) publicada en el Diario oficial el 05 de enero de 1991 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos publicado en el Diario Oficial el 29 de abril de 1989, priman sobre la legislación nacional pertinente sólo a contar de dichas fechas, y por lo tanto, ambos estatutos no pueden inhibir la aplicación del decreto Ley 2.191 de 1978 que según establece el mismo abarca el lapso que va desde el 11 de septiembre de 1973 al 10 de marzo de 1978, de lo que resulta, entonces, que de resolverse lo contrario en la materia, se vulneraría el principio de la no retroactividad de la ley penal que contempla el N° 3 del artículo 19 de la Constitución Política y el artículo 18 del Código Penal, por lo que, por las razones expuestas la excepción de la amnistía procede que sea acogida.

OCTAVO: Que, la defensa de los encausados Pineda Muñoz, Andrade Calderón y Tocol Navarro, abogado Ricardo Morales Guarda, mediante el primer otrosí de la presentación de fojas 9138 y siguientes y previo a contestar la acusación fiscal y sus adhesiones, interpuso como excepción de previo y especial pronunciamiento la del numeral 6° del artículo 433 del Código de Procedimiento Penal, esto es, la amnistía, argumentando que esta situación ha sido motivo de análisis, discusión y distintas interpretaciones, pero existe una obligación en todos los aspectos de que el derecho debe ser aplicado con normas que mantienen su total vigencia y que el Decreto Ley 2191 de 1978, en su artículo 1° señala “Concédese amnistía a todas las personas que en calidad de autores, cómplices o encubridores, hayan incurrido en hechos delictivos durante la vigencia de la situación de estado de sitio comprendida entre el 11 de septiembre de 1973 y el 31 de marzo de 1978, siempre que no se encuentren actualmente sometidos a proceso o condenados”, norma que alega su vigencia y un imperativo en un estado de derechos, recogidos por los artículos 6° y 7° de la Constitución Política, que señala entre otras conductas básicas en el imperio de la Ley, que para considerar el carácter imprescindible de la amnistía es necesario recordar que es un fenómeno histórico milenario y no se puede pretender borrar normas que deben constituir un fundamento de la seguridad jurídica y que no le parece posible que para algunos aspectos se consideren las opiniones doctrinarias de distinguidos juristas y para otras se las desestime o desoiga, citando, a modo de ejemplo, las opiniones que en doctrina han vertido don Alfredo Etcheberry, don Rafael Fontecilla y el profesor Enrique Cury Urzúa.

Agrega, que el artículo 93 N° 3 del Código Penal, se extingue: N° 3 “por amnistía la cual extingue por completo la pena y todos sus efectos”, pero esa norma no expresa a cabalidad su verdadero sentido, el que sólo manifestó la comisión redactora del Código Penal, en la Sesión 22, según consta de sus actas, y en la cual se señalaba: “la amnistía produce el efecto de borrar el delito, dejando a su autor en la misma situación en que estaría si no lo hubiera cometido”; y ya hace más de 80 años que la Excma. Corte Suprema dejó establecido que la amnistía borra la existencia de lo pasado y hace desaparecer el delito y sus consecuencias y, en esas circunstancias, como se ha acusado a sus representados como autores del delito de homicidio calificado, de hechos ocurridos en el año 1973, no hay impedimento para la aplicación de la amnistía a su respecto.



NOVENO: Que, el abogado Cristian Cruz, por el Programa de Derechos Humanos Continuación de la Ley N° 19.123, del Ministerio del Interior, al contestar el traslado, en lo pertinente, sobre el artículo de la amnistía, en su presentación que corre de fojas 9192 y siguientes, dijo que en la causa se encuentra establecido mediante la acusación fiscal el delito de homicidio calificado de Jorge Orlando Vilugrón Reyes, que se trata de un delito especial que por sus características y el periodo en que fue cometido constituye un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad, que no puede ser objeto de amnistía o prescripción. Agrega que mediante la dictación del Decreto Ley N° 5, todo el territorio nacional quedó bajo estado de sitio, asimilado a un estado de guerra, para los efectos de la penalidad y demás efectos legales, cuyas consecuencias fueron gravísimas, con una penalidad agravada que derivó incluso en penas de muerte, con consejos de guerra, procedimientos muy sumarios, etc., y también entró a regir el Estatuto de Derecho Internacional Humanitario contenido en los cuatro Convenios de Ginebra, y el artículo 3° común, en relación al artículo 146, en relación a los artículos 147 y 148, disponen que ninguno de los países que forman parte de esas convenciones pueden exonerarse o exonerar a otra parte contratante de las responsabilidades en que haya incurrido a causa de las infracciones previstas en el convenio, es decir, hay una expresa prohibición de amparar la impunidad, y de declarar jurídicamente extinguida la responsabilidad criminal en razón de la amnistía o de la prescripción penal, y que en caso de conflictos de normas legales los Convenios de Ginebra tienen aplicación preeminente conforme lo dispone el artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política de Chile, cuestión así resuelta también por la Corte Suprema.

DÉCIMO: Que, el abogado Cristian Cruz, esta vez en representación de los querellantes hermanos Vilugrón Reyes, al contestar el traslado, en lo pertinente, sobre el artículo de la amnistía, en su presentación que corre de fojas 9201 y siguientes, pide su rechazo sosteniendo que en la causa se encuentra establecido mediante la acusación fiscal el delito de homicidio calificado de Jorge Orlando Vilugrón Reyes, que se trata de un delito especial que por sus características y el periodo en que fue cometido constituye un crimen de guerra y un crimen de lesa humanidad, que no puede ser objeto de amnistía o prescripción. Agrega que mediante la dictación del Decreto Ley N° 5, todo el territorio nacional quedó bajo estado de sitio, asimilado a un estado de guerra, para los efectos de la penalidad y demás efectos legales, cuyas consecuencias fueron gravísimas, con una penalidad agravada que derivó incluso en penas de muerte, con consejos de guerra, procedimientos muy sumarios, etc., y también entró a regir el Estatuto de Derecho Internacional Humanitario contenido en los cuatro Convenios de Ginebra, y el artículo 3° común, en relación al artículo 146, en relación a los artículos 147 y 148, disponen que ninguno de los países que forman parte de esas convenciones pueden exonerarse o exonerar a otra parte contratante de las responsabilidades en que haya incurrido a causa de las infracciones previstas en el convenio, es decir, hay una expresa prohibición de amparar la impunidad, y de declarar jurídicamente extinguida la responsabilidad criminal en razón de la amnistía o de la prescripción penal, y que en caso de conflictos de normas legales los Convenios de Ginebra tienen aplicación preeminente conforme lo dispone el artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política de Chile, cuestión así resuelta también por la Corte Suprema.

UNDÉCIMO: 1.- Que respecto a la causal de extinción de responsabilidad penal llamada amnistía, prevista en el artículo 1° del decreto Ley 2191, en relación con el artículo 93 N° 3 del Código Penal, cabe consignar lo siguiente:

a) Que el 12 de septiembre de 1973, la Junta de Gobierno, que entonces había asumido el poder, después que las Fuerzas Armadas y de Orden se levantaron en armas y destituyeron al Gobierno Constitucional, dictó el Decreto Ley N° 5, que en su artículo 1° declaró, interpretando el artículo 418 del Código de Justicia Militar, que el estado de sitio impuesto por conmoción interna según el decreto Ley N° 3, debería ser entendido como “estado o tiempo de guerra” para los efectos de la aplicación de la penalidad para todos los efectos legales;

b) Que el día 11 de septiembre de 1974, se dictó el Decreto Ley 641, que declaró al país en estado de sitio, en grado de defensa interna, conforme al Decreto Ley 640, debido a las condiciones de ese momento, y ello motivo el funcionamiento de los Tribunales Militares en Tiempo de Guerra, conforme al Título III del Libro I del citado cuerpo legal, con la jurisdicción militar de ese entonces, aplicándose el procedimiento del Título IV del Libro II del mismo código y la penalidad para tiempo de guerra;

c) Que, a su vez, el artículo 418 del Código de Justicia Militar, señala que hay estado de guerra -o tiempo de guerra- no tan sólo cuando ella ha sido oficialmente declarada, o el estado de sitio, sino también cuando de hecho existiera la guerra o se hubiere decretado la movilización, aunque sin declaración oficial;

d) Que, de lo reseñado resulta, entonces, que de acuerdo a las normas mencionadas, en el país existía un estado de guerra interior, y tanto es así que el Decreto Ley N° 5, citado en la letra a), interpretó el estado o tiempo de guerra para la aplicación de la penalidad de entonces y las demás leyes penales y dispuso que, en general, lo era -ese estado de guerra- para todos los efectos de esa legislación, es decir el Código de Justicia Militar y las leyes penales;

e) Que, en este orden de ideas, resulta inconcuso que dentro de las citadas normas del Código de Justicia Militar y las leyes penales, deben incluirse, entre otras, los Convenios de Ginebra, que datan del año 1949 y son: Convenio de Ginebra I, para mejorar la suerte de los heridos y enfermos de las fuerzas armadas en campaña; Convenio de Ginebra II, para los heridos y náufragos de las fuerzas armadas en el mar; Convenio de Ginebra III, sobre prisioneros de guerra y Convenio de Ginebra IV, sobre protección de personas civiles en tiempo de guerra. Estos convenios fueron ratificados por Chile el 12 de octubre de 1950, en Berna, y entraron en vigor seis meses después, y fueron publicados en el Diario Oficial de los días 17, 18, 19 y 20 de abril de 1950, y por lo tanto resultaban a no dudarlo leyes plenamente vigentes a la fecha de perpetrarse el ilícito que se investiga en la causa:

f) Que, en relación a los Convenios de Ginebra, ellos tienen aplicación, en general, a los conflictos armados entre dos o varias de las Altas Partes contratantes, aún cuando el estado de guerra no lo haya reconocido alguna de esas partes, pero, excepcionalmente, también tienen aplicación en casos de conflictos armados sin carácter internacional, conforme a su artículo 3°, común para todos los Convenios de Ginebra;

g) Que, de lo anteriormente expuesto, se colige que en la época en que ocurrieron los hechos investigados en estos autos, el país se encontraba en estado de guerra interna y, conforme al mencionado artículo 3°, común para los Convenios de Ginebra, existía un “conflicto armado no internacional”;

h) Que, por ende, de acuerdo a la doctrina y jurisprudencia, resultan plenamente aplicables al delito investigado, esto es, homicidio calificado, los Convenios de Ginebra, ya citados, que en su artículo 3° común a todos ellos, delega a los Estados Contratantes, para el caso de conflicto armado sin carácter internacional ocurrido en su territorio, al trato humanitario de las personas que no participen directamente en las hostilidades, prohibiéndose para cualquier tiempo y lugar los atentados a la vida y a la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas, las mutilaciones, los tratos crueles, torturas y suplicios, la toma de rehenes, los atentados a la dignidad personal, especialmente los tratos humillantes y degradantes, las condenas dictadas y las ejecuciones efectuadas sin previo juicio, emitidas por un tribunal regularmente constituido, provisto de garantías judiciales reconocidas como indispensables por los pueblos civilizados. Del mismo modo, el referido instrumento internacional consigna, en su artículo 146, el compromiso de sus suscriptores para tomar todas las medidas legislativas necesarias en orden a fijar las adecuadas sanciones penales que hayan de aplicarse a las personas que cometen, o den orden de cometer, cualquiera de esas convenciones graves que define el convenio, así como también los Estados se obligan a buscar a tales personas, a hacerlos comparecer ante sus propios tribunales y a tomar las medidas necesarias para que cesen los actos contrarios a las disposiciones del acuerdo, precisando en su artículo 147 lo que debe entenderse por infracciones graves, entre otros, el homicidio intencional, las torturas o tratos inhumanos, los atentados graves a la integridad física o a la salud, las deportaciones, los traslados ilegales y las detenciones ilegales.

Como Chile se impuso, con la suscripción y ratificación de dichos Convenios de Ginebra, la delegación de garantizar la seguridad de las personas que pudieren tener participación en conflictos armados dentro de su territorio, en especial si fueren detenidos, le quedó vetada toda medida que ampare los agravios cometidos contra personas que se encuentren en dicha situación, así como también que se logre la impunidad de sus autores; por el contrario, conforme al derecho internacional, los acuerdos internacionales deben cumplirse de buena fe. En este orden de ideas, no cabe duda que la institución de la amnistía cobra una importancia fundamental si se tiene presente que es una especie de auto exoneración al margen de los instrumentos suscritos por Chile.



  1. Que, debe aún referirse a la tesis levantada por quienes afirman que los Convenios de Ginebra, al contrario, posibilitan la dictación de la amnistía, al contemplarse en el Protocolo II, sobre la protección de las víctimas de los conflictos armados sin carácter internacional (artículo 6° N° 5) que una vez terminadas las hostilidades, las autoridades en el poder procurarán conceder las amnistías más amplias posibles a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado y que se encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado.

Que, sin embargo, para entender el sentido del artículo 6° N° 5, común para todos los Convenios de Ginebra, menester es interiorizarse sobre la finalidad de esta disposición en un convenio que es estrictamente de derecho humanitario y que está destinado a ser aplicado en los conflictos internos, y por tanto ese tipo de normas no se encuentra en los tratados humanitarios sobre conflictos internacionales. Refuerza lo que se dice si se tiene presente que el Protocolo I, sobre guerras internacionales, no contiene ninguna disposición que diga relación con el otorgamiento de amnistías e indultos entre las partes enfrentadas una vez producido el cese de hostilidades. Por otro lado, el precepto del Protocolo I que consagra garantías procesales -artículo 75- tiene una redacción similar al artículo 6° del Protocolo II, pero excluye cualquier referencia a la amnistía.

2.- Que, de lo expuesto precedentemente, debe concluirse que el Decreto Ley 2191, de 1978, debe ser interpretado en un sentido conforme con los Convenios de Ginebra, por lo que es inexequible respecto a las contravenciones graves contra los derechos esenciales determinados en ellos y cometidos en nuestro país durante su vigencia. La denominada ley de amnistía viene a exonerar de responsabilidad criminal por graves violaciones a los derechos humanos, ya que se dictó con posterioridad a ellos por las autoridades que detentaban el poder durante y después de los hechos, a fin de garantizar la impunidad de sus responsables, conculcando así el artículo 148 del Protocolo IV de los Convenios de Ginebra.

3.- Que, además de lo ya dicho, a juicio de este sentenciador, tampoco es procedente alegar la amnistía que se analiza, porque conforme a la indagación efectuada en esta causa estamos en presencia de lo que la conciencia jurídica denomina “delitos contra la humanidad”, respecto de los cuales no corresponde aplicar la amnistía.

Los crímenes contra la humanidad son aquellos injustos que no tan solo contravienen los bienes jurídicos garantizados por el legislador penal, sino que al mismo tiempo suponen una negación de la personalidad moral del hombre, que se manifiesta, como caso extremo, cuando se mira al individuo como una cosa, de tal manera que en ellos existe una íntima conexión entre los delitos comunes y un valor agregado que se desprende de la inobservancia y menosprecio a la dignidad de la persona, si se tiene presente que lo que caracteriza a dichos crímenes de lesa humanidad es la forma cruel con que son perpetrados algunos ilícitos, lo que contraría de forma evidente y manifiesta con el más básico concepto de humanidad, destacándose, en algunos casos, la presencia de ensañamiento con algunas víctimas, conjugándose así un eminente elemento intencional, en la voluntad del agente, y ello constituye, a no dudarlo, un ultraje a la dignidad humana y representa una violación grave y manifiesta de los derechos y libertades proclamadas en la Declaración Universal de los derechos Humanos. Por ello, dichas transgresiones son imprescriptibles e imposibles de amnistiarlas, por ser contrarias y prohibidas por el derecho internacional de los derechos humanos, sin perjuicio de que según el inciso 2° del artículo 5° de la Constitución Política de la República, el ejercicio de la soberanía se encuentran limitados por los derechos esenciales de la persona humana, siendo deber de los órganos del estado respetar y promover tales derechos garantizados por la Carta Fundamental así como por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, entre ellos los cuatro Convenios de Ginebra, que establecen el deber de los estados partes -entre ellos Chile- de respetar y hacer respetar el derecho internacional humanitario.



DUODODÉCIMO: Que, del modo que se ha razonado, sólo cabe, entonces, rechazar la petición sobre la aplicación de la ley de amnistía solicitada por las defensas de los encausados Cárcamo Pérez, Maricahuin Carrasco, Pineda Muñoz, Andrade Calderón y Tocol Navarro, lo que la Excma. Corte Suprema ha efectuado en numerosos fallos de reciente data, en todos los cuales ha optado por el rechazo de la mencionada institución, y sólo por vía ejemplar se pueden mencionar las siguientes:

a) Fallo de la Excma. Corte Suprema, Rol 1.369-09, de 20 de enero de 2010;

b) Fallo de la Excma. Corte Suprema, Rol 1.746-09, de 25 de enero de 2010;

c) Fallo de la Excma. Corte Suprema, Rol 5.279-09, de 14 de abril de 2010;

d) Fallo de la Excma. Corte Suprema, Rol 3.302-09, de 18 de mayo de 2010;

e) Fallo de la Excma. Corte Suprema, Rol 2.596-09, de 8 de julio de 2010;



f) Fallo de la Excma. Corte Suprema, Rol 4.419-09, de 13 de julio de 2010.
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