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Casacion n° 19. 119. Aljadies Gabriel Flórez Rengifo


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CASACION N° 19.119.

Aljadies Gabriel Flórez Rengifo.

República de Colombia



Corte Suprema de Justicia

.



Proceso No 19119

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA DE CASACIÓN PENAL


Magistrado Ponente


JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS

Aprobado acta N° 074

Bogotá D. C., primero (1°) de septiembre de dos mil cuatro (2004).


V I S T O S
Resuelve la Corte el recurso extraordinario de casación interpuesto por la defensora del procesado ALJADIES GABRIEL FLÓREZ RENGIFO contra la sentencia del Tribunal Superior de Pereira, proferida el 28 de agosto de 2001, por medio de la cual lo condenó a la pena principal de 20 años de prisión y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el lapso de 10 años, como autor de los delitos de homicidio.

H E C H O S
El Tribunal los sintetizó de la siguiente manera:

“… el día 18 de marzo de 2000, agentes de la Estación de Marsella dieron captura al señor ALJADIES GABRIEL FLÓREZ RENGIFO, a las 20: 50 horas, en el momento en que se disponía a entrar a su residencia, después de haber causado en el Bar La Cueva, ubicado en la calle 8 número 12-34 , la muerte con arma blanca –cuchillo-, a JOSÉ ARLEY MORALES GIRALDO y JOSÉ MANUEL REYES CAÑAS. Al mismo le hallaron entre el poncho que portaba un cuchillo de cachas negras y hoja en acero inoxidable y ensangrentado; y en la pretina del pantalón un estuche para él, elaborado en papel, amarrado con cinta aislante de color negro”.



ACTUACIÓN PROCESAL

Basado en el informe policial, la Fiscalía 13 de la Unidad Especial de Vida de Pereira, el 19 de marzo de 2000, declaró la apertura de investigación.


Escuchado en indagatoria Aljadies Gabriel Flórez Rengifo, la situación jurídica le fue resuelta, el 24 de marzo de 2000, por la Fiscalía 24 de la Unidad Especial de Vida, despacho judicial que ya conocía del diligenciamiento, con medida de aseguramiento de detención preventiva por los delitos de homicidio.
Cerrada la investigación, el instructor, el 2 de junio de 2000, calificó el mérito del sumario con resolución de acusación en contra del procesado y por los delitos citados en precedencia, providencia que al ser recurrida fue confirmada, el 11 de julio siguiente, por la Unidad de Fiscalías Delegada ante el Tribunal Superior de Pereira.
El expediente pasó al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira que, luego de tramitar el juicio, el 21 de junio de 2001, condenó al señor Aljadies Gabriel Flórez Rengifo a la pena principal de 40 años de prisión y a la accesoria de interdicción de derechos y funciones públicas por el lapso de 10 años, como autor de los delitos de homicidio.
Apelado el fallo por la defensora, el Tribunal Superior de Pereira, al desatar el recurso, el 28 de agosto de 2001, lo modificó, toda vez que, en virtud del principio de favorabilidad impuso como pena privativa de la libertad 20 años de prisión.

LA DEMANDA DE CASACIÓN
La defensora del procesado, al amparo de la causal tercera de casación, presenta un único cargo contra la sentencia de segunda instancia, por cuanto se dictó en un juicio viciado de nulidad por transgresión del postulado de investigación integral.
Acota que el artículo 333 del Código de Procedimiento Penal consagra dicho principio como claro desarrollo del precepto constitucional. Dice que para la “estructuración” del cargo se hace necesario que mencione la prueba testimonial allegada al proceso, toda vez que informa que su protegido ejecutó el hecho bajo los efectos del alcohol, “pues recuérdese que los hechos se registraron en un establecimiento abierto al público, bar La Cueva, en el área urbana del municipio de Marsella… donde también se encontraban las víctimas ingiriendo licor”.

Resalta que el conocimiento del estado de embriaguez en que se encontraba el procesado se obtuvo de las versiones juramentadas de Luis Carlos Domínguez Tirado, Luis Ángel Correa Quintero, Jairo Antonio Patiño Colorado y Jesús Efrén Correa Galvis. De igual manera, señala que su procurado así lo aceptó en la diligencia de indagatoria.


Sostiene que el Fiscal y el defensor no se percataron que su asistido debió ser objeto de valoración psiquiátrica para “determinar la comprensión y de autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión, pues de las pruebas que se recaudaron en la investigación, concretamente de la prueba testimonial que era básicamente la fundamental en este proceso, se podía deducir claramente que la prueba pericial era pertinente”, a efecto de establecer la condición de imputable.
Asevera que la falta de diligencia de la fiscalía para ordenar la citada prueba pericial “fue devastadora en el proceso para los intereses de mi defendido. Como se observa, el funcionario judicial se abstuvo de ordenar la práctica de esta prueba que era fundamental, porque consideró que existiendo la confesión del señor sindicado y la comprobación material del hecho, se había estructurado la investigación sobre los parámetros legales. Además, sostuvo que habiendo sido asistido en la diligencia de indagatoria por defensora de oficio a quien se le libró comunicación para la notificación de la resolución de situación jurídica se garantizó el derecho a la defensa del señor Flórez”.
Recuerda que en la etapa del juicio se le practicó al procesado una valoración psiquiátrica en la que se determinó que tenía “una condición de inferioridad psíquica; concepto técnico que fue sustentado por la profesional médica que lo emitió, en la última sesión de la audiencia pública”.
Manifiesta que la no realización de la experticia al momento de la comisión de la conducta punible, dependiendo de su resultado “positivo o negativo, hubiese definido de manera clara, el acogimiento a la terminación anticipada del proceso y con ella, el sindicado adquiría el derecho a obtener la rebaja de una tercera parte de la pena a que hubiese lugar y, consecuentemente, la pena tendría que ser mucho menor a la impuesta, pues en ese evento no serían 240 meses de prisión sino 160 meses o tal vez un poco menos”.
En este evento, dice que a su defendido se le privó de dicha oportunidad procesal, máxime cuando sólo se determinó su estado mental en el transcurso del acto de la audiencia pública.
Anota que la citada falencia probatoria vulneró el postulado del debido proceso “y se afectó la estructura misma del proceso por cuanto las pruebas deben allegarse regular y oportunamente a la actuación so pena de vulnerar manifiestamente el derecho a la defensa”.
Como normas vulneradas enuncia los artículos 29 de la Constitución Política y 304, numeral 3°, 333 y 334 del Código de Procedimiento Penal.
Por lo expuesto, solicita a la Sala casar la sentencia impugnada y, en su lugar, declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la resolución mediante la cual se clausuró el ciclo investigativo.

CONCEPTO DE LA PROCURADORA

PRIMERA DELGADA PARA LA CASACIÓN PENAL

Luego de precisar los parámetros técnicos que rigen a la censura, manifiesta que el censor no es claro en su argumentación “y aun cuando se refiere adicionalmente a varias pruebas testimoniales que indican el estado de alicoramiento del incriminado al momento de los hechos, tampoco menciona la trascendencia de estas pruebas en la decisión que se ha adoptado”.


Acota que en la etapa del juicio se aportó la prueba pericial en la que se concluyó que el procesado estaba en capacidad de comprender sus actos y de autodeterminarse de acuerdo con esa comprensión, “vale decir, que al contrario, descarta una posible inimputabilidad, como lo señala el defensor y menos aun se entiende cómo una circunstancia de esta índole habría permitido al procesado o su abogado la determinación de acogerse a sentencia anticipada”.
A continuación se refiere al dicho de la perito y dice que el cargo no contiene ningún señalamiento que se oriente a la demostración del error denunciado, “porque habría sido necesario que se estableciera en forma fundada y razonable el que su aporte al proceso habría beneficiado la situación del procesado de manera que resultara imprescindible la anulación de lo actuado y de esa manera que se permitiera la practica de los medios de prueba que se extraditan”.
En esas condiciones, sugiere a la Corte no casar la sentencia impugnada.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE
Ante todo debe nuevamente la Corte indicar que aunque las nulidades permiten alguna amplitud para su proposición y desarrollo, no puede la demanda en que se aduzcan equipararse a un escrito de libre formulación, sino que, de todos modos, deben cumplirse unos insoslayables requisitos, cuya inobservancia impide abordar el estudio de fondo.
Así, no basta con señalar el motivo de nulidad, ni la irregularidad en que se incurrió, ni el momento a partir del cual se debe invalidar lo actuado, sino que es preciso demostrar el vicio y su trascendencia, esto es, cómo se socavó la estructura del proceso o afectó las garantías de los sujetos procesales. Así mismo, si se estima que fueron varias las irregularidades cometidas, no se pueden mezclar, sino que respetando el principio de autonomía de los cargos y atendiendo a su alcance invalidatorio, se deben postular y desarrollar separadamente.
De igual manera, en tratándose del postulado de investigación integral, la Sala ha precisado que constituye una carga del censor más allá de la mención de las pruebas supuestamente omitidas, que precise la incidencia de su contenido en orden a determinar su conducencia, pertinencia y utilidad en relación con el hecho que pretende probar, así como los efectos favorables de ese resultado en la situación del procesado y la nueva orientación del fallo, todo ello de cara a la realidad probatoria que sustenta la decisión del juzgador.
En otras palabras, cuando se reclama la transgresión del principio de investigación integral, no resulta suficiente con afirmar que se omitió la práctica de determinadas pruebas y señalar su fuente, sino que es necesario demostrar su trascendencia, conducencia y utilidad y, particularmente, su incidencia, que no surge del medio de convicción en sí mismo considerado, sino de su confrontación lógica con las probanzas que sustentaron el fallo, de modo que aparezca que de haberse llevado a cabo, éste hubiera sido distinto y favorable al procesado.
Con apoyo en los anteriores lineamientos, procederá la Sala a desatar la impugnación propuesta con base en el cargo de nulidad.
Único cargo

1. El defensor del procesado acusa al Tribunal de haber dictado sentencia en un juicio viciado de nulidad, toda vez que al procesado no se le practicó una valoración psiquiátrica al momento de la comisión de la conducta punible, yerro que condujo a que no se estableciera el estado de imputabilidad del procesado y, al mismo tiempo, se le impidió que se acogiera al instituto de sentencia anticipada y, consecuentemente, obtener los beneficios punitivos correspondientes.


2. Como lo destaca la Procuradora Delegada el cargo se quedó en el enunciado, por cuanto la censora no demostró cómo de haberse practicado la citada experticia en el momento procesal reclamado, necesariamente se habría demostrado la inimputabilidad del procesado.
En efecto, la casacionista centró la labor demostrativa del reproche en dolerse de que la falta del peritaje constituye una violación del postulado de investigación integral y del debido proceso, que el estado de embriaguez en que se encontraba el procesado estaba debidamente demostrado con las versiones juramentadas de Luis Carlos Domínguez Tirado, Luis Ángel Correa Quintero, Jairo Antonio Patiño Colorado y Jesús Efrén Correa Galvis y que dependiendo de su resultado del peritaje “positivo o negativo, hubiese definido de manera clara, el acogimiento a la terminación anticipada del proceso y con ella, el sindicado adquiría el derecho a obtener la rebaja de una tercera parte de la pena…”, pero en manera alguna demostró su pertinencia, conducencia y utilidad para con el objeto del proceso y el convencimiento del juzgador, máxime cuando en la etapa del juicio se allegó la reclamada valoración psiquiátrica y se concluyó que el procesado era imputable al momento de la comisión de las conductas punibles por las cuales fue condenado.
Finalmente, resulta un argumento contradictorio que invoque, de manera simultánea, la inimputabilidad del procesado y que se le haya impedido que se acogiera al instituto de sentencia anticipada, pues para hacerse acreedor a las rebajas punitivas aquí consagradas, resulta imperioso que el imputado acepte, de manera libre y voluntaria, la comisión de la conducta punible, siendo un presupuesto para la aceptación el estado de imputabilidad.

3. De otro lado, tampoco le asiste la razón. Como lo ha dicho la Corte “…Para que el comportamiento de un procesado pueda ser ubicado dentro del marco de la inimputabilidad –ha dicho la doctrina y la jurisprudencia con reiteración- es preciso acreditar que al momento de realizar el hecho no tuvo la capacidad de comprender su ilicitud o de determinarse de acuerdo con esa comprensión, debido a inmadurez sicológica o trastorno mental, situación que por sus significativas consecuencias punitivas debe ser plenamente comprobada sin que basten para su exacto y cabal reconocimiento simples afirmaciones, conjeturas o meras alusiones sobre su existencia.


El medio de convicción idóneo para su verificación es el examen psiquiátrico, inexcusable en el expediente subsisten indicios reveladores de que el procesado pudo encontrarse al momento de realizar el injusto en estado de perturbación, desarreglo o alteración de la esfera emotiva de la personalidad, causados por factores patológicos permanentes o transitorios o por circunstancias ajenas a esos factores, sin que la experticia signifique plena prueba, pues la última palabra le corresponde emitirla al juzgador luego de confrontar esas conclusiones con los demás elementos probatorios arrimados al proceso”.1
Así, en el evento que ocupa la atención de la Sala y como lo acepta la libelista, al procesado, en la etapa del juicio, se le realizó una valoración psiquiátrica, emitiéndose la correspondiente experticia por parte de la perito del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forense, Sección de Psiquiatría y Psicología Forense, en la que se concluyó que “El señor ALJADIES GABRIEL FLÓREZ RENGIFO en el momento de los hechos, estaba en capacidad de comprender sus actos y de autodeterminarse de acuerdo a dicha comprensión.
El señor ALJADIES GABRIEL FLÓREZ RENGIFO presenta un cuadro compatible con adicción al alcohol, para lo cual se sugiere proceso de rehabilitación con Alcohólicos Anónimos”.
El mismo experto en el acto de la audiencia pública, como lo destaca la Procuradora Delegada, reiteró que “…en el caso que nos ocupa una disminución en el control pero su actuación nos muestra que fue coherente y lógica con la situación que estaba ocurriendo, no se puede absolutizar que no tenía ningún control, porque si no hubiera tenido ningún control no hubiera sido coherente. Lo que se valora es la coherencia, la lógica de la situación. La inhibición del impulso no fue lo suficiente como para generar en él una desorganización completa de sus funciones mentales, al punto de llevarlo a realzar una actuación incoherente, ilógica, o desordenada”.
Dicho de otra manera, el estado de beodez por sí no constituye hecho categórico para sostener que el sujeto que actúa bajo esa condición, lo ha hecho con desmedro de su capacidad para comprender la ilicitud de comportamiento o para determinarse de acuerdo con dicha comprensión, es necesario que las pruebas allegadas a la actuación así lo evidencie, evento que aquí no ocurrió no obstante de la existencia de declaraciones que informan que el procesado estaba ingiriendo bebidas embriagantes, pues, como quedó visto, el experto concluyó en la imputabilidad del procesado.
Para los juzgadores de instancia fue claro que el procesado era imputable y, por lo mismo, debía imponérsele pena privativa de la libertad. Por ejemplo, el señor Juez Quinto Penal del Circuito de Pereira, luego de apreciar las pruebas de manera individual y mancomunada, concluyó que “No solo entendía lo que hacía, sino que podía determinarse. Adviértase que cuando ataca es selectivo. Agrede a quien le negó el trago de aguardiente, y después a quien lo persigue. Huye y trata de esconderse. Lo que demuestra que a pesar de haberse tomado sus tragos, estaba en sus cabales. Así lo conceptuó la siquiatra”.
Por su parte, el Tribunal sobre este especial tópico estimó que “No obstante lo anterior, la Sala avala el criterio del auxiliar de la justicia, porque del comportamiento desplegado por el endilgado, es decir, del intercambio de palabras que tuvo con las víctimas, el enojo que le produjo el hecho de que varios miembros de una de las mesas le negaron un trago de licor, las heridas que causó al que más cerca tenía que era JOSÉ MANUEL REYES CAÑAS, su huida y posterior agresión a quien lo persiguió y tiró al suelo –JOSÉ ARLEY MORALES GIRALDO-, en defensa de su amigo, luego, su partida hacia su casa, a donde llegó sin mayores dificultades y, finalmente, la resistencia que opuso cuando se le capturó, demuestra un desarrollo coherente en su actuar, lo que hace concluir que obró con voluntad y capacidad de autodeterminación”.
En consecuencia, el cargo no tiene vocación de éxito.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de



la ley,
R E S U E L V E


NO CASAR la sentencia impugnada.
Contra esta decisión no procede ningún recurso
Cópiese, notifíquese y devuélvase al Tribunal de origen. Cúmplase.

HERMAN GALÁN CASTELLANOS

SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO




EDGAR LOMBANA TRUJILLO ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN

Comisión de servicio

MARINA PULIDO DE BARÓN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS




YESID RAMÍREZ BASTIDAS MAURO SOLARTE PORTILLA


TERESA RUÍZ NÚÑEZ

Secretaria


1 Casación del 1° de noviembre de 1994. M.P. Dr. Jorge Enrique Valencia Martínez.



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