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Casación no. 16. 429


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CASACIÓN No. 16.429

CARLOS JULIO VILLALBA LEÓN y otro

República de Colombia


Corte Suprema de Justicia



Proceso 16429


CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL


Magistrado Ponente


Dr. EDGAR LOMBANA TRUJILLO

Aprobado Acta No. 001
Bogotá D. C., diecinueve (19) de enero de dos mil cinco (2005).


VISTOS

Decide la Sala el recurso extraordinario de casación interpuesto por el defensor de CARLOS JULIO VILLALBA LEÓN y JOSÉ RAUL VILLALBA GAONA, contra el fallo del 12 de marzo de 1999, mediante el cual el Tribunal Nacional confirmó íntegramente la sentencia proferida el 5 de octubre de 1998, por un Juzgado Regional de Bogotá, que condenó a dichos procesados por el delito de extorsión agravada en la modalidad de tentativa, a la pena principal de treinta y cuatro (34) meses de prisión cada uno, a interdicción de derechos y funciones públicas por igual lapso, a indemnizar los perjuicios causados con el ilícito; y les negó el subrogado de la condena de ejecución condicional.



HECHOS

Fueron relatados de la siguiente manera por el Tribunal Nacional en la sentencia de segunda instancia:


Se originaron el 24 de abril de 1996 cuando desconocidos hicieron llegar a las oficinas de Álvaro José Borbón García, ubicadas en la población de Soacha (Cund.), una nota exigiéndole la entrega de doscientos millones de pesos, supuestamente para financiar el 22 Frente de las FARC, bajo amenaza de atentar contra su familia en caso de no acceder a dicha pretensión.
Como posteriormente Borbón García recibió una serie de llamadas telefónicas en el mismo sentido, enteró del hecho al GAULA, que dispuso un operativo que culminó el 5 de junio del mismo año con la captura de Moisés Penagos Carranza, Nelson Marentes, José Rubén Villalba Pardo, Carlos Julio Villalba León y José Raul Villalba Gaona, justo en el momento en que desde un teléfono público de la población de Fusagasuga (Cund.) se comunicaban con Álvaro José Borbón García para reiterarle la exigencia económica.
Debido a que Moisés Penagos Carranza y Nelson Marentes solicitaron la sentencia anticipada, hubo ruptura de la unidad procesal, continuando este diligenciamiento únicamente en contra de Carlos Julio Villalba León, José Raul Villalba Gaona y José Rubén Villalba Pardo..”1 (Negrillas fuera del texto)


ACTUACIÓN PROCESAL

1. Con base en la denuncia instaurada por el ciudadano Álvaro José Borbón García, una Fiscalía Regional adscrita al grupo “UNASE RURAL” de Cundinamarca adelantó investigación previa, disponiendo la interceptación de los teléfonos receptores de las llamadas extorsivas.


Del Departamento Administrativo de Seguridad DAS, integrantes del grupo “Gaula Rural Cundinamarca”, detectaron que las llamadas procedían de líneas telefónicas instaladas en el municipio de Fusagasuga.
En ese lugar se adelantó el operativo de seguimiento y, el 5 de junio de 1996, mientras realizaban una llamada desde una cabina telefónica fueron capturados los implicados MOISÉS PENAGOS CARRANZA y CARLOS JULIO VILLALBA LEÓN, también JOSÉ RAUL VILLALBA, JOSÉ RUBÉN VILLALBA PARDO y NELSON MARENTES, quienes fueros puestos a disposición de la Fiscalía Regional.
2. Recaudadas las indagatorias, al definir la situación jurídica provisionalmente, el 21 de junio de 1996, una Fiscalía Regional de la Unidad de Secuestro y Extorsión con sede en Bogotá afectó a los cinco implicados, con medida de aseguramiento consistente en detención preventiva sin excarcelación, en calidad de coautores de extorsión agravada, en la modalidad de tentativa, tipificada en el artículo 355 del Código Penal de 1980, modificado por la Ley 40 de 1993, con circunstancias de agravación, porque el constreñimiento se ejecutó con amenazas de causar infortunio y por la cuantía (exigencia de $ 200.000.000) según el artículo 372 ibídem. (Folio 167 cdno. 1)
3. Los implicados MOISÉS PENAGOS CARRANZA y NELSON MARENTES manifestaron su deseo de someterse a la justicia, y en el marco de la sentencia anticipada aceptaron los cargos que les formuló la Fiscalía. (Folios 120 y 131; y 139 y 200 cdno. 2)
4. Se produjo la ruptura de la unidad procesal, y después de recaudar pluralidad de pruebas, el 27 de febrero de 1997 se declaró cerrada la investigación respecto de JOSÉ RAUL VILLALBA GAONA y CARLOS JULIO VILLALBA LEÓN. (Folio 185 cdno. 2)
En relación con JOSÉ RUBÉN VILLALBA PARDO, la instrucción continuó por separado.
5. Una Fiscalía Regional de la Unidad Antiextorsión y Secuestro de Bogotá calificó el mérito del sumario, el 9 de mayo de 1997, con resolución de acusación contra JOSÉ RAUL VILLALBA GAONA y CARLOS JULIO VILLALBA LEÓN, como presuntos responsables de extorsión agravada por la cuantía, en la modalidad de tentativa.. (Folio 333 cdno. 2)
6. Verificada la fase de la causa, un Juzgado Regional de Bogotá, mediante sentencia del 20 de agosto de 1997, condenó a CARLOS JULIO VILLALBA LEÓN y a JOSÉ RAUL VILLALBA GAONA por el delito de extorsión agravada por la cuantía, en la modalidad de tentativa, a la pena principal de treinta y cuatro (34) meses de prisión cada uno; y adoptó las otras determinaciones referidas en la parte inicial de esta providencia. (Folio 238 cdno. 3)
7. El defensor apeló la decisión de primera instancia, siendo confirmada íntegramente por el Tribunal Nacional, en fallo del 12 de marzo de 1999. (Folio 3 cdno. Tribunal)
8. Inconforme con la decisión anterior, el mismo defensor interpuso el recurso de casación cuyo fondo resuelve la Sala en este proveído.


LAS DEMANDAS

El abogado de CARLOS JULIO VILLALBA LEÓN y JOSÉ RAUL VILLALBA GAONA allegó escritos de demanda independientes. No obstante, por la similitud esencial de su contenido serán resumidas y analizadas conjuntamente.


Un cargo contra la sentencia del Tribunal Nacional postula el apoderado de los procesados con fundamento en la causal primera de casación, consagrada en el artículo 220 del Código de Procedimiento Penal (Decreto 2700 de 1991), aduciendo violación indirecta de la ley sustancial por errores de hecho en la apreciación probatoria. En concreto, falso juicio de existencia por omitir la estimación de unas pruebas, lo cual condujo a dicha corporación a inaplicar el principio in dubio pro reo.
Menciona los siguientes medios de prueba, asegurando que no fueron valorados en el fallo:
-. Testimonio del señor Hernando Hernández Pinzón “quien declara en relación con la actividad ilícita que realizaban CARLOS JULIO VILLALBA y JOSÉ RAUL VILLALBA, la tarde en que fueron capturados”.
-. Ampliación de indagatoria de Moisés Penagos Carranza, “donde acepta su participación en los hechos delictivos y confirma el desconocimiento de los mismos por parte de CARLOS JULIO VILLALBA y JOSÉ RAUL VILLALBA, al igual que la absoluta ausencia de participación de éstos en los hechos.”
-. Ampliación de indagatoria de Nelson Marentes “donde acepta su participación en los hechos delictivos y confirma la inocencia de CARLOS JULIO VILLALBA y JOSÉ RAUL VILLALBA en relación con el ilícito.”
El libelista advera que en el memorial de apelación contra la sentencia de primera instancia hizo referencia expresa a tales pruebas, pero el Tribunal no las apreció, ignorando su trascendencia, pese a que desvirtuaban la base de la condena y demostraban que no convergía la certeza requerida para adoptar tal determinación.
Cita como violados, por aplicación indebida, el artículo 355 (extorsión) del Código Penal anterior; y, por falta de aplicación, el artículo 445 (in dubio pro reo) del Código de Procedimiento Penal, Decreto 2700 de 1991.
Solicita a la Corte casar el fallo cuestionado y en su lugar absolver a los procesados.

CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO

El Procurador Tercero Delegado para la Casación Penal analiza las demandas conjuntamente al encontrarlas idénticas, y advierte que el libelista incurre en falencias de lógica casacional y de fondo insalvables, que destinan su pretensión al fracaso, por lo cual solicita a la Corte no casar el fallo impugnado.


Inicia destacando lo inapropiado que resulta, por atentar contra el principio lógico según el cual una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo, reclamar la aplicación indebida del artículo 355 (extorsión) del Código Penal (Decreto 100 de 1980), y al mismo tiempo afirmar que se presenta duda acerca de la responsabilidad de los implicados en ese delito, pues aspirar al reconocimiento de la duda presupone aceptar la ocurrencia fáctica de la conducta punible.
De otro lado, observa infundado el cargo casacional tras constatar que no se presenta el falso juicio de existencia pregonado, debido a que el Tribunal Nacional sí consideró las pruebas que el censor dice omitidas, pues desde el resumen invocó las versiones de Moisés Penagos Carranza y Nelson Marentes, quienes respaldaban la supuesta inocencia de CARLOS JULIO VILLALBA LEÓN y JOSÉ RAUL VILLALBA GAONA, tema abordado a lo largo de toda la providencia, como lo demuestra con la transcripción del siguiente párrafo:
Como era de esperarse, Villalba León y Villalba Gaona se mostraron ajenos a la ilicitud, pero sus argumentos exculpativos, aunque encontraron parcialmente eco en lo admitido por los coprocesados que se acogieron a la sentencia anticipada (Penagos y Marentes), ninguna credibilidad merecen, no sólo por ser pueriles y carecer de respaldo probatorio, sino porque de la información suministrada por el ofendido Álvaro José Barón García, los agentes captores, el testigo José Javier González Martínez y el taxista Carlos Enrique Guevara Jiménez, se puede inferir con certeza que hicieron parte de la organización delictiva que pretendió menoscabar el patrimonio económico de Borbón García.”
En síntesis, en criterio del Delegado, las demandas se fundamentan en aseveraciones distantes de la realidad, puesto que el Ad-quem sí estudió las pruebas que el demandante señala omitidas, sólo que no les concedió el poder de convicción que interesa al libelista.
En consecuencia, solicita a la Corte no casar la sentencia materia del recurso extraordinario.


CONSIDERACIONES DE LA SALA

En realidad, la demanda a nombre de CARLOS JULIO VILLALBA LEÓN y la presentada en nombre de JOSÉ RAUL VILLALBA GAONA son idénticas, por lo cual se estudiarán al mismo tiempo.


Razón asiste al Procurador Delegado cuando advierte que los libelos fueron estructurados de manera diversa a la exigida por la lógica casacional, y que al desarrollar el cargo se incurre en desaciertos esenciales que le restan toda posibilidad de prosperar.
1. El censor postula el cargo afirmando que el Tribunal Nacional incurrió en errores de hecho por falso juicio de existencia por omitir la apreciación del testimonio de Hernando Hernández Pinzón, y la ampliación de indagatoria de los coprocesados Moisés Carranza y Nelson Marentes, desatino a través del cual no reconoció la duda en beneficio de los procesados CARLOS JULIO VILLALBA LEÓN y JOSÉ RAUL VILLALBA GAONA.
Sobre el beneficio de la duda y su correcta postulación en el marco del recurso extraordinario, la Sala de Casación Penal ha reiterado los siguientes lineamientos:
-. Cuando el Tribunal a pesar de reconocer en su discurso la ausencia de certeza deja de aplicar el in dubio pro reo, se debe demandar la violación directa por falta de aplicación de los preceptos que lo consagran: artículo 445 del Código de Procedimiento Penal anterior (Decreto 2700 de 1991) y artículo 7° del régimen procedimental (Ley 600 de 2000).
-. Contrario sensu, si lo que hace el Tribunal es suponer certeza cuando en verdad no se puede llegar a este grado de convencimiento, la violación a la ley sustancial se presenta por vía indirecta, a través de la apreciación probatoria, y los cargos en casación deben presentarse por error de hecho o de derecho en cualquiera de sus modalidades.
2. En tales condiciones, en principio, hizo bien el censor al escoger la vía indirecta para reclamar la falta de aplicación del in dubio pro reo, como consecuencia de errores de hecho en la valoración probatoria; puesto que emerge diáfano que para el Tribunal Nacional el acopio probatorio no dejó duda alguna acerca de la responsabilidad de los coautores VILLALBA LEÓN y VILLALBA GAONA; y así lo declaró en el texto del fallo, de suerte que optó por confirmar la condena ante su convicción de certeza, quedando únicamente por explorar la violación indirecta de la ley sustancial.
3. El censor orientó las demandas por el sendero de la violación indirecta de la ley sustancial, derivada de error de hecho por falso juicio de existencia por omisión.
Ha reiterado la jurisprudencia de esta Sala que incurre en error de hecho por falso juicio de existencia el juez que omite apreciar una prueba legalmente aportada al proceso, o cuando, por el contrario, infiere consecuencias valorativas a partir de un medio de convicción que no forma parte del proceso.
La postulación de un falso juicio de existencia por omisión en el recurso extraordinario debe iniciar con la constatación objetiva de que la prueba existe jurídicamente en el expediente y que, pese ello, su contenido material no fue sopesado por el fallador. A continuación se precisa indicar la trascendencia del error, de modo que sin su influjo el fallo hubiera sido diferente; y todo ha de enlazarse con la violación de determinada ley sustancial por falta de aplicación o aplicación indebida, en procura de verificar que el fallo impugnado es manifiestamente contrario a derecho.
La estructuración del cargo en punto de la trascendencia del error de hecho por falso juicio de existencia por omisión no se cumple con la manifestación que al respecto haga el libelista, como si de su opinión personal se tratara; pues, de bastar aquel tipo de crítica el recurso extraordinario no distaría en mucho de un alegato de instancia.
La demostración de la trascendencia del yerro atribuido al Ad-quem comporta la obligación de enseñar a la Corte que si tal falencia no se hubiese presentado, entonces el sentido del fallo sería distinto; y para ello es preciso demostrar que si la prueba omitida se hubiese apreciado en forma correcta, las restantes pruebas sopesadas por el Tribunal perderían la entidad jurídica necesaria y suficiente para mover hacia la convicción declarada en el fallo.
Vale decir, en este evento, correspondía al casacionista referirse al verdadero sentido y alcance de las pruebas omitidas, y además demostrar que dichas pruebas aunadas a todas las demás analizadas en las sentencias de instancia, no permitían arribar a la convicción de certeza sobre la responsabilidad penal de los procesados.
Ahora bien, desvirtuar el mérito concedido a las otras pruebas implica a su vez demostrar que los funcionarios judiciales erraron en el proceso de valoración y fijación de su poder suasorio, lo cual tampoco se logra a través de la imposición del criterio particular del censor, sino demostrando con el rigor casacional la incursión en errores de hecho o de derecho en ese ejercicio.
4. Siguiendo el derrotero antedicho, tocaba al apoderado de CARLOS JULIO VILLALBA LEÓN y JOSÉ RAUL VILLALBA GAONA identificar todas y cada una de las pruebas sobre las cuales el Tribunal Nacional cimentó la sentencia condenatoria, y adelantar un escrutinio sobre tales medios de convicción, hasta demostrar que no eran idóneos, ni suficientes para determinar, en grado de certeza la responsabilidad penal a ellos atribuida, por la extorsión intentada contra un ciudadano radicado en la población de Soacha (Cundinamarca).
Ese camino, imprescindible como se ha indicado, no fue recorrido por el censor, quien redujo su discurso a enseñar la supuesta presencia de ese error de hecho, pero sin avanzar hasta la especificación del contenido de cada prueba soslayada, ni a la demostración de la trascendencia de la omisión, ni al análisis crítico del restante acopio probatorio.
5. Con todo, al revisar el expediente se constata que tanto el Juez Regional como el Tribunal Nacional sí disertaron acerca del valor que les merecía el testimonio de Hernando Hernández Pinzón, y la ampliación de indagatoria de los coprocesados Moisés Penagos Carranza y Nelson Marentes, como acertadamente lo resaltó el Procurador Delegado.
En la sentencia de primera instancia, con relación al coprocesado Moisés Penagos Carranza, se destacó que admitió su culpabilidad precisando que llamó a la víctima unas treces veces y que, el día de la captura cuando hizo la primera llamada se encontraban CARLOS JULIO y RAUL VILLALBA; igual que en la segunda, pero a una distancia de 4 metros.
De igual manera, al referirse a Nelson Marentes, también sometido a la justicia, el A-quo descalifica por inverosímil su versión según la cual estaba con sus amigos RAUL y JULIO VILLALBA, porque lo invitaron a cobrar la plata de unas boletas, y con ellos abordó el taxi que se menciona en el informe de captura.
El señor Hernando Hernández Pinzón, testigo cuya omisión se reprocha, relató ante la Unidad Investigativa del C.T.I. de Fusagasuga que CARLOS JULIO VILLALBA acudió a su taller de mecánica el 5 de junio de 1996 (el mismo día de la captura), en compañía de RAUL VILLALBA, con el fin de venderle una boleta para la rifa de un carro, una moto y unos tiquetes aéreos, por valor de $ 65.000, de los cuales le pagó $ 10.000 y se comprometió a cancelarle el saldo por cuotas. (Folio 41 cdno. 2)
Sobre aquel episodio, el de la venta de las boletas, en la decisión de primera instancia se apuntó:
Las exculpaciones vertidas por los procesados en las que niegan toda participación en los hechos alegando que su presencia en el lugar de la retención era la venta de unas boletas, disculpa que no merece ninguna credibilidad, pues carecen de toda lógica, ya que no puede ser obra de la casualidad que se desplacen en el taxi en que se movilizaba MOISÉS PENAGOS y NELSON MARENTES personas que aceptaron los hechos y se sometieron a la sentencia anticipada, pues en cambio de dirigirse como lo sostienen a la venta o cobro de boletas, se detuvieron precisamente en los teléfonos donde sus compinches (sic) realizaban las llamadas, quedando demostrado que JOSÉ RAUL y CARLOS JULIO VILLALBA formaban parte del grupo que exigía al señor ÁLVARO BORBÓN la suma de $ 200.000.000.” (Folio 252 cdno.3)
Por manera que el Juez Regional sí estudió el contenido de las pruebas sobre las cuales el libelista equivocadamente hace recaer la supuesta omisión.
6. Ahora bien, en el fallo del Tribunal Nacional, cuyo aparte preciso fue transcrito en el resumen del concepto del Procurador Delegado, es claro el estudio acerca de la falta de credibilidad concedida a los coautores Penagos y Marentes, sometidos a sentencia anticipada, en cuanto buscan salvar la responsabilidad de sus compañeros CARLOS JULIO VILLALBA LEÓN y JOSÉ RAUL VILLALBA GAONA. (Folio 10 cdno. Tribunal)
Adicionalmente, el Ad-quem concedió mucha importancia a las sospechas de la víctima, corroboradas en la investigación, en contra del procesado RAUL VILLALBA, conocido suyo, quien extrañamente lo llamó por teléfono a su casa con el pretexto de dialogar sobre negocios nada concretos, antes y después de recibir las exigencias extorsivas.
Fue entonces el estudio global de los medios de convicción lo que condujo a la certeza sobre la responsabilidad penal de los coprocesados y no el supuesto error gestado en la pretendida omisión de pruebas, que infundadamente se pregona en las demandas.
En tales condiciones, la censura no prospera.
7. De conformidad con el artículo 187 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), equivalente al 197 del régimen procedimental anterior, la presente sentencia, que no sustituye al fallo impugnado, queda ejecutoriada el día en que se suscribe, y contra ella no procede ningún recurso.
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,


RESUELVE




NO CASAR el fallo motivo de impugnación extraordinaria.
Contra la presente sentencia no procede recurso alguno.
Cópiese, notifíquese, devuélvase al Tribunal de origen y cúmplase.


HERMAN GALÁN CASTELLANOS


SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ ALFREDO GÓMEZ QUINTERO


EDGAR LOMBANA TRUJILLO ÁLVARO O. PÉREZ PINZÓN


MARINA PULIDO DE BARÓN JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS


YESID RAMÍREZ BASTIDAS MAURO SOLARTE PORTILLA

TERESA RUIZ NÚÑEZ

Secretaria





1 Tribunal Nacional, Sentencia del 12 de marzo de 1999, folio 3 cdno. Tribunal.



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